Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO - Proposición no de Ley - En tramitación - En Pleno

Proposición no de Ley núm. 4/23-XI, relativa a la postura del Gobierno de Aragón respecto a los juzgados de violencia de género.

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:9 (XI Legislatura) PDF

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la postura del Gobierno de Aragón respecto a los juzgados de violencia de género, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras la configuración del nuevo Gobierno de Aragón, el Departamento de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia ha pasado a estar regido por Vox. El hecho de que Justicia sea precisamente una de las competencias a desarrollar por dicha formación política está ya provocando, como mínimo, la alerta en algunos círculos jurídicos y sociales.
La cautela resulta lógica, pues son numerosos los representantes de esta formación política que habitualmente han lanzado mensajes que denigran la labor de los juzgados de violencia contra la mujer, algunos de ellos tan notorios como el Vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo.
Hace menos de un año hizo alusión en el parlamento regional a las «mujeres desalmadas» que utilizan «incentivos perversos» de las leyes contra la violencia de género para obtener la custodia de sus hijos, y por otro lado lamentó que España fuese «el único país que tiene una legislación que crea juzgados solo para hombres», refiriéndose a los especializados en la violencia machista.
Conocedores de la postura de Vox, el sector jurídico teme por el futuro de los juzgados de violencia sobre la mujer. De hecho, no cabe duda de que Vox los habría eliminado de no estar amparados por una Ley a escala nacional.
Aun así, Justicia es, también en Aragón, una competencia descentralizada, de modo que el grado de implementación y desarrollo de la ley estatal va a depender del ejecutivo que está al frente de la materia. Más concretamente, es el departamento aludido el que decide las partidas destinadas a la creación y mantenimiento de los juzgados de violencia sobre la mujer, tal como ha señalado recientemente la coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Juezas y Jueces por la Democracia.
El propio planteamiento de partida de Vox ya supone de por sí una amenaza para el correcto desarrollo de la competencia trasferida a Aragón, ya que en su programa defiende devolver Justicia al Estado.
«Juezas y Jueces para la Democracia» advierte de que la desaparición de la atención personalizada que brindan los juzgados específicos podría repercutir en que muchas mujeres reconsiderarían denunciar a sus agresores. Las víctimas de violencia machista deberían prestar declaración en juzgados de guardia, perderían la asistencia de psicólogos y trabajadores sociales, y estarían desprotegidas ante su agresor durante el proceso judicial.
Además, la Asociación profesional de jueces recuerda la gran cantidad de trabajo a la que los juzgados de guardia se enfrentan a diario. Esta circunstancia, junto con la no preparación de estos espacios para la tipología de delito en cuestión, podría suponer que la víctima debería esperar junto a decenas de personas, entre las que podría estar el propio agresor.
Precisamente los juzgados de violencia de género son los que se encargan de que, entre otras cuestiones, la víctima y el victimario no puedan encontrarse. Sucede lo mismo con la atención a los menores involucrados en este tipo de delitos: en los juzgados de violencia sobre la mujer cuentan con espacios dedicados a ellos, como la cámara Gesell, que les permite declarar en un entorno amigable y natural.
Tal como expone Vox en su programa electoral, su deseo es «eliminar la ley de violencia de género», y en su lugar «promulgar una ley de violencia intrafamiliar». Englobar todas las violencias que se ejercen contra las mujeres bajo este paraguas es problemático para numerosas expertas.
En el punto 278 de su programa para las recientes elecciones generales, Vox señalaba su objetivo de derogar la ley contra la violencia de género y eliminar los juzgados de violencia sobre la mujer, los cuales define como «tribunales de excepción según el sexo del agresor o la víctima».
En las antípodas a este tipo de planteamientos, el Partido Socialista ha estado comprometido en todo momento en la lucha contra la violencia de género. De hecho, cumpliendo con el compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera ley enviada al Parlamento por su Gobierno fue la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género aprobada 2004. En ese momento, en el que España no contemplaba todavía la reaparición de la extrema derecha, el Congreso aprobó la ley por unanimidad.
La ley logró clarificar conceptos: por violencia intrafamiliar se entienden los actos de maltrato que se producen entre miembros de la familia, mientras que la violencia de género es aquella que se ejerce «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».
Años más tarde, también bajo Gobierno socialista, nuestra región aprobó la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón. En ella se contemplaba la adopción de medidas integrales dirigidas a la sensibilización, prevención y atención para la erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la protección y asistencia a las víctimas.
Con la Ley aragonesa, el concepto de violencia ejercida contra las mujeres abarcaba «todo acto o agresión contra las mismas, motivado por la pertenencia a dicho sexo de las víctimas que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psicológico, así como las agresiones a su libertad e indemnidad sexuales, incluida la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, y que se realice al amparo de una situación de debilidad, dependencia o proximidad física, psicológica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor».
Tal como recuerdan las responsables de la Fundación Mujeres, «la violencia de género puede no ser intrafamiliar, y no toda la violencia intrafamiliar es contra las mujeres», y «confundir ambos tipos de violencia lleva a confundir las causas y las necesidades de protección de las víctimas», y a «tomar malas decisiones para el abordaje». El cambio de término supone un «retroceso discursivo», y puede «dar alas a los que alegan que la violencia de género no existe» y frenar el avance de los derechos de las mujeres, que necesitan de un «clima social favorable» para su correcto desarrollo.
Ante la posible regresión que pueda producirse en esta materia, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón manifiestan su compromiso en la lucha contra la violencia de género y, en coherencia, instan al Gobierno de Aragón a continuar dotando adecuadamente las partidas necesarias para el correcto funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer, los cuales desarrollan un papel fundamental en la implementación de las medidas legislativas destinadas a erradicarla.
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a continuar con la implantación de las conocidas como salas amigables en los distintos partidos judiciales, que comenzó el Gobierno de Javier Lambán, conforme a las recomendaciones del Observatorio contra la Violencia de Género.

Zaragoza, 6 de septiembre de 2023.
La Portavoz del G.P. Socialista
M.ª TERESA PÉREZ ESTEBAN

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