Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS - Proposiciones de Ley - En tramitación

Proposición de Ley de reducción de la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en Aragón

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:24 (IX Legislatura) PDF

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2015, ha calificado la Proposición de Ley de reducción de la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en Aragón, presentada por el G.P. Podemos Aragón, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a la Diputación General a los efectos establecidos en el artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2015.


El Presidente de las Cortes

ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA


A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido en el artículo 138 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición de Ley de reducción de la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en Aragón.

Proposición de Ley de reducción

de la pobreza energética

(electricidad, agua y gas) en Aragón


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, establece el mandato de garantizar una protección adecuada a los consumidores vulnerables de energía eléctrica.

Asimismo, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que debe asegurarse que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética.

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula los consumidores vulnerables y el bono social, no define las características sociales, de consumo y poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable, sino que remite a la normativa de desarrollo, y aclara que en todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.

La Disposición Transitoria Décima, en espera de que se desarrolle reglamentariamente el artículo 45.1, concede transitoriamente el derecho a beneficiarse de la tarifa del bono social a consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, a consumidores de 60 años o más que sean pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad que perciban las cuantías mínimas, a consumidores que sean familia numerosa y a los consumidores que tengan a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo.

A pesar de estas medidas, la pobreza energética no ha hecho sino aumentar en los últimos años. A la crisis económica, que ha reducido el poder adquisitivo de muchas familias, se une la subida de precios de los suministros energéticos, que ha agravado la situación. Medidas como el bono social eléctrico u otras como el bono social de entidades suministradoras de agua (como la que impulsó Ayuntamiento de Zaragoza) no han tenido el efecto esperado a la hora de garantizar el suministro energético para la ciudadanía y se han mostrado ineficaces.

Tal ineficacia se produce por una definición errónea de los destinatarios de las ayudas. El bono social eléctrico, puesto en marcha en 2009, es una tarifa con un descuento fijado por el Gobierno de España sobre el Precio Voluntario Pequeño Consumidor (PVPC), la nueva denominación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que pretende proteger a un grupo de consumidores considerados vulnerables. Dos son los problemas que tiene esta medida: el primero es que la distribución se realiza sin tener como elemento clave la renta de las familias. Y el segundo, que se solicita exclusivamente a través de internet. El hecho de que se aplique el bono social sin solicitud de renta hace que el 80% de las solicitudes se hagan bajo el criterio de tener menos de 3 KW contratados y que un porcentaje muy alto de éstas sean viviendas de segunda residencia, en las que son más habituales este tipo de contratos. En definitiva, se están destinando recursos a las segundas residencia de hogares no vulnerables, en lugar de las viviendas habituales de familias vulnerables.

El hecho de que la solicitud solo se pueda hacer por medios telemáticos hace que para los hogares vulnerables se añada una dificultad, puesto que es frecuente que las familias con dificultades económicas dejen de contratar esta conexión. Dicha situación resulta especialmente palpable si se consideran las familias numerosas solicitantes del bono social, dado que no todas ellas están en una situación de vulnerabilidad clara que justifique la prioridad en la percepción de estas ayudas. El cambio en la forma de solicitud y la intervención de los Servicios Sociales Municipales son fundamentales para hacer eficientes estas medidas.

El resultado es que entre el año 2011 y 2014, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha disminuido de 63.457 a 61.477 beneficiarios en Aragón de este tipo de tarifa social. Se trata de un descenso del 3,22% en el periodo en que la crisis económica en las familias ha sido más dura, por ejemplo con un notable aumento de hogares con todos sus miembros en paro. A ello debe añadirse que en estos años ha aumentado el gasto de municipios, comarcas y organismos privados, como Cáritas, a ayudas de urgencia, entre ellas las que palían situaciones de pobreza energética. En este concepto de ayudas de urgencia, se ha calculado un desembolso de 646.024 euros en 2013 y un gasto estimado de 1.219.285 euros en 2014, lo que supone una exigencia añadida para unas cuentas locales ya constreñidas.

Tabla 1. Evolución del número de consumidores con una potencia contratada inferior a 3Kw, distinguidos por tipo de consumidor. Años 2009 a 2014.



Fuente: Comisión Nacional del Mercado y la Competencia

Por otra parte, existen también bonos sociales de agua y de gas. En el primer caso, por ejemplo, los desarrollados en el nivel local por los ayuntamientos, entre los que destaca por su volumen el del Ayuntamiento de Zaragoza. Con datos de 2014, para una población de casi 700.000 habitantes se conceden 3.606 tarifas bonificadas, el 92,7% de ellas para hogares tipo 1, con menos de 9.989 euros de renta para unidades con 4 miembros o menos. En este caso y ante la perspectiva de subidas en el recibo por el impuesto autonómico sobre la contaminación de las aguas (que pueden suponer una media de 35€ mensuales) resulta conveniente añadir recursos ante estas nuevas situaciones.

El Bono Social para el gas tiene una formulación más reciente, a través de la reformulación de la Ley de Hidrocarburos. Más allá de los supuestos de acceso a dicho Bono, lo verdaderamente relevante es que se asocie el desarrollo del Bono a la promoción del fracking. Los supuestos de acceso aún no han sido desarrollados.

A la escasa eficiencia de las medidas para enfrentar el problema de la pobreza energética se unen los altos costes que los ciudadanos deben de enfrentar una vez que, después de un corte del suministro, han de volver a activar el mismo.

El conjunto de medidas puestas en marcha hasta este momento han obviado la relación existente entre pobreza energética y renta, que constituye la base sobre la que se fundamenta esta proposición de ley. Para garantizar el suministro energético a los ciudadanos y adoptar medidas de ahorro a largo plazo, debe definirse una categoría de Hogar Vulnerable (que se diferencia de la de consumidor vulnerable) en función de unos tramos de renta, categoría que supondrá el acceso a una serie de prestaciones en forma de tarifa social energética, junto a intervenciones de micro-eficiencia destinadas a generar ahorro en el consumo energético y a dinamizar sectores de producción que permiten una reconversión del modelo productivo hacia sectores de innovación que tienen el cuidado del medio ambiente como eje.


CAPÍTULO I

Disposiciones Generales


Artículo 1.- Objeto.

Constituye el objeto de la presente Ley la adopción de medidas de choque para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares vulnerables de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 2.- Definiciones.

1. A efectos de la presente Ley, se entenderá por «pobreza energética» aquella situación de dificultad en la que se encuentra un hogar de la Comunidad Autónoma de Aragón para hacer frente al pago de su consumo energético y que conlleva una falta de acceso normalizado a los insumos de gas, electricidad y agua.

2. Se entenderá por «medidas para paliar la pobreza energética» todas las actuaciones encaminadas a suavizar los efectos inmediatos de la pobreza energética para quienes la padecen.

3. Se entenderá por «reducir la pobreza energética» todas las actuaciones destinadas a lograr que el número de personas en situación de pobreza energética disminuya.

4. Se entenderá por «hogar vulnerable» aquel:

a. Que se encuentre en situación de pobreza relativa según los estándares del INE en la Comunidad Autónoma de Aragón y cuyo consumo energético supere el 10% de los ingresos del hogar.

b. Que se encuentre en pobreza severa o en pobreza extrema según los estándares del INE en la Comunidad Autónoma de Aragón, independientemente del gasto energético que realice.

c. Que es perceptor del Ingreso Aragonés de Inserción o prestación de inserción análoga.

d. Que no pudiendo demostrar su renta se encuentre dentro de la horquilla de ingresos aquí definida, según un informe redactado por los Servicios Sociales Municipales competentes. En el mismo supuesto estarán aquellos casos de emergencia social que puedan ser catalogados como hogar vulnerable por los mismos servicios sociales.


CAPÍTULO II

Medidas para paliar y reducir

los efectos de la pobreza energética


Artículo 3.- Declaración de hogar vulnerable y vías de entrada en la ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

La declaración que supone el reconocimiento de «hogar vulnerable» se puede obtener mediante tres vías diferentes y/o complementarias:

a) Mediante solicitud de los miembros de dicho hogar mayores de edad ante los Servicios Sociales Municipales. Una vez comprobado por estos la documentación acreditativa de que se encuentran en alguna de las situaciones descritas en el apartado 4 del artículo 2 (composición del hogar, comprobante de renta de todas las personas censadas en el domicilio, facturas de consumo energético de los últimos 3 meses y otra documentación en el caso en que sea necesario), se emitirá la declaración que lo acredite como hogar vulnerable.

En el caso de no poder documentar una de las tres primeras situaciones definidas en el artículo 2.4, quienes deseen acceder al reconocimiento como hogar vulnerable, podrán solicitar un informe de los Servicios Sociales Municipales que certifique que se encuentran en la horquilla de renta definida como tal.

b) En el caso de hogares que perciban el Ingreso Aragonés de Inserción o prestación de inserción análoga, bastará que alguno de los miembros del hogar solicite la declaración para que, sin necesidad de un examen de documentación adicional, sean inmediatamente considerados como hogar vulnerable.

En estos dos supuestos, una vez entregada la documentación, los Servicios Sociales Municipales tendrán un plazo de 30 días hábiles para examinar si concurren los requisitos del artículo 2.4, y en caso afirmativo, emitir la declaración de hogar vulnerable. Si transcurrido dicho plazo la Administración no se hubiera pronunciado, se entenderá que esa unidad familiar se encuentra en la citada situación de vulnerabilidad y se emitirá un certificado de silencio administrativo positivo, que cualquier interesado podrá solicitar.

c) En el caso de que una empresa comercializadora de energía (agua, electricidad o gas) quiera proceder al corte del suministro por razones de impago, deberá comunicar dicha circunstancia a los Servicios Sociales Municipales. En caso de que el hogar no cuente ya con declaración de hogar vulnerable, los Servicios Sociales Municipales estudiarán la situación de manera previa a que se efectúe ningún tipo de restricción o corte en el suministro.

En ese supuesto, los Servicios Sociales Municipales se pondrán en contacto con cualquiera de los miembros mayores de edad de la unidad familiar haciendo uso de los datos obrantes en el padrón municipal y recabarán la documentación mencionada en el apartado a) del presente artículo para poder examinar su situación. Durante el tiempo de tramitación de este procedimiento, no se podrá llevar a cabo ningún corte de suministro energético al hogar cuya situación esté siendo analizada.

El plazo para resolver será de 60 días naturales, desde que la empresa suministradora efectúe la comunicación a los Servicios Sociales Municipales.

Si del estudio de la situación los Servicios Sociales Municipales se deriva que dicho hogar se encuentra dentro de alguna de las variables de hogar vulnerable consideradas en el artículo 2.4, se procederá a emitir la correspondiente declaración, notificándola a la empresa comercializadora, iniciándose los trámites para la realización de los pagos correspondientes.

Si pasado este plazo la Administración no se hubiera pronunciado, se entenderá que esa unidad familiar se encuentra en situación de vulnerabilidad y se emitirá un certificado de silencio administrativo positivo. Este certificado podrá ser solicitado tanto por los miembros del hogar vulnerable mayores de edad o por algún representante de la compañía de suministro, para que se inicien los oportunos trámites de pago.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación en el domicilio de la unidad familiar por parte de los servicios municipales, se entenderá que aquella no tiene interés en ser declarada como hogar vulnerable.

En caso de que un hogar que cuente con una declaración de hogar vulnerable, vea modificada su situación económica o reducidos sus ingresos respecto de aquella que se constatara durante el análisis de su solicitud, de modo que esta nueva situación le impida atender al pago del suministro energético, podrá solicitar una revisión de la declaración de hogar vulnerable para adaptar la proporción de la ayuda al pago de la tarifa. Mientras se resuelve la tramitación de estos procedimientos no se podrá producir el corte de suministro.

Artículo 4.- Denegación de la declaración de hogar vulnerable.

En el caso de que los Servicios Sociales Municipales dictaminen que el hogar objeto de análisis no es susceptible de obtener la calificación de vulnerable, quedarán expeditas las vías de recurso correspondientes.

Artículo 5.- Ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

La declaración como hogar vulnerable conllevará el acceso a una tarifa social para el pago de los insumos energéticos, llamada «tarifa social energética». Dicha tarifa se mantendrá durante el tiempo que dure la declaración como hogar vulnerable y se realizará según criterios de progresividad.

a) los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100% del conjunto de sus tarifas energéticas (electricidad, agua y gas). En estos casos se comenzará por analizar la factura energética de los hogares para considerar si existen medidas, como el cambio en la potencia contratada, que se puedan llevar a cabo de manera simultánea a la ayuda en la factura.

b) aquellos en pobreza severa recibirán el 35% que alcanzará el 50% a partir de un/a hijo/a a su cargo.

c) los hogares en pobreza relativa con un porcentaje de gasto energético según ingresos de más del 10°/0 recibirán una tarifa social que les supondrá abonar el 20% de su factura. El gasto energético se considerará como una media del consumo durante los últimos doce meses.

d) en otros casos de urgencia definidos por los Servicios Sociales Municipales dependerá de cómo se sitúe a dicho hogar dentro de los tramos señalados anteriormente.

Artículo 6.- Nuevas altas de suministro.

En caso de que alguno de los miembros de un hogar vulnerable solicite el alta de una nueva línea de insumo energético, las compañías de suministro no podrán oponer razones de impagos previos para negarse a dar de alta la misma, siempre y cuando ninguno de los miembros del hogar figure, en el momento de la solicitud, como titular de otra línea de suministro del mismo insumo energético.

Artículo 7.- Duración y renovación.

La declaración como hogar vulnerable tendrá una validez de dos años desde el momento en que sea confirmada y será renovada automáticamente si los habitantes de ese hogar mantienen su situación o han entrado en otro de los supuestos. En el caso de situaciones de urgencia social dependerá del tiempo que esa situación se mantenga según el informe de los Servicios Sociales Municipales.

Pasado un año desde la declaración, los hogares que mejoren la situación de renta que la motivó podrán ver revisada su declaración para adaptarla a la nueva situación, siendo preceptivo el informe de evaluación de los Servicios Sociales Municipales.

Artículo 8.- Incompatibilidades.

1. En el caso de que el hogar declarado como vulnerable ya sea beneficiario y/o se encuentre percibiendo algún otro tipo de ayuda pública destinada a paliar su situación de pobreza energética, los importes enunciados en el presente artículo se ajustarán de modo que, restando la cantidad que el hogar ya percibe de otras administraciones, no se superen los umbrales definidos anteriormente.

2. En cualquier caso, el miembro del hogar vulnerable que haya presentado la solicitud deberá hacer constar en la misma que es beneficiario o que ha iniciado un trámite similar ante alguna otra Administración Pública.

Artículo 9.- Plan de medidas de eficiencia energética para consumidores vulnerables.

La Comunidad Autónoma de Aragón, en colaboración con las entidades locales, aprobará un Plan de medidas de eficiencia energética para consumidores vulnerables en el que se priorizarán las actuaciones en hogares con consumidores vulnerables.

Estas medidas están destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo y, especialmente, el ahorro energético que permitirá reducir el consumo y por lo tanto el coste de la factura de luz, agua y gas en los hogares vulnerables.

El Plan incluirá también acciones dirigidas a estudiar las posibilidades de reducir la potencia contratada de los hogares y se estudiará si concurre alguno de los presupuestos habilitantes para solicitar la Tarifa Social Energética, en caso de que el consumidor vulnerable no se estuviera beneficiando de dicha tarifa reducida.

Este Plan tendrá una duración de tres años y para su elaboración se creará un Comité de Seguimiento, que trabajará con las entidades locales y sus servicios sociales, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las empresas de suministro energético a la hora de definir su alcance, diseñar sus objetivos y establecer una serie de indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación y arrojar datos sobre la reducción de la pobreza energética en la Comunidad.

Los hogares vulnerables en los supuestos de pobreza extrema o perceptores del ingreso aragonés de inserción o de renta de inserción análoga accederán automáticamente a las intervenciones de micro-eficiencia energética, con una financiación del 100%. Los hogares en pobreza severa podrán solicitar su inclusión en este plan con una financiación del 50% en las intervenciones, mientras que los hogares en pobreza relativa considerados como hogar vulnerable podrán acceder a estas intervenciones con una financiación del 25%.


CAPÍTULO III

Financiación de las medidas

previstas en la ley


Artículo 10.- Financiación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético.

La financiación de la Tarifa Social Energética dependerá de la Comunidad Autónoma de Aragón, pudiendo asignarse con cargo al fondo de contingencia de los presupuestos en su primer año de aplicación. La Comunidad deberá consignar, de manera anual en sus presupuestos, los fondos necesarios para hacer frente al coste que el abono de la Tarifa Social Energética puede suponer entre los ciudadanos de la Comunidad.

Del mismo modo, la Comunidad Autónoma de Aragón destinará los importes recaudados mediante los procedimientos sancionadores recogidos en el artículo 12 a la implementación de las medidas establecidas en la presente Ley.

Artículo 11.- Financiación de los planes de medidas de micro-eficiencia energética.

La financiación de este tipo de iniciativas podrá llegar desde financiación autonómica, pero también mediante la obtención de fondos europeos para financiar actuaciones de micro-eficiencia energética.

Estos fondos podrán obtenerse directamente de la Unión Europea o indirectamente, a través de la Administración Central y de la implementación de los Programas Operativos (plurirregionales y de la Comunidad Autónoma de Aragón) de los Fondos EIE correspondientes al periodo de financiación 2014-2020 enmarcados en el Acuerdo de Asociación firmado entre España y la Comisión Europea para el mencionado periodo.

La Comunidad también explorará posibilidades de financiación a través de fondos estatales para la financiación de las medidas de micro-eficiencia energética objeto de la presente ley, como los del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.


CAPÍTULO IV

Procedimientos de tramitación y colaboración

con las Administraciones locales


Artículo 12.- Tramitación ante las entidades locales.

Las administraciones locales pondrán a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que estos puedan solicitar la declaración de Hogar Vulnerable.

Teniendo en cuenta las dificultades con las que a veces los miembros de los hogares vulnerables se encuentran a la hora de poder llevar a cabo trámites administrativos de manera telemática, las administraciones locales facilitarán la tramitación de los correspondientes expedientes de manera presencial.

Artículo 13.- Colaboración entre la Comunidad y las entidades locales.

La Comunidad Autónoma de Aragón y las administraciones locales establecerán los canales de colaboración y comunicación oportunos para la recepción de los expedientes, la tramitación de los pagos y para el resto de oficios que implique el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Para ello, la Comunidad Autónoma de Aragón habilitará los medios suficientes para dar cobertura a los trámites necesarios.


CAPÍTULO V

Régimen sancionador


Artículo 14.- Infracciones y sanciones.

1. Constituirá infracción grave:

a) El corte de suministros a las familias que, estando acogidas a los precios voluntarios para el pequeño consumidor, no hayan abonado las facturas correspondientes a los insumos adeudados en tanto esté tramitándose la solicitud de declaración de Hogar Vulnerable.

b) La no comunicación a los Servicios Sociales del corte de suministros a que se refiere el artículo 3.c).

2. Constituirá infracción muy grave la reiteración de las conductas tipificadas como infracción grave en el apartado anterior.

3. Serán responsables de las infracciones las empresas comercializadoras

4. Cuantías de las sanciones:

a) Las infracciones graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de multiplicar por 50 la cantidad adeudada.

b) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa equivalente al resultado de multiplicar por 100 la cantidad adeudada.

Disposición transitoria

El Plan de medidas de eficiencia energética para consumidores vulnerables deberá estar aprobado en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final.- Publicación y entrada en vigor.

La presente Ley se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón» y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Zaragoza, 30 de octubre de 2015.


La Portavoz

MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

CORTES DE ARAGÓN
Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
T 976 289 528 / F 976 289 664