Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS - Proyectos de Ley - En tramitación

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón.

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:257 (IX Legislatura) PDF

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 13 de junio de 2018, ha procedido a la calificación del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, el cual se tramitará por el procedimiento legislativo común.

Zaragoza, 13 de junio de 2018.


La Presidenta de las Cortes

VIOLETA BARBA BORDERÍAS


Proyecto de Ley de modificación

de la Ley 12/2001, de 2 de julio,

de la infancia y adolescencia en Aragón


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


I

La Constitución Española establece, en su artículo 39 apartado 1.º, que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia, disponiendo asimismo, en el apartado 4.º, que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

En nuestra norma suprema se establece, en su artículo 148.1.20, que entre las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas se encuentra la de «asistencia social» y, por tanto, la protección de menores.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en consecuencia, se encuentra habilitada para el ejercicio de la potestad normativa que aquí se realiza en virtud de los principios rectores de las políticas públicas previstos en los artículos 24 b) y 24 e) del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, así como en virtud de las competencias exclusivas en materia de acción social, juventud y menores reflejadas en el artículo 71 de dicha norma, apartados 34.º, 38.º y 39.º.

En materia de protección de menores, durante los años ochenta el Estado fue aprobando un conjunto de normas que incorporaron al ordenamiento jurídico español las Directivas comunitarias y los principios contenidos en los Tratados y Convenciones Internacionales ratificados por España. Las mismas supusieron una renovación completa de nuestro ordenamiento jurídico en todos los aspectos vinculados a la infancia y a la adolescencia. Por un lado, se reconoció el papel de los menores en la sociedad y, por otro, se modificaron los principales institutos jurídicos que inciden en su esfera jurídica, de acuerdo con los principios y valores democráticos.

Con posterioridad, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, abundó en el desarrollo de esos principios y, sobre todo, supuso un paso adelante en el camino de situar el foco de atención en las necesidades de los menores, como eje de sus derechos y de su protección.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en ese proceso de reconocimiento paulatino de derechos y de cambio de paradigma en el tratamiento de los menores, y al amparo de las competencias sucesivamente reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón vigente en cada momento, aprobó dos leyes que han tenido una gran relevancia: La Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protección de Menores y la vigente Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón, que deroga y sustituye a aquélla.


II

La legislación en materia de personas menores de edad alcanza de plano el ámbito objetivo del Derecho Civil en nuestro ordenamiento. En este sentido, Aragón se encuentra entre las Comunidades Autónomas que, por estar dotadas de Derecho Civil propio a la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, tienen reconocidas competencias en materia de «conservación, modificación y desarrollo» de su derecho foral propio. Esta cuestión se encuentra prevista en el artículo 71 2ª y 3ª del Estatuto, y se vio en su día confirmada por la amplia interpretación que de estos conceptos realizó la doctrina constitucional en STC 88/1993, de 12 de marzo.

En base a esta distribución competencial, el Estado dictó en el pasado la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, modificación del Código Civil y modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las más recientes Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia.

El Derecho Foral aragonés contemporáneo se ocupó de esta materia a través de la Ley 13/2006, de 27 de Diciembre, de Derecho de la Persona, actualmente refundida, junto al resto de leyes civiles de las que se ha dotado la Comunidad Autónoma de Aragón, en el Código del Derecho Foral de Aragón de 2011, cuerpo legal civil ahora vigente en nuestra Comunidad Autónoma. En consecuencia, el desarrollo normativo que esta ley propone, como ya hiciera en su día la ley 12/2001 que ahora se modifica, afecta a instituciones civiles de nuestro ordenamiento foral.


III

La Ley de la infancia y adolescencia en Aragón fue y es una ley avanzada. Abandonó la concepción meramente protectora de la ley anterior para apostar por una regulación integral de promoción y desarrollo de los derechos de niños, niñas y adolescentes y, de esta forma, conseguir también su protección. Por otra parte, estableció mecanismos jurídicos innovadores, como la declaración formal de la situación de riesgo de los menores o la declaración provisional de desamparo por la que la entidad pública asume la tutela cautelar, en la que se inspira la legislación estatal, cuya efectividad ha podido constatarse durante sus años de vigencia. Sin duda, Aragón debe entenderse concernido cuando el preámbulo de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, señala que dicha norma «incorpora algunas novedades que ya han sido introducidas por algunas normas autonómicas años atrás».

No obstante, en las décadas transcurridas desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, o de la Ley 13/2006 de Derecho de la persona, la infancia y la adolescencia se han visto inmersas con un especial protagonismo en los cambios sociales, de todo orden, que se han sucedido a una velocidad superior a la conocida en cualquier otra época. De ahí la necesidad del legislador de adaptar la normativa vigente, recogiendo medidas que den solución a las nuevas necesidades de los menores y adolescentes, adaptando el catálogo de derechos, introduciendo un conjunto de deberes y, sobre todo, realizando una profunda revisión de las instituciones jurídicas que conforman el sistema de protección.

Esta modificación normativa se ha acometido en el nivel de competencia estatal a través de dos leyes: la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Estas dos normas se dictan al amparo, fundamentalmente, del título competencial previsto en el artículo 149.1.8ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan. De hecho, ambas normas modifican, además de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, un importante conjunto de leyes, a cuya cabeza se sitúa el Código Civil, que regulan instituciones jurídicas de naturaleza civil y sus derivadas procesales. Así, poniendo el interés superior del menor en el centro de la reforma, se modifican elementos con una relevancia de primer orden en el sistema de derechos, deberes y protección de los menores. Se establecen nuevos derechos, se modifican algunos de los ya reconocidos y se recogen, por primera vez, un conjunto de deberes, obligaciones y responsabilidades que deben asumir y cumplir los menores. Por su parte, la reforma de las instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia pivota en torno a tres principios básicos: la prioridad de las medidas estables frente a las temporales, de las familiares frente a las residenciales y de las consensuadas frente a las impuestas.

La presente ley comparte el objetivo de actualización de la reforma estatal de 2015. Esta tarea está, lógicamente, condicionada por el contenido, naturaleza y estructura tanto de la Ley 12/2001, de 2 de julio, como de las modificaciones legislativas estatales. De la ley aragonesa, en la medida en que ésta no pretendió llevar a cabo una regulación completa de la materia, sino regular aquellos elementos de mayor significación, junto a aquellos otros vinculados a su estructura organizativa, así como algunas especificidades derivadas de sus instituciones de derecho foral. De las modificaciones legislativas estatales, por el hecho de que estas leyes incorporan algunas materias de contenido orgánico.

En la presente norma, se pretende realizar una necesaria revisión de nuestro sistema de protección a la infancia y la adolescencia que interactúa con las modificaciones en el ámbito estatal en relación con aquellas cuestiones afectadas por el carácter orgánico de la L.O. 8/2015, puesto que se reproducen literalmente en nuestro texto los preceptos de dicha ley que resultan claves para dar congruencia al resto del texto legislativo, como son la definición del interés superior del menor, la regulación transversal a todo el texto del derecho a ser oído y escuchado o los preceptos relativos a los centros de protección de menores con problemas de conducta.

En consecuencia con todo lo expuesto, la presente ley opta por modificar exclusivamente los preceptos de la Ley 12/2001, de 2 de julio, cuyo contenido haya quedado desplazado por la legislación estatal de carácter orgánico y por incluir las novedades introducidas por la reforma que se quieren incorporar a nuestro acervo foral, especialmente aquellas que por su significación pueden considerarse claves en el sistema resultante.

Esta modificación legislativa debe realizarse teniendo en cuenta los criterios interpretativos establecidos tanto por la legislación básica estatal como por los Protocolos y Comentarios Generales en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989 y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, muy especialmente en lo que hace referencia al derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas.

A lo anterior se añade el hecho de que el Gobierno de Aragón realizó, a lo largo de 2016 y 2017, un amplio proceso participativo con entidades e instituciones intervinientes en materia de protección de menores, bajo el paraguas de la llamada Mesa Técnica sobre el Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia de Aragón, cuyas conclusiones contenían diferentes propuestas de mejora y desarrollo del sistema. Las conclusiones de este ingente trabajo, que contó con la participación de grupos de profesionales del Sistema, grupos de trabajo de menores en centros residenciales y de protección y de más de ochenta entidades del sector, se estructuraron en propuestas de mejora en ocho ejes estratégicos, incluyendo cada uno decenas de acciones concretas a llevar a cabo que, en los apartados correspondientes, han sido incorporados en esta modificación legislativa, al mismo tiempo que se ha desarrollado su puesta en marcha en la práctica del Sistema. Estos ejes eran los siguientes: garantizar que todas las actuaciones y medidas que se realicen se tomen desde la visión de los derechos y el interés superior del menor; garantizar la prioridad de la permanencia de los menores en su familia de origen, estableciendo actuaciones preventivas para evitar situaciones de riesgo o desprotección; dar prioridad al acogimiento familiar frente al residencial; adecuar el modelo de atención residencial a la nueva normativa legal y necesidades de los niños, niñas y adolescentes; garantizar los derechos de los niños y niñas en los procesos de adopción; implantar mejoras en la intervención con menores en conflicto social dentro de las competencias de la Administración autonómica; impulsar la colaboración y cooperación institucional y social y desarrollar la responsabilidad compartida en la atención a la infancia y la adolescencia; y, finalmente, incrementar la capacidad para abordar las dificultades emergentes que presentan los niños, niñas y adolescentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta los principios de buena regulación recogidos en dicho precepto. Más concretamente, como ya se ha expuesto en los primeros párrafos de esta Exposición de Motivos, se han tenido en cuenta los principios de necesidad y eficacia en cuanto a los fines y objetivos de esta norma. Por otra parte, en virtud del principio de proporcionalidad, se han modificado estrictamente los preceptos imprescindibles para asegurar la efectividad de la regulación. Finalmente, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se ha realizado un esfuerzo ingente por armonizar las disposiciones contenidas en esta ley con el resto de regulación autonómica y estatal, tanto en los términos y conceptos utilizados como en el detalle de las actuaciones concretas planteadas, además de habilitarse en las disposiciones finales al Gobierno de Aragón para elaborar un texto refundido que complete dicha tarea de armonización y un texto en lectura fácil que atienda las especiales características de la población a la que esta norma va dirigida.


IV

El Título I, «Disposiciones Generales» resulta afectado en un doble sentido. Por una parte, se incorpora al artículo 3 el reconocimiento del interés superior del menor. Este principio, que ya figuraba tanto en la ley aragonesa como en la estatal, ha resultado especialmente reforzado y concretado en la reforma. La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, ha incorporado y sistematizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los criterios del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño que reconocen y garantizan el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Este reconocimiento, en su triple dimensión de derecho sustantivo, principio general interpretativo y principio procedimental, se erige, por lo tanto, en uno de los pilares fundamentales del sistema de promoción y protección del menor.

Se introduce un nuevo artículo 3 bis «Principios de actuación» de los poderes públicos aragoneses. Se sigue manteniendo el esquema contenido en la ley aragonesa de diferenciar principios de actuación general, ahora en el artículo 3bis, y principios específicos de la acción protectora, recogidos en el artículo 47, pero procediendo a su reordenación, en función de la naturaleza de cada principio, y a su actualización.

En segundo término, se añade al artículo 4 la referencia a la Convención de derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en fecha posterior a la aprobación de la ley aragonesa, como uno de los tratados de especial relevancia a la hora de interpretar las normas relativas a la infancia y adolescencia. Esta misma modificación se opera respecto al artículo 6, en cuanto recoge el conjunto de instrumentos normativos que contienen los derechos de los menores reconocidos por el Estado español.


V

Respecto al contenido del Título II, «Derechos y deberes de la infancia y la adolescencia», la modificación legislativa se centra fundamentalmente en introducir una mención expresa a la alfabetización digital y, sobre todo, en regular de una forma más detallada el derecho del menor a ser oído y escuchado sin discriminación alguna, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación. Se trata de un derecho de contenido orgánico.

En este sentido la presente ley, como paso previo, modifica el artículo 8 donde se recogen las medidas para garantizar el ejercicio de los derechos de los menores. Se amplían los mecanismos destinados a defender y garantizar sus derechos y se incorporan, asimismo, los derechos de los menores extranjeros con independencia de su situación administrativa.

El artículo 12 se modifica en la forma expresada para incorporar, como parte del derecho a la información, la alfabetización digital y mediática, así como para incluir una mención específica a la obligación de las Administraciones públicas aragonesas de velar porque los mensajes de los medios de comunicación dirigidos a los menores sean adecuados y promuevan la promoción y respeto a sus derechos.

En el artículo 13, que recoge el derecho a ser oído y escuchado, es donde se recogen las novedades analizadas introducidas por la ley orgánica y que, como se ha indicado, contribuyen de forma importante a reforzar la posición del menor en todos los ámbitos y procedimientos de los que forme parte. Asimismo, se sustituye el concepto suficiente juicio por el de suficiente madurez, en línea con las modificaciones introducidas por la legislación estatal, por ser un término más ajustado al lenguaje jurídico y forense, que ya se incorporó a nuestro acervo a través de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, y que es generalmente utilizado en los diversos convenios internacionales en la materia.

Por otra parte, en un esfuerzo de adecuación de la Ley de Infancia a la legislación educativa vigente, se deroga el artículo 25 de la actual Ley 12/2001, y se propone una nueva redacción para el 26, con el objetivo de indicar que los centros autorizados de educación infantil conforme a los requisitos previstos por la normativa aplicable de la Comunidad Autónoma son los únicos centros en los que puede atenderse educativamente a menores de 0 a 3 años.

Finalmente, se introduce un nuevo Capítulo VII, «Deberes del menor», integrado por los artículos 44 bis a 44 quinquies. En este caso, considerando la regulación completa de los derechos de la infancia y adolescencia que la ley aragonesa realiza en los capítulos precedentes, se ha considerado necesario llevar a cabo una regulación integral de los deberes de los menores.


VI

Por lo que respecta al Título III, «De la protección social y jurídica de los menores», se modifican diferentes artículos del Capítulo I, «Disposiciones generales».

Se da una nueva redacción al artículo 46. El actual contenido, bajo la denominación de «medidas de protección» incluye, junto a medidas propiamente dichas, la mención a instituciones protectoras. Se aprovecha la modificación del artículo 12, para incorporar algunas importantes previsiones y adecuar su contenido. A su vez, el artículo 47, «Principios de actuación», trataba de adicionar a los principios generales de actuación de los poderes públicos, recogidos en el antiguo artículo 3, los específicos vinculados a la protección social y jurídica de los menores. Se opta por reordenar estos principios en los nuevos artículos 3 bis y 47, actualizándolos.

El artículo 50 recoge dos nuevos apartados en relación con los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de menores. Por otra parte, se suprime el contenido relativo al derecho a conocer los orígenes biológicos al incorporarse a un nuevo artículo, el 75 bis.

Se amplía el contenido del artículo 51, desarrollando la atención inmediata y recogiendo por primera vez en nuestro ordenamiento la institución de la guarda provisional, que viene a sustituir a la declaración provisional de desamparo.

Respecto a los artículos 52 y 53, se adaptan en cuanto a la relación de personas a las que hay que dar audiencia en los procesos de declaración de riesgo y desamparo y a las que hay que notificar las resoluciones que declaran dichas situaciones.

Por su parte, la regulación contenida en el Capítulo II, «De las situaciones de riesgo», se ha visto afectada por importantes modificaciones: se establece una regulación completa de las situaciones de riesgo y desamparo y las actuaciones a acometer aparecen desarrolladas en la nueva redacción del artículo 56 de modo exhaustivo.

Se da un nuevo contenido al artículo 57. En el mismo se recoge la distribución competencial entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, y se desarrolla el «proyecto de intervención familiar» cuya puesta en marcha, antes de la declaración de la situación de riesgo, constituye otra de las novedades de la reforma.

Similar sistemática se sigue en el Capítulo III, «De las situaciones de desamparo». En el artículo 59, al igual que se hace con las situaciones de riesgo, se opta por llevar a cabo una regulación general de los aspectos fundamentales definidores de esta situación y por realizar un desarrollo detallado de las circunstancias que deben acreditarse para su declaración y las actuaciones a acometer.

El artículo 60 regula diversas determinaciones vinculadas con la declaración de desamparo. Establece la forma de intervenir en situaciones urgentes que, suprimida la posibilidad de declarar provisionalmente la situación de desamparo, remite a lo dispuesto en el artículo 51, es decir, a la atención inmediata y, en su caso, la guarda provisional. Asimismo recoge los requisitos exigidos para declarar la situación de desamparo de un menor en situación de guarda de hecho.

La actual redacción del artículo 62 recoge y actualiza los supuestos de cese de la tutela ejercida por la Administración de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se ha modificado la previsión contenida en el apartado 2, clarificando el objetivo que persigue la comunicación que se exige.

Se ha introducido un nuevo artículo 64 bis realizando una relación del catálogo de derechos reconocidos a los menores acogidos, a la vez que se ha reforzado la obligación de prever su contenido y garantizar su efectividad en las normas de desarrollo de la presente Ley y de aquellas otras normas que afecten al ejercicio de la guarda.

Esto mismo sucede con el artículo siguiente, el artículo 65, cuya redacción introduce una regulación detallada de la llamada guarda voluntaria a solicitud de los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar.

El acogimiento residencial ha sido especialmente desarrollado en el sentido propuesto en la Mesa Técnica del sistema llevada a cabo. Esta regulación aparece ahora recogida en los artículos 66 a 69 de la ley.

El artículo 66 mantiene su contenido, pero éste resulta ampliado con el reforzamiento de la preferencia general del acogimiento familiar sobre el residencial y las limitaciones de este último en función de la edad de los menores. Asimismo, se introduce la regulación de la actuación que se viene conociendo como «acogimiento referencial», esto es, la delegación de guarda para estancias temporales como vacaciones o fines de semana. Esta posibilidad prevista en la legislación civil puede constituir, en muchas ocasiones, un complemento muy apropiado al régimen de acogimiento residencial.

Se incorpora, asimismo, al apartado 3 del artículo 67 la imposición de que las Entidades Públicas, servicios y centros donde se lleven a cabo acogimientos residenciales actúen conforme a los principios y obligaciones recogidos en la normativa y con respeto a los derechos de los menores.

El artículo 68 recoge la regulación de los centros de atención inmediata. Los actuales Centros de Observación y Acogida se transforman en Hogares y Casas de acogida para la atención inmediata. Esta nueva denominación y el desarrollo que se realiza respecto a su finalidad y funciones se adecuan mejor al papel que se les quiere asignar como centros de respuesta inmediata y de valoración de la situación de las personas menores de edad que requieran una intervención urgente, priorizando, en todo caso, su bienestar y el desarrollo de sus procesos personales y de integración social y escolar.

Por último, se aborda la regulación de los acogimientos residenciales especiales. La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, ha regulado en profundidad una tipología de estos centros como son los «centros de protección específicos de menores con problemas de conducta». En este sentido, el artículo 69 de la ley aragonesa se desdobla en dos: 69 y 69 bis. El artículo 69 contiene una previsión general de este tipo de establecimientos. Asimismo, la experiencia acumulada en estos años aconseja suprimir del mismo, como una tipología de estos centros, aquellos destinados a menores sujetos a protección con problemas de consumo de drogas. El riesgo de su estigmatización unido al hecho de que en la inmensa mayoría de los casos dentro de las situaciones y de los problemas que sufren estos menores el consumo de drogas sea un elemento más, pero no central, hace que no resulte conveniente focalizar en este aspecto su tratamiento.

Por su parte, el artículo 69 bis regula particularmente los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, recogiendo las previsiones más importantes y remitiéndose en el resto a la legislación estatal.

Las modalidades de acogimiento familiar han resultado especialmente afectadas por la reforma estatal, introduciendo un nuevo artículo 173 bis en el Código Civil que suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, clarificando los tres tipos de acogimiento familiar que puede haber en función de su duración. Asimismo, da una nueva redacción al artículo 20 de la Ley 1/1996, de 15 de enero, regulando los dos tipos de acogimiento en familia ajena que pueden existir. Estas modalidades, fruto de los conocimientos adquiridos en la práctica del sistema de protección a la infancia en las últimas tres décadas, se incorporan a nuestro Derecho Foral a través del actual texto, en la nueva redacción que se da al artículo 72 de la presente Ley, con un contenido actualizado.

Al haberse suprimido el acogimiento provisional se da un nuevo contenido al artículo 73, incorporando a dicho precepto un aspecto muy relevante de la reforma como son los derechos y deberes de los acogedores familiares, bajo la denominación de «Estatuto de los acogedores familiares».

La regulación de la adopción está fundamentalmente contenida en el Código Civil y en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional. La Ley 12/2001, de 2 de julio, en los artículos 74 a 77, se remite a la legislación civil, regulando aspectos vinculados al procedimiento. La reforma legislativa estatal ya se incorporó, por lo tanto, al ordenamiento jurídico aragonés mediante la referida remisión normativa, debiendo solamente modificarse ahora aquellas disposiciones que, por resultar incompatibles, han quedado desplazadas.

Tal es el caso del artículo 75, que ha sido afectado por la nueva redacción de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, que atribuye a la Administración General del Estado la competencia para acreditar a los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, residenciando en el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma las funciones de control, inspección y seguimiento de estos organismos.

Asimismo, se introduce en esta reforma un nuevo artículo 75 bis que recoge el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas. El artículo 75 bis desarrolla los dos principios sobre los que se asienta el mismo: la obligación de las Entidades Públicas de garantizar su ejercicio efectivo y el deber del resto de entidades de colaborar con aquéllas y con el Ministerio Fiscal. A estos efectos, se prevén disposiciones específicas para articular el procedimiento de acceso y colaboración institucional cuando los expedientes de adopción se encuentren bajo la custodia de otras entidades distintas al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En definitiva, se pretende establecer un mínimo marco jurídico que posibilite el ejercicio efectivo de este derecho por parte de las personas adoptadas y que garantice la conservación de los datos.

El artículo 76 recogía las referencias al procedimiento de adopción y acogimiento. El tratamiento conjunto de instituciones conceptualmente muy diferentes ahondaba en algunas confusiones no deseadas. Este hecho, junto a la supresión del acogimiento preadoptivo, han motivado su desdoble en dos artículos diferenciados. El artículo 76 en el que se regula la formalización del acogimiento familiar y un nuevo artículo 76 bis dedicado a la adopción y, en especial, a la propuesta de guarda delegada con fines adoptivos.

Estas modificaciones tienen asimismo su reflejo en el artículo 77, que se ha revisado al objeto de diferenciar adecuación, aplicable en los casos de acogimientos; e idoneidad, aplicable en los supuestos de adopción.


VII

En el Título IV se recogen disposiciones relativas a las medidas de protección a aplicar a menores infractores sin responsabilidad penal y a la ejecución de las medidas impuestas a menores con base en la legislación penal. Esta segunda cuestión está regulada en el Código Penal y en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, mientras que a la primera se la viene encuadrando dentro de las medidas generales de protección previstas en el artículo 46 de la Ley 12/2001, de 2 de julio. La reforma llevada a cabo por la normativa estatal en 2015 no afecta a lo previsto en este aspecto en nuestra actual ley. A pesar de ello, se modifican los artículos 79 y 81 para adecuar su terminología a lo que tiene que ver con el derecho de la persona menor de edad en este ámbito a ser oída y escuchada, y a incluir una referencia expresa a la garantía de todos los derechos, sea cual sea su rango legal o constitucional, de los menores en centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales.


VIII

Se acomete una profunda modificación del Título V «Distribución de competencias». El actual contenido era fragmentario ya que, pese a formar parte de una Ley que no sólo regula la protección de las personas menores de edad sino también la promoción y desarrollo de los derechos que les son inherentes, a la hora de abordar la distribución competencial se centraba básicamente en las competencias vinculadas al régimen jurídico protector. La modificación pretende, desde el primer momento, reflejar este doble ámbito en el plano organizativo.

El artículo 82 se configura como un precepto general de enmarque competencial, subrayando que tanto la Administración de la Comunidad Autónoma como las Entidades Locales aragonesas poseen competencias y por tanto, comparten responsabilidad, en las políticas públicas relativas a las personas menores de edad.

En este marco organizativo el principio de descentralización que se recogía en el artículo 83, se contiene en la relación de principios generales de actuación regulados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Se realiza por lo tanto, una remisión general a dicho precepto, poniendo el acento en dos principios fundamentales como son los de colaboración y cooperación. La atención integral de las personas menores de edad solo puede conseguirse mediante una acción pública conjunta desde las distintas Administraciones y los sectores sociales afectados, que anteponga el interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración.

Las competencias de la Comunidad Autónoma aparecen explicitadas en el artículo 84. La delimitación de un campo de actuación, propio y determinado a priori, de los servicios sociales es clave para conseguir su consolidación y reforzamiento. En este sentido, esta modificación se sitúa en la senda de otras iniciativas normativas que van dando pasos en el proceso de identificación del ámbito de los servicios sociales y, por ende, de las competencias atribuidas a los órganos encargados de su gestión. Así, se fijan el conjunto de competencias cuya gestión, por formar parte del Sistema Público de Servicios Sociales, corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y aquellas otras que, aun comprendiendo también sus ámbitos de actuación la infancia y la adolescencia, se sitúan al margen de dicho Sistema.

En cuanto a las Entidades Locales, el artículo 85 acoge una enumeración de competencias generales, así como las específicas vinculadas a los instrumentos protectores recogidos en la ley.

Se introduce una nueva sección «Órganos colegiados de protección de menores» en la que se integran los artículos 86, 86 bis y 86 ter.

Algunas de las actuaciones previstas en el sistema de protección de las personas menores de edad son de una naturaleza e intensidad que requieren que su adopción se lleve a cabo con la intervención de órganos colegiados. Este enfoque, reforzado por la reforma estatal que vincula la objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en las actuaciones protectoras al carácter colegiado e interdisciplinar en su adopción, ha sido incorporado al artículo 47 de la Ley aragonesa, como uno de los principios esenciales de actuación en la acción protectora.

El artículo 86 configura dos tipos de órganos: las Comisiones provinciales de protección a la infancia y adolescencia y el Consejo aragonés de protección a la infancia y adolescencia.

Las Comisiones provinciales de protección a la infancia y adolescencia son desarrolladas en el artículo 86, que las conforma como órganos técnicos a constituir en cada una de las provincias y a las que les corresponden importantes funciones en los procesos de protección de las personas menores de edad.

Por su parte, el artículo 87 recoge el Consejo aragonés de protección a la infancia y adolescencia atribuyéndole las competencias del anterior Consejo aragonés de adopción, además de configurarlo como órgano de coordinación y de establecimiento de criterios técnicos homogeneizadores de la actuación de las Comisiones provinciales.


IX

No resulta modificado el Título VI «Plan Integral de atención a la infancia y adolescencia».

En el Título VII, «Iniciativa social e instituciones colaboradoras», resultan modificados los artículos 92, 93 y 95, como consecuencia de la atribución a la Administración General del Estado de la competencia para acreditar a los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales.

La Ley 26/2015, de 28 de Julio, además de la atribución competencial referida en el párrafo anterior y de forma consecuente con la misma, crea un registro único público nacional en el que deberán inscribirse los organismos para actuar como intermediarios en las adopciones internacionales. Por lo tanto, debe modificarse el artículo 108 del Título X, «De los Registros», en el sentido de suprimir la inscripción de las antiguas entidades colaboradoras de adopción internacional en el Registro de instituciones colaboradoras.

Finalmente, el Título VIII «Infracciones y Sanciones», solo se modifica para actualizar las cuantías a la actual moneda de curso legal en nuestro país, en la medida en que el resto de su contenido no se ha visto afectado por la reforma estatal.

Artículo único.— Modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón.

La Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 3. Interés superior del menor.

    1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales o los órganos legislativos, primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

    Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.

    2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

    a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

    b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

    c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.

    d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

    3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

    a) La edad y madurez del menor.

    b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.

    c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

    d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.

    e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

    f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

    Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

    4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

    En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

    Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.

    5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:

    a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso de acuerdo con la normativa vigente.

    b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de las personas menores de edad con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados.

    c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.

    d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas.

    e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos.»


Dos. Se introduce un nuevo artículo 3 bis, con la siguiente redacción:


    «Artículo 3 bis. Principios de actuación.

    1. Los poderes públicos aragoneses garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente Ley.

    2. Las acciones que se promuevan en la Comunidad Autónoma de Aragón para la atención de la infancia y la adolescencia, y en garantía del ejercicio pleno de sus derechos, deberán responder a los siguientes principios:

    a) La prevalencia del interés superior de los menores.

    b) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.

    c) La prevención de las situaciones y la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su formación y desarrollo integral.

    d) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, así como su inclusión y participación plenas y efectivas.

    e) El fomento de los valores de tolerancia, solidaridad, paz, respeto a la naturaleza, igualdad y, en general, de los principios democráticos de convivencia establecidos en la Constitución.

    f) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.

    g) El protagonismo del menor en su proceso de desarrollo personal.

    h) El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural. .

    i) La promoción de la participación de la iniciativa social en relación con la atención y promoción de la infancia y la adolescencia, procurando su incorporación a los planes y programas de atención impulsados por las Administraciones públicas aragonesas.

    j) La eliminación de cualquier forma de discriminación hacia los menores por razón de nacimiento, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua, cultura, opinión, impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales, condiciones sociales, económicas o geográficas o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

    k) La protección y asistencia necesarias a la familia para que pueda asumir plenamente sus responsabilidades respecto a los menores.

    l) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.

    3. Las Administraciones públicas aragonesas asegurarán el ejercicio de los derechos de los menores a través de políticas integrales encaminadas al desarrollo de los mismos durante su infancia y adolescencia, a estos efectos:

    a) Impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales.

    b) Garantizarán a los menores con discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.

    c) Deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologías.

    d) Tendrán particularmente en consideración la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participación de los menores y a las demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.

    e) Garantizarán el procedimiento de información y toma en consideración de la opinión de las personas menores de edad en todas las acciones vinculadas al mantenimiento y mejora de su propia vida y salud física, psíquica y sexual.»


Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 4. Referencia a instrumentos internacionales.

    Las personas menores de edad gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Aragón y los tratados internacionales de los que España sea parte, especialmente la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, sus Protocolos Facultativos y los Comentarios Generales elaborados en el desarrollo de ambos instrumentos internacionales.

    La interpretación de la presente Ley, así como la de sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a la infancia y la adolescencia debe realizarse teniendo en cuenta el interés superior del menor y de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Estado español y, especialmente, de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad citadas en el apartado primero de este artículo.»


Cuatro. Se modifica la rúbrica del Título II, que pasa a denominarse: «Derechos y deberes de las personas menores de edad».

Cinco. Se modifica el artículo 6, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 6. Derechos de las personas menores de edad.

    Las personas menores de edad gozarán de los derechos individuales y colectivos que les reconocen los tratados, convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, junto al marco internacional de derechos humanos complementario y la Carta Europea de los Derechos del Niño, así como la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Aragón, el Código de Derecho Foral de Aragón, el Código Civil estatal y las restantes normas del ordenamiento jurídico vigentes en esta materia.»


Seis. Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 8. Medidas para garantizar el ejercicio de los derechos.

    1. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas aragonesas, o a través de sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible y asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se garantice su respeto.

    2. Para la defensa y garantía de sus derechos, el menor puede:

    a) Acceder al sistema público de servicios sociales de las Administraciones públicas.

    b) Solicitar la protección y tutela de la Administración de la Comunidad Autónoma.

    c) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores.

    d) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere que atentan contra sus derechos, con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.

    e) Plantear sus quejas ante el Justicia de Aragón o en su caso, el Defensor del Pueblo.

    f) Presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los términos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de acuerdo al Reglamento establecido para la puesta en marcha del Tercer Protocolo Facultativo de Comunicaciones.

    3. Los menores pueden dirigirse a las Administraciones públicas encargadas de su protección y asistencia, sin conocimiento de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar según su vecindad civil, cuando sea preciso por motivos de urgencia o situación de conflicto y en la medida en que la comunicación con aquellas personas pudiese frustrar la finalidad pretendida. La Administración guardará la debida reserva y tomará las medidas necesarias para la efectiva asistencia de los menores en el ejercicio de sus derechos.

    4. La Comunidad Autónoma de Aragón promoverá las medidas oportunas para que los menores extranjeros que se encuentren en Aragón ejerzan sus derechos en las mismas condiciones que los menores españoles.

    5. Las Administraciones Públicas de Aragón velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley.

    6. El Justicia de Aragón defenderá los derechos de la infancia y la adolescencia, velará por el respeto de la legislación foral aragonesa y el resto de legislación vigente en materia de protección de la infancia y la adolescencia, propondrá medidas susceptibles de mejorar la protección de la infancia y la adolescencia y promoverá la información sobre los derechos de la infancia y la adolescencia y sobre las medidas que es necesario tomar para su mejor atención y cuidado. Para garantizar el ejercicio de los derechos de los menores:

    a) Adoptará las medidas necesarias para facilitar el acceso de los menores a esta institución.

    b) Actuará de oficio o a instancia de parte mediante la tramitación de los expedientes de queja por posible vulneración de los derechos de los menores.

    c) Requerirá de las administraciones públicas cuantos datos e informes le sean necesarios en el ejercicio de sus funciones.

    d) Valorará, en el informe anual a las Cortes de Aragón, la actuación de las entidades públicas competentes, especialmente en lo que se refiere al respeto del ejercicio de los derechos de los menores. El informe recogerá apartados específicos sobre la situación de los menores que son objeto de medidas protectoras o que cumplen medidas judiciales.

    e) Podrá requerir a la Administración autonómica o local el cumplimiento efectivo de los derechos o la puesta en marcha de programas o actuaciones previstos en las Leyes.

    7. Los menores extranjeros que se encuentren en Aragón tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores aragoneses.

    Los poderes públicos aragoneses, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad aragonesa, mientras permanezcan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

    8. Cuando el órgano competente de la Administración autonómica asuma la tutela de un menor extranjero que se encuentre en la Comunidad Autónoma de Aragón, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, a la mayor celeridad y junto con la presentación del certificado de tutela expedido por dicha Entidad Pública, la documentación acreditativa de su situación y la autorización de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

    9. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Administraciones públicas aragonesas, el reconocimiento de su condición de asegurado en relación con la asistencia sanitaria se realizará de oficio, previa presentación de la certificación de su tutela o guarda expedida por dichas administraciones, durante el periodo de duración de las mismas. Del mismo modo, dicha certificación de tutela o guarda hará las funciones de documento provisional acreditativo para poder continuar matriculado en formación reglada hasta la consecución de su permiso de residencia o documentación suficiente a estos efectos.»


Siete. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 12. Derecho a la información.

    1. Los niños, niñas y adolescentes deben ser informados de sus derechos, haciéndolos comprensibles según su desarrollo evolutivo y madurez.

    2. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir, elaborar y utilizar la información y orientación adecuadas para el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de su personalidad integral.

    Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.

    3. Los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, y los poderes públicos aragoneses velarán por que la información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales, los derechos humanos y las libertades fundamentales conforme a la legislación vigente en la materia.

    4. Las Administraciones públicas aragonesas informarán a los ciudadanos sobre los derechos de la infancia y la adolescencia e incentivarán la producción y difusión de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilización sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

    En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En el ámbito de la autorregulación, las autoridades y organismos competentes impulsarán entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores anteriormente descritos, limitando el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo contemplado en los códigos de autorregulación de contenidos aprobados. Se garantizará la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnológico, para los menores con discapacidad.

    Los poderes públicos aragoneses y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.

    5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a la Administración de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.»


Ocho. Se modifica el artículo 13, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 13. Derecho a ser oído y escuchado.

    1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.

    En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias, informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento.

    2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos.

    Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación.

    No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.

    3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración.»


Nueve. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 15. Derecho de participación, asociación y reunión.

    1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar plenamente, de acuerdo con su capacidad y desarrollo evolutivo, en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Se garantizará la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, cultural, artística y recreativa.

    2. Los poderes públicos aragoneses promoverán la constitución de órganos de participación de las personas menores de edad y de las organizaciones sociales de la infancia. A través de ellos, se garantizará el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser consultados en las cuestiones que les afecten directamente y que puedan condicionar su destino.

    3. Los menores tienen derecho a constituir asociaciones infantiles y juveniles y a ser miembros de las mismas, y también a ser miembros de organizaciones juveniles, de partidos políticos y de sindicatos, de acuerdo con la legislación vigente y los estatutos, como manifestación de sus intereses y aspiraciones, y a participar en ellos activamente, de acuerdo con sus condiciones de madurez.

    4. Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, deberán haber nombrado, de acuerdo con sus estatutos, a un representante legal con plena capacidad.

    5. Las asociaciones de menores deben respetar los principios y valores de una sociedad democrática, fomentando el civismo, la convivencia y la tolerancia.

    6. Ningún niño o adolescente puede ser obligado a ingresar en una asociación o a permanecer en ella contra su voluntad.

    7. Las Administraciones públicas aragonesas desarrollarán y fomentarán los programas necesarios para prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes de los efectos nocivos de grupos o asociaciones cuya ideología, métodos o finalidad atenten contra los derechos reconocidos a aquéllos. Cualquier persona física o jurídica o entidad pública que tenga conocimiento de que la pertenencia de un menor o de sus padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar a una asociación impide o perjudica el desarrollo integral de los derechos del menor deberá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las medidas jurídicas de protección que estime necesarias.

    8. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la legislación vigente en la materia. En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, según su vecindad civil.

    9. Las Administraciones públicas aragonesas promoverán que los menores participen en la gestión y en las decisiones de los centros a los que asistan, asumiendo responsabilidades proporcionadas a su grado de madurez y desarrollo personal.

    10. Las Administraciones públicas aragonesas promoverán por sí mismas y a través de las organizaciones no gubernamentales de infancia y adolescencia el apoyo de espacios y canales de protagonismo y de participación social de los menores, para lo que emprenderán acciones de concienciación y promoción.»


Diez. Queda derogado el actual artículo 25. Atención infantil en guarderías y otros centros.

Once. Se modifica el artículo 26, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 26. Centros de educación infantil.

    La atención educativa a menores de tres años únicamente podrá llevarse a cabo en centros que estén debidamente autorizados como centros educativos para impartir el primer ciclo de educación infantil, en los términos que ésta es descrita por la legislación básica en materia de educación.»


Doce. Se introduce un nuevo capítulo VII en el título II, con la redacción siguiente:


    «CAPÍTULO VII. Deberes de las personas menores de edad.

    Artículo 44 bis. Deberes de las personas menores de edad.

    1. Las personas menores de edad, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social.

    2. Los poderes públicos aragoneses promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de estas personas en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

    Artículo 44 ter. Deberes relativos al ámbito familiar.

    1. Las personas menores de edad deben participar en la vida familiar respetando a sus padres y hermanos así como a otros familiares.

    2. Los niños, niñas y adolescentes deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de autonomía personal y capacidad, y con independencia de su sexo.

    Artículo 44 quáter. Deberes relativos al ámbito escolar.

    1. Las personas menores de edad deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo.

    2. Las personas menores de edad tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso.

    3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los niños, niñas y adolescentes deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

    Artículo 44 quinquies. Deberes relativos al ámbito social.

    1. Los niños, niñas y adolescentes deben respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven.

    2. Los deberes sociales incluyen, en particular:

    a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia personal o social.

    b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y libertades fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud responsable y constructiva en la sociedad.

    c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad.

    d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su conservación dentro de un desarrollo sostenible.»


Trece. Se modifica el artículo 46, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 46. Actuaciones en materia de protección.

    1. La protección de las personas menores de edad por los poderes públicos aragoneses se realizará mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

    2. Los poderes públicos aragoneses velarán para que los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan al desarrollo de los menores, procurando una coordinación efectiva y real entre todas las Administraciones públicas implicadas en la atención al menor y/o a su familia.

    3. Cuando las personas menores de edad se encuentren bajo la patria potestad, autoridad familiar, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos aragoneses estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de estas personas, con independencia de su edad, con aquélla, así como su protección, atención especializada y recuperación.

    4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas.

    5. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de personas menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses. La medida de ingreso de la persona menor de edad en el centro de protección específico de menores con problemas de conducta deberá revisarse al menos trimestralmente, debiendo remitir al órgano judicial competente que autorizó el ingreso y al Ministerio Fiscal, con esa periodicidad, el oportuno informe motivado de seguimiento.

    6. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado menor cuando éste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo.

    7. Los poderes públicos aragoneses garantizarán los derechos y responsabilidades de los menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor. Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.

    8. Los poderes públicos aragoneses realizarán las acciones necesarias para la reinserción de los menores en conflicto social o que hubieran sido objeto de medidas acordadas por los Juzgados de Menores, incluidas las actuaciones con los menores de catorce años que hubieran cometido hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o en Leyes penales especiales.»


Catorce. Se modifica el artículo 47, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 47. Principios de actuación en materia de protección.

    1. La protección social y jurídica de los menores deberá responder, además de a los principios generales enunciados en el artículo 3bis, a los siguientes principios:

    a) La responsabilidad pública, objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les afecten.

    b) La vigilancia y protección del menor contra todo tipo de abuso o negligencia en el desempeño de las obligaciones familiares y sociales.

    c) El carácter reservado de las actuaciones en materia de protección de menores.

    d) La prioridad de las actuaciones preventivas, especialmente las que inciden sobre personas menores de edad y familias en riesgo. Para ello, se facilitará la creación de unidades de atención a la infancia, adolescencia y familia, dentro de los servicios sociales generales, de carácter preventivo y promocional.

    e) La colaboración del menor y de su familia en la intervención protectora.

    f) La intervención de la Administración pública sólo se producirá cuando las circunstancias en las que se encuentre el menor sean perjudiciales para su bienestar. La intervención será la necesaria para asegurar los derechos del menor, respetando los principios de proporcionalidad y graduación. En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en su vida.

    g) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.

    h) Se adecuarán las medidas a las distintas problemáticas de las familias y a su posibilidad de garantizar en ese momento y en un futuro el desarrollo de los menores. Se promoverán medidas para sostener o recuperar la convivencia en el entorno familiar del menor y se actuará de forma prioritaria a través de medidas de alternativa familiar.

    i) En caso necesario, se facilitarán a los menores recursos alternativos a su propia familia que garanticen un medio idóneo para su desarrollo integral, adecuada evolución de su personalidad y atención educativa, procurándose mantener la convivencia entre hermanos. Cuando la intervención de la Administración suponga la separación de hermanos, siempre irá acompañada de informes razonados que la justifiquen.

    j) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten. Se potenciará el desarrollo de programas educativos, de formación e inserción laboral de los menores, especialmente de aquellos que sean objeto de medidas de protección o judiciales, con el fin de facilitar su plena autonomía al alcanzar la mayoría de edad.

    k) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.

    l) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso.

    m) Se articularán, en el marco de la política de vivienda, programas cuyo fin sea favorecer la adquisición o arrendamiento de una vivienda destinada a servir de residencia a la familia cuando ésta careza de ella o la suya sea inapropiada.

    2. Los poderes públicos aragoneses desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinación y la colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral.

    3. Las Administraciones Públicas aragonesas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad.

    4. Las entidades públicas aragonesas ofrecerán programas de preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.»


Quince. Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 50. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.

    1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán a las autoridades públicas competentes o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

    2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización.

    3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva. En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del menor.

    4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.

    5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»


Dieciséis. Se modifica el artículo 51, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 51. Atención inmediata y evaluación de la situación.

    1. Las autoridades y servicios públicos aragoneses tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier persona menor de edad, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública correspondiente y del Ministerio Fiscal.

    El órgano competente de la administración autonómica podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la guarda provisional de un menor mediante resolución administrativa, que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de desamparo.

    2. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, estará obligada a verificar con la mayor celeridad posible la situación que le haya sido comunicada y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en función del resultado de aquella actuación.

    3. La valoración e intervención administrativa, en sus diferentes formas de guarda provisional, situación de riesgo o situación de desamparo, se desarrollará conforme al procedimiento regulado en la legislación aplicable. Dicho procedimiento será desarrollado reglamentariamente.»


Diecisiete. Se modifica el artículo 52, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 52. Trámite de audiencia.

    1. En los procedimientos para la declaración de la situación de riesgo o de desamparo, así como para la aplicación, modificación y cese de las medidas de protección, se dará previa audiencia a los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores, guardadores o acogedores y al menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de 12 años.

    2. En los mismos casos, conforme a lo establecido en la legislación foral aragonesa, se oirá a la Junta de Parientes.»


Dieciocho. Se modifica el artículo 53, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 53. Notificación y comunicación al Ministerio Fiscal.

    1. Las resoluciones que se adopten en el procedimiento de declaración de la situación de riesgo, guarda o de desamparo y en la aplicación, modificación y cese de las medidas de protección serán motivadas y deberán ser notificadas a los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si tuviere doce años cumplidos, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, e inscritas en el Registro de protección de menores.

    La información será clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y los efectos de la decisión adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma presencial.

    2. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, estará obligada a notificar al Ministerio Fiscal los ingresos de menores así como las resoluciones administrativas y escritos de formalización relativos a tutelas, guardas y acogimientos y cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor. Se comunicará, al menos semestralmente, la situación del mismo al Ministerio Fiscal.

    3. Del mismo modo, en los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido el período previsto en el proyecto de intervención familiar o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento del órgano competente de la Comunidad Autónoma a fin de que valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio Fiscal.

    Cuando la administración de la Comunidad Autónoma considere que no procede declarar la situación de desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio Fiscal. Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.»


Diecinueve. Se modifica el artículo 56, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 56. Actuaciones en situaciones de riesgo.

    1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales efectos, se considerará indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar.

    2. En situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de la administración pública competente deberá garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientará a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la situación personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su protección y preservación del entorno familiar.

    3. Se considerarán actuaciones en situaciones de riesgo las previstas como tales en la legislación estatal.»


Veinte. Se modifica el artículo 57, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 57. Competencias de actuación en situaciones de riesgo.

    1. La competencia de la intervención ante una situación de riesgo corresponde a las Administraciones Locales aragonesas y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    2. La valoración de la situación de riesgo es competencia de la Entidad local del domicilio del menor y conllevará, por parte de la misma, la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención familiar que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar.

    Se procurará la participación de los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores, guardadores o acogedores en la elaboración del proyecto. En cualquier caso, será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el intento de consensuar el proyecto, que deberá ser firmado por las partes, para lo que se les comunicará de manera comprensible y en formato accesible. También se comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si tuviere doce años cumplidos.

    3. En los supuestos en que proceda la declaración de la situación de riesgo, la Entidad Local instruirá el procedimiento y remitirá la propuesta de resolución, acompañada de todos los estudios, informes y trámites evacuados al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

    4. La situación de riesgo será declarada, en su caso, por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor se podrá interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    5. Si la Entidad Local en el proceso de valoración de la situación de riesgo estima que existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando concluido el periodo previsto en el proyecto de intervención familiar o Convenio, no se hayan conseguido cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a fin de que valore la procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio Fiscal.

    Cuando el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pese a la propuesta formulada en tal sentido, considere que no procede declarar la situación de desamparo, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Local proponente y del Ministerio Fiscal.»


Veintiuno. Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 59. Actuaciones en situación de desamparo.

    1. Cuando la Entidad Pública constate que la persona menor de edad se encuentra en situación de desamparo actuará de la forma prevista en la presente ley y en el Código de Derecho Foral de Aragón, asumiendo la tutela de aquélla por ministerio de la ley, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria.

    2. Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

    La situación de pobreza de los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar en razón de una discapacidad del menor o de alguno de los adultos.

    Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.

    3. En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física o mental de la persona menor de edad:

    a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.

    b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada más allá del plazo de dos años.

    c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recién nacido causados por maltrato prenatal.

    d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo.

    e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.

    f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar naturaleza o gravedad.

    g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

    h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad o autoridad familiar, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.

    4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de protección desde otra Comunidad Autónoma a la Comunidad Autónoma de Aragón, corresponde a ésta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde que sea informada por la primera de dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad Autónoma de origen y sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida adoptada y la Entidad Pública aragonesa del lugar de residencia del menor colaborará en el seguimiento de la evolución de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas medidas de protección en los casos de traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

    5. Se estará a lo previsto en la legislación estatal de aplicación en los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del territorio español si sus padres, tutores o personas que los sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar residen en Aragón o tienen en nuestra Comunidad Autónoma sus mayores vínculos y en los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en nuestra Comunidad Autónoma de acuerdo a las normas internacionales que las rigen.»


Veintidós. Se modifica el artículo 60, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 60. Declaración de la situación de desamparo.

    1. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para declarar la existencia de una situación de desamparo mediante resolución motivada, previo informe del equipo interdisciplinar, y que acuerde la actuación de protección que corresponda.

    2. En los casos en que exista un grave riesgo para el menor o cualquier otra causa que exija una atención inmediata, la Administración de la Comunidad Autónoma a través del órgano competente por razón de la materia, intervendrá en los términos previstos en el artículo 51.

    3. Procederá declarar la situación de desamparo de un menor en situación de guarda de hecho cuando además de esta circunstancia se den los presupuestos objetivos de falta de asistencia contemplados en el artículo 59 de esta Ley.

    En los demás casos, el guardador de hecho podrá promover la privación o suspensión de la patria potestad o autoridad familiar, remoción de la tutela o el nombramiento del tutor.»


Veintitrés. Se incluye un nuevo artículo 60.bis, de nueva redacción:


    «Artículo 60.bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela.

    1. Cuando la Comunidad Autónoma asuma la tutela o guarda del menor elaborará un plan individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo de las medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, el programa de reintegración familiar.

    En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, este plan garantizará la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros más adecuados para sus necesidades.

    2. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de origen, las entidades públicas aragonesas aplicarán el programa de reintegración familiar, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no acompañados.

    3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan mantenido los vínculos, que concurra el propósito de desempeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el menor a través del correspondiente informe técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá ponderarse, en la toma de decisión sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integración en la familia de acogida y su entorno, así como el desarrollo de vínculos afectivos con la misma.

    4. Cuando se proceda a la reunificación familiar, las entidades públicas aragonesas realizarán un seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor.

    5. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en riesgo su seguridad.

    6. Las niñas y jóvenes sujetas a medidas de protección que estén embarazadas, recibirán el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situación. En el plan individual de protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección del recién nacido.»


Veinticuatro. Se modifica el artículo 62, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 62. Del cese de la tutela.

    1. La tutela ejercida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cesará cuando constate, mediante los correspondientes informes, la desaparición de las causas que motivaron su asunción, por los supuestos previstos en el artículo 144 del Código de Derecho Foral de Aragón y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Que la persona menor de edad se ha trasladado voluntariamente a otro país.

    b) Que la persona menor de edad se encuentre en el territorio de otra Comunidad Autónoma cuya Entidad Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.

    c) Que hayan transcurrido seis meses desde que la persona menor de edad abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.

    2. La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.

    3. Del cese de la tutela se informará a los profesionales y resto de particulares interesados en la intervención de la Administración, dando cuenta sobre la actuación realizada. Reglamentariamente se establecerán los cauces de colaboración profesional posteriores a la tutela que procedan, en su caso.»


Veinticinco. Se introduce un nuevo artículo 64 bis, con la siguiente redacción:


    «Artículo 64 bis. Derechos de los menores acogidos.

    1. El menor acogido, además de los derechos que se le reconocen en su condición de persona menor de edad, y con independencia de la modalidad de acogimiento en que se encuentre, tendrá derecho a:

    a) Ser oído en los términos establecidos en la presente norma y, en su caso, ser parte en el proceso de oposición a las medidas de protección y declaración en situación de desamparo de acuerdo con la normativa aplicable, y en función de su edad y madurez. Para ello tiene derecho a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento.

    b) Ser reconocido beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita cuando se encuentre en situación de desamparo.

    c) Dirigirse directamente a la Entidad Pública y ser informado de cualquier hecho trascendente relativo al acogimiento.

    d) Relacionarse con su familia de origen en el marco del régimen de visitas, relación y comunicación establecido por la Entidad Pública.

    e) Conocer progresivamente su realidad socio-familiar y sus circunstancias para facilitar la asunción de las mismas.

    f) Recibir con la suficiente anticipación la información, los servicios y los apoyos generales que sean necesarios para hacer efectivos los derechos de los menores con discapacidad.

    g) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las reclamaciones o quejas que considere, sobre las circunstancias de su acogimiento.

    h) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por parte de la Entidad Pública, para superar trastornos psicosociales de origen, medida esta aplicable tanto en acogimiento residencial, como en acogimiento familiar.

    i) Recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico que sea necesario.

    j) Acceder a su expediente y conocer los datos sobre sus orígenes y parientes biológicos, una vez alcanzada la mayoría de edad.

    2. En los supuestos de acogimiento familiar, tiene además los siguientes derechos:

    a) Participar plenamente en la vida familiar del acogedor.

    b) Mantener relación con la familia de acogida tras el cese del acogimiento si la Entidad Pública entiende que conviniere a su interés superior y siempre que lo consintieren el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, la familia de acogida y la de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente.

    c) Solicitar información o pedir, por sí mismo si tuviera suficiente madurez, el cese del acogimiento familiar.

    3. En los supuestos de acogimiento residencial, tiene además los siguientes derechos:

    a) Respeto a la privacidad y a conservar sus pertenencias personales siempre que no sean inadecuadas para el contexto educativo.

    b) Participar en la elaboración de la programación de actividades del centro y en el desarrollo de las mismas.

    c) Ser escuchado en caso de queja y ser informado de todos los sistemas de atención y reclamación que tienen a su alcance, incluido el derecho de audiencia en la Entidad Pública.

    4. La Comunidad Autónoma de Aragón velará para que las normas de desarrollo de la presente ley y el resto del ordenamiento jurídico que regule el ejercicio de la guarda garanticen el desarrollo efectivo de estos derechos, especialmente los relacionados con el derecho a participar en el proceso de definición de las actuaciones de protección, la comunicación directa con el órgano administrativo competente y el Ministerio Fiscal y el derecho a recibir los apoyos generales y especializados que su situación concreta requiera.»


Veintiséis. Se modifica el artículo 65, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 65. Guarda a solicitud de los padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar.

    1. Cuando los padres, personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Entidad Pública que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario, que no podrá sobrepasar dos años como plazo máximo de cuidado temporal del menor, salvo que el interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de las medidas. Transcurrido el plazo o la prórroga, en su caso, el menor deberá regresar con sus progenitores o tutores o, si no se dan las circunstancias adecuadas para ello, ser declarado en situación legal de desamparo.

    La entrega voluntaria de la guarda se hará por escrito dejando constancia de que los progenitores o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Entidad Pública garantizándose, en particular a los menores con discapacidad, la continuidad de los apoyos especializados que vinieran recibiendo o la adopción de otros más adecuados a sus necesidades.

    La resolución administrativa sobre las asunción de la guarda por la Entidad Pública, así como sobre cualquier variación posterior de su forma de ejercicio, será fundamentada y comunicada a los padres, personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar o tutores y al Ministerio Fiscal.

    2. La guarda a solicitud de los padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, según su vecindad civil, se efectuará mediante resolución emitida al efecto, tendrá carácter temporal, tenderá en todo momento a la reintegración del menor en su familia de origen y se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma.

    3. Dicha resolución llevará anexo un acuerdo con los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, según su vecindad civil, formalizado por escrito, en el que constará expresamente la duración de la actuación, las medidas y condiciones previstas para el retorno del menor a su familia, las responsabilidades que mantienen respecto del menor y las consecuencias que se derivarían en caso de incumplimiento del propio acuerdo.

    4. Los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, en la medida de sus posibilidades, están obligados a colaborar con la Entidad Pública competente tanto en su educación como en el sostenimiento de las cargas económicas en los términos establecidos por la legislación civil. Reglamentariamente, se regulará el procedimiento para llevar a cabo esta previsión.

    Esta previsión operará igualmente en materia de responsabilidad civil que pudiera imputarse a los menores por actos realizados por los mismos.»


Veintisiete. Se modifica el artículo 66, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 66. Acogimiento residencial en centros de protección de menores, hogares y casas de acogida.

    1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, acordará el acogimiento residencial cuando el resto de los instrumentos de protección resulten imposibles, inadecuados o insuficientes. A estos efectos, con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para menores de seis años. No se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres meses.

    2. Asimismo, procurará que el menor permanezca internado durante el tiempo más breve posible. A tal fin, cuando se acuerde el acogimiento residencial, se programarán los recursos y medios necesarios para el retorno del menor a su familia de origen o, en interés del menor y según los objetivos de protección, para la adopción de otras actuaciones.

    3. Los menores en acogimiento residencial deberán respetar las normas del centro; participando, en la medida de sus capacidades, en la organización del mismo y siendo escuchados en la elaboración de su proyecto socioeducativo.

    4. La medida de acogimiento residencial podrá ser complementada mediante la delegación de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones, cuando sea conveniente a su interés, con familias o instituciones dedicadas a estas funciones. A tal efecto solo se seleccionará a personas o instituciones adecuadas a las necesidades del menor. Dichas medidas deberán ser acordadas una vez haya sido oído el menor si tuviese suficiente madurez y, en todo caso, cuando tenga doce años cumplidos.

    La delegación de guarda para estancias, salidas de fin de semana o vacaciones contendrá los términos de la misma y la información que fuera necesaria para asegurar el bienestar del menor, en especial de todas las medidas restrictivas que haya establecido el órgano competente o el Juez. Dicha medida será comunicada a los padres o tutores, siempre que no hayan sido privados del ejercicio de la patria potestad o removidos del ejercicio de la tutela, así como a los acogedores. Se preservarán los datos de estos guardadores cuando resulte conveniente para el interés del menor o concurra justa causa.

    5. Todos los centros de protección de menores, hogares y casas de acogida deberán estar autorizados por la Administración de la Comunidad Autónoma. Reglamentariamente se determinarán las clases de centros, los derechos y deberes de los menores, el procedimiento de ingreso y de baja, así como su autorización, organización y funcionamiento.

    6. El órgano competente inspeccionará y supervisará, al menos semestralmente, el funcionamiento de los centros y el desarrollo y cumplimiento de los programas de protección y los derechos de los menores y emitirá informe valorativo.

    Asimismo, el Ministerio Fiscal deberá ejercer su vigilancia sobre todos los centros que acogen menores. La inspección, supervisión y vigilancia comprenderá también la adecuación de los recursos materiales y personales a los fines previstos en cada centro.

    7. Cada menor residente deberá contar con un proyecto socioeducativo que persiga su pleno desarrollo físico, psicológico y social. Deberá potenciarse la preparación escolar y ocupacional al objeto de facilitar en lo posible su inserción sociolaboral. Asimismo, se potenciará el conocimiento de los derechos y deberes fundamentales y de los valores de convivencia democrática recogidos en la Constitución.

    8. Al menos durante el año siguiente a la salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Comunidad Autónoma efectuará un seguimiento de aquéllos al objeto de comprobar que su integración social, familiar y laboral, sea correcta, aplicando las ayudas técnicas o económicas necesarias, aun habiendo alcanzado o superado la mayoría de edad. Para ello, se podrá recabar la colaboración de los servicios sociales generales gestionados por entidades locales, así como de cualesquiera otros organismos e instituciones.

    9. Los recursos de alojamiento destinados a los programas de transición a la vida independiente de jóvenes extutelados deberán cumplir asimismo con los requisitos exigidos en este artículo a los centros de acogimiento residencial.»


Veintiocho. Se modifica el artículo 67, que queda redactado en los siguientes términos:


    «Artículo 67. Características de los centros de protección de menores.

    1. Son centros de protección de menores los destinados al desarrollo integral de la personalidad de los mismos, acogiendo, cuidando y educando a los que por motivos de protección deban ser separados temporal o definitivamente de su núcleo familiar o entorno social.

    2. Para garantizar a los menores el completo desarrollo de su personalidad, dichos centros tendrán las siguientes características:

    a) Estar dotados de personal adecuado con la formación especializada para ejercer las funciones encomendadas. Estos requisitos se determinarán reglamentariamente.

    b) Su dimensión y número de plazas serán los precisos para que puedan fomentar las relaciones personales y la madurez afectiva. A tal objeto, se procurará que sean centros de dimensiones y número de plazas reducidas. Reglamentariamente se establecerá el número máximo de plazas de cada centro.

    c) Serán centros residenciales integrados en la comunidad y abiertos a su entorno social, de acuerdo con las necesidades de los menores y los objetivos de protección.

    d) Serán centros que asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana de los menores y tendrán carácter eminentemente educativo, adaptando el proyecto educativo a las características personales de cada menor.

    e) Estarán abiertos a la relación y colaboración familiar, siempre que la reinserción familiar sea en interés del menor.

    f) En general, y especialmente durante la infancia, se favorecerá la convivencia normal de menores de ambos sexos y de diferentes edades.

    3. Las administraciones públicas aragonesas y los servicios y centros donde se encuentren los menores en acogimiento residencial deberán actuar conforme a los principios rectores y a las obligaciones básicas previstas en la presente ley y en la legislación estatal y con pleno respeto a los derechos de los menores acogidos.»


Veintinueve. Se modifica el artículo 68, que queda redactado como sigue:


    «Artículo. 68. Hogares y Casas de acogida para la atención inmediata.

    1. Los Hogares y Casas de acogida tienen como finalidad dar una respuesta adecuada a los menores que requieran una intervención protectora de carácter urgente, proporcionando su acogida inmediata en un contexto de protección y atención.

    A través del proceso de acogida, observación y acompañamiento, los Hogares y Casas de acogida facilitan y colaboran en el estudio, valoración y diagnóstico de las actuaciones de protección más adecuadas para el bienestar de cada menor y de las actuaciones educativas que favorezcan los procesos personales y el trabajo interdisciplinar.

    2. La estancia de los menores en Hogar o Casa de Acogida se prolongará por el tiempo mínimo imprescindible para determinar la actuación protectora más adecuada, no pudiendo permanecer en ellos más de tres meses, salvo circunstancias excepcionales. Al mes de su estancia se deberá garantizar su integración en entornos sociales y escolares normalizados, salvo que se valore inadecuado atendiendo a su interés superior.

    3. Los Hogares o Casas de acogida serán en todo caso centros de titularidad pública.

    4. Durante su estancia en los Hogares y Casas de Acogida se deberá garantizar a los menores el ejercicio de todos sus derechos reconocidos en esta legislación, tanto los que poseen como persona menor de edad, como los relativos a su condición de menor acogido. Especialmente se garantizará su derecho a ser oídos y escuchados en los procesos de toma de decisiones sobre la actuación protectora.»


Treinta. Se modifica el artículo 69, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 69. Los acogimientos residenciales especiales.

    1. El acogimiento residencial de menores con severas limitaciones de la actividad derivadas de discapacidad física, sensorial o intelectual o a alteraciones psiquiátricas o conductuales que estén sujetos a protección se realizará en centros específicos adecuados para responder a dichas necesidades, con la correspondiente autorización judicial en su caso.

    2. La entidad pública competente en cada materia cuidará del respeto a los derechos de los menores en dichos centros y les garantizará un adecuado nivel de prestaciones asistenciales, de acuerdo con sus necesidades

    3. Las limitaciones del ejercicio de los derechos de estos menores que sean necesarias para su adecuada atención se realizarán con arreglo a la legislación vigente y con la debida autorización judicial.»


Treinta y uno. Se introduce un nuevo artículo 69 bis, con la siguiente redacción:


    «Artículo 69 bis. Acogimiento residencial en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.

    1. Se someterán a las disposiciones previstas en este capítulo, los ingresos, actuaciones e intervenciones en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta dependientes de las Entidades Públicas o de entidades privadas colaboradoras de aquellas, en los que esté prevista la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales.

    Estos centros, sometidos a estándares internacionales y a control de calidad, estarán destinados al acogimiento residencial de menores que estén en situación de guarda o tutela de la Comunidad Autónoma diagnosticados con problemas de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y determinado por una valoración psicosocial especializada.

    2. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no sea posible la intervención a través de otras medidas de protección, y tendrá como finalidad proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, la normalización de su conducta, su reintegración familiar cuando sea posible, y el libre y armónico desarrollo de su personalidad, en un contexto estructurado y con programas específicos en el marco de un proyecto educativo. Así pues, el ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen en el mismo se utilizarán como último recurso y tendrán siempre carácter educativo.

    3. En los supuestos de guarda voluntaria, será necesario el compromiso de la familia a someterse a la intervención profesional.

    4. Estos centros dispondrán de una ratio adecuada entre el número de menores y el personal destinado a su atención para garantizar un tratamiento individualizado a cada menor.

    5. En el caso de menores con discapacidad, se continuará con los apoyos especializados que vinieran recibiendo o se adoptarán otros más adecuados, incorporando en todo caso medidas de accesibilidad en los centros de ingreso y en las actuaciones que se lleven a cabo.»


Treinta y dos. Se introduce un nuevo artículo 69 ter, con la siguiente redacción:


    «Artículo 69 ter. Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.

    1. La Comunidad Autónoma cuando que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal, estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor en los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores.

    2. No podrán ser ingresados en estos centros los menores que presenten enfermedades o trastornos mentales que requieran un tratamiento específico por parte de los servicios competentes en materia de salud mental o de atención a las personas con discapacidad.

    3. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesario que la Comunidad Autónoma o el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial, garantizando, en todo caso, el derecho del menor a ser oído según lo establecido en la presente norma. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del procedimiento regulado en el artículo 778 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y deberá pronunciarse sobre la posibilidad de aplicarles medidas de seguridad, así como de limitarles temporalmente el régimen de visitas, de comunicaciones y de salidas que pudieran adoptarse.

    No obstante, si razones de urgencia, convenientemente motivadas, hicieren necesaria la inmediata adopción del ingreso, la Comunidad Autónoma o el Ministerio Fiscal podrá acordarlo previamente a la autorización judicial, debiendo comunicarlo al Juzgado competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación del mismo para lo que deberá aportar la información de que disponga y justificante del ingreso inmediato. El Juzgado resolverá en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que reciba la comunicación, dejándose de inmediato sin efecto el ingreso en caso de que no lo autorice.

    4. Los menores recibirán a su ingreso en el centro, información escrita sobre sus derechos y deberes, las normas de funcionamiento del centro, las cuestiones de organización general, el régimen educativo, el régimen disciplinario y los medios para formular peticiones, quejas y recursos. Dicha información se transmitirá de forma que se garantice su comprensión en atención a la edad y a las circunstancias del menor.

    5. Los menores no permanecerán en el centro más tiempo del estrictamente necesario para atender a sus necesidades específicas. El cese será acordado por el órgano judicial que esté conociendo del ingreso, de oficio o a propuesta de la Comunidad Autónoma o del Ministerio Fiscal. Esta propuesta estará fundamentada en un informe psicosocial.»


Treinta y tres. Se introduce un nuevo artículo 69 quáter, con la siguiente redacción:


    «Artículo 69 quáter. Resto de actuaciones en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta.

    En lo relativo a las medidas de seguridad, medidas de contención, aislamiento del menor, registros personales y materiales, régimen disciplinario, régimen de visitas, salidas y otras comunicaciones del menor, administración de medicamentos, así como para la supervisión y control de los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, se estará a lo previsto en la legislación orgánica estatal que resulte de aplicación.»


Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 72, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 72. Modalidades de acogimiento familiar.

    1. El acogimiento familiar podrá adoptar las modalidades de:

    a) Acogimiento familiar de urgencia

    b) Acogimiento familiar temporal

    c) Acogimiento familiar permanente

    2. En razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, podrá tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena. El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado no profesionalizado o especializado profesionalizado.

    3. Reglamentariamente y con sujeción a lo dispuesto en la legislación estatal y en esta propia norma, se regularán las modalidades de acogimiento enunciadas en los apartados anteriores.»


Treinta y cinco. Se modifica el artículo 73, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 73. Estatuto de los acogedores familiares.

    1. Los acogedores familiares tendrán derecho a:

    a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, así como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico especializado durante y al término del mismo. En el caso de menores con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a orientación, acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.

    b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier resolución que afecte al menor, especialmente antes de modificar o suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o comunicación con la familia de origen.

    c) Ser informados del plan individual de protección así como de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones periódicas y a obtener información del expediente de protección del menor que les resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la protección de datos de carácter personal.

    d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de protección y a la declaración de situación de desamparo del menor acogido y en todos los procesos de oposición relacionados con la medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela que tenga formalizada.

    e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y seguimiento establecidos para el acogimiento.

    f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor que acogen.

    g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.

    h) Ser respetados por el menor acogido.

    i) Recabar el auxilio de la Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones.

    j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pública y no exista oposición de ésta.

    k) Percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera estipulado, en su caso.

    l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos.

    m) Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pública entiende que conviniere a su interés superior y lo consintieren la familia de origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

    n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de acuerdo con la legislación vigente.

    ñ) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pública que deberán ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 días y, en caso de solicitar audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.

    o) La familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al resto de unidades familiares.

    2. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes:

    a) Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el caso de menor con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.

    b) Oír al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, sin exclusión alguna por discapacidad, y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones que éste pueda realizar dentro de su madurez.

    c) Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia.

    d) Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el menor.

    e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.

    f) Colaborar activamente con las Entidades Públicas en el desarrollo de la intervención individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y orientaciones de la misma.

    g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y familiares del menor.

    h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situación familiar relativo a los datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento.

    i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

    j) Participar en las acciones formativas que se propongan.

    k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor a la reintegración a su entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se establezca tras la adopción de una medida de protección más estable.

    l) Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

    3. La Comunidad Autónoma de Aragón velará para que las normas de desarrollo de la presente ley y el resto del ordenamiento jurídico que afecte al ejercicio del acogimiento, garanticen el desarrollo efectivo de estos derechos, así como el adecuado cumplimiento de los deberes a los que están sometidos en el ejercicio de su función acogedora.»


Treinta y seis. Se modifica el artículo 75, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 75. De la adopción internacional.

    1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento competente por razón de la materia, ejerce las funciones y competencias en materia de adopción internacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y en los convenios internacionales aplicables.

    2. Las personas con residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Aragón que se ofrezcan para la adopción de un menor en el extranjero deberán presentar la solicitud ante el Departamento competente por razón de la materia.

    3. El Departamento competente por razón de la materia será el encargado de tramitar la solicitud, valorar, certificar su idoneidad y realizar el preceptivo seguimiento del menor, de acuerdo con los requisitos exigidos por su país de origen. El certificado de idoneidad deberá ser emitido en un plazo máximo de 5 meses. Asimismo, en los procesos de adopción se evitarán las demoras que vayan en perjuicio del menor.

    4. Los organismos acreditados para la adopción internacional podrán colaborar en ese procedimiento en los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con el contenido de su habilitación específica.

    5. Corresponde al Departamento competente por razón de la materia el control, inspección y seguimiento de los organismos acreditados de adopción internacional cuya sede radique en el territorio de la comunidad autónoma de Aragón.

    Las personas que se ofrecen para la adopción podrán contratar los servicios de intermediación de cualquier organismo que se encuentre acreditado por la Administración del Estado.»


Treinta y siete. Se introduce un nuevo artículo 75 bis, con la siguiente redacción:


    «Artículo 75 bis. Acceso a los orígenes biológicos.

    1. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos en los términos previstos en la presente Ley y en el resto de la normativa de aplicación.

    2. Las Entidades Públicas aragonesas asegurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes del menor, en particular la información respecto a la identidad de sus padres, así como la historia médica del menor y de su familia, y se conservarán durante al menos cincuenta años con posterioridad.

    3. Las Entidades Públicas aragonesas, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho.

    4. Cuando los expedientes de adopción se encuentren bajo la custodia de otras entidades, públicas o privadas, y la solicitud de acceso a los mismos se presenten ante el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, éste se dirigirá a la entidad que custodia el expediente. La misma facilitará el expediente al citado Instituto, junto con los antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen.

    Asimismo, dichas entidades colaborarán activamente con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones destinadas a facilitar el cumplimiento del derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes biológicos. En este sentido, deberán:

    a) Facilitar la información que les sea requerida, en relación a los expedientes que custodian.

    b) Crear un fichero acerca de los expedientes custodiados, que será comunicado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

    c) Facilitar el acceso a los técnicos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para la comprobación del estado de los expedientes, condiciones de custodia y, en general, la determinación de todos aquellos aspectos que puedan afectar al ejercicio del derecho a los orígenes biológicos de las personas adoptadas cuya garantía de reconocimiento y efectividad corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

    d) En general, colaborar en todas aquellas iniciativas o medidas que las Administraciones públicas aragonesas elaboren, destinadas a favorecer el ejercicio de este derecho.

    5. Manteniendo el deber de reserva establecido legalmente, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá facilitar al adoptante, así como a quienes tengan al menor en guarda con fines de adopción, la información disponible sobre la familia natural del menor que resultase precisa en interés de la salud y desarrollo del mismo.»


Treinta y ocho. Se modifica el artículo 76, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 76. Formalización de acogimiento familiar.

    1. El acogimiento, tanto en su formalización como en su cese, se regulará de acuerdo con la legislación civil aplicable.

    2. En la propuesta de acogimiento familiar se deberá incluir el estudio completo del menor y de la familia en que se constate la viabilidad del acogimiento. Deberá incluir, en todos los casos, el proceso por el cual se ha oído y escuchado al menor, incluyendo la comparecencia del menor con suficiente madurez para ello, y en todo caso si tiene doce años cumplidos.

    3. La propuesta de acogimiento del menor y los datos de las personas solicitantes declaradas adecuadas se remitirá al órgano competente quien autorizará y formalizará el acogimiento familiar.

    4. Solamente se formularán propuestas de acogimiento familiar en favor de personas que, cumpliendo los requisitos previstos e inscritas en el libro correspondiente del Registro de protección de menores, hayan sido objeto de un estudio de sus circunstancias socio familiares y hayan sido declaradas adecuadas por el órgano competente.»


Treinta y nueve. Se introduce un nuevo artículo 76 bis, con la siguiente redacción:


    «Artículo 76 bis. Formalización de la guarda con fines de adopción.

    1. En ejercicio de sus competencias en la materia, la Comunidad Autónoma de Aragón podrá delegar la guarda de un menor declarado en situación de desamparo en las personas que, reuniendo los requisitos de capacidad para adoptar previstos en la legislación aplicable y habiendo prestado su consentimiento, hayan sido preparadas, declaradas idóneas y asignadas para su adopción. A tal efecto, la Comunidad Autónoma, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, delegará la guarda con fines de adopción hasta que se dicte la resolución judicial de adopción, mediante resolución administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados y del menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, que se notificará a los padres, personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar o tutores no privados de la patria potestad o autoridad familiar, o tutela. Los guardadores con fines de adopción tendrán los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares.

    2. Salvo que convenga otra cosa al interés del menor, la Entidad Pública procederá a suspender el régimen de visitas y relaciones con la familia de origen cuando se inicie el período de convivencia preadoptiva a que se refiere el apartado anterior, excepto en los casos previstos en el apartado siguiente.

    3. Cuando el interés del menor así lo aconseje, en razón de su situación familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad Pública, podrá acordarse el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones entre la persona menor de edad, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la relación entre los hermanos biológicos.

    En estos casos el Juez, al constituir la adopción, podrá acordar el mantenimiento de dicha relación, determinando su periodicidad, duración y condiciones, a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal y con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y siempre si fuere mayor de doce años. En todo caso, será oído el adoptando menor de doce años de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere necesario, dicha relación se llevará a cabo con la intermediación de la Entidad Pública o entidades acreditadas a tal fin. El Juez podrá acordar, también, su modificación o finalización en atención al interés superior del menor.

    La Entidad Pública remitirá al Juez informes periódicos sobre el desarrollo de las visitas y comunicaciones, así como propuestas de mantenimiento o modificación de las mismas durante los dos primeros años, y, transcurridos estos a petición del Juez.

    Están legitimados para solicitar la suspensión o supresión de dichas visitas o comunicaciones la Entidad Pública, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años.

    En la declaración de idoneidad deberá hacerse constar si las personas que se ofrecen a la adopción aceptarían adoptar a un menor que fuese a mantener la relación con la familia de origen.

    4. En la propuesta de guarda delegada con fines adoptivos se deberá incluir el estudio completo del menor y de la familia en que se constate la imposibilidad o inconveniencia en interés del menor de reinserción en su propia familia de origen. Deberá incluir, en todos los casos, el proceso por el cual se ha oído y escuchado al menor, incluyendo la comparecencia del menor con doce años cumplidos o del menor de esta edad con suficiente madurez.

    5. La propuesta de guarda delegada con fines de adopción del menor y los datos de las personas solicitantes declaradas idóneas para el ejercicio de la patria potestad se remitirá al órgano colegiado competente en las propuestas de adopción, que acordará su constitución proponiendo su formalización al órgano competente en las actuaciones protectoras.

    6. El expediente que se remita al órgano colegiado competente deberá contener un informe de fundamentación donde consten las circunstancias del menor y su familia de origen que aconsejen la adopción, así como las necesidades del menor y las características necesarias en una familia para que puedan ser cubiertas. Así mismo, contendrá propuesta de familias idóneas con fundamentación de dichas propuestas a las que se acompañarán los informes de valoración de su idoneidad.

    7. Solamente se formularán propuestas de guarda delegada con fines de adopción en favor de personas que, cumpliendo los requisitos previstos e inscritas en el libro correspondiente del Registro de protección de menores, hayan sido objeto de un estudio de sus circunstancias socio familiares y hayan sido declaradas idóneas por el órgano competente y dicha situación esté actualizada en el último año.

    8. En todo caso, las personas propuestas para la guarda delegada con fines de adopción deberán reunir todos los requisitos exigidos para los solicitantes de adopción.

    9. El órgano colegiado competente en las propuestas de adopción formulará propuesta de adopción ante el órgano jurisdiccional. Será preceptivo y determinante para la procedencia de la propuesta de adopción un informe de seguimiento donde se refleje la evolución del menor y su integración en la familia guardadora. Deberá incluir, en todos los casos, el proceso por el cual se ha oído y escuchado al menor, incluyendo la comparecencia del menor con doce años cumplidos o del menor de esta edad con suficiente madurez. Asimismo incluirá documento en el que la familia guardadora confirma su voluntad de adoptar a la persona menor de edad.»


Cuarenta. Se modifica el artículo 77, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 77. Solicitantes.

    1. Podrán solicitar la inscripción en el libro de solicitantes, acogimientos y adopciones del Registro de protección de menores las personas que reúnan los requisitos previstos en la normativa vigente.

    2. Salvo que las características del menor aconsejen lo contrario, tendrán preferencia para acoger o adoptar los solicitantes residentes en Aragón y los residentes fuera de Aragón que conserven la vecindad civil aragonesa.

    3. La valoración se referirá a las características sociofamiliares y personales de los solicitantes que permitan declarar su adecuación o idoneidad para el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o de la autoridad familiar.

    4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de valoración de los solicitantes de acogimiento y de adopción y se fijarán los criterios y condiciones que deban reunir para ser declarados adecuados o idóneos.

    5. La resolución que declare la adecuación o idoneidad o no de los solicitantes habrá de ser motivada, expresando de modo claro y comprensible las razones de dicha decisión, y deberá ser notificada a los interesados y al Registro de protección de menores. A esta resolución se adjuntará copia del informe psicosocial elaborado sobre los solicitantes y que sirvió para elaborar la resolución.»


Cuarenta y uno. Se modifica el artículo 79, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 79. De la prevención y reinserción.

    1. La Administración de la Comunidad Autónoma dará prioridad a las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la marginación y la delincuencia, y promocionará los servicios y programas que apoyen la atención del menor en su entorno, mediante actuaciones específicas de ocio, formación, promoción ocupacional, empleo, convivencia familiar y otras que contribuyan a la adecuada socialización del menor.

    2. Las actuaciones administrativas con niños, niñas y adolescentes en conflicto social, tanto de carácter preventivo como de reinserción, se ejercerán con respeto a todos los derechos de las personas menores de edad y de sus familias previstos en esta ley, con especial atención al derecho a ser oídos y escuchados en las actuaciones que les afecten.

    3. Los centros y servicios de las Administraciones públicas que atienden a menores colaborarán con las autoridades judiciales competentes en la adopción y ejecución de las medidas que sean necesarias para su reinserción social.»


Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 81, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 81. De los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales.

    1. Las medidas de internamiento, así como la ejecución de los internamientos cautelares, se realizarán en centros propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo que en interés del menor se considere otro centro como más adecuado, previa autorización del Juez que haya dictado la sentencia.

    2. Reglamentariamente, se regularán la organización y funcionamiento de los centros de internamiento por medida judicial, inspirándose en los principios proclamados por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como por la presente Ley.

    3. Los menores internados podrán ser corregidos disciplinariamente en los términos establecidos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y su desarrollo reglamentario.

    4. En todo caso, se garantizarán a las personas menores de edad en estos centros los derechos reconocidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en el Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños de 25 de enero de 1996,y en todas aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados internacionales válidamente celebrados por España.»


Cuarenta y tres. Se modifica el artículo 82, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 82. Administraciones competentes.

    Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y a las Entidades locales de Aragón planificar, elaborar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de promoción y protección de la infancia y adolescencia, en su respectivo ámbito territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en la presente ley y en las normas de servicios sociales y de régimen local, así como en las restantes normas reguladoras de los distintos sectores de las políticas públicas.»


Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 83, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 83. Principios generales.

    1. Las Administraciones públicas aragonesas ajustarán su actuación a los principios generales previstos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

    2. La necesidad de garantizar una atención integral al menor hace necesario que el conjunto de Administraciones públicas cooperen y colaboren de una forma coordinada, eficaz y leal, valorando el interés superior de las personas menores de edad. En el desarrollo reglamentario de la presente norma se velará especialmente por establecer las condiciones y términos de esta cooperación.»


Cuarenta y cinco. Se modifica el artículo 84, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 84. Competencias de la Comunidad Autónoma.

    1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de los órganos que se determinen en las normas de atribución competencial, ejercerá las siguientes competencias:

    a) Promoción de políticas integrales de atención a la infancia y adolescencia.

    b) Promoción de políticas de protección a la familia, en cuanto núcleo básico de socialización de las personas menores de edad, para conseguir la integración social y familiar de los niños, niñas y adolescentes.

    c) Coordinación de las actuaciones sectoriales que desde las diferentes Administraciones públicas e instituciones privadas se desarrollen para la atención de la infancia y adolescencia.

    d) Procurar el adecuado desarrollo del ejercicio de las competencias en materia de personas menores de edad en condiciones de igualdad para todas ellas y en todo el territorio.

    e) Cualesquiera otras funciones y competencias que le atribuya la normativa relativa a la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

    2. Corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, las competencias en materia de elaboración, ejecución y evaluación de los programas de los servicios sociales generales y especializados destinados a las personas menores de edad. Se integran dentro de las mismas, las siguientes:

    a) Las actuaciones necesarias para asegurar la protección de los menores en situación de riesgo o desamparo.

    b) La declaración de las situaciones de riesgo y de desamparo

    c) El ejercicio de la guarda y tutela de las personas menores de edad en los supuestos previstos en esta ley y en la legislación civil.

    d) La gestión de los procedimientos de acogimiento y adopción.

    e) La gestión de los recursos de acogimiento residencial de titularidad de la Comunidad Autónoma

    f) La ejecución de las medidas judiciales en materia de responsabilidad penal de las personas menores de edad.

    g) La gestión de las medidas y actuaciones conducentes a preparar y apoyar la autonomía personal y la transición a la vida independiente de jóvenes que hayan estado bajo la guarda o tutela de la administración.

    h) Cualesquiera otras funciones que, en materia de servicios sociales de personas menores de edad correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón.»


Cuarenta y seis. Se modifica el artículo 85, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 85. Competencias de las entidades locales.

    De conformidad con la división territorial realizada por la Ley 5/2009, de 30 de junio, de servicios sociales de Aragón y con el resto de normativa de administración local de aplicación en Aragón, corresponden a las Entidades Locales de Aragón las siguientes competencias:

    a) Aquellas que en materia de promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia le atribuyan las normas reguladoras de régimen local.

    b) La prevención de las situaciones de riesgo y desamparo.

    c) La detección y valoración de las situaciones de riesgo en la que puedan encontrarse las personas menores de edad y la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención familiar.

    d) Las propuestas de declaración de la situación de riesgo al Instituto Aragonés de Servicios Sociales

    e) La gestión de las medidas previstas en la declaración de riesgo.

    f) La notificación a la administración competente de situaciones urgentes de desprotección.

    g) La propuesta a la entidad competente de declaración de desamparo y de asunción de la guarda.

    h) cualesquiera otras competencias y funciones que, en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales y en su respectivo ámbito territorial les sean atribuidas por la normativa vigente.»


Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 86, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 86. Órganos colegiados de protección de menores.

    1. Son órganos colegiados en materia de protección de las personas menores de edad las Comisiones Provinciales de Protección a la infancia y adolescencia y el Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia.

    2. Son funciones de estos órganos el estudio, valoración, aprobación, propuesta y resolución en materia de protección de las personas menores de edad.»


Cuarenta y ocho. Se introduce un nuevo artículo 86 bis, con la siguiente redacción:


    «Artículo 86 bis. Comisiones provinciales de Protección a la infancia y adolescencia.

    1. En cada una de las provincias se constituirá una Comisión Provincial de Protección a la infancia y adolescencia, cuya composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

    2. Corresponde a las Comisiones Provinciales de Protección a la infancia y adolescencia, en el ámbito de su provincia, la adopción de medidas sobre las siguientes materias.

    a) La declaración y cese de situaciones de riesgo de personas menores de edad.

    b) La declaración de situaciones de desamparo de personas menores de edad, y asunción de la tutela, y su cese.

    c) La asunción de la guarda de menores y su cese, así como el carácter y la modalidad de ejercicio de la misma.

    d) La aprobación de las actuaciones de protección más adecuadas en cada caso, en orden al interés superior de la persona menor de edad.

    e) La ratificación, modificación o extinción de las medidas de protección adoptadas en supuestos excepcionales y urgentes sin el previo estudio y análisis de la Comisión.

    f) La aprobación de aquellas medidas de protección que competen al Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia, adoptadas en supuestos de urgencia debidamente justificada, proponiendo al órgano competente su confirmación, modificación o extinción.

    g) La resolución de la adecuación de las personas y familias acogedoras que hayan presentado las correspondientes solicitudes, la formalización de los acogimientos y la determinación en su caso de la compensación económica por éstos.

    h) La propuesta al Consejo Aragonés de Protección la inclusión del menor en los programas de separación definitiva de sus padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar.

    i) La propuesta al órgano competente sobre la resolución de Idoneidad de las personas que se ofrecen para adoptar niños, niñas o adolescentes, así como su renovación y actualización.

    j) La propuesta al Consejo Aragonés de Protección a la Infancia de asignación de familia idónea para la guarda delegada con fines de adopción de menores de edad.

    k) La determinación de los gastos extraordinarios que genere la atención adecuada de los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección.

    l) La adopción de las medidas necesarias para la defensa de los intereses jurídicos, personales y patrimoniales de los menores de edad tutelados por el Gobierno de Aragón.

    m) Cualesquiera otras funciones que les sean atribuidas por la normativa vigente.»


Cuarenta y nueve. Se introduce un nuevo artículo 86 ter, con la siguiente redacción:


    «Artículo 86 ter. Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia.

    1. Se crea el Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia cuya composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

    2. Corresponden al Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia las siguientes competencias:

    a) Resolver el procedimiento previo a la adopción y el resto de procedimientos que impliquen la separación definitiva del menor de sus padres o personas que les sustituyan en el ejercicio de la autoridad familiar.

    b) Remitir la propuesta de adopción a la autoridad judicial, conforme a los trámites de la normativa civil vigente.

    c) Establecer criterios técnicos de intervención en situaciones de desprotección de la infancia y adolescencia, así como para la declaración de adecuación de personas y familias acogedoras o idoneidad de familias adoptivas y su selección, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

    d) Informar los criterios técnicos e instrucciones en materia de protección de menores que le eleven los órganos competentes.

    e) Adoptar criterios técnicos para la homogeneización de la actuación de las Comisiones Provinciales de Protección de Menores.

    f) Establecer e impulsar las medidas necesarias para la defensa de los intereses jurídicos, personales y patrimoniales de los menores de edad tutelados por el Gobierno de Aragón.

    g) Proponer las ayudas pertinentes para el fomento del acogimiento familiar.

    h) Trasladar informes de evaluación y propuestas de mejora del Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia a los órganos de coordinación interdepartamental y territorial correspondientes en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

    i) Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por la normativa vigente.»


Cincuenta. Se modifica el artículo 93, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 93. Requisitos.

    1. Las instituciones que deseen ser habilitadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales como instituciones colaboradoras de integración familiar, deberán reunir los siguientes requisitos:

    a) Tratarse de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro.

    b) Estar legalmente constituidas.

    c) Tener establecido como fin la protección de menores en sus estatutos o reglas fundacionales.

    d) Tener domicilio social en Aragón o actuar a través de establecimientos radicados en su territorio, a los que en todo caso se referirá la habilitación.

    e) Disponer en el territorio de actuación de los medios materiales y equipos pluridisciplinares que reglamentariamente se exijan.

    f) Respetar en su funcionamiento, así como en el de sus establecimientos radicados en Aragón, los derechos, los principios y las normas establecidas por la legislación vigente para la protección de los menores.»


Cincuenta y uno. Se modifica el artículo 95, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 95. Contenido de la habilitación.

    1. La habilitación deberá expresar con claridad las funciones para las que resulta autorizada la institución correspondiente y el régimen jurídico de su ejercicio.

    2. Las instituciones colaboradoras de integración familiar podrán ser habilitadas para todas o alguna de las siguientes funciones:

    a) Gestionar programas preventivos y medidas de apoyo.

    b) Aplicar medidas de apoyo familiar para la protección de menores en situación de riesgo.

    c) Ejercer la guarda mediante acogimiento residencial de los menores cuando así se acuerde por el órgano competente.

    d) Ejercer la guarda mediante el acogimiento familiar en hogar funcional.

    e) Realizar las actuaciones necesarias para que el menor guardado en sus centros se reincorpore a su entorno sociofamiliar.

    f) Realizar las funciones de mediación para el acogimiento y adopción de los menores tutelados o guardados por la Comunidad Autónoma de Aragón. No podrán ser habilitadas para declarar la idoneidad de las familias.»


Cincuenta y dos. Se modifica el artículo 99, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 99. Sanciones administrativas.

    Las infracciones tipificadas en el presente título serán sancionadas de la forma siguiente:

    a) Infracciones leves: amonestación por escrito o multa de hasta 3.000 €.

    b) Infracciones graves: multa de 3.001 € a 30.000 €.

    c) Infracciones muy graves: multa de 30.001 € a 300.000 €.»


Cincuenta y tres. Se modifica el artículo 102, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 102. Órganos competentes.

    Los órganos competentes para imponer sanciones y los límites máximos de las mismas son los siguientes:

    a) Los Directores Provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, hasta 3.000 €.

    b) El Director-Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de 3.001 € a 15.000 €.

    c) El Consejero responsable en materia de menores, de 15.001 € a 30.000 €.

    d) El Gobierno de Aragón, de 30.001 € a 300.000 €.»


Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 108, que queda redactado como sigue:


    «Artículo 108. Características y contenido.

    1. El Registro de instituciones colaboradoras es público y abierto y en él constarán inscritas las instituciones colaboradoras de integración familiar habilitadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

    Los datos almacenados en dicho Registro serán abiertos y reutilizables por terceros de acuerdo con los criterios de publicación de datos establecidos por el departamento competente en materia de datos abiertos (open data), y se adecuarán a la normativa de interoperabilidad establecida por el departamento competente en materia de administración electrónica y en su defecto por aquella normativa o buenas prácticas establecidas por el Estado e instituciones europeas.

    2. En el Registro se hará constar su denominación, domicilio social, composición de órganos directivos, estatutos, fecha y contenido de la habilitación, así como la ubicación de sus centros en Aragón. Las modificaciones que se produzcan en estos datos serán objeto del asiento correspondiente.

    3. La Administración de la Comunidad Autónoma regulará reglamentariamente la organización y funcionamiento de este Registro. En todo caso las instituciones estarán obligadas a poner en conocimiento del encargado del mismo cuantas variaciones se produzcan en los datos a los que refiere el párrafo anterior.»


Cincuenta y cinco. Se introduce una nueva Disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:


    «Disposición adicional tercera.— Referencia de género.

    Todas las referencias contenidas en la presente norma para las que se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables también a su correspondiente femenino.

    La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economía de expresión y como referencia genérica, tanto en femenino como en masculino, con estricta igualdad a todos los efectos.»


Disposición derogatoria única.— Cláusula derogatoria.

Queda derogada cualquier disposición de rango inferior a la presente ley que se oponga a lo establecido en la misma.

Disposición final primera.— Modificaciones y desarrollo reglamentario.

El Gobierno de Aragón llevará a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicación de la presente ley en lo relativo al Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia y a las Comisiones Provinciales de Protección a la infancia y adolescencia en un plazo no superior a seis meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la presente ley.

El plazo para el desarrollo reglamentario del resto de preceptos de esta ley no será superior a doce meses a partir de la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Aragón.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente la composición y funcionamiento del Consejo Aragonés de Protección a la infancia y adolescencia, todas las referencias al mismo contenidas en la presente ley se entenderán realizadas al Consejo Aragonés de Adopción.

Disposición final segunda.— Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno de Aragón para la aprobación, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, de un texto refundido de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón y de las leyes que la han modificado que incorpore las correcciones terminológicas precisas para la utilización en el texto legal de un lenguaje plenamente inclusivo y respetuoso con la normativa actual en materia de igualdad de género, junto a una edición paralela del mismo texto acorde a los estándares técnicos internacionales del método de Lectura Fácil.

Disposición Final Tercera.— Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

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