Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS - Proyectos de Ley - En tramitación

Proyecto de Ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:22 (IX Legislatura) PDF

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 del Reglamento de la Cámara, previo acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2015, se ordena la remisión a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública y la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón del Proyecto de Ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.

Las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de 15 días, que finalizará el próximo día 17 de noviembre de 2015, para presentar enmiendas al citado Proyecto de Ley, cuyo texto se inserta a continuación.

Zaragoza, 28 de octubre de 2015.


El Presidente de las Cortes

ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA


Proyecto de Ley de medidas

para el mantenimiento de los servicios públicos

en la Comunidad Autónoma de Aragón


ÍNDICE

TÍTULO I. TRIBUTOS CEDIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Artículo 1. Medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 2. Medidas relativas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Artículo 3. Medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 4. Medidas relativas al Impuesto sobre Patrimonio.

Artículo 5. Medidas relativas al Impuesto sobre Hidrocarburos.

Artículo 6. Medidas transitorias relativas a los Tributos cedidos.

TÍTULO II. TRIBUTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

CAPÍTULO I. CREACIÓN DE IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Artículo 7. Creación del Impuesto medioambiental sobre el uso y aprovechamiento de recursos hidrológicos embalsados.

Artículo 8. Creación del Impuesto medioambiental sobre los elementos fijos de suministro de energía eléctrica de alta tensión.

Artículo 9. Creación del Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable.

CAPÍTULO II. MODIFICACIÓN DE IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Artículo 10. Modificación del Impuesto sobre la Contaminación de las aguas

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Términos genéricos.

Disposición adicional segunda. Renumeración de la estructura del Texto Refundido de los Impuestos Medioambientales.

Disposición adicional tercera. Adaptación terminológica de los Impuestos Medioambientales.

Disposición adicional cuarta. Modificaciones complementarias para la gestión y aplicación de los nuevos Impuestos Medioambientales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria única. Normativa aplicable a los nuevos Impuestos Medioambientales.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Habilitaciones al Consejero competente en materia de hacienda.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


I

De conformidad con los principios señalados en el artículo 135 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la estabilidad presupuestaria es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española y garantizar el bienestar de los ciudadanos. La estabilidad presupuestaria implica una situación de equilibrio o superávit estructural en las Administraciones Públicas y la sostenibilidad financiera supone tener la capacidad de financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La situación social actual evidencia una realidad en la que las medidas tendentes a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en ocasiones, pueden estar suponiendo una merma de los derechos sociales. La Comunidad Autónoma de Aragón quiere recuperar un modelo de Estado de Bienestar en el que se impulsen políticas que no se centren tan sólo en un modelo de crecimiento que conduzca exclusivamente al cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública, sino en el que también se apueste por políticas públicas que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos, especialmente la sanidad, la educación pública y los servicios sociales, configurándose estos últimos como un auténtico cuarto pilar del Estado de bienestar en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Comunidad Autónoma de Aragón, de conformidad con el artículo 103 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, y en virtud de la autonomía financiera que reconoce y garantiza el artículo 156 de la Constitución Española, dispone de su propia Hacienda para la financiación, ejecución y desarrollo de sus competencias, de conformidad con los principios de suficiencia de recursos, equidad, solidaridad, coordinación, equilibrio financiero y lealtad institucional. Por otro lado, el artículo 157 de la Constitución Española, establece los recursos de las Comunidades Autonómicas e impone unos límites a su capacidad normativa, de modo que no se podrán adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

De la necesidad de contar con una serie de medidas que anticipen el marco general en el que deben desenvolverse los principios de consolidación fiscal y estabilidad presupuestaria, que puedan aplicarse desde el 1 de enero de 2016, sin estar supeditadas a la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como a la correspondiente Ley de medidas —o de acompañamiento como se conoce habitualmente—, surge la necesidad de aprobar una norma que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos en Aragón.

El marco general de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas exigido desde el Estado y la Unión Europea, ha logrado mejorar, sin duda, la percepción internacional sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en España, pero a su vez ha producido cierto exceso regulatorio y, a pesar de los severos mecanismos correctivos, se han creado instrumentos de rescate financiero que han facilitado el endeudamiento autonómico y, por consiguiente, las dificultades para el control del déficit público, todo lo cual genera cierta preocupación de cara al futuro, máxime si consideramos las deficiencias estructurales del actual sistema de financiación autonómica, en el ámbito de los requisitos preferenciales de la deseada estabilidad presupuestaria.

En todo caso, se olvida con frecuencia que no es posible una autonomía financiera con tasas de endeudamiento elevadas. Una Comunidad Autónoma endeudada no es, en suma, libre para gestionar sus recursos. Por ello, los nuevos mecanismos de financiación autonómica requieren de una urgente reconsideración global, en el marco de una reforma institucional, que consolide los avances logrados por el «Estado de las Autonomías».

Pero una cosa es el cumplimiento de los compromisos adquiridos respecto a los límites de gasto y los objetivos de reducción del déficit público, para los que debe actuarse con auténtico rigor presupuestario, y otra muy distinta sería la renuncia a la recuperación de los derechos sociales y de la suficiencia en la prestación de los servicios públicos esenciales, pues sin esta reintegración al conjunto de los ciudadanos, no es posible la deseada recuperación económica ni el ejercicio participativo pleno que configura un sistema democrático.

Es, por todo ello, que resulta imprescindible y urgente desarrollar legislativamente un programa tributario de consolidación fiscal en Aragón, que posibilite una financiación adecuada y suficiente de los servicios públicos prestados a los ciudadanos, sin que se vea alterada la continuidad y eficiencia de aquellos que funcionan de una manera adecuada, a la vez que se recuperen los niveles de prestación de aquellos otros que se hayan visto deteriorados. Esta recuperación de ingresos ha de realizarse conforme a principios de eficiencia y progresividad, distribuyendo la carga tributaria entre los aragoneses, no con un carácter globalizador y generalizador, sino mediante una actuación de discriminación positiva, esto es, acudiendo allí donde se manifiesta la auténtica riqueza que debe ser objeto de gravamen, ya sea por una exteriorización de la renta o del patrimonio, sea por una circulación onerosa de los bienes privativos, o sea por la realización de actividades económicas que usan, en su exclusivo beneficio, todo un elenco de bienes comunitarios de naturaleza territorial, paisajística o medioambiental.

La mayor incidencia recaudatoria que se obtenga de los ajustes efectuados en los «tributos cedidos» permitirá, a medio plazo, el mantenimiento solidario de los servicios públicos, garantizando el necesario equilibrio entre la carga tributaria y los beneficios que, vía contraprestación, reciben los ciudadanos como servicios irrenunciables del «Estado de bienestar». Por su parte, la repercusión de los «tributos propios», en particular de los «impuestos medioambientales», cuya recaudación se encuentra afectada por ley a programas presupuestarios en materia de medio ambiente, tiene su máxima expresión en las actuaciones públicas dirigidas a la consecución de un hábitat sostenible que, en última instancia, es el responsable de muchas de las condiciones en las que se desenvuelven la salud, la cultura y hasta el desarrollo económico de municipios y comarcas aragonesas predominantemente no urbanas.

En ejercicio de las competencias autonómicas previstas en el artículo 105 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el marco de lo dispuesto en texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, y la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, procede adoptar determinadas medidas en una norma de rango legal que permita establecer nuevos mecanismos impositivos y atender a la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, fundamentalmente de carácter sanitario, educativo y social.


II


Medidas relativas a los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

La principal novedad es el establecimiento de nuevos tramos en la parte superior de la escala autonómica con tarifas de mayor progresividad, de tal manera que se aumenta el gravamen para las rentas más altas, a partir de una base liquidable de 90.000 euros.

Además, y en clara apuesta por la Sanidad pública, se suprime la deducción por primas de seguros privados de salud.

2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se sustituye el tipo impositivo general del 7%, en el concepto «transmisiones patrimoniales onerosas» de inmuebles, por un tipo progresivo del 8 o 9% en función del valor del inmueble objeto de la transmisión. Con ello, el tipo impositivo del impuesto se aproxima al tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido que grava estas operaciones, permitiendo también una adaptación a la tributación del resto de las comunidades autónomas.

En consecuencia, también se armoniza esta modificación en el tipo impositivo previsto para las concesiones administrativas y actos asimilados sobre inmuebles, por referencia al tipo general previsto en el párrafo anterior. Y, asimismo, el tipo impositivo reducido por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas», previsto para los supuestos de renuncia a la exención del IVA pasa del 2 al 3%.

Por otro lado, el tipo impositivo especial aplicable a la transmisión de vivienda como pago total o parcial por la adquisición de otra, se reconfigura ahora como una bonificación para esas mismas operaciones, siempre que las realicen determinados colectivos: menores de 30 años y personas con discapacidad igual o superior al 65%. Se trata de una medida de marcado carácter social que persigue mantener, para estos colectivos, el nivel de tributación vigente hasta el momento y que no se vean afectados por el incremento de los tipos generales, esto es, que una bonificación en cuota del 12,5% equivale a mantener, para estos colectivos, un tipo impositivo del 7%, instrumentándose como «bonificación» por resultar técnicamente más adecuado a la naturaleza del beneficio fiscal.

La misma técnica, sustituir un tipo impositivo especial por una bonificación, se utiliza para los supuestos de adquisición de vivienda habitual por familias numerosas, esto es, se contempla una bonificación en cuota del 50%, que correspondería a un ligero incremento del tipo reducido actual del 3%, equivalente al que se opera respecto de los tipos generales.

Por su parte, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo general del 1,5%, en lugar del 1% vigente hasta el momento, en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como «Documentos notariales», incremento equivalente al establecido por la mayor parte de las comunidades autónomas. Congruentemente con la medida adoptada en las transmisiones patrimoniales onerosas, el tipo aplicable, por este concepto, a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas, se reconfigura como una bonificación del 50%. De igual manera se actúa con la sustitución del tipo impositivo previsto para determinadas operaciones relacionadas con actuaciones protegidas de rehabilitación, por una bonificación en cuota para los colectivos anteriormente citados, lo que supone, en la práctica, mantener los niveles de tributación para los mismos.

3. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Quizás las medidas más destacadas sean la eliminación de la bonificación en cuota del 65% en adquisiciones mortis causa (en el concepto «sucesiones»), así como la supresión de la reducción de hasta 300.000 euros a favor del cónyuge y de los hijos del donante, y la bonificación del 65% en las adquisiciones ínter vivos (en el concepto «donaciones»). Estas medidas no tienen un exclusivo fundamento recaudatorio, sino que se basan en principios de equidad, solidaridad y redistribución de la carga tributaria. En definitiva, los beneficios fiscales previstos, hasta la fecha, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, privilegiaban, especialmente, a los ciudadanos con más recursos económicos y patrimoniales, colectivos con mayor índice de riqueza, que por cuestiones de justicia social y fiscal, no puede sustraerse a la contribución general para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. En realidad, estos beneficios fiscales favorecían auténticas «programaciones fiscales» de los contribuyentes, bien para mitigar la carga tributaria de operaciones contemporáneas, o bien para eludir en el futuro buena parte de la misma. Desde luego, desde otra óptica, la supresión de estos beneficios no afecta a la mayor parte de ciudadanos con recursos escasos o medios, puesto que las herencias de tipo «doméstico», las más habituales, no tributarán de forma efectiva, o lo harán con un mínimo de cuota tributaria, dada la configuración del impuesto.

4. Impuesto sobre el Patrimonio

La medida relativa a este impuesto se limita a fijar la cuantía del mínimo exento en 500.000 euros, que se reducirá de la base imponible.

5. Impuesto sobre Hidrocarburos

Se establece un tipo de gravamen autonómico del impuesto sobre hidrocarburos para las gasolinas, el gasóleo de uso general y otros productos asimilables, que se sitúa en la mitad de los límites establecidos por el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Manteniendo sin gravamen autonómico el gasóleo de uso agrícola y el de calefacción. Además, se establece un tipo de devolución para el gasóleo de uso profesional, equivalente a la totalidad del tipo de gravamen autonómico fijado para el gasóleo de uso general.


III


Medidas relativas a los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón

1. Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada

Este nuevo impuesto somete a tributación los efectos medioambientales causados sobre la flora y la fauna de los cauces de los ríos, sobre la calidad de las aguas y sobre las riberas y los valles asociados al ecosistema fluvial, como consecuencia de la realización de determinadas actividades que emplean aguas embalsadas.

La presente ley propone, pues, una actuación tendente a la mejora del medio ambiente, cuando el daño es producido por una actividad industrial que utiliza agua embalsada, creando un impuesto que incide en la correcta atribución de los costes a los generadores de los mismos, costes que actualmente son soportados por la colectividad, y con la expresa finalidad de paliar los efectos negativos que se producen.

Estos efectos son producidos también por la realización de otras actividades que utilizan agua embalsada, para las que la ley establece su no sujeción, precisamente por las específicas características de esos usos unido a condiciones de utilidad pública generalizada, que hacen que no se considere oportuna una específica tributación ecológica sobre los mismos, siendo, en este caso, asumidos los costes ocasionados con carácter general por la colectividad. Además, los usos no gravados por este nuevo impuesto, fundamentalmente los que implican consumo, ya están gravados por el impuesto sobre la Contaminación de las Aguas considerándose no procedente un doble gravamen.

La determinación de la base se establece a partir de magnitudes objetivas directamente relacionadas con el impacto medioambiental, de modo que no quedan sujetas aquellas actividades cuya realización provoca una alteración reducida. Los tipos de gravamen se establecen en atención a la alteración ocasionada en el medio natural, graduando la cuota resultante. En línea con lo expuesto, se han considerado como parámetros más adecuados la capacidad volumétrica del embalse y el salto de la presa por su directa vinculación con el mayor efecto medioambiental negativo

2. Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión

Este impuesto medioambiental tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en determinadas actividades que operan mediante instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión, como consecuencia de los riesgos causados por el impacto paisajístico y urbanístico, no sólo por razones estéticas, sino por la extensión de los campos de radiación eléctrica provocados por dichas instalaciones de alta tensión. El impacto medioambiental —paisajístico o urbanístico— no es el mismo según el tipo de suelo o edificación en el que dichas líneas se encuentren instaladas, en consecuencia, el impuesto contempla distintos tipos de cuotas que gravan más cuanto mayor es dicho impacto.

Este impuesto medioambiental sobre el impacto que ocasionan las instalaciones de redes de transporte de energía eléctrica en el territorio, tanto desde el punto de vista medioambiental (disminución de la masa forestal, restricciones faunísticas, residuos propios de la actividad, pasillos de tendidos eléctricos,...), como desde el punto de vista visual (paisajístico y urbanístico), conlleva la necesidad de realizar un conjunto de actuaciones, por parte de la Administración pública, que mitiguen dicho impacto, desde la limpieza y mantenimiento de pistas, como la repoblación forestal y la eliminación de barreras para el paso de la fauna y avifauna. Estas actuaciones correctoras de carácter medioambiental y visual implican un gasto extra para los poderes públicos que debe compensarse con una cuota que grava más cuanto mayor es dicho impacto.

El impuesto que se crea grava el impacto visual y medioambiental que producen los elementos fijos destinados al suministro de energía eléctrica, situados en el territorio de la Comunidad Autónoma. La finalidad del impuesto es conseguir un comportamiento por parte de los operadores del sector energético tendente a reducir el impacto visual que producen los elementos fijos de sus redes mediante su soterramiento o mediante la utilización de infraestructuras compartidas. Por ello, y en coherencia con la finalidad declarada, el impuesto declara no sujetos al mismo los elementos fijos de transporte y suministro de energía eléctrica que se encuentren soterrados.

3. Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable

Este impuesto, que fue creado por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, fue derogado posteriormente por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. La presente Ley, sin embargo, recupera esta figura impositiva por considerar que implica una afección medioambiental considerable como para someterla a tributación.

El objeto imponible de este impuesto responde a la necesaria asunción de un coste por parte de las empresas que, al emplear en su actividad transportes mediante líneas o tendidos de cable, dañan el medio ambiente. Es, en primer lugar, un elemento perturbador del paisaje, y, por esa misma artificialidad, incide negativamente tanto en la flora como en la fauna del territorio aragonés. Además, esas instalaciones pueden originar situaciones de riesgo para la salud humana o suponen, tanto en el caso de teleféricos como de instalaciones en el medio forestal, un impacto negativo sobre un medio (la montaña y el bosque aragoneses) objeto de especial tutela y atención.

El sujeto pasivo del impuesto no es el consumidor o usuario, en el caso de las pistas de esquí, sino el titular de la explotación de la correspondiente estación alpina. Esto es, que no se grava la práctica del esquí ni la actividad que la propicia, sino el perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores (territorio, paisaje, flora, fauna) que deben ser protegidos y, en su caso, restaurados. En consecuencia, junto a su intencionalidad extrafiscal, se da una presencia clara de capacidad contributiva en los sujetos pasivos. El empleo de las instalaciones que suponen el elemento objetivo del hecho imponible pone de manifiesto una capacidad de intervención en el mercado de producción o distribución de servicios.

Por todo ello, el impuesto grava el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, sean éstas en su modalidad de transporte de personas en las instalaciones de funiculares, teleféricos y remonta-pendientes de las estaciones de esquí (que pueden ser telecabinas, telesillas y telesquí) o sean de transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Y, en consecuencia, el hecho imponible se configura por referencia a ese daño ambiental causado por dichas instalaciones, agravado, en el supuesto de instalaciones de estaciones alpinas, por la utilización de las pistas con otros fines tolerados y permitidos (turísticos, deportivos), pero que implican mayores concentraciones humanas, desplazamientos masivos de automóviles o deforestación, entre otros efectos contaminantes o degradantes negativos. Y dicho daño se entiende producido aun cuando dichas instalaciones se encontraran en desuso o no hubieran entrado en funcionamiento.

El hecho imponible se ajusta al objeto de gravamen, pero cuando la instalación del transporte por cable esté afecta a la utilización de pistas de esquí alpino, el núcleo central del hecho imponible —la existencia de un daño medioambiental— se ve incrementado. Por eso mismo, se adapta la estructura de la deuda tributaria a un más intenso daño medioambiental: las estaciones de esquí afectan al medio forestal, atraen masivamente la presencia de personas, perturban el ecosistema y la fauna propia e inciden sobre la calidad del agua que atesoran las montañas en invierno. Es, pues, el sentido extrafiscal del impuesto —a un cualitativamente mayor daño ambiental, mayor gravamen— el que exige un incremento de la deuda tributaria en este concreto supuesto.

Finalmente, se ha utilizado una unidad contaminante de medida del daño medioambiental acorde y coherente con ese perjuicio, como son el número y la longitud de las instalaciones de transporte por cable, incrementada por unos coeficientes en el caso de las pistas de esquí —por ese impacto añadido, que no concurre en el supuesto de los remontes forestales— en atención al uso turístico y deportivo de las pistas para la práctica del esquí alpino, que agravan el efecto degradante y contaminante.

4. Impuesto sobre la contaminación de las aguas

La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, modificó a través del artículo 89.2 y la disposición adicional undécima el sistema de recaudación del Impuesto sobre contaminación de las aguas (ICA), que había sido diseñado por la derogada Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, en el sentido de atribuir al Instituto Aragonés del Agua (IAA) la totalidad de las funciones de recaudación de dicho impuesto, sustituyendo en las mismas a las entidades suministradoras de agua, previsión que será efectiva a partir del 1 de enero de 2016.

A pesar de ello, la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, mantuvo la regulación de la gestión y recaudación en los términos anteriores, es decir, mantuvo la regulación de la gestión y recaudación del ICA como si las entidades suministradoras de agua continuasen en el ejercicio de sus funciones recaudatorias, pero asignó dichas funciones al Instituto Aragonés el Agua, produciéndose así un desajuste entre el sujeto que actúa y los instrumentos normativos que necesita para el ejercicio de su función.

No obstante, la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, en su disposición adicional undécima estableció una cautela dirigida a garantizar la adecuación del régimen de gestión y recaudación del ICA a la nueva competencia asignada al IAA, consistente dicha cautela en un mandato dirigido expresamente al Gobierno de Aragón, quien, según señala la mencionada disposición, «pondrá en marcha los mecanismos jurídicos y oportunos necesarios» para que el IAA pueda asumir las nuevas funciones recaudatorias en la fecha señalada.

En ese mandato se enmarca, por ejemplo, la Orden de 3 de agosto de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad por la que se regula la transferencia de la información que deben proporcionar las entidades suministradoras de agua al Instituto Aragonés del Agua para la recaudación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, a la que se alude por su especial relevancia.

Pero no basta con esta disposición u otras medidas, sino que es necesario dotar al IAA de las normas instrumentales precisas para asumir las funciones recaudatorias, es decir, es necesario que las normas que regulan la gestión y recaudación del ICA, contenidas, como se ha señalado en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, sean las adecuadas para hacer jurídicamente posible la actuación del IAA, mediante la consiguiente modificación de dicho texto legal.

En este sentido, entre los mecanismos a que alude la disposición adicional undécima de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, se encuentra la modificación de la regulación contenida en la propia ley, mecanismo que está comprendido dentro del mandato contenido en la mencionada disposición por cuanto que la iniciativa legislativa mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes de Aragón corresponde, precisamente, al Gobierno de Aragón, como establece el artículo 37 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.

Y si el ejercicio de la iniciativa legislativa forma parte del cumplimiento del mandato establecido en la mencionada disposición adicional undécima, también forma parte del mismo que las modificaciones normativas necesarias puedan entrar en vigor en el momento en que el IAA deba asumir de forma efectiva las nuevas funciones recaudatorias, es decir, el 1 de enero de 2016.

De esta forma, las modificaciones son las siguientes. Por una parte, se adapta la regulación del impuesto a la nueva situación que se producirá, a partir del 1 de enero de 2016, cuando el Instituto Aragonés del Agua sustituya en su recaudación a las entidades suministradoras de agua, a cuyo efecto se introducen modificaciones que afectan a la regulación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua, del sujeto pasivo, del devengo, de la gestión del impuesto y del régimen sancionador. Por otra parte, se perfecciona el sistema de exenciones y bonificaciones, aspecto en el que se perfilan las exenciones en materia de regadío agrícola y por motivos sociales y se sustituye la exención de viviendas en régimen de autoconsumo por una bonificación similar a la aplicable en las entidades de población con menos de doscientos habitantes, equiparando así el régimen de ambos. Finalmente, se introducen otras modificaciones diversas como la condición de responsable solidario en los casos de disociación de la propiedad de un inmueble y de uso efectivo del agua o la fijación de las tarifas, sin perjuicio de su actualización a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.


TÍTULO I

Tributos cedidos

a la Comunidad Autónoma de Aragón


Artículo 1. Medidas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

1. Se modifica el artículo 110-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, con la siguiente redacción:

«Artículo 110-1.— Escala autonómica del impuesto.

La escala autonómica aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a partir de 1 de enero de 2016, será la siguiente:

B.L. hasta €
Cuota integra
Resto B.L.
TIPO
0
0
12.450,00
10,00%
12.450,00
1.245,00
7.750,00
12,50%
20.200,00
2.213,75
13.800,00
15,50%
34.000,00
4.352,75
26.000,00
19,00%
60.000,00
9.292,75
30.000,00
21,50%
90.000,00
15.742,75
30.000,00
23,50%
120.000,00
22.792,75
55.000,00
24,50%
175.000,00
36.267,75
en adelante
25,00%

2. El artículo 110-15 «Deducción de la cuota íntegra autonómica por gastos en primas individuales de seguros de salud» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

Artículo 2.Medidas relativas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

1. Se modifica el artículo 121-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 121-1.— Tipo impositivo de las operaciones inmobiliarias con carácter general.

Los tipos impositivos aplicables sobre la base liquidable de la transmisión onerosa de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, serán del 8 por 100 y del 9 por 100 en función del valor del bien objeto del negocio jurídico.

Con carácter general, en las referidas operaciones, se aplicará un tipo del 8 por 100.

No obstante, cuando el valor real del bien supere los 500.000 euros, procederá el tipo del 8 por 100 hasta ese importe y del 9 por 100 sobre el resto de valor.

Determinados así los tipos procedentes, se aplicarán sobre la base liquidable en la misma proporción que sobre el valor del bien.»

2. Se modifica el artículo 121-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 121-2. Tipo impositivo de las concesiones administrativas y actos administrativos asimilados.

1. El tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas y a los actos y negocios administrativos fiscalmente equiparados a aquéllas, como constitución de derechos, será el previsto para las operaciones inmobiliarias con carácter general en este Texto Refundido, siempre que dichos actos lleven aparejada una concesión demanial, derechos de uso o facultades de utilización sobre bienes de titularidad de entidades públicas calificables como inmuebles conforme al artículo 334 del Código Civil.

2. La ulterior transmisión onerosa por acto ínter vivos de las concesiones y actos asimilados del apartado anterior tributará, asimismo, al tipo impositivo previsto para las operaciones inmobiliarias con carácter en este Texto Refundido.»

3. Se modifica el artículo 121-3 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 121-3. Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.

La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 3 por 100 a las transmisiones de inmuebles que cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que sea aplicable alguna de las exenciones a que se refieren los números 20.º y 22.º del artículo 20, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Que el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción, en el sentido en que se define tal derecho por el artículo 20, apartado dos, de la ley de dicho impuesto.

c) Que no se haya producido la renuncia a la exención por el Impuesto sobre el Valor Añadido prevista en el artículo 20, apartado dos, de la ley de dicho impuesto.»

4. Se modifica el artículo 121-4 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 121-4. Bonificación en cuota aplicable a la adquisición de su vivienda habitual por parte de personas físicas incluidas en determinados colectivos.

1. En las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente, éste podrá aplicarse, en el concepto «Transmisiones patrimoniales onerosas», una bonificación sobre la cuota tributaria íntegra, según los requisitos y porcentajes siguientes:

a) Para las personas físicas menores de 30 años, siempre que el valor real del bien inmueble no supere los 100.000 euros: una bonificación del 12,5 por 100 de la cuota íntegra.

b) Para las personas con discapacidad igual o superior al 65%: una bonificación del 12,5 por 100 de la cuota íntegra.

Las bonificaciones en cuota previstas en este artículo serán compatibles entre sí.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de vivienda habitual es el establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

3. El grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 será el reconocido de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, o en la normativa aplicable en esta materia vigente en cada momento.

4. En los supuestos de adquisición de pro indiviso, en la que no todos los propietarios cumpliesen los requisitos para poder aplicar las bonificaciones de edad y/o discapacidad previstas en el punto 1 de este artículo, se aplicará la deducción correspondiente en proporción a su participación en la adquisición.»

5. Se modifica el artículo 121-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 121-5. Bonificación en cuota aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.

1. En las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, el adquirente podrá aplicarse, en el concepto «Transmisiones patrimoniales onerosas», una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota tributaria íntegra, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.

b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los cuatro años posteriores a la fecha de adquisición se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente a esta para formar una única vivienda de mayor superficie, aun cuando se mantengan registralmente como fincas distintas.

c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a esta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará la superficie total resultante de dicha unión.

d) Que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la parte de la base imponible del ahorro constituida por los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda, no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.

El mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes a que se refiere el párrafo anterior será el que haya resultado de aplicación en la última declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o hubiera resultado aplicable, en el caso de no tener obligación legal de presentar declaración, según lo dispuesto en los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de un mes desde el día siguiente al que venza el plazo de cuatro años a que se refiere tal apartado.

3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.

4. A los efectos de aplicación de la bonificación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años.

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

6. La bonificación en cuota prevista en este artículo será incompatible con cualquier otra prevista para este concepto en la normativa autonómica.»

6. El artículo 121-9 «Tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas individuales o negocios profesionales» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

7. El artículo 121-11 «Tipo reducido aplicable a la adquisición de inmuebles para iniciar una actividad económica» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

8. Se modifica el artículo 122-1 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 122-1.— Tipo impositivo general aplicable a los documentos notariales.

1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo general del 1,5 por 100 en las primeras copias de escrituras y actas notariales sujetas como «Documentos notariales».

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los tipos impositivos que para determinadas operaciones puedan existir en el ordenamiento aragonés.»

9. Se modifica el artículo 122-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 122-2.-— Tipo impositivo de determinadas operaciones inmobiliarias en función del cumplimiento de ciertos requisitos.

La cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible el tipo del 2 por 100 en las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado dos, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.»

10. Se modifica el artículo 122-3 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 122-3.— Bonificación en cuota aplicable a la adquisición de vivienda habitual por familias numerosas.

1. En las primeras copias de escrituras que documenten las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, el adquirente podrá aplicarse, por el concepto «Actos jurídicos documentados», una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota tributaria íntegra, siempre que se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

a) Que en el momento de la adquisición del inmueble el sujeto pasivo tenga la consideración legal de miembro de una familia numerosa y destine el inmueble adquirido a constituir la vivienda habitual de su familia.

b) Que dentro del plazo comprendido entre los dos años anteriores y los cuatro años posteriores a la fecha de adquisición se proceda a la venta en firme de la anterior vivienda habitual de la familia, salvo que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y dentro del plazo indicado se una físicamente a esta para formar una única vivienda de mayor superficie, aun cuando se mantengan registralmente como fincas distintas.

c) Que la superficie útil de la vivienda adquirida sea superior en más de un 10 por 100 a la superficie útil de la anterior vivienda habitual de la familia. En el caso de que el inmueble adquirido sea contiguo a la vivienda habitual y se una físicamente a esta, para el cómputo del aumento de superficie se considerará la superficie total resultante de dicha unión.

d) Que la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la parte de la base imponible del ahorro constituida por los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de todas las personas que vayan a habitar la vivienda, no exceda de 35.000 euros. Esta cantidad se incrementará en 6.000 euros por cada hijo que exceda del número de hijos que la legislación vigente exige como mínimo para alcanzar la condición legal de familia numerosa.

El mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes a que se refiere la letra anterior será el que haya resultado de aplicación en la última declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o hubiera resultado aplicable, en el caso de no tener obligación legal de presentar declaración, según lo dispuesto en los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. Cuando se incumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado anterior, el sujeto pasivo vendrá obligado a pagar el impuesto dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente autoliquidación en el plazo de un mes desde el día siguiente al que venza el plazo de cuatro años a que se refiere tal apartado.

3. Los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo se reputarán cumplidos cuando la vivienda adquirida sea la primera vivienda habitual del sujeto pasivo.

4. A los efectos de aplicación de la bonificación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la vivienda que habitaba la familia, en su caso, no pierde la condición de habitual por el hecho de transmitirse antes del plazo de tres años.

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de familia numerosa es el establecido por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, y el concepto de vivienda habitual es el establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

6. La bonificación en cuota prevista en este artículo será incompatible con cualquier otra prevista para este concepto en la normativa autonómica.»

11. Se modifica el artículo 122-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 122-5.— Bonificación en cuota aplicable a la adquisición de su vivienda habitual parte de personas físicas incluidas en determinados colectivos.

1. En las transmisiones de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del adquirente, éste podrá aplicarse, en el concepto «Actos jurídicos documentados», una bonificación sobre la cuota tributaria íntegra, según los requisitos y porcentajes siguientes:

c) Por las personas físicas menores de 30 años, siempre que el valor real del bien inmueble no supere los 100.000 euros: una bonificación del 30 por 100 de la cuota íntegra.

d) Por las personas con discapacidad igual o superior al 65%: una bonificación del 30 por 100 de la cuota íntegra.

Las bonificaciones en cuota previstas en este artículo serán compatibles entre sí.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, el concepto de vivienda habitual es el establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2012.

3. El grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 será el reconocido de conformidad con el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, o en la normativa aplicable en esta materia vigente en cada momento.

4. En los supuestos de adquisición de pro indiviso, en la que no todos los propietarios cumpliesen los requisitos para poder aplicar las bonificaciones de edad y/o discapacidad previstas en el punto 1 de este artículo, se aplicará la deducción correspondiente en proporción a su participación en la adquisición.»

12. El artículo 122-7 «Bonificación de la cuota tributaria en operaciones de préstamo o crédito a microempresas» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

Artículo 3.Medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

1. El artículo 131-8 «Bonificación en adquisiciones mortis causa» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

2. El artículo 132-2 «Reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos del donante» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

3. El artículo 132-6 «Bonificación en adquisiciones lucrativas ínter vivos» del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, queda sin contenido.

Artículo 4. Medidas relativas al Impuesto sobre el Patrimonio.

Se crea un nuevo artículo 150-2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Artículo 150-2.— Mínimo exento.

1. Con efectos desde 31 de diciembre de 2015, en el supuesto de obligación personal por el Impuesto sobre el Patrimonio, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en 500.000 euros.»

Artículo 5. Medidas relativas al Impuesto sobre Hidrocarburos.

Se introduce un nuevo Capítulo VI «Impuesto sobre Hidrocarburos» en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO VI

Impuesto sobre Hidrocarburos

Artículo 160-1.— Tipo de gravamen autonómico.

El tipo de gravamen autonómico a que hace referencia el artículo 52 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, aplicable en la Comunidad de Autónoma de Aragón en el Impuesto sobre Hidrocarburos será, para los productos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 y 1.14 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: 24 euros por 1.000 litros.

Artículo 160-2.— Tipo autonómico de devolución del impuesto por el gasóleo de uso profesional.

El tipo autonómico de devolución por el gasóleo de uso profesional en el Impuesto sobre Hidrocarburos, al que se refiere el artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en relación con el artículo 52.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, será de 24 euros por 1.000 litros.»

Artículo 6.Medidas transitorias relativas a los Tributos cedidos.

Se introduce dos nuevas disposiciones transitorias primera y segunda en el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en determinadas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 110-9 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, en su redacción vigente a 01/01/2015, comportará los efectos y consecuencias previstas en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en determinadas reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

1. La reducción del artículo 131-5 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, no podrá aplicarse cuando, en los cinco años anteriores a la fecha del devengo del impuesto, el contribuyente se hubiera practicado la reducción prevista en el artículo 132-2, en su redacción vigente a 01/01/2015, y siempre que la condición de donante y causante coincidan en la misma persona, salvo que aquella hubiera sido por importe inferior a 150.000 euros, en cuyo caso podrá aplicarse como reducción por el concepto «sucesiones» la diferencia entre la reducción aplicada por el concepto «donaciones» y la reducción que le corresponda conforme a lo previsto en los apartados anteriores.

2. En caso de incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los artículos 131-6 y 131-7 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, en su redacción vigente a 01/01/2015, el obligado tributario deberá presentar una autoliquidación complementaria por el importe de las cantidades no ingresadas, junto con sus correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes a contar desde el día en que se produzca el incumplimiento.»


TÍTULO II

Tributos propios

de la Comunidad Autónoma de Aragón



CAPÍTULO I

Creación de Impuestos Medioambientales

de la Comunidad Autónoma de Aragón


Artículo 7. Creación del Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada.

Se introduce un nuevo Capítulo IV titulado «Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada» en el Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO IV

Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada

Artículo 23. Objeto del impuesto.

El Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en la realización de determinadas actividades que afectan a su patrimonio fluvial natural, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 24. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por la alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos como consecuencia del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua embalsada mediante presas situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón con instalaciones hidroeléctricas de producción de energía eléctrica de turbinado directo o de tecnología hidráulica de bombeo mixto.

2. A los efectos de esta Ley, se considera que se produce una alteración o modificación sustancial de los valores naturales de los ríos cuando la presa cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Que la altura de la presa, medida desde la parte más baja de la superficie general de cimentación hasta la coronación, sea superior a 15 metros;

b) que la capacidad de embalsar sea superior a 20 hectómetros cúbicos.

Artículo 25. Obligados tributarios.

1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las instalaciones que generen el hecho imponible del impuesto.

2. Será responsable solidario del pago del impuesto el propietario de las instalaciones que generen el hecho imponible, cuando éste no coincida con los titulares de su explotación.

Artículo 26. Base imponible.

1. La base imponible del impuesto se define como el módulo expresado en unidades que resulta de aplicar la siguiente fórmula a cada embalse ubicado en su totalidad o en parte en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón:

50* capacidad del embalse medida en hm³ + 50* altura de la presa medida en metros.

2. En el supuesto de embalses en los que el agua embalsada se extienda más allá del límite territorial de la Comunidad Autónoma, la base imponible se determinará en proporción a la parte de la capacidad que corresponda a las aguas situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 27. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria del impuesto resulta de aplicar un tipo de gravamen de 100 euros por cada unidad del módulo definido en el artículo anterior.

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, la citada cuota no podrá superar ninguno de los siguientes límites:

a) El resultado de multiplicar la cuantía de 15.000 euros por Mw de potencia instalada de las instalaciones sujetas al impuesto.

b) El 25% del valor económico de la energía, medida en barras de central, producida en el ejercicio mediante el turbinado directo del agua aportada a los embalses por corrientes, escorrentías, surgencias o alumbramientos, sean o no naturales.

3. A estos efectos, cuando la instalación eléctrica sujeta tenga la consideración de instalación de bombeo mixto, la distribución de la energía generada directamente desde embalse y la generada por bombeo, y por tanto su valor económico, se calculará de acuerdo con las siguientes fórmulas:

We = WT - Wb

Wb = EB*K

Donde:

We es la cantidad de energía producida mediante el turbinado directo del agua aportada a los embalses por corrientes, escorrentías, surgencias o alumbramientos, sean o no naturales.

WT es la cantidad de energía total producida en la instalación en el ejercicio.

Wb es la cantidad de energía producida mediante el turbinado del agua previamente bombeada.

EB es el consumo de bombeo entendido como la cantidad de energía consumida por el generador para bombear el agua que ha permitido la generación.

K es el factor de corrección que compensa la diferencia entre el rendimiento por bombeo y la energía consumida en la elevación al vaso superior. Su valor será de 0,7.

4. En el supuesto de que un mismo aprovechamiento hidroeléctrico utilizara el caudal de varios embalses sujetos al impuesto, con independencia de la obligación de efectuar la correspondiente autoliquidación por cada uno de ellos, si procediera la aplicación de los límites previstos en el apartado 2, su imputación será proporcional a la base imponible que corresponda a cada embalse, computada conforme al artículo anterior.

5. Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo del valor de la energía producida que corresponde a una y otra técnica.»

Artículo 8. Creación del Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Se introduce un nuevo Capítulo V titulado «Impuesto medioambiental causado sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión» en el Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO V

Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión

Artículo 28. Objeto del impuesto.

El Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en la generación de afecciones e impactos ambientales y visuales en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón, por dichas instalaciones eléctricas a través de elementos fijos de alta tensión.

Artículo 29. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado por la generación de afecciones e impactos ambientales y visuales en el entorno natural de la Comunidad Autónoma de Aragón por la realización de actividades de transporte de energía eléctrica para el suministro a través de elementos fijos de alta tensión.

Artículo 30. Obligados tributarios.

1. Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades que causan el daño medioambiental o exploten las instalaciones que generen el hecho imponible del impuesto.

2. Será responsable solidario del pago del impuesto el propietario de las instalaciones que generen el hecho imponible cuando no coincidan con quienes las exploten.

Artículo 31. Base imponible.

La base imponible del impuesto estará constituida por los kilómetros de tendido eléctrico en redes de capacidad igual o superior a los 220 kw.

Artículo 32. Cuota tributaria.

La cuota tributaria del impuesto resulta de aplicar un tipo de gravamen de 700 euros por cada kilómetro de tendido eléctrico.»

Artículo 9. Creación del Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable.

Se introduce un nuevo Capítulo VI titulado «Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable» en el Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«CAPÍTULO VI

Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable

Artículo 33. Objeto del impuesto.

El Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable tiene por objeto gravar la concreta capacidad económica que se manifiesta en determinadas actividades desarrolladas mediante la utilización de las instalaciones o elementos de dichos sistemas de transporte de personas, mercancías y bienes, como consecuencia de su incidencia negativa en el entorno natural, territorial y paisajístico de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando estén afectos a los siguientes usos:

a) Transporte de personas en las instalaciones por cable definidas en el artículo siguiente, que se encuentren situadas en el medio natural propio de las áreas de montaña, delimitadas conforme a su normativa específica.

b) Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal.

Artículo 34. Definiciones.

1. A los efectos de esta Ley, se considerarán como transporte por cable todas aquellas instalaciones compuestas de varios constituyentes, concebidas, construidas, montadas y puestas en servicio para transportar personas, mercancías o materiales.

En estas instalaciones, fijas en su emplazamiento, el transporte de personas, mercancías o materiales se realiza en vehículos, remolques por arrastres, o remonta-pendientes, en su caso, suspendidos de cables o tirados por cables, los cuales están colocados a lo largo del recorrido efectuado.

2. En particular, se considerará que son transportes de personas por cable las instalaciones siguientes:

a) Los funiculares y otras instalaciones, cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas u otros dispositivos fijos de sustentación mediante tracción de uno o más cables.

b) Los ascensores, cuyos vehículos se desplazan por adherencia a lo largo de guías, siempre que su inclinación sobre la vertical esté comprendida entre 15º y 75º, mediante la tracción de uno o más cables.

c) Los teleféricos, cuyos vehículos son desplazados o movidos en suspensión por uno o más cables. Esta categoría incluye las telecabinas y los telesillas.

d) Los telesquís que, mediante un cable, desplazan a los usuarios, pertrechados de equipos adecuados, sobre la superficie.

3. Asimismo, se entenderá que:

a) Los funiculares, ascensores y teleféricos son instalaciones de transporte de personas por cable de tipo colectivo.

b) Los telesquís son instalaciones de transporte de personas por cable de tipo individual. Cuando el telesquí tenga capacidad para más de una persona se considerará incluido en las modalidades de la letra a) anterior a los solos efectos del impuesto.

c) Los remontes son transportes de mercancías o materiales utilizados en el medio forestal.

4. A los efectos de la presente Ley, se considera explotación a toda unidad económica y geográfica a la que se encuentren afectas una o varias instalaciones de transporte por cable de personas o mercancías para el desarrollo de su actividad principal.

Artículo 35. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el daño medioambiental causado directamente por las instalaciones de transporte mediante líneas o tendidos de cable, que se relacionan en los artículos 33 y 34.

En el supuesto de instalaciones de transporte afectas a la utilización de pistas de esquí alpino, el daño medioambiental se considerará agravado por el impacto negativo añadido por dicha finalidad.

2. Se entenderá producido el daño medioambiental aun cuando las instalaciones y elementos del transporte descrito se encuentren en desuso o no hayan entrado en funcionamiento.

Artículo 36. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de contribuyentes, quienes realicen las actividades de explotación de las instalaciones o elementos afectos al transporte realizado mediante líneas o tendidos de cable que se enumeran en los artículos 33 y 34.

Artículo 37. Base imponible.

Constituyen la base imponible del impuesto las siguientes unidades contaminantes de medida del daño medioambiental:

1ª. El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de personas.

2ª. El número y longitud de las instalaciones de transporte por cable de mercancías o materiales.

Artículo 38. Cuota tributaria y tipo de gravamen.

1. La cuota tributaria del impuesto se obtiene de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de gravamen:

1º. Transporte de personas en las instalaciones de teleféricos y remonta-pendientes:

a) Por cada transporte por cable colectivo instalado: 5.040 euros.

b) Por cada transporte por cable individual instalado: 4.560 euros.

c) Por cada metro de longitud del transporte por cable de personas: 12 euros.

A la cuota obtenida conforme al punto 1.º anterior, se le aplicará, en función de la longitud total por estación expresada en kilómetros de las pistas de esquí alpino a las que se encuentren afectas las instalaciones, el coeficiente que corresponda entre los siguientes:

a) Hasta 20 km/pista: 1.

b) De 20 a 40 km: 1,25.

c) Más de 40 km: 1,5.

2º. Transporte de mercancías o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Por cada metro de longitud del transporte por cable de mercancías: 10 euros.

2. En el caso de instalaciones o elementos del transporte mediante líneas o tendidos de cable que se encontraran en situación de desuso durante, al menos, tres años, la cuota tributaria será la que resulte de multiplicar por tres la que hubiere correspondido en función del número y longitud de las citadas instalaciones o elementos de transporte. El plazo de tres años en situación de desuso se computará a partir del 1 de enero de 2014.»


CAPÍTULO II

Modificación de Impuestos Medioambientales

de la Comunidad Autónoma de Aragón


Artículo 10.Modificación del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas.

1. Se modifica el apartado 1, letra q), del artículo 15 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«q) La gestión, recaudación e inspección del Impuesto sobre la contaminación de las aguas regulado en esta Ley.»

2. Se modifica el apartado 2, letra f), número 6º, del artículo 19 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«6º gestionar y recaudar el Impuesto sobre la contaminación de las aguas, regulado en esta Ley, y los tributos previstos en la normativa en materia de aguas.»

3. Se modifica el epígrafe del Capítulo I del Título XI de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«Impuesto sobre la contaminación de las aguas»

4. Se modifica el apartado 1, letra b), del artículo 82 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«b) La utilización del agua para regadío agrícola, cuando no constituya uso urbano según el artículo 4, letras ee), número 4º de esta Ley ni se produzca, en los términos que se establezcan reglamentariamente, contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.»

5. Se modifica el apartado 1, letra d), del artículo 82 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«d) Los usos domésticos de agua cuando se trate de viviendas cuyos residentes se encuentren en situación de exclusión social, en los términos que se definan reglamentariamente. La exención, que se reconocerá por resolución de la Dirección del Instituto Aragonés del Agua a instancia del interesado, surtirá efectos desde la presentación de la solicitud y tendrá vigencia mientras se mantenga la situación que la justifica.»

6. Se modifica el apartado 3 del artículo 82 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«Se aplicará una bonificación del 60% en la tarifa del Impuesto sobre la contaminación de las aguas en el caso de utilización de agua en edificaciones no integradas en núcleos de población destinadas a vivienda o vinculadas a la actividad agrícola, cuando no constituya uso urbano según el artículo 4, letras ee), número 4º de esta ley y las aguas residuales no se viertan a un sistema de saneamiento de titularidad pública, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del coeficiente de depuración previsto en el apartado 3 del artículo 86 de la presente Ley.»

7. Se modifica artículo 83 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«El Impuesto sobre la contaminación de las aguas se devengará con el consumo de agua, y se exigirá con la siguiente periodicidad:

a) En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras y sometidos al pago de tarifa por suministro de agua, con la periodicidad establecida para la facturación de las cuotas correspondientes a dicho suministro.

b) En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras de agua a título gratuito, con periodicidad anual.

c) En el caso de abastecimientos no servidos por entidades suministradoras de agua, con periodicidad trimestral.

d) Podrá exigirse más de un período de consumo en una única liquidación en los siguientes casos:

— En las entidades de población en que sean aplicables las bonificaciones reguladas en el apartado 2 del artículo 82 o el régimen específico previsto en la disposición adicional séptima, ambos de la presente Ley.

— En las edificaciones no integradas en núcleos de población destinadas a vivienda o vinculadas a la actividad agrícola en que sea aplicable la bonificación regulada en el apartado 3 del artículo 82 de la presente Ley.

— En las liquidaciones que se notifiquen individualizadamente conforme al apartado 2 del artículo 89 de la presente Ley.»

8. Se modifica el apartado 2 del artículo 84 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«2. Las entidades suministradoras son obligadas tributarias en sustitución del contribuyente y como tales deberán cumplir con las prestaciones formales y materiales que la presente Ley les impone.»

9. Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 84 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«3. Son responsables solidarios:

a) En el caso de viviendas abastecidas por entidades suministradoras de agua, el propietario del inmueble abastecido, cuando no sea el titular de la póliza o contrato de suministro.

b) En el caso de usos industriales, incluso asimilados a domésticos, abastecidas por entidades suministradoras de agua, el titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble abastecido, cuando no sea el titular de la póliza o contrato de suministro.»

10. Se modifica el artículo 89 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«Artículo 89. Gestión.

1. El Instituto Aragonés del Agua exigirá el pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas a los usuarios de agua mediante liquidaciones periódicas, cualquiera que sea la procedencia de los caudales consumidos.

2. La primera liquidación que se practique será notificada individualizadamente, en la forma prevista en la Ley General Tributaria. Las sucesivas liquidaciones serán notificadas conforme al procedimiento establecido para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, mediante anuncios de cobranza que se insertarán en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web del Instituto Aragonés del Agua.

No obstante, serán objeto de notificación individualizada, en todo caso, las liquidaciones correspondientes a actuaciones de regularización y, con carácter excepcional, las liquidaciones periódicas cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen, debiendo hacerse constar en este caso el período de consumo a partir del cual la notificación se practicará colectivamente.

3. El Instituto Aragonés del Agua comprobará e investigará las actividades que se refieran al rendimiento del impuesto sobre la contaminación de las aguas, tales como el consumo de agua, la facturación, el vertido o su percepción, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de inspección, ejercicio de la potestad sancionadora y recaudación por vía de apremio le corresponden al departamento competente en materia tributaria.

4. Las entidades suministradoras de agua están obligadas a proporcionar al Instituto Aragonés del Agua los datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria referentes a los usuarios de agua y sus consumos, incluyendo los de instalaciones propias, que sean necesarios para la aplicación del impuesto sobre la contaminación de las aguas.

5. En los supuestos de impago del impuesto sobre la contaminación de las aguas, la gestión, inspección y recaudación por vía de apremio del mismo se efectuará por el departamento competente en materia tributaria con sujeción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y disposiciones complementarias o concordantes.»

11. Se modifican los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 90 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«1. El régimen sancionador aplicable al impuesto sobre la contaminación de las aguas es el establecido en la Ley General Tributaria y en el Reglamento general del régimen sancionador tributario, con las especialidades establecidas en la presente Ley.

2. Se califica como infracción tributaria el incumplimiento por las entidades suministradoras de agua de la obligación de presentar de forma completa y correcta los datos que, referidos a los usuarios de agua y sus consumos, sean necesarios con arreglo a esta ley para la liquidación del impuesto sobre la contaminación de las aguas. Esta infracción se califica en todo caso como grave.

La base de la sanción será la cuota resultante de la liquidación que practique el Instituto Aragonés del Agua a la entidad suministradora cuando no se hubieran facilitado los datos, o la diferencia entre la cuota resultante de la adecuada liquidación del impuesto sobre la contaminación de las aguas y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.

La sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 10 al 100 por ciento y se graduará conforme a los siguientes criterios por razón de la comisión repetida de la infracción:

— En la primera infracción la multa será del 10% de la base.

— Por cada nueva infracción dentro del plazo de 1 año desde la última cometida, el incremento será de 15 puntos porcentuales sobre la última sanción impuesta.

3. Se califica como infracción tributaria la realización por las entidades suministradoras de agua de actos de repercusión del impuesto sobre la contaminación de las aguas por importe superior al de las liquidaciones practicadas por el Instituto Aragonés del Agua. Esta infracción se califica en todo caso como grave.

La base de la sanción será la cuantía del beneficio indebidamente obtenido. La sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento.

4. Se califica como infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la declaración periódica del volumen de agua, la del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua. Esta infracción se califica, en todo caso, como leve y se sancionará conforme a lo previsto en el artículo 198.1, 2 y 3 de la Ley General Tributaria.

5. Se califica como infracción tributaria la presentación de la declaración periódica del volumen de agua, la del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua de forma incompleta, inexacta o con datos falsos. Esta infracción se califica, en todo caso, como grave y se sancionará conforme a lo previsto en el artículo 199 de la Ley General Tributaria.»

12. El apartado 5 del artículo 90 pasa a numerarse como apartado 6.

13. Se modifica la disposición adicional octava de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«1. De conformidad con lo establecido en el artículo 88 de esta Ley, se establece la siguiente tarifa del Impuesto sobre la contaminación de las aguas:

a) Usos domésticos:

— Componente fijo: 5,095 euros por sujeto pasivo y mes.

— Tipo aplicable por volumen de agua: 0,614 euros por metro cúbico.

b) Usos industriales:

— Componente fijo: 19,162 euros por sujeto pasivo y mes.

— Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,468 euros por kilogramo.

— Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,651 euros por kilogramo.

— Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 5,258 euros por Siemens metro cúbico por centímetro.

— Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 15,182 euros por kiloequitox.

— Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 6,387 euros por kilogramo de equimetal.

— Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 1,277 euros por kilogramo.

2. Los usuarios de agua que no viertan sus aguas residuales a un sistema de saneamiento de titularidad pública, cualquiera que sea el municipio en que se ubiquen, estarán sujetos a la tarifa del Impuesto sobre la contaminación de las aguas establecida en el apartado 1 de la presente disposición.

3. Reglamentariamente se definirán los términos de carga contaminante de la tarifa, sus métodos de medición y análisis y el coeficiente corrector.

4. En los sistemas de aforo colectivo, se devengará el componente fijo tantas veces como viviendas o locales estén conectados a ellos.

5. Los componentes fijos de las tarifas y los tipos aplicables se actualizarán mediante las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma.»

14. Se introduce una nueva disposición adicional duodécima en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional duodécima. Concurrencia de usos exentos y uso no exentos en un mismo abastecimiento o suministro.

Cuando en un mismo abastecimiento o suministro concurran usos exentos del Impuesto sobre la contaminación de las aguas, conforme al artículo 82, apartado 1, de esta Ley, con otros no exentos, sólo podrá reconocerse la exención de los primeros cuando exista medición separada de cada uno de los usos concurrentes.»

15. Se introduce una nueva disposición transitoria quinta en la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria quinta. Exenciones por razón de exclusión social.

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las exenciones previstas en el apartado 1, letra e), del artículo 82 de esta Ley, se entenderá que concurre situación de exclusión social cuando en la vivienda resida un perceptor del Ingreso Aragonés de Inserción o prestación que lo sustituya.»


DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Términos genéricos.

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente Ley se entenderán referidas también a su correspondiente femenino.

Disposición adicional segunda. Renumeración de la estructura del Texto Refundido de los Impuestos Medioambientales.

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, se renumeran las siguientes divisiones:

a) Los Capítulos IV y V pasan a numerarse como Capítulos VII y VIII.

b) Los artículos 23 a 40 pasan a numerarse, correlativamente, como artículos 38 a 55.

Disposición adicional tercera.— Adaptación terminológica de los Impuestos Medioambientales.

1. Los impuestos autonómicos de carácter medioambiental, adoptarán la nomenclatura, a todos los efectos, de «Impuestos Medioambientales», seguidos de la expresión que describa la naturaleza de la actividad o de la instalación objeto de gravamen.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, se denominarán:

— Impuesto Medioambiental sobre la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera.

— Impuesto Medioambiental sobre las grandes áreas de venta.

— Impuesto Medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada.

— Impuesto Medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

— Impuesto Medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable.

3. La actualización del Texto Refundido de la Legislación de los Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón recogerá, en todo caso, esta terminología, la cual se extenderá, en lo sucesivo, a cualquier norma reglamentaria dictada en su desarrollo.

Disposición adicional cuarta. Modificaciones complementarias para la gestión y aplicación de los nuevos Impuestos Medioambientales.

1. Se modifica el artículo 1 del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«Artículo 1. Objeto.

Mediante el presente Texto Refundido se regulan los Impuestos Medioambientales creados y modificados por Ley de Cortes de Aragón, que se enumeran a continuación:

1º. Impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera.

2º. Impuesto medioambiental sobre las grandes áreas de venta.

3º. Impuesto medioambiental sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada.

4º. Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

5º. Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable»

2. Se modifica el artículo 23, que pasa a numerarse como artículo 38, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«Artículo 38. Obligados tributarios.

1. La cualidad de sujeto pasivo se atribuirá a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 11, 19, 25, 30 y 36 de este Texto Refundido.

2. Asimismo, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, a los que pueda imputarse la condición del apartado anterior.

3. Los titulares de los permisos, autorizaciones, concesiones o, en general, derechos a la utilización, uso privativo o explotación del dominio público o de sus recursos naturales y territoriales, serán sustitutos del contribuyente y vendrán obligados a cumplir, en su caso, las obligaciones tributarias derivadas del presente Texto Refundido.»

3. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, que pasa a numerarse como artículo 50, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«2. El Censo de Contribuyentes de los Impuestos Medioambientales constará de las siguientes secciones:

Sección 1ª. De las instalaciones emisoras de sustancias contaminantes a la atmósfera.

Sección 2ª. De los establecimientos comerciales con grandes áreas de venta.

Sección 3ª. De las instalaciones de uso o aprovechamiento de agua embalsada.

Sección 4ª. De las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Sección 5ª. De las instalaciones de transporte por cable.»

4. Se modifica el artículo 38, que pasa a numerarse como artículo 53 del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«Artículo 53. – Autoliquidación por los sujetos pasivos.

1. Los sujetos pasivos deberán presentar una autoliquidación del impuesto correspondiente por cada explotación, instalación o establecimiento, ante el órgano competente de la Administración tributaria, determinando la deuda tributaria e ingresando su importe en la forma que se establezca reglamentariamente y dentro de los siguientes plazos:

a) En los Impuestos medioambientales sobre las grandes áreas de venta, sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y sobre las instalaciones de transporte por cable, dentro de los primeros veinte días naturales del mes de enero del ejercicio siguiente al del primer período impositivo.

La cuota íntegra se calculará aplicando las tarifas a la situación censal de cada uno de los trimestres en los que se haya producido el hecho imponible. La suma de estos resultados se dividirá entre el número de trimestres considerados a tal efecto.

b) En los Impuestos medioambientales sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera y sobre determinados usos y aprovechamientos del agua, dentro de los primeros veinte días naturales del mes de abril del ejercicio siguiente al del primer período impositivo.

La autoliquidación se cumplimentará en los modelos y soportes aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.

2. A tal efecto, los contribuyentes, al practicar la autoliquidación, deberán determinar la cuota diferencial, que será el resultado de deducir de la cuota líquida los pagos fraccionados satisfechos con anterioridad, procediéndose conforme a lo dispuesto a continuación:

a) Si la cuota diferencial resultase positiva se procederá al ingreso de su importe en los plazos señalados en el apartado 1 de este artículo.

b) Si la cuota diferencial resultase negativa se procederá de oficio a su devolución, en los términos señalados en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3. Si durante un período impositivo se produjera una nueva alta sujeta a alguno de los Impuestos Medioambientales, o alguna modificación de las instalaciones o superficies que afectara a la base imponible del impuesto, estas se computarán, a efectos de la autoliquidación, a partir del primer día del trimestre natural siguiente al de la correspondiente autorización administrativa que resulte preceptiva en el sector de la actividad correspondiente y que permita su puesta en servicio o funcionamiento, o al del día del inicio efectivo de la actividad si este fuera anterior.»

5. Se modifica el artículo 40, que pasa a numerarse como artículo 55, del Texto Refundido de la Legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente redacción:

«Artículo 55. Pagos fraccionados a cuenta.

1. Los sujetos pasivos deberán realizar los pagos fraccionados por cada explotación, instalación o establecimiento, a cuenta de la autoliquidación del período impositivo correspondiente, en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, julio y octubre del período impositivo correspondiente.

Los pagos fraccionados se cumplimentarán en el modelo y en el soporte aprobados por Orden del Consejero competente en materia de Hacienda.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los Impuestos Medioambientales sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera y sobre determinados usos y aprovechamientos del agua, los pagos fraccionados se efectuarán los primeros veinte días naturales de los meses de junio, septiembre y diciembre del período impositivo correspondiente.

El importe de cada pago fraccionado será del 30 por 100 de la cuota devengada que corresponda ingresar por la totalidad del citado impuesto, considerando la situación de los establecimientos el primer día de cada período impositivo.

3. En el Impuesto Medioambiental sobre emisiones contaminantes a la atmósfera el importe máximo de los pagos fraccionados no podrá superar el 90 por 100 de la cuota devengada en el ejercicio anterior.

4. Si la correspondiente actividad contaminante objeto de gravamen se inicia durante el primer semestre del período impositivo, sólo se efectuarán el segundo y tercer pagos fraccionados. Si la actividad se inicia en el segundo semestre, no deberán realizarse pagos fraccionados, debiendo presentar los sujetos pasivos la autoliquidación resultante de la aplicación del impuesto a la totalidad del período impositivo.

No obstante, en relación con el Impuesto Medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, cuando una instalación inicie su actividad durante un período impositivo, los sujetos pasivos no realizarán pagos fraccionados y procederán, en su caso, a la práctica de la correspondiente autoliquidación.»


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria única.Normativa aplicable a los nuevos Impuestos Medioambientales.

En tanto no se apruebe la correspondiente normativa de desarrollo, será de aplicación a los nuevos Impuestos Medioambientales lo establecido en el vigente Texto Refundido de la legislación sobre Impuestos Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo que respecta a la regulación de las disposiciones comunes relativas a la obligación y la gestión tributarias (período impositivo, regla de imputación temporal, autoliquidación y pagos fraccionados) y, en particular, al régimen de deducción por inversiones en el medio ambiente. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de los Impuestos Medioambientales.


DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición derogatoria única.Derogación normativa.

1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. En particular, quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) los artículos 110-15, 121-9, 121-11, 122-7, los apartados 6 y 7 del artículo 131-5, los artículos 131-8, 132-2, letra g) del artículo 132-5, el artículo 132-6, y las disposiciones transitorias primera y segunda del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, que quedan sin contenido, manteniéndose, no obstante, su numeración en la estructura del mismo;

b) el apartado 1, letra e), del artículo 82 de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.


DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Habilitaciones al Consejero competente en materia de hacienda.

El Consejero competente en materia de hacienda podrá, mediante Orden, dictar las normas e instrucciones necesarias para la gestión y aplicación de las medidas tributarias aprobadas en la presente Ley.

En particular, el Consejero competente en materia de hacienda podrá, mediante Orden, dictar las normas necesarias para la aplicación de los nuevos Impuestos Medioambientales, creados por la presente Ley, desde 1 de enero de 2016.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

2. No obstante, las medidas relativas a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Hidrocarburos y sobre los nuevos Impuestos Medioambientales, tendrán efectividad a partir de 1 de enero de 2016.

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