Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Proposición no de Ley - En tramitación - En Pleno

Proposición no de Ley núm. 8/23-XI, relativa a mejorar el acceso a los derechos de la ciudadanía.

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:9 (XI Legislatura) PDF

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Álvaro Sanz Remón, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo Mixto), de acuerdo con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a mejorar el acceso a los derechos de la ciudadanía, para su tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su Artículo 6. Derechos y libertades. Los derechos reconocidos para los aragoneses y aragonesas, así como el compromiso de los poderes públicos para promover su pleno ejercicio.
Este mandato se está viendo dificultado por situaciones concretas que deben atenderse para revertirse y satisfacer de forma plena esos derechos.
El desarrollo reglamentario de algunas prestaciones limita de forma efectiva su acceso a ellas, como es el caso de la PACIMV (Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital). A pesar de ser la pieza fundamental de la política de garantía de ingresos de la comunidad para revertir las situaciones de pobreza, está teniendo una implantación muy restrictiva que impide el acceso a esta prestación por parte de la ciudadanía aragonesa vulnerable.
O las becas escolares que apoyan a las familias se limitan a dos IPREM sin factores de corrección, por lo que excluye de facto a familias numerosas en situación de vulnerabilidad.
Otro derecho reconocido por la constitución es la vivienda que se traslada en nuestra comunidad a través de la garantía habitacional. Pero el acceso a este derecho está plagado de disfunciones, dudas, insuficiencias y maraña burocrática que la impide de facto y que supone un ejemplo de descoordinación entre departamentos que afecta directamente a las personas a las que debería proteger.
La sanidad en España es gratuita para todas las personas con residencia legal, ampliando ese derecho a los menores, mujeres embarazadas, personas con VIH sin residencia legal, para quienes también se dispensa la atención sanitaria de forma gratuita. No obstante este derecho se ve limitado en la práctica en muchos casos, entre otras cuestiones, por la falta de información y formación al personal de las instituciones sanitarias que debe hacerlo efectivo.
El personal de admisión de todos los servicios públicos cumple un papel fundamental para facilitar el acceso a los derechos de las personas y mejorar la satisfacción de la ciudadanía en su relación con la Administración.
Aunque nos encontramos en pleno desarrollo de la Administración electrónica, debemos recordar que las personas no tienen la obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración y que es necesario garantizar la atención presencial para evitar las consecuencias de la brecha digital.
Necesitamos revisar los procedimientos y requisitos de acceso a los derechos, hoy muy alejados de la realidad de las personas que deben verlos satisfechos. De facto, estamos imposibilitando su garantía y eso genera una enorme impotencia en los profesionales de la Administración, sujetos en muchas ocasiones a procedimientos restrictivos, y en las personas usuarias que no se sienten protegidas, sino maltratadas.
Por todo ello, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Revisar los reglamentos de las prestaciones sociales para mejorar la agilidad de su concesión y corregir elementos administrativos que expulsen a las personas vulnerables objeto de las prestaciones.
2. Diseñar procedimientos sencillos para el acceso a los derechos y establecer mecanismos ágiles de coordinación e identificación de competencias, cuando la gestión implica a varios departamentos.
3. Difundir adecuadamente los procedimientos relacionados con el acceso a derechos básicos entre el personal de admisión de los servicios públicos a través de formación e información actualizada.
4. Poner en marcha los mecanismos y órganos relacionados con la evaluación, seguimiento y actualización de los derechos reconocidos.
5. Garantizar la tramitación presencial, sin obligación de cita previa, de todos los procedimientos relacionados con los derechos.

Zaragoza, a 11 de septiembre de 2023.
El Portavoz
ÁLVARO SANZ REMÓN

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