Boletín Oficial de las Cortes de Aragón


PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS - Proposiciones de Ley - En tramitación

Proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Aragón.

Boletín Oficial de las Cortes de Aragón n°:80 (IX Legislatura) PDF

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2016, ha calificado la Proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Aragón, presentada por el G.P. Podemos Aragón, y ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a la Diputación General a los efectos establecidos en el artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 18 de mayo de 2016.


El Presidente de las Cortes

ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA


A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al amparo de lo establecido en el artículo 138 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Aragón.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


I

La transparencia juega un papel fundamental como elemento inherente al mismo concepto de democracia y de regeneración democrática, configurando un diseño nuevo de la organización de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus entes públicos, tal y como señala la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

En el ámbito estatal, la importancia de la transparencia en la administración y gestión de lo público se recoge en el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada por las Cortes Generales, que pretende establecer las bases materiales que den cumplimiento a las disposiciones constitucionales sobre participación política recogidas en los artículos 9.2 y 23.2 y sobre el derecho fundamental a la información recogido en el artículo 20.1 de la Constitución española.

Ese derecho genérico a la información también tiene su reconocimiento en el ámbito internacional. Se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se concreta en la Recomendación del Consejo de Europa de 1981 sobre acceso a la información en manos de autoridades públicas, así como en el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos de 2009. Un derecho y una cultura de transparencia y de accesibilidad que debe empezar a incluir aquella información relativa al estado de la tesorería de las administraciones públicas. Ello obedece a criterios marcados por la ética, la lógica y la coherencia. Más aún cuando los avances en las tecnologías de la información y la comunicación ya permiten hacer efectivo este derecho, que debe garantizarse que se haga en condiciones de fácil comprensión.


II

Precisamente, la Ley de Cuentas Abiertas viene a constituirse en un complemento indispensable de la Ley 8/2015, de 25 de marzo. Sin embargo, más allá de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, la presente Ley de Cuentas Abiertas encuentra su fundamento en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón en su versión aprobada por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. Los artículos 71.1.a y 7.a del propio Estatuto atribuyen a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva para la «creación, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno», así como sobre «el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia», respetando los límites que marca la legislación básica del Estado en materia de procedimiento administrativo común. Conforme a esta competencia, el artículo 62.3 considera la transparencia como uno de los principios de actuación de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo el Estatuto reconoce el derecho a la participación de los aragoneses, en su artículo 15 y la letra a) del artículo 20, estableciendo la obligación de los poderes públicos aragoneses de promoverla. En consecuencia, el acceso a las cuentas corrientes de las Administraciones aragonesas supone una garantía fundamental para el cumplimiento de las funciones y deberes señaladas en nuestro Estatuto.

En este sentido, la presente ley es una garantía de transparencia de las Administraciones aragonesas en su grado máximo, en cuanto configura el acceso a la información que se regula en la misma no mediante el derecho de acceso, que debe ser ejercitado por el ciudadano y que requiere una acción por parte del mismo, sino mediante la «publicidad activa», es decir, mediante la puesta a disposición de la información de las cuentas bancarias donde se deposita dinero público en los portales de transparencia, sedes electrónicas o páginas web de las entidades que resultan obligadas por esta norma. Ello se integra en el modelo de gobierno abierto que se inició con la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, destinado a reconfigurar la relación entre Gobierno y Administración pública y el conjunto de la ciudadanía, al mismo tiempo que se trata del medio más eficaz para luchar contra la corrupción y para la promoción de una eficaz rendición de cuentas de los poderes públicos y de su gestión.


TÍTULO ÚNICO

Artículo 1.Definición de cuentas abiertas.

Una cuenta bancaria abierta es aquella a la que cualquier ciudadano puede tener acceso en los términos y condiciones previstos en la presente ley, principalmente a través de los correspondientes portales de transparencia.

Artículo 2.Ámbito subjetivo.

Se declaran como cuentas abiertas y accesibles todas las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las administraciones públicas, organismos y entidades siguientes:

a) La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

b) Las entidades que integran la Administración local aragonesa.

c) Los organismos autónomos y las entidades de derecho público dependientes de las Administraciones públicas aragonesas.

d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local, siempre que se encuentren adscritos a una Administración pública aragonesa.

e) La Universidad de Zaragoza.

f) Las corporaciones de derecho público cuya demarcación esté comprendida en territorio aragonés.

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al cincuenta por ciento o en las cuales las citadas entidades puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que las rigen.

h) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades de las previstas en este artículo, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades, o en las cuales estas tengan una influencia dominante en la toma de decisiones, en particular por ostentar una participación relevante en el correspondiente patronato.

i) Los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos de los previstos en este artículo financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

j) Las asociaciones constituidas por las entidades previstas en este artículo, con excepción de aquellas en las que participen la Administración General del Estado o alguna de las entidades de su sector público.

2. Las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón, la Cámara de Cuentas de Aragón, así como el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social de Aragón y otras instituciones estatutarias que pudieran crearse, sin perjuicio de lo que establezcan las Cortes de Aragón en ejercicio de la autonomía que les garantiza el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Artículo 3.Ámbito objetivo.

1. Las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma deberán hacer públicas las cuentas bancarias de las que sean titulares y su saldo correspondiente, en la forma prevista en la presente ley.

2. En todo caso, deberán aparecer los siguientes datos de cada cuenta:

a) Clase de cuenta bancaria.

b) Denominación.

c) Titularidad.

d) Entidad bancaria, financiera o de crédito y sucursal, en su caso, y número de cuenta (Código IBAN). No obstante, por motivos de seguridad, el número de cuenta se mostrará debidamente codificado, de forma que únicamente se publicarán los cuatro primeros y los cuatro últimos dígitos que la identifican.

e) Saldo global.

f) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente, en el ámbito de su autonomía, por las instituciones competentes.

3. Deberán publicarse también los siguientes datos sobre cada movimiento, entendiendo el movimiento como se identifica en la contabilidad.

a) Destinatario. No se incluirá esta información cuando, conforme a lo dispuesto en la normativa sobre transparencia y en esta misma ley, resulte improcedente.

b) Concepto que motiva el movimiento.

c) Fecha del movimiento.

d) Importe del movimiento.

e) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente, en el ámbito de su autonomía, por las instituciones competentes.

4. El derecho de acceso a esta información pública no incluye la posibilidad de operar con la cuenta.

5. Los límites a este derecho de acceso vendrán determinados por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y por otras leyes que reserven expresamente el carácter de secreto de algún dato.

6. La publicación de la información se actualizará el último día de cada trimestre y expresará la fecha valor del último día del mes anterior.

Artículo 4.Lugar de publicación.

1. Toda la información sujeta a las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley, será publicada en los respectivos portales de transparencia, sedes electrónicas o páginas web de las instituciones, entidades y organismos sometidos a la misma, sin perjuicio de la obligación de facilitar al órgano responsable del mantenimiento del Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma, las correspondientes direcciones web para poder realizar los respectivos enlaces con ellas y de las medidas de colaboración interadministrativa que puedan acordarse.

2. Las entidades que acrediten ante el Consejo de Transparencia de Aragón la carencia de medios para desarrollar estos mecanismos en sus espacios propios en Internet podrán establecer mecanismos de colaboración o sindicación de contenidos con la Administración de la Comunidad Autónoma para cumplir con las previsiones de esta ley.

3. Dentro del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma se abrirá un apartado específico de cuentas abiertas donde se incluirán pormenorizadamente las entidades obligadas y los contenidos previstos por los artículos anteriores.

Artículo 5.Presentación.

1. La información, actualizada y estructurada, será presentada conforme a los estándares ordinarios de la actividad bancaria a la hora de suministrar información a la clientela, favoreciendo en todo momento la fácil comprensión de los datos mostrados o con los detalles tal como se identifican en contabilidad. Los datos se aportarán, preferiblemente en formatos que permitan la interoperabilidad y la reutilización de la información.

2. Todos los datos publicados lo serán en formato de datos abiertos que hagan posible que sean descargables, manipulables, reutilizables y redistribuibles por parte de terceras personas ajenas a la administración, de acuerdo con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

Artículo 6.Límites.

1. En el caso de que la publicación de la información pudiera afectar significativamente al derecho fundamental a la protección de datos o a los derechos de las personas y prevalecieran dichos derechos o, en particular, cuando se apreciase la existencia de riesgos que pudieran afectar a los tratamientos de los datos, especialmente a los que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, aquellos que afecten a los menores, a personas víctimas de violencia de género y los que impliquen riesgos para la seguridad personal del afectado y a personas en situación de exclusión social o vulnerabilidad y supuestos equiparables, la información se publicará anonimizada de modo irreversible.

2. El acceso a los datos de los extractos bancarios de las cuentas se adaptará en materia de seguridad e interoperabilidad a lo previsto en el Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de seguridad en el ámbito de la administración electrónica, y en el Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica.

Artículo 7.Impulso y seguimiento.

Corresponderá al Departamento competente en materia de transparencia impulsar la puesta en marcha de la presente ley, sin perjuicio de la obligación de las distintas instituciones, entidades y organismos incluidas en su ámbito de aplicación de adoptar las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de los preceptos de la misma en sus respectivos ámbitos competenciales.

Artículo 8.Garantías.

El Consejo de Transparencia velará por el cumplimiento de las obligaciones de esta ley y en particular atenderá el conocimiento y resolución de las quejas presentadas relativas al incumplimiento de las obligaciones de esta ley por las entidades obligadas a la publicación de sus cuentas.

Artículo 9.Régimen sancionador.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, cuando no se subsane en el plazo de un mes tras el requerimiento del Consejo de Transparencia, constituye infracción grave, que será sancionada con la declaración del incumplimiento y su publicación, junto con el máximo responsable del órgano incumplidor, en el Boletín Oficial de Aragón.

Disposición adicional primera.Plazos para la publicación de cuentas.

1. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley, se harán públicas, en los respectivos portales de Transparencia, sedes electrónicas o páginas web, la totalidad de las cuentas en los términos previstos en esta ley. De igual forma, en el mismo plazo, se deberá facilitar al órgano responsable del mantenimiento del Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma las correspondientes direcciones web para poder realizar los respectivos enlaces con ellas.

2. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se dispondrá de los mecanismos necesarios para poder acceder a la totalidad del contenido a que obliga la misma.

Disposición adicional segunda.Estudio de impacto.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, se elaborará un estudio de impacto en el derecho a la protección de datos personales que establezca aquellos supuestos en los que la publicación de la información pudiera afectar significativamente al derecho fundamental a la protección de datos y a los derechos de las personas. Para ello, entre otras acciones, se desarrollará un análisis de los conceptos normalmente utilizados y se elaborarán circulares o instrucciones que establezcan el uso de un lenguaje técnico, aséptico y no invasivo tanto para alcanzar una descripción adecuada de los movimientos como para prevenir la revelación indebida de información personal. En particular, se considerarán los riesgos que pudieran afectar los tratamientos de los datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 7 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aquellos que afectan a los menores, personas víctimas de violencia de género y los que implican riesgos para la seguridad personal del afectado, a las personas en situación de exclusión social, vulnerabilidad y supuestos equiparables.

2. En el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la publicación de esta ley, la administración de la Comunidad Autónoma iniciará este estudio de impacto que deberá desarrollarse en el plazo máximo de tres meses. El responsable de administración pública tendrá que comparecer ante las Cortes para dar cuenta de sus resultados. En la elaboración de este estudio de impacto habrá que integrar representantes de las administraciones, organismos y entidades incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación.

Disposición adicional tercera.Medidas técnicas.

1. La ejecución de las medidas técnicas que permiten el cumplimiento de lo previsto en esta ley deberá realizarse en un plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. Los desarrollos resultantes deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de esta ley y diseñarse de manera que puedan ser utilizados por todas las administraciones, organismos y entidades incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación.

2. A los efectos de lo dispuesto en esta y la anterior disposición adicional, el mes de agosto se considera inhábil.

Disposición final primera.Modificación de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón se modifica en los siguientes términos:

1. Se introduce una nueva letra en el apartado 3 del artículo 37 con la siguiente redacción:


    «h) Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón y, en particular, conocer de las reclamaciones que cualquier ciudadano presente ante su incumplimiento, comunicando su resolución, que será pública, al reclamante y a los sujetos obligados por dicha ley.»

Disposición final segunda.Procedimiento de reclamación.

El Gobierno de Aragón desarrollará reglamentariamente el procedimiento para la reclamación por parte de cualquier ciudadano ante el Consejo de Transparencia de Aragón con razón del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta ley.

Disposición final tercera.Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 12 de mayo de 2016.


La Portavoz

MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

CORTES DE ARAGÓN
Palacio de la Aljafería
50004 Zaragoza
T 976 289 528 / F 976 289 664