Cortes de Aragón



COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DESARROLLO AL OBJETO DE EXPLICAR Y ACLARAR DIVERSAS AFIRMACIONES REALIZADAS EN LA PRENSA EN RELACIÓN CON EL PLAN DE EVACUACIÓN DE ENERGÍAS DE RÉGIMEN ESPECIAL EN ARAGÓN.
Legislatura: V. D.S.C.A. n.º 126 de Serie A Página: 2537
Ind. Tramitación: Comparecencias - De Consejeros del Gobierno de Aragón - Ante la Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo
Intervinientes: Porta Monedero, Jose - Lacasa Vidal, Jesus - Yuste Cabello, Chesus - Pamplona Abad, Miguel - Alastuey Lizaldez, Daniel - Guedea Martin, Manuel

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Buenas tardes a todos, señorías.

Vamos a dar comienzo a la Comisión de Industria, Comercio y Desarrollo [a las diecisiete horas y cuarenta minutos] en su sesión del 27 de noviembre del 2001.

El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que dejaremos, como es habitual, para el final.

El segundo punto del orden del día es la comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Desarrollo, a petición propia, al objeto de explicar y aclarar diversas afirmaciones realizadas en la prensa estos días en relación con el Plan de evacuación de energías del régimen especial en Aragón.

Dando la bienvenida al consejero, sin más, le cedemos la palabra para que realice su exposición.

Comparecencia del consejero de Industria, Comercio y Desarrollo al objeto de explicar y aclarar diversas afirmaciones realizadas en la prensa en relación con el Plan de evacuación de energías de régimen especial en Aragón.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo (PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, señores y señoras diputados.

Comparezco ante ustedes, a petición propia, para explicar y aclarar diversas afirmaciones realizadas en los últimos días en relación con el Plan de evacuación de energías en régimen especial de Aragón.

Mi interés es el de dar cuantas explicaciones sean necesarias para despejar cualquier duda acerca de mi gestión, acerca de la integridad de mi gestión, de la honradez de mi persona, y ese es el motivo de mi presencia aquí hoy. Estoy, pues, a su disposición para cuantas informaciones necesiten.

Dicho esto, reitero mi convencimiento de que mi actuación ha sido impecable tanto desde el punto de vista político como administrativo: no ha habido trato de favor para nadie, y tampoco nadie ha salido perjudicado por ninguna decisión arbitraria.

Permítanme, señoras y señores diputados, exponer cinco aspectos previos que considero de gran importancia: el PEREA es referente nacional en materia de evacuación de energías en régimen especial y ha sido avalado por el Ministerio de Economía, Red Eléctrica Española, las compañías eléctricas de Aragón y el propio sector.

Segundo: yo no regulé ningún sector a través de esta orden. Establecí un procedimiento administrativo fundamentado en los acuerdos o convenios entre las partes.

Tercero: la Orden no da prioridad a la cogeneración de purines; pretende resolver necesidades más amplias, favoreciendo la cogeneración en general y, en particular, aquellas que supongan el tratamiento y eliminación de residuos. Para ello, se actuó en colaboración con los departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura del Gobierno de Aragón, se entiende.

Cuarto: jurídicamente, la Orden fue elaborada de manera impecable, y es firme porque no ha sido recurrida. Políticamente, sé que actué como debía al firmarla.

Quinto: no cabe la abstención en disposiciones normativas de carácter general, sino en procedimientos administrativos en los que haya un interés particular concreto. Me abstuve en tres procedimientos administrativos relacionados con empresas en los que mi familia tiene interés, en los tres procedimientos. Las resoluciones reconociendo la condición de productor de energía en régimen especial datan de los años 1997 y 1998. Sin embargo, no puedo ni debo abstenerme en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas y que son de interés general.

Permítanme, señoras y señores diputados, que hable de la justificación del PEREA, de este Plan de Evacuación de Régimen Especial de Aragón.

Como su propio nombre indica, no solamente se refiere a las energías renovables: va más allá, va todo el régimen especial.

Dentro del sistema de producción de energía eléctrica, la legislación estatal distingue entre el régimen ordinario de producción frente al régimen especial. Este último viene regulado por el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. Esta disposición estatal prevé un sistema de apoyo mediante una prima a la producción para el desarrollo de ciertas fuentes energéticas para la producción de electricidad, y a pesar de que prevé ciertas limitaciones de potencia, el Estado asume determinados costes de la electricidad así producida por los beneficios medioambientales que supone. Ahora bien, como se deriva del título del Real Decreto, no sólo se prima la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como puede ser el viento o el agua, sino también otros sistemas a los que se les atribuye una mayor eficiencia energética, como es la cogeneración, o aquellos que se les supone un desimpacto ambiental, como es el tratamiento de residuos.

La prima es un sobreprecio a los kw/h generados al que contribuimos todos a través de la factura eléctrica, a través de la factura de la luz, y que siguiendo ciertas pautas establecidas por la Ley del sector eléctrico de 1997, se determina por la Administración del Estado todos lo años mediante real decreto. El incentivo que supone la prima es en el fondo una especie de impuesto ambiental al revés: se pagan los beneficios ambientales con objeto de buscar la competitividad frente a otras fuentes convencionales cuya conformación de precios no tiene en cuenta este ingrediente. El hecho es que ha permitido que ciertas formas de producción energética sean viables y que el nuevo escenario liberalizado pueda ser objeto de atención por parte de los inversores privados. Sin embargo, pese al fomento estatal para este tipo de generación de energía, las compañías eléctricas se negaban a dar conexión a la red aduciendo la falta de capacidad de la misma.

Por tanto, la situación que yo me encontré en agosto de 1999, cuando tomé posesión de mi cargo, era, cuando menos, complicada. Aragón no disponía de capacidad de evacuación a la red, lo cual impedía un desarrollo de las energías en régimen especial, entre ellas, las renovables. Lo anterior, unido a una auténtica avalancha de solicitudes de autorizaciones administrativas, dibujaba un panorama de parón que exigía tomar medidas con rapidez.

La puesta en marcha del Plan se inició con la negociación y posterior firma de una convenio de colaboración con Red Eléctrica de España, que, como ustedes saben, garantizaba una capacidad adicional de evacuación de casi 1.830 megavatios para nuestra comunidad autónoma, dedicados a la producción de energía en régimen especial. El texto del convenio y la autorización de su firma fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de 26 de julio del 2000, y se firmó posteriormente en Madrid.

Superado el primer escollo, la segunda fase del Plan fue la colaboración con las compañías de distribución que operan en nuestra comunidad. Dicha colaboración se articuló mediante los correspondientes convenios, que obtuvieron asimismo aprobación del Consejo de Gobierno en sus reuniones de fecha 5 de septiembre de 2000 y 30 de enero del 2001. En ellos, se preveía el establecimiento de condiciones para la incorporación de proyectos al Plan y, en su caso, ejecución de infraestructuras de evacuación compartidas.

La tercera fase del Plan consistía en el establecimiento de un procedimiento oportuno para que las partes llegaran a acuerdos y se produjera la integración efectiva de los proyectos en el Plan, que es lo que se materializó a través de la Orden de 30 de noviembre de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 150, de 15 de diciembre.

La presentación del Plan ante los medios de comunicación, con una exposición de su contenido y fases, se hizo el 29 de septiembre de 2000.

Pasamos a analizar esta Orden.

La elaboración de la Orden siguió los trámites previstos legalmente para la elaboración de disposiciones de carácter general, se mantuvieron contactos e intercambios de información con representantes de los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y con las compañías eléctricas. Además, el borrador de la Orden fue sometido el 22 de noviembre al análisis y consulta de las asociaciones de promotores eólicos y de cogeneración; concretamente, el sector hizo llegar sus observaciones el 24 de noviembre, y las compañías eléctricas, el 27 del mismo mes. Algunas de estas observaciones fueron incluidas en el texto definitivo de la norma.

Se publicó en el Boletín Oficial de Aragón de 15 de diciembre de 2000, y se hizo público también a través de distintos medios de comunicación. De hecho, el artículo 6 de esta disposición preveía lo siguiente -y cito textualmente-: «Esta orden se publicará en el Boletín Oficial de Aragón. Asimismo, dada la importancia de su publicidad, será objeto de anuncios oficiales en los medios de prensa de mayor difusión de nuestra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de otras medidas que puedan contribuir a su mayor difusión». Por otra parte, la misma Orden incluía expresamente en su artículo 7 la posibilidad de recurso contencioso administrativo, que es el que corresponde para disposiciones administrativas de carácter general, así como el recurso de reposición en vía administrativa, como garantía adicional al ciudadano. La Orden no fue recurrida por nadie en el plazo previsto, por lo que es firme.

En cuanto a su contenido, la Orden -en su propio título lo indica- establece un procedimiento para la asignación de conexiones a la red para las instalaciones de producción de energía eléctrica. La Orden responde al espíritu del plan y promueve la constitución de una serie de mesas de trabajo en las que determinar, mediante el consenso de los promotores de las instalaciones, los criterios objetivos y el orden de prelación necesario para acometer las conexiones a la red. No podemos olvidar que, como desarrollo de las políticas comunitarias, la legislación española sobre el sector energético prevé un sistema liberalizado, en el que la conexión a la red de los productores de energía constituye un negocio jurídico privado, en el que la Administración autonómica es titular únicamente de unas competencias de coordinación de normativa técnica y de resolución de conflictos concretos.

En definitiva, la orden, siendo una disposición de carácter general, no regula el sector energético, señorías, la competencia para dicha regulación no es de la comunidad autónoma, sino de la Administración del Estado. Es una disposición de carácter procedimental, en la que el Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo ha asumido un papel de coordinador y de supervisor general, instando a los promotores de estas instalaciones a sentarse y a negociar hasta llegar a acuerdos voluntarios que permitieran soluciones satisfactorias para todos, como así fue. Sólo en el caso de que dichos acuerdos no se hubieran producido, la Administración, concretamente los servicios provinciales del Departamento de Industria, actuaría como arbitro del conflicto con arreglo a los criterios que se prevén en el artículo 3 de la Orden, y ya les adelanto que no fue necesario, porque se llegó a acuerdos.

Todas las mesas de trabajo llegaron a acuerdos que fueron reflejados en las correspondientes actas, firmadas por todos los promotores. A dichas mesas, además del representante del Servicio Provincial del Departamento, que moderaba la negociación, asistieron como invitados para la supervisión del proceso representantes de las compañías de transporte (Red Eléctrica de España), de distribución (ERZ y FECSA-ENHER), así como representantes de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón y de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines; su firma consta también en todas las actas que he traído conmigo y que pongo a su disposición, de cada una de las mesas: Gurrea, Escucha, Peñaflor, Escatrón, Monzón, Monte de Torrero-Fuendetodos y Magallón.

Podrán, por lo tanto, deducir fácilmente que puesto que el procedimiento contemplado en la Orden tenía por objeto que fueran los propios promotores los que tomaran la decisión de determinar qué proyectos accedían al Plan, en esta fase, la Administración no tenía capacidad de decisión. Sin embargo, aun dando la oportunidad de que fuera la negociación el sistema de solución, entendí que la Administración (concretamente, los servicios provinciales) no podía dejar de decidir en caso de conflicto. Para ello, la Orden exponía de antemano los criterios que se tendrían en cuenta en este caso, mucho antes incluso de que se constituyeran las propias mesas. Si alguien hubiera tenido alguna divergencia respecto a estos criterios, tuvo la oportunidad de manifestarlo, bien en el proceso de elaboración de la norma -repito que el 24 y 27 de noviembre, tanto el sector como las compañías eléctricas hicieron llegar sus observaciones al texto de la Orden, sin que en ningún momento se hiciera referencia a los criterios del artículo 3-, bien en las primeras reuniones de las mesas, o bien también mediante los correspondientes recursos administrativos y contencioso administrativos, que, como digo, nadie planteó, nadie se manifestó en contra, más bien al contrario.

Como decía, el artículo 3 prevé unos criterios de priorización. Se ha dicho que he priorizado la cogeneración de purines, porque mi familia tiene intereses en el sector del ganado porcino. El artículo 3, literalmente, dice lo siguiente: «La determinación definitiva de los proyectos de cogeneración que pasaran a formar parte del Plan deberá ser alcanzada preferentemente mediante acuerdo entre los promotores implicados en las mesas de trabajo mencionados en el artículo 2, en función de las instalaciones propuestas y la capacidad de evacuación disponible. El acuerdo se formalizará en un acta firmada por los promotores participantes en la mesa. Constituidas las mesas y transcurridos diez días -sigo leyendo el artículo- desde la primera reunión de trabajo de cada una de ellas sin que se haya alcanzado un acuerdo por las partes interesadas mediante las convocatorias que hayan sido precisas, se procederá por parte del servicio o servicios provinciales oportunos a realizar una identificación de los proyectos de mayor interés y viabilidad en función de los siguientes criterios objetivos expuestos por orden de prelación:

Uno. Instalaciones de cogeneración que tengan una incidencia importante en el medio ambiente por su acción de tratamiento de residuos, especialmente en sectores económicos relevantes en Aragón como es el ganadero.

Dos. Eventualmente, se considerarán otro tipo de cogeneraciones que supongan un fuerte valor añadido y mejora de la eficiencia energética en procesos industriales o de otra índole.

Tercero. Viabilidad de las instalaciones fundamentada en los siguientes aspectos: madurez administrativa, recurso, disponibilidad de combustibles y materiales a tratar», etcétera.

Por tanto, la Orden no da prioridad a la cogeneración de purines: los criterios previstos para aplicarse en caso de no llegar a un acuerdo priorizan la evacuación de la energía de las cogeneraciones sobre los parques eólicos, y dentro de éstas, todas aquellas con incidencia medioambiental por tratarse de sistemas de tratamiento de residuos.

Señorías, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), perteneciente a la Administración del Estado (entonces, Ministerio de Industria; hoy, Ministerio de Economía), la cogeneración se define como «la producción conjunta por el propio usuario de electricidad y energía térmica útil». Este aprovechamiento simultáneo de calor y electricidad o, en su caso, frío y electricidad, que conlleva un rendimiento global más elevado, es lo que la distingue de la generación eléctrica convencional.

Habitualmente, las industrias satisfacen sus necesidades energéticas comprando la electricidad y los combustibles a las correspondientes compañías suministradoras -esta parte, quiero decirles que la he sacado de la web de IDAE.es-. Esta modalidad de abastecimiento, cómoda para el industrial, resulta ser en determinados casos demasiado cara y, desde un punto de vista racional de la energía, mejorable. Esta especial situación tiene su justificación por las ventajas de este sistema de generación de energía eléctrica.

Desde un punto de vista energético, la cogeneración posibilita un importante ahorro de energía primaria, al permitir la producción de electricidad con unas elevadas tasas de rendimiento, ya que por cada kw/hora eléctrico producido empleará, por término medio, el 50% de combustible que se utiliza en una central térmica convencional. Los sistemas de cogeneración producen electricidad allí donde se precisa, evitando los grandes transportes energéticos propios de las centrales convencionales. Las instalaciones de cogeneración comportan en la mayoría de los casos las sustitución de productos petrolíferos por el gas natural, carbón o residuos combustibles, y contribuyen, por tanto, a la flexibilidad del sistema de abastecimiento energético.

Desde un punto de vista medioambiental, una instalación de cogeneración disminuye el nivel de contaminación al emplear menos combustible y de mayor calidad que una central térmica convencional, para producir la misma cantidad de energía eléctrica.

Desde un punto de vista industrial y de competitividad, el ahorro económico producido por los sistemas de cogeneración permite incrementar la competitividad de la industria española, y en el caso nuestro, la aragonesa, en el exterior, frente a la de otros países o regiones en los que los costes energéticos tienen una incidencia menor en los costes de producción.

A igualdad de potencia instalada entre una cogeneración y un parque eólico, la energía eléctrica producida por la primera es casi tres veces mayor que la segunda, a lo que se suma un aprovechamiento de la energía calorífica muy relevante, aplicable a multitud de procesos industriales, agropecuarios o medioambientales. La cogeneración complementa siempre a otra actividad productiva, o de servicios, que puedan precisar de energía calorífica, vapor de agua o electricidad, por que los efectos del valor añadido y de ahorro y de eficiencia energética son muy significativos. El empleo inducido es siempre mucho mayor que en la eólica, donde uno, dos o más operarios bastan para hacer funcionar un parque; incluso, una contrata de mantenimiento puede servir para varias instalaciones.

En definitiva, todas aquellas plantas industriales que demanden calor y electricidad de manera simultánea y continua que cuenten con combustible de calidad y con un calendario laboral de, al menos, 4.500-5.000 horas anuales, son usuarios potenciales del sistema de cogeneración. En nuestra comunidad autónoma, están funcionando plantas de cogeneración con un total de 415 megavatios de potencia en sectores tan diversos como la fabricación de papel, la agroindustria, industria química, automoción..., con empresas tan representativas como Balay, Saica, Caja Rural de Huesca, Opel, España, etcétera, etcétera.

Por todo ello, la Administración del Estado fomenta la generación de energía así producida a través de primas fijas por kw/hora producido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. De esta forma, la cogeneración cuenta con los mismos instrumentos de apoyo financiero que la producción de energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables, precisamente por lo que supone de ahorro y eficiencia energética. Para el año 2001, las primas por kw/hora generado son las siguientes: para cogeneración, 4,1 ptas.; para cogeneración en tratamiento de purines, 5,01 ptas.; para eólica, 4,79 ptas. Esta prima se sumaria al precio medio de la electricidad, que en el mercado mayoritario para el año 2001 ha estado situado en el entorno de las cinco pesetas y media.

Como decía, el artículo 13 de la Orden de 30 de noviembre, en sus apartados 1 y 2, para el supuesto de que no se hubiese llegado acuerdos entre los promotores -supuesto que no se dio-, prioriza la cogeneración frente a la eólica por sus ventajas industriales y energéticas, y dentro de éstas, la cogeneración de la eliminación de residuos por su influencia medioambiental.

Quiero recordarles que en el mes de noviembre aparecía en nuestro país el mal de las vacas locas. La enfermedad planteaba no sólo un problema sanitario para la población, sino que, además, como consecuencia de la prohibición total de utilización de harinas de origen animal para alimentar al ganado, planteaba un problema de qué hacer con los denominados MER. Dada la gravedad del problema, se creó, en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, una comisión interdepartamental con representantes de los departamentos de Agricultura, Sanidad, Medio Ambiente e Industria, la cual, en una de sus reuniones, concretamente la del 27 de noviembre de 2000, tomó la decisión de implantar una o más plantas para el tratamiento de residuos MER gestionadas por empresas con posible participación pública. Asimismo, se valoró la necesidad de que en el caso de llegar a constituirse esas plantas de tratamiento de residuos, la cogeneración era una posibilidad y debía tener evacuación.

Aunque la solución final llegaría finalmente el 12 de enero de 2001 mediante un acuerdo con las cementeras por parte del Ministerio de Agricultura, en noviembre de 2000 se hacía imprescindible la búsqueda de alternativas al tratamiento de residuos ganaderos provocados por la encefalopatía, y una de ellas era la cogeneración. Así se entiende en su momento y así quedó reflejado en este apartado de la Orden.

Lo anterior garantiza el orden previsto con carácter supletorio, de manera que los servicios provinciales de Industria arbitrasen en el caso de no llegar a un acuerdo.

Por su importancia medioambiental, por su relevancia económica, por sus efectos más beneficiosos sobre el empleo y generación de riqueza, creí y sigo creyendo que la cogeneración en general y, en especial, aquella que trata residuos ganaderos, una vez puesta en marcha, de acuerdo con la normativa vigente, debe obtener capacidad de evacuación.

Por otro lado, los criterios de priorización previstos en el artículo 3 no eluden el cumplimiento de la normativa vigente de carácter medioambiental, sanitario, industrial o agrícola; la Orden prevé la conexión a la red de estas instalaciones por delante de otros sistemas de generación. Ahora bien, si las plantas no cumplen la normativa y, en consecuencia, no obtienen las respectivas autorizaciones de los órganos competentes, que no son del Departamento de Industria, no funcionaran nunca, cosa que de hecho ha ocurrido en más de una ocasión.

En cualquier caso, la importancia de las necesidades de aquel momento no podía hacernos obviar que como consecuencia de las políticas comunitarios y estatales -y me estoy refiriendo a la Ley 1977 del sector eléctrico-, la actividad económica de generación de energía eléctrica, como otras actividades, señorías, se base en un sistema liberalizado, en el que los derechos de conexión a la red se articulan a través de las relaciones entre promotores y los titulares de las redes eléctricas. Todo el PEREA va orientado a provocar, primero, y garantizar, después, que en la Comunidad Autónoma de Aragón dichas relaciones se desarrollan dentro de un clima adecuado, que permita el desarrollo del sector energético. De allí, las mesas, la coordinación, la supervisión general, y de allí, los acuerdos que, finalmente, los distintos interesados fueron capaces de alcanzar.

Permítanme, señorías, que explique para qué ha servido el PEREA hasta este momento y cuáles han sido sus logros.

Las distintas mesas finalizaron sus trabajos en abril de 2001. De ellas, no sólo nacen las instalaciones que contarán con capacidad de evacuación, sino también las infraestructuras compartidas de transporte necesarias para garantizar esta evacuación. Con arreglo a los resultados de las mesas, los distintos promotores suscribieron los correspondientes acuerdos con las compañías de transporte y distribución que operan en Aragón, acuerdos que incluyen ya un compromiso económico efectivo y la forma de realización de los proyectos técnicos, su tramitación administrativa y su ejecución material.

A día de hoy, se encuentran prácticamente suscritos todos estos convenios para la realización de las líneas y subestaciones. Los datos actuales sobre instalaciones con convenios en el marco del PEREA son los siguientes: 1.248 megavatios en parques eólicos, que se añaden a los 220 en funcionamiento al inicio del PEREA, y 392 megavatios en cogeneraciones y biomasa. En total, esto supone unas inversiones inducidas de 1.220 millones de euros (aproximadamente, 203.000 millones de pesetas) en instalaciones de generación y más de 81 millones de euros (aproximadamente, 13.500 millones de pesetas) en infraestructuras determinadas en los acuerdos entre promotores y operadores de la red; a esta cantidad habría que añadir la ampliación o refuerzo de la red de transporte eléctrico, acometida por la propia Red Eléctrica Española, con unas inversiones necesarias de unos 96 millones de euros (unos 16.000 millones de pesetas). Todo este proceso, ya en pleno desarrollo, debería culminar en la puesta en servicio de estos proyectos de aquí a 2003. Ahora contamos ya con 336 megavatios eólicos en funcionamiento y varios parques en construcción que comenzarán a funcionar a muy corto plazo.

Permitan sus señorías que aborde ahora, en un apartado, la institución de la abstención. Está prevista en el ordenamiento jurídico para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en la gestión de los intereses generales. Prevista inicialmente en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, ha sido también prevista en las disposiciones que regulan la institución del Presidente y del Gobierno de Aragón. Concretamente, el ordenamiento jurídico autonómico regula la abstención en el Decreto Legislativo 1/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón. Asimismo, es también de aplicación la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Ambas disposiciones prevén causas similares de abstención: interés, parentesco, etcétera, siendo la Ley de Procedimiento más amplia en la regulación de las mismas.

Sin embargo, hay matices diferentes en relación con el ámbito de aplicación de la Ley: por un lado, desde un punto de vista subjetivo, esto es, a quien va dirigida, la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón se dirige a los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma, y la Ley de Procedimiento Administrativo hace referencia general a funcionarios y a autoridades. Por otro lado, desde un punto de vista objetivo, esto es, las circunstancias en que dichas normas son de aplicación, la Ley del Presidente habla de «asunto», y la de Procedimiento se refiere a la «existencia de un interés concreto en la tramitación de un expediente administrativo».

He sido especialmente escrupuloso en estas cuestiones y me he abstenido de intervenir en aquellos asuntos en los que yo o alguien de mi familia podía tener interés particular. Así consta en el acta de la reunión de Consejo de Gobierno de 19 de junio: mi abstención en la deliberación y aprobación de un acuerdo entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Agricultura, y la Asociación Avícola de Aragón, de la que mi hermano era circunstancialmente presidente, para la ejecución del Plan sanitario del sector avícola en Aragón.

Coincidirán conmigo en que una orden, esto es, una disposición de carácter general, no es un «asunto» y, por supuesto, tampoco es un «procedimiento administrativo». Toda disposición de carácter general se dirige a una pluralidad de personas físicas o jurídicas indeterminadas, pero determinables, en función del cumplimiento de los requisitos previstos en dicha norma.

Tras la Orden se prevé la apertura de un plazo de solicitudes, por las que dichas personas adquieren la condición de interesados en un procedimiento administrativo. La sociedad Tratamientos Medioambientales Río Sotón, participada en un 10% por Granja Porta, solicitó su participación en el PEREA para la obtención de conexión, así como Granja Porta, propiedad de mi familia, cuya actividad empresarial se remonta al año 1870, teniendo forma societaria desde 1963.

Si bien en los últimos diez años no he ocupado puestos de dirección o administración de las empresas de mi familia, tuve conocimiento de que dichas solicitudes se habían cursado e inmediatamente dirigí un escrito al director general de Energía y Minas por el que me inhibía del conocimiento de la tramitación de cualquier procedimiento en relación con esas empresas. Dicho escrito, que ahora les exhibo, fechado el día 26 de febrero de 2001 y que pongo a su disposición, dice literalmente lo siguiente: «Habiendo tenido conocimiento de que por esa Dirección General están en tramitación los expedientes AT148/97, AT147/97, a instancia de la empresa Granja Porta Energía, Sociedad Limitada, en los que con fechas 28/11/97 y 10/11/98, han recaído resoluciones de reconocimiento de régimen especial de instalaciones de cogeneración de purines y la consiguiente autorización de dicha instalación, y el expediente AT15/98 de la empresa Tratamientos Medioambientales Río Sotón, Sociedad Limitada, en el que con fecha 26/12/97, ha recaído resolución reconociendo el régimen especial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y pudiendo concurrir alguna de las circunstancias previstas en su apartado segundo, siendo esa Dirección el órgano competente para resolver, le ruego se abstenga de darme a conocer cualquier incidencia o información añadida relativa a la tramitación de los procedimientos administrativos de su competencia, de esta u otra naturaleza, que pudiera tener lugar en relación con las sociedades arriba mencionadas».

Como ya he dicho, estos procedimientos cuentan con resoluciones de los años 1997 y 1998, en las que se reconoce a estas empresas el carácter de productor de energía eléctrica en régimen especial; constan también resoluciones del año 1998 por las que se autorizan las instalaciones.

En definitiva, señoras y señores diputados, dos años, y un año antes de mi llegada al Gobierno de Aragón, época en la que mi trayectoria profesional se desarrollaba en Madrid, en el Ministerio del Interior como funcionario de carrera.

El desarrollo de la Ley del sector eléctrico de 1997, el Real Decreto 2818/1998, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración, atribuye a las comunidades autónomas la competencia para dictar normas administrativas y técnicas para la conexión a las redes eléctricas, además de la resolución de discrepancias tanto sobre el punto de conexión como sobre las modificaciones precisas en la red eléctrica para la conexión de nuevas instalaciones de producción. A su vez, el Decreto 2/2000, de 18 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, en las competencias atribuidas al mismo, prevé la ordenación, gestión, planificación e inspección en materia energética. Según el artículo 12 de la Ley 30/92, de Procedimiento Administrativo, expresamente se prevé que «la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia».

Pues, bien, yo ejercí las competencias que el Gobierno de Aragón me atribuyó en dicho Decreto, como titular de este departamento, y el ejercicio de dichas competencias se manifiesta, entre otras actuaciones, en dictar las disposiciones normativas de carácter general que sean necesarias.

Permítame acabar, a modo de conclusión, con las siguientes afirmaciones, con las mismas que he iniciado mi exposición.

Señorías, el PEREA es referente nacional en materia de evacuación de energías en régimen especial y ha sido avalado por el Ministerio de Economía, Red Eléctrica de España, compañías eléctricas Aragonesas y empresas del sector.

Segundo: yo no regulé ningún sector a través de esta orden. Establecí un procedimiento administrativo fundamentado en los acuerdos o convenios entre partes.

Tercero: la Orden no da prioridad a la cogeneración de purines. Pretende resolver necesidades más amplias, favoreciendo la cogeneración, en general, y, en particular, aquellas que suponen el tratamiento y eliminación de residuos; para ello, se actuó en colaboración con los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura del Gobierno de Aragón.

Cuarto: jurídicamente, la Orden fue elaborada de manera impecable, y es firme porque no ha sido recurrida; políticamente, sé que actué como debía al firmarla.

Quinto: no cabe la abstención en disposiciones administrativas de carácter general, sino en procedimientos administrativos en los que haya un interés particular concreto. Me abstuve en tres procedimientos administrativos relacionados con las empresas en las que mi familia tenía interés; en los tres procedimientos, la resoluciones reconociendo la condición de productor de energía eléctrica en régimen especial datan de los años noventa y siete y noventa y ocho. Sin embargo, no puedo ni debo abstenerme en el ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas y que son de interés general.

Como he dicho al comienzo de mi intervención, señoras y señores diputados, mi interés es el de dar cuantas explicaciones sean necesarias para despejar cualquier duda sobre la honradez de mi persona y la integridad de mi gestión, y este es el motivo de mi comparecencia.

Les ruego que tengan presente que no estamos aquí para discutir sobre lo acertado o no de mi gestión al frente del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, sino para despejar posibles dudas sobre mi honestidad personal. Estoy, pues, a su disposición, señoras y señores diputados, para cuantas informaciones necesiten en este sentido.

Dicho esto, reitero la seguridad de que mi actuación ha sido impecable tanto desde el punto de vista político como administrativo, que no ha habido trato en favor de nadie, y tampoco nadie ha salido perjudicado por una decisión arbitraria, porque no las ha habido.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.

A continuación, es el turno de los grupos parlamentarios.

Tendrá la palabra el señor Lacasa, por la Agrupación Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.

El señor diputado LACASA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor consejero, bienvenido a la Comisión.

Expreso mi satisfacción de que usted pidiera comparecer a petición propia. Nuestro grupo -ya lo expresó y también lo solicitó- también tenía intención de que usted compareciera ante esta cámara. Porque una vez que en la opinión pública aparecen datos o se siembran incertidumbres, es imprescindible despejarlas, y despejarlas a satisfacción, es decir, no puede quedar ni una parcela sin escrutar, y ante la opinión pública debe quedar la máxima transparencia siempre garantizada. Porque, en caso contrario, en un sistema democrático y, además, un sistema parlamentario como en el que estamos, y por eso se produce esta comparecencia, realmente habría problemas graves de funcionamiento.

Pues, bien, a partir de la satisfacción porque esta comparecencia se produzca en tiempo, desde Izquierda Unida queremos distinguir dos aspectos: un aspecto de fondo y un aspecto de forma.

Sobre el aspecto de fondo, es verdad que hoy no venimos a discutir de él fundamentalmente, pero yo sí quiero hacer alguna precisión, porque es importante hacerla. Diez días antes de que usted firmase la Orden del PEREA -es decir, estamos hablando del 20 de noviembre del año 2000-, nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley en la que cuestionamos el fondo del tratamiento y de la gestión de los purines. Por lo tanto, en este asunto tenemos una discrepancia -y la conoce el consejero como la conoce la cámara-, porque esta iniciativa parlamentaria nuestra se debatió, aunque unos meses más tardes, el 17 de mayo.

Es decir, nosotros, sin conocer este PEREA y con anterioridad al mismo, planteamos una iniciativa parlamentaria en la que nosotros considerábamos que la gestión correcta de los residuos ganaderos (en particular, de los purines), en nuestra opinión, en nuestra modesta opinión, no era a través de la cogeneración. ¿Por qué no era a través de la cogeneración? Porque, desde nuestro punto de vista, la cogeneración no es el sistema más eficiente para el tratamiento de estos residuos: no lo es desde el punto de vista ambiental, no lo es desde el punto de vista del impacto territorial, no lo es desde un punto de vista económico.

Como se sabe -y usted lo ha dicho en su intervención-, la cogeneración comporta procesos de generación simultanea de calor o frío y, a la vez, de energía eléctrica. Pues, bien, esos procesos están justificados en general cuando son eficientes por sí mismos, es decir, cuando es importante obtener las dos funciones de una manera simultánea y parece operativo hacerlo. Sin embargo, en esta materia, en la relación de la gestión de los purines, no está en absoluto demostrado que el criterio más eficiente sea el de la cogeneración, porque aquí, para plantear esta cogeneración, debemos tener en cuenta que hay que suministrar una fuente energética no renovable, una fuente energética fósil, es decir, estamos hablando del gas natural que debe ser quemado y, por lo tanto, se emiten a la atmósfera con variación -pueden ser más o menos- los CO2 y dioxinas, pero además es preciso, desde el punto de vista del impacto territorial, trasladar conducciones de gas a los lugares alejados normalmente de las redes de gas donde se pretenden ubicar las centrales de cogeneración, es preciso también conectar estas centrales de cogeneración con las subestaciones eléctricas y, por lo tanto, hay que hacer infraestructuras de transporte eléctrico, que también tienen impactos, y, además, desde el punto de vista de la eficiencia energética, entendemos que no está de ninguna manera recomendado.

Izquierda Unida -y lo planteamos en ese debate en los términos en los que está planteada la iniciativa- instaba al Gobierno a evitar apoyar la implantación de las plantas de deshidratación de purines a través de la cogeneración debido a los impactos ambientales, sociales y territoriales que comportan, y defendíamos en esta iniciativa otras alternativas menos perjudiciales, en particular, señalábamos una de ellas -podrían ser otras-, como es la digestión anaerobia del propio purín y, por lo tanto, a través de procedimientos en los cuales no es necesario ese calentamiento artificial a través de la combustión del gas natural, provocar un efecto de separación de lo que puede ser perjudicial una vez vertido en el campo y separarlo produciendo metano por la propia digestión del propio purín, producir metano, separarlo y poder utilizarlo también como combustible o como otra fórmula alternativa y dejar la materia inerte, que en este caso no tendría problemas para poder ser utilizada o vertida sin mayores problemas. Pues, bien, ese es el planteamiento de fondo que nosotros hemos defendido.

Es cierto que cuando se tramitó esta iniciativa en el parlamento -quiero recordárselo a sus señorías, y estamos hablando del 17 de mayo-, hubo una enmienda socialista -el señor Alonso fue el portavoz en aquel momento de esa iniciativa- en la cual planteó una enmienda que nosotros aceptábamos, porque, si no, evidentemente, esa iniciativa no hubiera prosperado, en la cual usted tiene la puerta abierta porque rebajó un tanto las pretensiones -así hay que considerarlo- de nuestra iniciativa, porque decía «evitar apoyar la implantación de estas plantas de cogeneración si no cumplen la normativa vigente». Por lo tanto, claro, siempre que cumplan la normativa, pues hay una puerta abierta para la cogeneración. Nosotros expresamos con claridad cuál era nuestro criterio, pero es verdad que el resultado de la cámara, como es lógico, no se puede ajustar exclusivamente a la voluntad de un grupo y quedó así definida.

Bien. Ese es un aspecto que yo quería señalar, porque, bueno, estamos hablando de un tema, y creo que es conveniente que refresquemos la memoria, porque en el parlamento debatimos esta cuestión y esos fueron los condicionantes con los que abordamos ese debate, y la posición de Izquierda Unida no ha cambiado, en principio, no consideramos como el mejor procedimiento el de la cogeneración para el tratamiento de los purines.

Pero hoy nos trae aquí a esta cámara algo de lo que, sin duda, el interés de la mayor parte de los diputados y de los medios de comunicación no es discutir sobre el procedimiento más eficiente de gestión de un residuo ganadero, si no que de lo que se trata, fundamentalmente, es de dejar claro, despejado y nítido que usted no ha influido, no ha intervenido en un procedimiento para beneficiarse, usted o su familia, y, por lo tanto, eso es lo que tiene que quedar absolutamente claro a través de la gestión que como consejero del Gobierno de Aragón desarrolla desde el año 1999. Y ese es el elemento que debe quedar absolutamente claro.

Usted ha ido haciendo una serie de consideraciones importantes, ha explicado ante qué tipo de Orden nos encontramos, una Orden de carácter general, pero no reguladora de un sector, lo ha querido matizar muy bien, y por lo tanto que invita a un proceso de acuerdo al sector y, por lo tanto, es una Orden más bien arbitral que reguladora. Bien, eso parece que nos ha quedado más o menos claro, y ya, de hecho, si lo leíamos en el PEREA, podíamos sacar esa conclusión.

Mi intervención va a ser muy breve, pero yo quiero claridad, porque yo creo que la claridad que le pide Izquierda Unida es la claridad que le piden los ciudadanos de Aragón y es la claridad, seguramente, que usted mismo está deseando poder brindar a la cámara y a la opinión pública, porque si quedan dudas, yo creo, señor consejero, que habríamos hecho un mal ejercicio en esta tarde parlamentaria.

Y yo le pregunto lo siguiente, con claridad: es verdad que la Orden habla -los tres términos que tengo yo encima de la mesa- de «arbitraje», «supervisión» e «identificación»; son los tres términos que se reserva la Administración para desarrollar en el ámbito del PEREA. Por lo tanto, no regula directamente, pero sí arbitra, sí supervisa y sí identifica, en caso de que no hubiera habido acuerdo por parte de las empresas que operan en el régimen especial, sí hubiera identificado cuáles son los intereses concretos que debían seleccionarse. Pues, bien, en esos tres términos, lo que yo quiero que usted aclare a la cámara es si usted presionó e influyó a los funcionarios, a los servicios provinciales, en general, a cualquier ámbito del Gobierno o de la Administración de la comunidad autónoma, si influyó para que hubiera trato de favor o tráfico de influencia en beneficio de la empresa en la que usted participa con un determinado porcentaje en el sector concreto de la eliminación de purines. Quiero que lo aclare y quiero, si es posible, que dé alguna precisión más.

Querría saber también a este respecto si usted hizo, por acción o por omisión, si provocó que la cogeneración tuviera un tratamiento de favoritismo en relación con las energías renovables, y para eso deberíamos saber datos como cuáles son los porcentajes de adjudicación en las distintas mesas en las que se dividió el PEREA entre las energías renovables y la cogeneración, para saber si usted influyó para que fuera superior el peso de la cogeneración en particular en la mesa que afecta a la empresa de la que usted es parcialmente titular, y estamos hablando, creo, si no me equivoco, de la mesa de Gurrea, si no me equivoco o me desmiente el consejero. Por lo tanto, qué peso tenía esa cogeneración en las distintas mesas, en concreto, en la mesa de Gurrea. Y también saber qué tipo de posibles reclamaciones ha habido en las incidencias en la mesa de Gurrea. Pero creo que deberían de ser argumentaciones del suficiente calado como para que permitieran dejar claro que no ha existido ese trato de favor o ese tráfico de influencias y que pudiéramos de alguna manera despejar cualquier incertidumbre.

Y ya, yendo al tema del abstención. Efectivamente, no está regulada de la misma manera la abstención en la Ley de Procedimiento Administrativo que en la Ley del Presidente del Gobierno o en un Decreto Legislativo. La obligación de la abstención está regulada de la siguiente manera en la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón: «Obligación de abstención. Quienes desempeñen un alto cargo vendrán obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona vinculada con análoga relación de convivencia afectiva, o persona de su familia dentro del segundo grado de parentesco».

Pues, bien, cuando ha aparecido este asunto -valga la redundancia- en los medios de comunicación, habrán aparecido también voces que hablaban de dudas jurídicas en cuanto al alcance que podría tener desde el punto de vista de la abstención esa consideración, esa regulación que hace la normativa autonómica, y, por lo tanto, sí debía entenderse que usted debía haberse abstenido al entender que esta orden podía haber ser o no un asunto. Por lo tanto, eso es un elemento que es importante también despejar, y que quede claro, que quede claro de una forma de alguna manera incontrovertida, o incontrovertible.

Por eso, yo le pido si está usted dispuesto a aportar a esta cámara un dictamen jurídico incontrovertible, de manera que pueda despejarse hasta el último resquicio de duda y pueda exhibirse como un documento -digámoslo así- de certeza máxima, y aunque todo es relativo en la vida, por su puesto, si ese dictamen jurídico es de la máxima garantía, está al máximo nivel, puede se presentado y exhibido ante esta cámara y, por lo tanto, ante toda la sociedad aragonesa como un mecanismo de aseguramiento definitivo de que no entrábamos en el ámbito objetivo o, mejor dicho, subjetivo, por así decirlo, de la normativa autonómica en cuanto se refiere a la abstención.

Estas son las precisiones que, con esa claridad y con ese nivel de detalle, nuestro grupo parlamentario le pide, no por interés de nuestro grupo parlamentario, sino por interés de la sociedad aragonesa, del buen funcionamiento de un sistema democrático y parlamentario, y creo, además, que por interés de su persona, que es seguramente quien más interesado está en dejar claro su buen nombre.

Por eso, esas son las precisiones, las garantías y las consideraciones que concretamente nosotros queremos que efectúe hoy en esta cámara de diputados.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Lacasa.

¿Desea el consejero contestar individualmente? Muy bien.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo (PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, he comparecido a petición propia, señor Lacasa, y he pedido el primer día hábil que fue posible el estar aquí ante sus señorías para dar la cara.

Su señoría ha puesto en cuestión algo de fondo en el que yo no puedo entrar: si la cogeneración eléctrica es el mejor sistema o no para la eliminación y tratamiento de los purines. Esto está fuera de mi alcance, el poder hablar de estas materias, y tienen que ser los departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura los que se pronuncien al respecto. Desde mi departamento tenemos que resolver unas solicitudes que había en relación con el aspecto industrial y de conexión a la red de estas instalaciones, sin más, de tal manera que tienen que ser los departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente los que se pronuncien, y, de hecho, se han estado pronunciando a este respecto, y no me corresponde a mí. Antes, le decía en mi intervención que las tramitaciones que en el departamento de Industria no son óbice para cumplir el resto de trámites administrativos en los departamentos de Agricultura, de Medio Ambiente, de Sanidad, etcétera, etcétera, y creo que a mí no me corresponde pronunciarme a este respecto, sino tratar de colaborar con estos departamentos en encontrar soluciones a una de las posibilidades.

Su señoría planteaba respecto al fondo el hablar con claridad y saber si he influido a los funcionarios públicos bajo mi dependencia para tratar de obtener un beneficio para mí y para mi familia, y la respuesta, radicalmente, es «no», señoría: no he influido, he sido escrupuloso, he planteado la abstención en el momento que he tenido conocimiento, me he abstenido de intervenir en el procedimiento, de dar instrucciones o de presionar. Desde mi punto de vista, el funcionamiento de las mesas ha sido impecable, y puede constatar se señoría la firma de todos los participantes en cada una de las actas en las que aceptan ellos voluntariamente, sin ningún tipo de presión, en todos los casos.

Y permítame que de lectura a un documento suscrito en Zaragoza el 19 de abril del año 2001; este es un documento de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón: «Al concluir la primera fase de la ejecución del Plan de evacuación del régimen especial en Aragón (PEREA), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón quiere manifestar su satisfacción por el desarrollo de la misma. Esta primera fase ha consistido en la constitución de las mesas de negociación para acordar las infraestructuras necesarias y el orden de prelación para los proyectos presentados a conectarse a la red.

La Asociación desea hacer público su reconocimiento a la labor de coordinación y mediación de la Diputación General de Aragón entre todos los actores involucrados en el proceso (Red Eléctrica, ERZ, FECSA-ENHER) y los propios promotores. Aunque el tema de acceso y conexión a la red, debatido en estas mesas, es fundamentalmente una relación entre promotores y las compañías eléctricas transportistas o distribuidoras, la Asociación no quiere dejar de destacar el papel de catalizador que ha tenido la Administración autonómica con su apoyo al proceso, organizando dicha relación y poniendo a todas las partes de acuerdo.

En esta primera fase, el PEREA se ha revelado como un instrumento válido y valioso de cara al futuro, y aunque partíamos del convencimiento de que no se podría contentar plenamente a todos los implicados, se ha evidenciado que los objetivos marcados para Aragón con este Plan son muy ambiciosos y que colocan a nuestra comunidad en primera línea a nivel nacional. Los intereses generales han prevalecido sobre los intereses particulares.

Por otra parte, la Asociación esta satisfecha de su papel como entidad activa en este proceso, al estar representada como tal en todas las mesas, hecho que reafirma su objetivo de representar al sector; además, los promotores, todos los promotores, hemos sido protagonistas de que en este proceso se ha demostrado la madurez de la energía eólica en Aragón.

Por último, creemos que si bien esta primera fase se ha desarrollado satisfactoriamente, el reto ahora es ir desarrollando con la misma eficacia las siguientes etapas de la ejecución del Plan, que tantos beneficios puede reportar a nuestra comunidad. Es responsabilidad de todas las partes implicadas no defraudar las expectativas que hemos suscitado».

De tal manera, vemos que se pronuncian los propios productores de energía eléctrica a este respecto.

Su señoría hablaba de cómo se pueden presentar datos de lo que han sido las diferentes adjudicaciones por mesas. Como sabe su señoría, se constituyeron siete mesas que se correspondían precisamente por los puntos que Red Eléctrica establecía en sus subestaciones de transformación primaria, que era donde se podía conectar, y se corresponden con anillo de 132 de Teruel, Escatrón, Escucha, Gurrea, Magallón, Monte de Torrero-Fuendetodos, Monzón y Peñaflor.

En cada una de estas mesas, existe unos datos de la evacuación de cada una de estas fuentes e energía. En el anillo 132 de Teruel la cogeneración supone un 16,3 %, frente a la energía eólica, que es el 83,7%; en Escatrón, la cogeneración es el 100%; en Escucha, el porcentaje de cogeneración es cero, ya que el 100% era eólica; en Gurrea, el porcentaje de cogeneración era del 14,4%, frente al 80,20 de eólica y el 5,4 de biomasa; en Magallón, la cogeneración era el 20,1%, frente al 79,9 de la eólica; en Monte de Torrero-Fuendetodos, la cogeneración fue el 0,1%, frente al 99,9% de eólica; en Monzón, el 100% fue cogeneración, y en Peñaflor, el 83,4%, cogeneración y el 16,6%, eólica. Tengo que señalar que solamente en una mesa, que es la de Escucha, no hubo proyectos de cogeneración; en el resto, han entrado todos, absolutamente todos los que solicitaran su conexión, es decir, no ha habido ningún perjudicado.

Preguntaba su señoría si en la mesa, concretamente, de Gurrea hubo alguna reclamación. Voy a dar cumplida cuenta.

Estas son las actas de la mesa de Gurrea. La primera reunión en la mesa de Gurrea, que fue la constitutiva, se celebró el 26 de marzo de 2001. En ella, se establecieron los criterios generales, se informó del procedimiento a seguir a cada uno de los promotores y el calendario de trabajo a efectuar.

La segunda reunión fue de 28 de marzo de 2001. Quiero reflejar a sus señorías que todas, absolutamente todas las actas, están firmadas no solamente por todos los promotores, sino por los representantes de Red Eléctrica, de las compañías de transporte y distribución y de las asociaciones.

Y la tercera reunión en la que se llegó a acuerdos voluntarios fue el 3 de abril. En esa reunión, hubo tres empresas que plantearon algún tipo de revisión, y paso a leer textualmente el resultado de estas revisiones: «De acuerdo con lo indicado en el acta de la tercera reunión de la mesa de Gurrea, se procede a revisar la valoración de las instalaciones que se detallan, en función de los criterios acordados, por si se detecta algún error.

Promotor, Eyra: “Parque eólico El Carrascal”; conceptos a revisar, recurso eólico.

TAIM-TFG, S.A.: “Parque eólico Las Gorgas”; madurez administrativa, inversiones industriales y permisos de ayuntamientos. “Parque eólico Valiente” -también de la misma compañía-; madurez administrativa, inversiones industriales y recurso eólico.

Desarrollos Eólicos del Ebro, S.A.: conceptos a revisar, inversiones propuestas.

Eyra. Revisada la valoración del recurso eólico, se detecta que hay medidas auditadas de más de un año. Así mismo, la valoración de inversiones propuestas se incrementa en un punto debido a las inversiones de carácter local. Como consecuencia de ello, la instalación pasa en el orden de prelación de la posición 25 a la 22.

TAIM TFG, S.A. “Parque eólico I+D Las Gorgas”. Se detecta que existe acuerdo con el Ayuntamiento, por lo que en este aspecto pasa de una valoración de cero a cinco. Revisado el apartado de madurez administrativa, se valora en 5 puntos; revisada la valoración de las inversiones propuestas, se modifica la valoración del concepto de “inversiones productivas” de 3 a 4. Como consecuencia de ello, la instalación pasa en el orden de prelación de la posición 14 a la 12.

TAIM TFG, S.A. “Parque eólico Valiente”. Revisado el apartado de madurez administrativa, se valora en 5 puntos; revisada la valoración de las inversiones propuestas, se modifica la valoración del concepto de “inversiones productivas” de 3 a 4. Como consecuencia de ello, la instalación pasa en el orden de prelación de la posición 21 a la 20.

Instalaciones de Desarrollo Eólico Ebro, S.A. Revisada la valoración de las inversiones propuestas, se modifica la valoración del concepto “Proveedores Aragoneses” de 1 a 2, y de «Inversiones en centro de tipo logístico» de 0 a 1; la posición de las instalaciones en el orden de prelación se mantiene, ocupando las posiciones de la 15 a la 19. Como consecuencia de lo anterior, se reordenan las posiciones relativas del resto de las instalaciones».

Estas fueron las tres reclamaciones presentadas en la mesa de Gurrea, que se resolvieron oportunamente y con satisfacción para todas las partes.

Señalaba su señoría que un punto importante de esta intervención es el de la abstención y de la institución de la abstención, y su señoría me lanzaba el reto de instar por mi parte un dictamen jurídico. Le acepto el reto: será solicitado.

Pero, señoría, yo le pido -y ya sé que no puede hacer uso de la palabra en estos momentos- que independientemente de ese informe jurídico que va a ser solicitado, quiero preguntarle -me puede contestar moviendo su cabeza- si de mi intervención se deduce que se han despejado las dudas acerca de mi honestidad personal.

[El diputado señor Lacasa Vidal contesta al señor consejero mediante un gesto.]

Muchas gracias, señor Lacasa. Le agradezco su gesto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.

A continuación tendrá la palabra el señor Yuste, por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes, y muchas gracias.

Señor consejero, comparece usted a petición propia, efectivamente, en una comparecencia urgente, en una convocatoria extraordinaria de esta Comisión, convocada además por una Mesa de la Comisión que también se reunió extraordinariamente en un día de Pleno, lo cual es también suficientemente extraordinario ante los acuerdos políticos que se toman en Mesa y Junta de Portavoces al respecto, lo cual demuestra que hoy, efectivamente, es un acto parlamentario especial, y yo le reconozco que usted haya querido comparecer enseguida como un valor positivo; otra cuestión es que su respuesta haya permitido esclarecer la cuestión y que con esta comparecencia se pueda cerrar la polémica o no, eso evidentemente es otra cuestión.

En primer lugar, creo que las reflexiones que ha compartido con nosotros con respecto al PEREA, de alguna manera sobraban, porque hoy no estábamos juzgando el PEREA, ni mucho menos. Estamos simplemente evaluando una actuación concreta de lo que usted consideró, de lo que en el preámbulo de la famosa Orden de 30 de noviembre se llama la «Tercera fase del PEREA»; estamos hablando de un acto concreto de la «Tercera fase del PEREA», por lo tanto, no estamos juzgando el PEREA.

Usted ha leído algunos testimonios de la Asociación de Productores de Energía Eólica y, efectivamente, de sus propias palabras se deduce que están esperando que llegue el PEREA II, que están esperando que llegue un nuevo plan, que no quieren que se pierdan, que se frustren esas opciones del PEREA II, y, quizás, por eso prefieran ir a los elogios y no, quizás, a hacer otras valoraciones en mayor profundidad.

Nosotros no queremos que el debate se reduzca a la mera obligación legal de si un consejero se tiene que abstener o no de firmar una orden concreta porque se favorezca, en este caso concreto, a un sector en el que se cuenta con intereses empresariales propios y familiares, como es el caso. Jurídicamente, le adelanto que podemos tener dudas sobre si usted tenía obligación de abstenerse o no, y ya veremos si en ese dictamen jurídico incontestable se pueden disipar esas dudas. Ciertamente, la Orden de 30 de noviembre de 2000 es una disposición de carácter general que, estrictamente, no señala con el dedo a ninguna empresa concreta, pero usted no me negará que esa orden abre el camino claramente a que esas empresas de las que usted mismo y su familia participan accionarialmente se puedan beneficiar de la decisión política que usted, como consejero, acababa de tomar al firmar la Orden del 30 de noviembre de 2000, y, de hecho, así ha ocurrido, en el sentido de que se han beneficiado de ello.

Quería saber si usted pidió informes en aquel momento a los servicios jurídicos de la DGA o del departamento para saber cómo debía obrar en esa cuestión, o si se ha limitado a pedir los informes ahora, como de su intervención se puede deducir que ha hecho ahora.

Jurídicamente, por lo tanto, podemos dudar sobre si debía abstenerse o no, pero políticamente no tenemos ninguna duda. Desde el punto de vista de la ética que debe exigirse a los responsables públicos, usted debería haberse abstenido, porque usted, que es accionista de Granja Porta, que conoce el problema de esta empresa con la acumulación de purines y que conoce también, evidentemente, la participación de esa empresa en otra para la cogeneración a partir de esos purines, a partir del tratamiento de esos purines, usted no podía tomar una decisión como consejero del Gobierno de Aragón en la que se prioriza claramente como el primer criterio objetivo en la asignación de conexiones a la red eléctrica la cogeneración a partir, precisamente, del tratamiento de residuos especialmente ganaderos. Usted, con esa decisión, ha barrido para casa, ha barrido para su casa.

Una semana antes de firmar esa orden, usted compareció aquí ante esta misma Comisión el 22 de noviembre de 2000, compareció para explicarnos las maravillas del PEREA. ¿Por qué no dijo entonces ni una sola palabra sobre la cogeneración de residuos ganaderos, sobre la eliminación de purines? ¡Ni una solo palabra! Si era una decisión tan ecuánime, tan necesaria, tan justa, tan santa -diríamos-, ¿por qué no dijo ni una palabra? ¿Es que una semana antes de firmar la orden usted no conocía el contenido de esa orden? ¿Usted no sabía que en esa orden se iba a primar el tratamiento de purines? Usted prefirió callarse para no deslucir su intervención abriendo un melón de un asunto polémico. Desde luego, como mínimo, aquella comparecencia en la que usted no habló de lo que ha tenido que hablar hoy, como mínimo, aquello fue un ejercicio de ocultismo.

¿Quién tomó la decisión de seleccionar a Tratamientos Medioambientales del Río Sotón y a Granja Porta, en su caso, para que se engancharan a la red eléctrica? ¿Fue simplemente el acuerdo libre de los promotores reunidos en la mesa de Gurrea? ¿Libremente? ¿En qué medida hubo una intervención del Departamento de Industria Comercio y Desarrollo? Desde luego, dé órdenes o no dé ordenes, un consejero es una persona influyente en nuestra sociedad, influyente, y aunque usted no diga nada, a nadie se le escapa a qué empresas señaló con el dedo cuando estableció esa prelación, ese orden de prelación en el artículo tercero de la Orden de 30 de noviembre de 2000.

Hoy ha insistido en que no hubo perjudicados. Y yo debo preguntarle: ¿ningún proyecto de generación quedó fuera de la posibilidad de engancharse en el ámbito del PEREA?, ¿ningún proyecto quedó excluido?, ¿ningún proyecto vio reducida la potencia que aspiraba a transportar a través de este plan de evacuación? ¿Hubo algún perjudicado? ¿Por qué, ante las primeras noticias aparecías en prensa, usted intenta cubrir sus espaldas afirmando que la prioridad en el tratamiento de purines se estableció de acuerdo con los consejeros de Medio Ambiente y de Agricultura?, a pesar de que luego, al menos, este último lo negara con bastante claridad. Antes de priorizar el tratamiento de purines en la Orden del 30 de noviembre de 2.000, ¿usted habló de esa decisión con los consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente?, ¿habló con ellos previamente?, ¿contó con su aprobación o no, antes de estampar su firma en esta Orden?

¿Y por qué priorizó precisamente el tratamiento de purines?, ¿por razones ambientales? Ciertamente, creo que esto sería bastante dudoso, ya que la experiencia nos demuestra que la cogeneración de purines efectivamente genera elementos contaminantes y, por lo tanto, no es la alternativa. ¿O hizo esa priorización por razones empresariales? Evidentemente, resolver el problema de eliminación de purines que tienen algunas empresas, como Granja Porta, entre otras, desde luego sí que podría ser una razón, una razón de peso que le condujera a adoptar esa decisión.

Porque usted, aunque hoy lo ha negado reiteradamente, sí que priorizó el tratamiento de purines. El artículo 3 de esta Orden establece claramente una opción por la cogeneración frente a la energía eólica, y dentro de la cogeneración, usted optó por el tratamiento de residuos, y dentro de ese tratamiento de residuos, usted optó por los residuos ganaderos. Por lo tanto, en ese orden de prelación, en el primer puesto estaban los purines, luego el resto de tratamientos de residuos, luego el resto de cogeneración y luego ya llegamos a las eólicas. Por lo tanto, proyectos de tratamientos de residuos ganaderos era casi imposible que quedaran fuera del PEREA por muy estrechas que fueran las vías de transformación que se pudieran utilizar.

Usted ha dicho, además, en su último turno, que no quiere entrar hoy a valorar si la solución al problema de los purines es la cogeneración o no. ¡Caramba! ¡Es que usted sí que entró a valorar eso cuando firmó la Orden del 30 de noviembre! Usted optó claramente por la cogeneración como vía para el tratamiento de los purines. En esa orden está la opción, y si usted dice que no es competencia suya opinar sobre eso, realmente, abría cometido algún tipo de contradicción política, porque estas Cortes, como ya ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, se han manifestado contra la cogeneración de purines: en la proposición no de ley 167/00, aprobada por estas Cortes el 17 de mayo de este año 2001. En esa proposición no de ley se fija un criterio político, a pesar de la enmienda-trampa que presentó el Grupo Socialista y que el grupo proponente se vio obligado a aceptar; a pesar de esa enmienda-trampa que vaciaba de contenido la eficiencia real de esa proposición no de ley, ciertamente, las Cortes fijaban un criterio político, y en el criterio político de las Cortes no está la cogeneración como alternativa a la eliminación de residuos ganaderos.

El problema de los purines, desde luego, es un problema grave en Aragón, pero se ha demostrado que la cogeneración no es la solución a este problema, porque contamina, porque resulta muy costoso... Por lo tanto, habrá que seguir investigando y, mientras tanto, habrá que ir apurando las posibilidades del sistema tradicional, mal que nos pese, limitando en lo posible sus afecciones ambientales.

La cogeneración -usted lo ha dicho- contamina menos y consume menos que las centrales convencionales, pero no olvide que no es una energía limpia, ni alternativa, ni renovable. Una cosa es que la legislación española la haya incluido entre las energías de régimen especial junto a las renovables, y otra cuestión es que sean en sí mismas unas energías limpias. La cogeneración, ciertamente, gracias a las primas, como usted ha dicho, puede convertirse en algún negocio para algunos -esto, lo digo yo-, negocio para algunos, pero, desde luego, en todo caso no va a ser la solución al problema de los purines.

Concluyo esperando que pueda responder a las preguntas concretas que le he formulado y esperando, también, que nos pueda poner a disposición físicamente la documentación que ha traído, con la que se ha hecho acompañar esta tarde. Yo espero que pueda entregarnos una copia de todas las actas de esas siete mesas de trabajo, al menos, a nuestro grupo, aunque supongo que al resto de portavoces de grupos parlamentarios también les podrá hacer copia para poder estudiar con tranquilidad todas las claves de este asunto. En todo caso, entiendo que dado que esas actas están a nuestra disposición, lo razonable sería que esa documentación fuera fotocopiada y repartida a los grupos parlamentarios.

Para Chunta Aragonesista, su actuación en esta cuestión es políticamente reprobable, y llueve sobre mojado -usted lo sabe-: ya recordará el último debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, lo que dijo Chunta Aragonesista al respecto...

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Vaya concluyendo, señor Yuste.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Voy concluyendo. Dos líneas más.

Ya recordará también lo que tuvimos la oportunidad de decir sobre su gestión en el debate de presupuestos, tanto en la Comisión de Economía y Presupuestos como en el último Pleno, es decir, llueve sobre mojado.

No voy a entrar hoy a valorar su honestidad personal, porque no tengo todavía elementos de juicio para valorar eso, y espero, quizás, conocer más datos posteriormente. Pero sí que puedo valorar lo que usted ha llamado «la integridad de su gestión»: creo que su gestión, más que integra, es una gestión desintegrada, y este asunto es el último eslabón del que hemos tenido conocimiento al respecto. Cada día que pasa, la gestión de su departamento nos proporciona más razones para desconfiar de su gestión, y, desde luego, preveo que en el futuro, en las próximas semanas, en los próximos meses, habrá nuevas polémicas al respecto de esa gestión y al respecto del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo y de su consejero, y, quizás, le vuelvan a obligar a comparecer urgentemente para responder ante otras cuestiones, ¿no?

Por todo ello, no sólo por este caso, aunque este caso viene a ser, de alguna manera, la gota que puede desbordar el vaso, no sólo por este caso, sino por toda su trayectoria al frente del departamento, Chunta Aragonesista le pide su dimisión.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Yuste.

¿Desea contestar el consejero? Tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo (PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco que su señoría valore positivamente mi petición de comparecencia, en su rapidez y en la decisión con que se ha realizado.

Decía su señoría que no estábamos evaluando el PEREA, pero era obligado y, quizás, le tenía que haber dedicado un poquito más de tiempo todavía a resultas de lo que he oído, para explicar en qué consistía.

Decía su señoría que se está pensando en un PEREA II. Evidentemente, en esta materia, y en otras, nuestra comunidad está compitiendo con el resto de comunidades y con el mundo. Se han determinado para el ámbito de la Unión Europea unas potencias máximas a instalar en régimen especial y, especialmente, renovables, por encima de las cuales los operadores del sistema entienden que el sistema no podría soportar. Para el entorno de la Unión Europea, se han determinado unas cifras que el Consejo de Ministros de España ha trasladado a nuestra nación, y allí, el que llegue antes va a tener estas fuentes de energía, y lo que debemos hacer desde la Administración regional es favorecer un entorno de inversión del cual la iniciativa privada se pueda desenvolver y pueda establecer sus inversiones en nuestra región.

Y, evidentemente, este es un momento en el que estamos negociando con Red Eléctrica de España el PEREA correspondiente al año 2003 y sucesivos (lo que sería el PEREA II), y adecuado a las necesidades que los propios promotores nos han planteado. Y son muchas las decisiones de inversión que ha planteado nuestra región: unas se verán plasmadas en la realidad por unos motivos, algunas se quedaran en el tintero por falta de recursos de financiación o de tecnologías, pero, en principio, desde la Administración regional tenemos que favorecer ese entorno para que se desarrolle la iniciativa privada.

De alguna manera, su señoría me pregunta que quién seleccionó los proyectos. Se lo he dicho a su señoría por activa y por pasiva, y está reflejado en las actas: es un negocio jurídico privado, es un negocio entre privados la conexión a la red eléctrica. Al igual que su señoría, en estos momentos, se cambia de casa, una casa nueva que su señoría compra o alquile, se verá obligado de hacer un nuevo contrato privado de conexión a la red y se tendrá que poner en contacto con la empresa distribuidora y firmar un contrato privado para poder adquirirle energía eléctrica al distribuidor. Pues es lo mismo que cuando usted sea productor: tendrá que contratar en régimen privado con la compañía de distribución o de transporte el poder verter en la red la energía que usted produzca en su industria. De tal manera que es un negocio jurídico entre privados y que se ha resuelto por acuerdo entre las partes, y sólo en el caso de que no se hubiera llegado en los plazos establecidos a un acuerdo entre las partes, hubiera resuelto arbitralmente la Administración, y no yo, sino los servicios provinciales.

De acuerdo con unos criterios hechos públicos, que repito, señoría, en ningún momento en la orden aparece el término «purines»: aparece «residuos», la cogeneración por delante. Y fíjese su señoría: ¿por qué se prioriza? En nuestra región, en estos momentos hay funcionando cincuenta y cinco cogeneraciones en estos momentos: veinte, en la provincia de Huesca; diez, en la de Teruel, y veinticinco, en la de Zaragoza. Sin entrar en detalle de quiénes son la compañías titulares, le voy a hablar de los sectores, para ver si todos merecen el mismo impulso desde las Administraciones públicas.

Fabricación de fibras artificiales, piscifactoría, sales, carburos (fabricación de carburo), una planta de fabricación de productos sanitarios (Hidronitro) -¡bueno!, ya le he dicho el nombre-, química (sector químico), deshidratadora de alfalfa, otra deshidratadora de alfalfa, una de tratamiento de arroz, una del sector químico, una papelera, otra papelera, una piscifactoría, otra piscifactoría, un edificio de oficinas para su climatización, una planta de elaboración de carbónico..., y así sucesivamente. Hay muchísimas aplicaciones de la cogeneración a los procesos industriales que necesitan una demanda térmica y una demanda de energía; de alguna manera, no todos sirven a un interés general como pueden ser aquellos que eliminan un problema medioambiental.

Bien, de todas estas cogeneraciones que están funcionando en estos momentos, la potencia instalada en nuestra región son 451 megavatios; aproximadamente, en su cuantía, la mitad de la energía eléctrica consumida en nuestra región se produce mediante cogeneración, ¡la mitad! Quiere decirse que tiene una importancia muy fuerte.

De acuerdo con los datos obrantes en el departamento, en estos momentos, en estos momentos, están en tramitación setenta y siete plantas de cogeneración para el tratamiento de purines, de las cuales solamente quince han solicitado el incluirse en el PEREA, poniendo los avales y los requerimientos financieros que se les exigió; al resto no les pareció oportuno el entrar o porque las condiciones del mercado, como es el precio de la termia, en este caso, excesivamente alto, o por otras circunstancias, no le han hecho posible el estar.

Su señoría trataba de dar la sensación de que el consejero que le habla iba por libre... Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. En esto, hemos ido coordinados por parte del Gobierno de Aragón, y si en algún sitio tenía que desmentir cualquier información era ante sus señorías, y he esperado a estar ante sus señorías para poderlo decir.

Y en este punto, permítame su señoría que tome el Diario de Sesiones correspondiente al 9 de febrero del año 2001. En esta fecha, su compañero de partido y de grupo parlamentario don Gonzalo González planteaba una interpelación al consejero de Agricultura, y en esta interpelación, en la que se estaba hablando de las medidas y de los incentivos puestos en marcha por el Gobierno de la nación, se hablaba -y lo decía el consejero de Agricultura- de las gestiones con el propio Ministerio, etcétera, y decía: «En este sentido, le diré, señoría, que aquí, en la comunidad autónoma, creamos desde el primer momento una Comisión interdepartamental, y que el núcleo de esta Comisión lo conforman el Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Agricultura y, a veces, se incorpora a esta Comisión, si así lo requerimos, los departamentos de Economía y de Industria». Estos cinco son los departamentos implicados y, semanalmente, se hace una reunión interdepartamental, con lo cual, desde el primer momento, aquí hemos asumido el problema en conjunto del Gobierno, porque es un problema muy grande: se está hablando de las vacas locas, de la encefalopatía espongiforme bovina. Por lo tanto, estos contactos sobre esta materia vienen desde junio anterior, y en muchísimas ocasiones hemos tenidos reuniones tanto los consejeros entre nosotros como los directores generales de nuestros departamentos para plantear materias relacionadas con el régimen de evacuación. No ha habido ninguna descoordinación, señoría.

De alguna manera, su señoría plantea que le faltan elementos de juicio. Bueno, yo no quiero entrar en este debate, porque no es el objeto de esta comparencia ¿verdad?, pero sepa su señoría que el interés de este compareciente no es otro que despejar cualquier tipo de duda acerca de mi gestión. Si no he sido capaz de convencerle hasta ahora, señor diputado, de las bondades de mi gestión, de mi equipo y de los logros que, con esfuerzo, se van obteniendo en mi departamento, es difícil que en esta sesión usted bendiga lo que no ha bendecido hasta ahora, que es la gestión.

Y me dice su señoría que mi gestión le genera desconfianza... Menos mal que es la gestión y no mi persona, eso se lo agradezco. Pero, de alguna manera, hay que tener en cuenta que las posiciones que estamos adoptando en este escenario en el que estamos actuando, que es el de la representación política en nuestra región, siempre tendrá, independientemente de este episodio, la mano tendida de mí y de mi equipo para hablar de las cuestiones que a su señoría le interesen, y tratar de buscar en aquello en lo que sea posible el consenso y el pacto con su grupo.

Hasta tanto, le adelantaré, señoría, que no tengo ninguna intención de dimitir.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.

A continuación, tiene la palabra el señor Pamplona, por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El señor diputado PAMPLONA ABAD: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, consejero.

En primer lugar, satisfacción por parte del Partido Aragonés por su comparecencia ante esta Comisión, por la rapidez con la cual se hizo la petición y, por supuesto, por cuanta información nos ha podido facilitar dentro de la Comisión.

Nuestro grupo apoya, como no puede ser de otra manera, la gestión del consejero, conociendo en profundidad el trabajo que ha realizado en el Plan de evacuación de energías de régimen especial de Aragón (el famoso PEREA), puesto que todos sabemos el esfuerzo que le ha costado el poder sacar este Plan adelanta.

Creo que hay que separar lo que es el Plan de evacuación, por supuesto, con las autorizaciones que anteriormente se habían concedido. Lógicamente, todos estábamos demandando que realmente había que hacer un plan de evacuación, puesto que el sistema que teníamos o el cuello de botella de las empresas a punto de instalación y de evacuación estaba en un momento crítico. En ese sentido, a la consejería, como ya he dicho anteriormente, y en otras ocasiones, tenemos que felicitarla por esa gestión que ha realizado.

En cuanto a la orden que el consejero emite para el desarrollo o la planificación de este plan, creo que se le pueden decir cuantas cosas queramos, pero pocas veces un departamento se ha quedado tan al margen de unas decisiones de tanta importancia. Por lo tanto, nuestra confianza en el consejero, porque esta orden, con la independencia de que le podamos -como hacía el representante de la CHA- ir sacando punta al artículo 3, o a cuantos queramos sacarle, realmente, como digo, pocas veces la Administración ha hecho una orden de la que se ha mantenido al margen en cuanto a las decisiones o dejarlas para el último caso.

En cuanto a la autorización que nos lleva en este caso de la implicación de la familia del consejero, en Tratamientos Medioambientales Río Sotón, hay que reconocer que tiene una participación su familia del 10%, pero también la Diputación Provincial de Huesca. Lógicamente, cuando se inician estas instalaciones -yo he sido partícipe de una negociación-, las empresas quieren garantizarse el elemento purín, por lo tanto, «obligan», entre comillas, a la Administración y a las granjas a que tengan esa garantía de aportación. Por lo tanto, no querría entender que la familia Porta en este sentido estuviera, de alguna forma, haciendo un favor a Tratamientos Medioambientales Río Sotón para que esa planta pudiera funcionar. Creo que andan en estas negociaciones y creo que no estaré muy lejos de lo que estoy comentando en estos momentos.

Por lo tanto, esas autorizaciones que estaban realizadas en el noventa y ocho, lógicamente, no estaba el consejero en esos momentos de la decisión. Lógicamente, la evacuación, que es la que regula el texto de la Orden del 30 de noviembre, si hubiera habido alguna alegación en las mesas, lógicamente, estarían plasmadas. Por lo tanto, no creo que haya mucha incidencia si no hay ninguna alegación en las mesas en las cuales pudiera haber, como se ha comentado en esta sala, para poder beneficiarse de esta decisión, o esta autorización para poder evacuar en el Plan PEREA.

Creemos que el consejero no sólo tiene las manos limpias, sino que ha dado una explicación lo suficientemente amplia y concreta a cuantos puntos se le han preguntado, la explicación completa del expediente y, por supuesto, si el consejero se compromete a la vez a un dictamen jurídico con una máxima garantía, lógicamente, rubrica todavía más la confianza que el Partido Aragonés tiene depositada en este consejero, esperando que cuando estos informes jurídicos estén a disposición, nos los haga conocer a todos los diputados.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Pamplona.

¿Desea contestar, señor consejero? Tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo (PORTA MONEDERO): Muy brevemente.

Señor Pamplona, agradecerle su intervención y decirle que, efectivamente, por la información que yo he podido recabar con posterioridad, este tipo de participación es un estándar en lo que son este tipo de industrias, en las que el socio ganadero está siempre en un 10% para garantizar un suministro mínimo -mínimo, no total- de este residuo.

En cualquier caso, quiero agradecerle a su señoría, al grupo y, especialmente, al Partido Aragonés la confianza y el respaldo que en todos estos días me ha venido demostrando.

Muchas gracias.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, consejero.

A continuación, tendrá la palabra el señor Alastuey, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor diputado ALASTUEY LIZÁLDEZ: Gracias, señor presidente.

La verdad es que en un tono más distendido, normalmente, le damos la bienvenida al consejero a esta Comisión, porque en las últimas semanas, en los últimos meses, comparece casi quincenalmente y ahora ya, por lo visto, semanalmente ante la Comisión de Industria para contarnos diversos planes del departamento y en este caso para aclarar cuáles son sus actuaciones respecto a un tema que ha aparecido en los medios de comunicación y que a continuación ha pasado a sede parlamentaria.

Yo no voy a autolimitar desde el principio mi intervención, más que nada para no tener que contradecirme después; no voy a afirmar solemnemente que aquí nos estamos jugando el PEREA, para concluir diciendo que estamos juzgando toda la gestión del consejero. Aquí hemos venido a tratar un punto concreto, que es la actuación del consejero respecto a la evacuación con respecto a las conexiones a la red eléctrica de generadores de electricidad en régimen especial.

Porque creo que hay que empezar aclarando algunas cosas, y el consejero -me parece- que ha hablado en general del PEREA, y ha hecho muy bien, incluso debería haberse extendido más, porque me da la impresión de que ante la opinión pública no están quedando muy claras cuáles son las premisas de este asunto, por utilizar la terminología jurídica de la Ley del Presidente. Parece que estemos hablando de unas ayudas o cualquier tipo de gestión que el Gobierno de Aragón hace y que concede a determinadas empresas, y parece que estemos hablando de que alguien haya primado a unas determinadas empresas.

Yo querría retrotraerme al origen del problema, querría retrotraerme a la necesidad de dar salida a un grave problema que era la gran cantidad de solicitudes y de promotores de energía en régimen especial -y recalco de nuevo: de energía en régimen especial-, y estamos hablando de cogeneración, estamos hablando de energía eólica, estamos hablando, por ejemplo, de energía producida mediante sistemas hidráulicos, es decir, de energía en régimen especial y de la incapacidad de esos mismos promotores de esos generadores para verter la energía producida a la red. Y ese es el punto de partida del PEREA: el PEREA es el intento por parte del Gobierno de Aragón de planificar, de solucionar de manera planificada un grave problema que tenían los generadores de energía en régimen especial en Aragón. Por lo tanto, estamos hablando de una buena gestión de este consejero, que, como el mismo ha dejado muy claro, pone en marcha un plan que es puntero y está siendo referencia en el conjunto del Estado.

En el origen, tenemos, pues, un problema y un Gobierno que soluciona problemas, y a continuación pasamos a lo que ha aparecido en los medios de comunicación y que ha provocado la controversia.

Creo que en democracia son importantísimos los controles, y hoy estamos ejerciendo el control sobre el Gobierno. Pero hay otros controles: está, por ejemplo, el control de la prensa, y esta sesión parlamentaria ha tenido su origen en ese control de la prensa. Los medios de comunicación dan información a los ciudadanos, y en el origen de esta sesión parlamentaria hay una información de la prensa. Pero hay otros controles: está en control judicial de los actos del Gobierno, están los afectados que pueden recurrir ante los tribunales para decir que se les ha perjudicado o que pueden recurrir ante el propio Gobierno, porque hay vías de recurso. Por tanto, estamos viendo un tema en el que han funcionado -creo que de manera adecuada- todos los controles que existen en el sistema democrático, y creo que el consejero está pasando la prueba con bastante solvencia.

Porque aquí hay dos preguntas -las ha hecho el portavoz de Izquierda Unida- que voy a repetir y que creo que hay que contestar, y que creo que el consejero ha contestado satisfactoriamente. Por un lado, se ha cumplido con la Ley, es decir, se ha cumplido con la legalidad vigente, aunque parece que existen dudas. Yo las tengo también respecto a cómo hubiera sido el procedimiento en el caso de que el consejero no hubiera regulado de esta manera esa materia. El consejero ya ha ofrecido la posibilidad de que se realicen informes jurídicos «incontrovertibles» -esa ha sido la palabra utilizada- que nos permitan aclarar algunas de las cuestiones jurídicas.

Pero yo tengo una pregunta, consejero: como supongo que le dieron vueltas en su momento y supongo que le han vuelto a dar vueltas en este momento, cuando usted saca esta norma, cuando usted firma esta orden, y ahora, después de que se ha producido la controversia, supongo que habrán reflexionado ustedes sobre cómo se hubiera podido regular este procedimiento de enganche a la red si no hubiera firmado usted ese procedimiento. Es decir, ¿qué órgano de la Administración hubiera podido firmar esa orden? ¿Cuál hubiera sido la alternativa si usted se hubiera abstenido o hubiera utilizado la abstención respecto a la regulación de este procedimiento? Creo que es una pregunta que se puede hacer y creo que aclararía bastantes cosas. Podía haber dicho el consejero que la competencia era suya y que bajo una norma de carácter general ha ejercido esa competencia.

No voy a entrar más en la materia jurídica y sí que me voy a fijar ya en el fondo, porque el fondo sí que me parece importante y me parece que debería quedar bastante claro en esta sesión parlamentaria. Porque en el fondo, miren ustedes, la cuestión legal es importantísima, pero hay un dicho popular que conocemos todos: «hecha la ley, hecha la trampa». ¡Cuántas veces, cumplido escrupulosamente el procedimiento legal, no queda en la opinión pública la sospecha de que en el fondo se ha actuado mal! Y por tanto, debemos ir a los otros controles, a los controles que han funcionado: el control de la prensa, el control parlamentario, el control de los afectados...

¿Alguien ha recurrido esta orden? No conocemos que haya habido ningún recurso contra esta orden. ¿Qué opinión ha merecido a los posibles perjudicados? Y fíjense ustedes que estamos hablando de montones de promotores de energía en régimen especial que no van a poder engancharse a la red y, por tanto, estamos hablando de muchísima gente que podría sentirse perjudicada. Yo no me creo las mordazas en una sociedad democrática, yo no puedo admitir que si no ha habido recursos, si no ha habido protestas, se diga a continuación que es que están esperando para no verse perjudicados a posteriori. Porque por esa regla de tres, llegaríamos a la conclusión de que las sospechas se pueden extender eternamente, sin que jamás se pueda parar. Entramos en el terreno de los juicios de intenciones, en los cuales yo creo que no deberíamos entrar.

Y sí que me gustaría saber algo, señor consejero: ¿hubo algún procedimiento de consulta con los sectores afectados previo a la publicación de la orden? ¿Hubo alegaciones por parte de los sectores afectados previas a la publicación de la orden? ¿Qué dijeron respecto a cómo se regula este procedimiento de adjudicación de enganches a la red? Porque me parece importante que haya funcionado el control de la prensa, que esté funcionando el control parlamentario, pero si no ha recurrido nadie al control judicial, me parece importante que sepamos si los perjudicados se han sentido en algún momento apartados o perjudicados por el consejero y por la orden de la que estamos hablando.

Hay otro asunto que me parece importante despejar en esta comparecencia, y lo decía al principio: decía que me parecía importante que la opinión pública se quedara con la sensación de que esto ha sido un procedimiento beneficioso para la población en general. Decíamos al principio que el consejero había regulado la evacuación de las energías en régimen especial, y hay otra pregunta que le querría hacer al consejero para que quede claro que la cogeneración no es solamente purines. Yo creo que ha hecho ya referencia, y he leído alguna lista respecto a cuántas empresas utilizan cogeneración, pero ¿todos los promotores de cogeneración han pedido su enganche a la red a través del PEREA? ¿Realmente se ha favorecido tanto que todos los promotores de cogeneración han querido participar en el proceso y han entrado en el proceso? Antes nos leía usted las estadísticas, a petición de Izquierda Unida, respecto a qué porcentajes de cada tipo de energía en régimen especial se había adjudicado en cada mesa, y yo creo que habría que aclarar que en algunas mesas, sencillamente, Red Eléctrica está poniendo nodos de evacuación y no hay proyectos eólicos por ejemplo. Por tanto, la cogeneración también necesita evacuación a la red.

Yo creo, para terminar, que las dos preguntas han quedado, desde el punto de vista del Grupo Socialista, satisfactoriamente contestadas: desde el punto de vista jurídico, hasta donde se puede llegar; desde el punto de vista del fondo de la cuestión, nos parece que el consejero no ha actuado en ningún momento -digamos- de mala fe, sino que ha estado actuando en todo momento para solucionar un problema que -lo quiero recordar- era muy grave cuando asumió la cartera de Industria, Comercio y Desarrollo.

Miren, se habló antes de la comparecencia del consejero para explicar el PEREA, y el señor Yuste ha dicho que el consejero no dijo algunas cosas..., nadie más ¿eh? Cuando se publicó la orden, aquí nadie tuvo una iniciativa parlamentaria para decir que por qué se primaba la cogeneración mediante la utilización de residuos ganaderos. No ha habido ninguna iniciativa al respecto en estas Cortes, ni en esta Comisión ni en el Pleno. Imagínense ustedes lo que hubiera ocurrido si el consejero le hubiera hecho caso al portavoz del PP en aquella comparecencia, porque al PP no le parecía suficiente con que se solucionara el problema de la evacuación a la red, y el PP se quejaba de que todo eso se tuviera que hacer con recursos privados, se quejaba de que fueran los propios promotores los que tuvieran que pagar las redes de evacuación, y decía: «oiga, que el Gobierno de Aragón aporte también fondos para solucionar este problema de la evacuación de los promotores de energías en régimen especial». ¿Se imagina el consejero lo que se estaría diciendo ahora?

Gracias.

Nada más.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Alastuey.

Tiene la palabra el señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo (PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor Alastuey.

Evidentemente, no estamos estudiando o interviniendo en estos momentos sobre unos expedientes de concesión de ayudas ni muchísimo menos, porque aquí no hay ningún tipo de fondo del Gobierno de Aragón para ninguna de estas empresas, ni muchísimo menos. Todo el PEREA -y hablamos de unas inversiones totales de 230.000 millones de pesetas- es una inversión que no le cuesta ni un duro al Gobierno de Aragón, cero al Gobierno de Aragón. A Red Eléctrica de España, aproximadamente, unos 14.000 millones de pesetas, que se ha comprometido en invertir en nuestra región; en infraestructuras comunes de evacuación, unos 16.000 millones de pesetas, que aportan los propios promotores y que después ceden a los distribuidores y transportistas, y en cuanto a las plantas de generación, alrededor de unos 200.000 millones de pesetas, todo, iniciativa privada, sin que el Gobierno de Aragón ponga ni un duro, de tal manera que aquí, como su señoría señala, no se está tratando de un régimen de ayudas públicas, ni muchísimo menos, sino que se trata de favorecer un esquema que permita a los operadores, que permita a los privados ponerse de acuerdo.

Decía su señoría que había dos preguntas importantes que han quedado cumplidamente contestadas, pero ponía sobre la mesa cómo se podía haber tratado esta materia. Desde mi punto de vista, no existe causa de abstención hasta que no se conocen concretamente quiénes son las partes interesadas, de tal manera que -y en esto contesto parte de una pregunta posterior de su señoría-, por conocimiento que tenemos del Departamento de Industria por información que nos pasan de otros departamentos o por que se han dirigido directamente a nosotros, sabemos que en nuestra región había aproximadamente unas setenta y siete iniciativas en materia de tratamiento de cogeneración con residuos ganaderos, y, aproximadamente, de otro tipo de generaciones, aproximadamente sesenta y cuatro proyectos más de cogeneraciones. Y todos estos cogeneradores han desestimado el participar en el PEREA, de tal manera que todos, absolutamente todos los cogeneradores, o los promotores de plantas de cogeneración que han solicitado entrar en el PEREA lo han obtenido, y hay muchísimos que por razones de precio del gas en estos momentos, de oportunidades de negocio o cualquier otras, no han estimado conveniente el participar.

Porque es que, claro, en qué momento, si no es en la determinación concreta de los interesados... Claro, aquí cabía una solución: mirar para otro sitio. Aragón tenía un problema, y un problema importantísimo, porque cada uno de los promotores iba a ver al distribuidor eléctrico y el distribuidor eléctrico le decía que no tenía capacidad de conexión, porque no podía evacuar, y a su vez, el distribuidor se lo tenía que pedir al transportista Red Eléctrica Española. ¿Qué es lo que hicimos? Ir directamente al transportista, a Red Eléctrica Española, y pedirle a ellos la capacidad de evacuación. Aquí se podía haber mirado a otro lado y seguir con este problema, y no apostar por el desarrollo de nuestra región, cuando tenemos verdaderos problemas, como ya se puso de manifiesto cuando tuve ocasión de presentar a sus señorías cuáles son los planes que hemos propuesto relativos a las infraestructuras eléctricas y de gas que puedan justificar y que puedan fundamentar el crecimiento de nuestra región.

Evidentemente, señoría, cuando se elaboró la norma, se consultó a los posibles interesados, y, de hecho, un borrador, el día 22 de noviembre, se hizo llegar tanto a las empresas distribuidoras eléctricas como también a las asociaciones, tanto de promotores de energía eólica de Aragón como a la Asociación Nacional de Desimpacto de Residuos.

Eléctricas Reunidas de Zaragoza contestó el día 27 de noviembre, haciendo observaciones al borrador de PEREA, algunas de las cuales fueron recogidas. La única observación que hizo al artículo tercero es la siguiente: «Artículo tercero: Determinación de proyectos de generación. Se podría añadir al final del primer párrafo lo siguiente: “En el caso de que haya infraestructuras que afecten a más de una mesa, será necesaria la coordinación de las mesas afectadas», y se recogió esta observación.

«Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón: comentarios al borrador de orden del Departamento de Industria», tal, tal, tal... «Primero. Sobre criterios de selección. En el caso de que no exista acuerdo entre promotores y aceptando la prioridad dada por la Administración a las instalaciones de cogeneración, los criterios de evaluación de proyectos deben ser de forma conjunta a los establecidos en el PEREA: preeminencia del interés general, viabilidad temporal, priorización de proyectos», etcétera, etcétera. Fueron tenidos en consideración los diferentes agentes a la hora de redactar esta propia orden, y, obviamente, a los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente.

De tal manera, señoría, que el comportamiento, desde mi punto de vista, ha sido impecable, tratando de resolver un problema.

Desde luego, lo mejor para no equivocarse en política es quedarse quieto y tratar de no resolver los problemas, pero cuando no se resuelve un problema se está generando otro mucho más grave.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Muchas gracias, señor consejero.

A continuación, tendrá la palabra el señor Guedea, por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Sí, señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Gracias, señor consejero, por su comparecencia.

El Partido Popular, cuando tuvo conocimiento por medio de un diario de máxima difusión en nuestra comunidad autónoma de estos hechos, ya dijo que si el consejero, que evidentemente esperábamos que el consejero pidiese la comparecencia ante la Cortes de Aragón para explicar el asunto, y que si no la solicitaría. Cuando el lunes posterior a los hechos, pues, vimos que el consejero la había pedido y, además, solicitando la urgencia de la misma, indudablemente, el Partido Popular estaba de acuerdo y ya no ha realizado ninguna iniciativa parlamentaria en este tiempo.

Para empezar mi intervención, cuatro premisas de las que se está hablando mucho, pero creo que no son en este momento objeto de la comparecencia y de las consecuencias políticas que aquí se derivan. Primero, no estamos analizando el contenido y la conveniencia del PEREA I -ahora parece ser que ya se llama PEREA I porque va a haber II-, en absoluto; no estamos discutiendo ni analizando tampoco la cogeneración, y el Partido Popular creo que en ese sentido ha sido coherente, pese a las criticas, en la postura que hemos mantenido cuando estuvimos en el Gobierno y cuando nos ha tocado estar en la oposición; en tercer lugar, no estamos analizando el régimen jurídico de la electricidad en general ni estamos analizando el régimen jurídico de las energías renovables, dos asuntos que son normas del Estado y posteriores a 1996, y sean leyes o reales decretos, no le tocaría al Partido Popular más que su defensa en coherencia con ser un partido nacional y cohesionado territorial y socialmente.

Dichas estas cuatro premisas, vuelvo a recordar lo que dije como consecuencia de las primeras noticias que aparecieron sobre la intervención del consejero en la Orden del PEREA y en las adjudicaciones o no -no se pueden llamar adjudicaciones-, en la intervención de la Administración en las mesas que dan lugar a los derechos o a la formalización de los derechos de acometida a la red de energía con participación de la Administración, de REESA, de Eléctricas Reunidas, y de los operadores del sector, sea energía eólica, sea biomasa, sea cogeneración o cualquier otra de las fórmulas que yo, desde luego, técnicamente, pues, no las conozco; jurídicamente, sí, pero técnicamente, sé que hay diferentes posibilidades, todas ellas lícitas y legítimas de intereses privados, perfectamente legítimos y defendibles.

En primer lugar, que ha habido -eso es evidente- un cambio del PAR en cuanto a su postura, a su criterio, sobre la forma de eliminación de los residuos ganaderos, que, indudablemente, es un problema en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón, y creo que en eso estamos de acuerdo todos.

En segundo lugar, que el mismo día que sale la noticia en los medios de comunicación, aparecen contradicciones entre los objetivos y prioridades del PEREA, con las declaraciones del consejero de Agricultura, con el portavoz adjunto del PAR, y hoy no hay más que ver que precisamente no le están ayudando mucho al señor consejero sus compañeros de partido de coalición y los sindicatos ligados al mismo, porque precisamente hay un informe de UGT, de la secretaria de medio ambiente, que precisamente tampoco es que facilite mucho sus cosas. Realmente, esto recuerda aquella frase que dice que «en política, hay enemigos, adversarios y compañeros de partido», y, a veces, son los que más problemas le están dando a usted, y tras algunas intervenciones de las que he visto, no sé si realmente lo están poniendo en un camino difícil, en un camino tortuoso de cara a los próximos días, semanas y meses.

En tercer lugar, dijimos que debía contemplarse si era procedente o no la obligación de abstención en la Orden del 30 de noviembre de 2000, publicada posteriormente, que aquí analizaré posteriormente.

En cuarto lugar, la obligación de abstención de las actuaciones de ejecución del PEREA.

En cuanto al punto discutible -yo creo que es el tercero-, si hay obligación o no de proceder a la abstención en esa Orden de 30 de noviembre de 2000, porque usted nos ha enseñado el documento -así lo había manifestado ya- en el que había ejercido la abstención en los procedimientos posteriores a la publicación y ejecución de esa orden, por lo cual, ahí nada hay que objetar, porque en esas actuaciones posteriores, usted ha ejercitado correctamente esa obligación de abstención, que como, en este caso, autoridad o como funcionario le corresponde, en cumplimiento de lo que dice la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, el Decreto Legislativo aprobado recientemente como texto refundido ¿verdad?, y, por otra parte, también en aplicación de la legislación básica sobre procedimiento administrativo, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/99, de 7 de enero. Entonces, realmente, en esa parte, usted ha cumplido en este sentido de lo que hasta ahora conocemos; nada se puede decir con posterioridad a la firma de esa Orden del PEREA.

Y en cuanto a la Orden del PEREA, pues, ahí sí que, efectivamente, surgen las dudas y donde creo que puede estar y que debe estar en estos momentos el error o la torpeza política que usted cometió.

Hay tres asuntos en esa Orden, concretamente, lo que fija la prioridad, el orden de prelación. Primero, pone instalaciones de cogeneración, y al final, dice «sectores económicos relevantes de Aragón, como es el ganadero», que es cierto, pero que, indudablemente, pues, su familia, usted mismo, pues es accionista o titular de empresas en el sector, aunque también es legítimo y se tiene perfecto derecho a ello.

En segundo lugar, el artículo 7, cuando habla de recursos, en primer lugar, ya extraña que si es una disposición de carácter general, aparezca al pie de recurso; cuando hay una disposición de carácter general, normalmente no aparecen los recursos en el Boletín Oficial de Aragón. Y más dudoso se plantea cuando dice «Igualmente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el consejero de Industria, Comercio y Desarrollo en el plazo de un mes». Vamos a la legislación básica estatal y dice «que los recursos de reposición no caben contra las disposiciones administrativas de carácter general». Aquí, ya sé que usted me contestará diciendo que es un plan y que, efectivamente, el plan, jurídicamente, duda si es reglamento, si es un acto... Efectivamente, ahí el tema es difícil, es peliagudo, es complejo.

Y, por último, el artículo 8, que se titula «Entrada en vigor», si lo lees detenidamente, no dice que la orden entrará en vigor, sino que dice: «La presente orden producirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, por lo cual, posiblemente, estamos -parece- ante un acto administrativo, porque los reglamentos no producen efectos si no entran en vigor al día siguiente, a los veinte días, si no se dice nada, o al mes, o al año, según lo que disponga el Gobierno en ese momento.

Entonces, ahí, son tres puntos: esa fijación de una prelación, la naturaleza jurídica de esta orden, que, de acuerdo con lo que se dice en el artículo 7, puede entenderse -creo yo- que es un acto administrativo, si bien, ya debo advertir que con una pluralidad de destinatarios, que ligado a un plan cuya naturaleza es jurídica -ahí, usted me dirá que efectivamente se plantea la duda-, y después, lo que he dicho con respecto a la entrada en vigor. Entonces, ahí, el día que usted firmó esa orden... Ahora se han visto las consecuencias, y no hay más que ver esta Comisión, que me recordaba la que hubo hace unos años, con la comparecencia de un miembro del Consejo Asesor de Radio Televisión Española, porque la expectación ha sido exactamente similar.

Indudablemente, la Ley 30/92 dice que «el incumplimiento del deber de abstención...», el artículo 28.5 dice: «La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a la responsabilidad», y en este caso, usted es un cargo político, hay una responsabilidad política que, indudablemente, pues creo que ya ha empezado desde el día de la noticia, como consecuencia de ese error político, y ya lo está pagando, pues ha tenido que sufrir ese primer embate, ahora viene la Comisión, y ahora ya se anuncia -usted lo ha dicho- que va a solicitar los informes jurídicos a los órganos que estime oportunos, internos o externos, a la Administración y al Gobierno de Aragón, e indudablemente, ahora, se pone en otro camino, que es esperar ese resultado de informes y dictámenes jurídicos. Por lo tanto, yo ahí sí que vería que usted cometió un error político, en el sentido de no abstenerse en esa orden, y creo que usted ahora lo está pensando seriamente, que cuando aparezca una cosa de estas, pues se abstendrá otra vez, indudablemente, por las consecuencias que ha tenido políticamente para usted.

El sentido que decía algún representante: ¿qué pasaría? Pues lo tendría que haber puesto en conocimiento del presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno hubiera encomendado a un consejero que sea el que firmase la orden. Indudablemente, esto, ya se que dará lugar -y si este tema vuelve-, pues, indudablemente que puede haber ahí subterfugios y fórmulas para evitar ahí la no intervención en asunto, formulando la abstención, pero creo que en este caso, si hubiese habido abstención, aquí no habría ningún tipo de problemas en cuanto a esta orden. Por lo tanto, usted, en este momento, ahora se encuentra en esa situación política difícil como consecuencia de haber cometido ese error político, torpeza política.

Y ha dicho una cosa en la que tiene razón: el que hace cosas en política, como el funcionario que hace cosas o cualquier persona que hace cosas, pues, puedes equivocarte y puedes cometer errores. Usted ha dado salida a una cuestión que era candente en la Comunidad Autónoma de Argón a través del PEREA, pero firmó la orden y después ha aparecido que su familia, usted mismo, tienen participación indirecta en una empresa del sector, y eso, en política, tiene las consecuencias que estamos viendo ahora y que, previsiblemente, vamos a ver en los próximos meses.

Nada más, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Gracias, señor Guedea.

Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Desarrollo (PORTA MONEDERO): Muchas gracias, señor presidente.

Le agradezco a su señoría el tono y el contenido jurídico de su intervención.

Su señoría inicia el uso de la palabra, hablando de cuatro premisas que luego no va a tocar, aunque luego, alguna de ellas la toca con posterioridad, como es el entrar a considerar estrictamente lo que es cogeneración sí, cogeneración no. Creo que a mí no me corresponde el decidir si para la eliminación de determinados residuos interesa o no la cogeneración, sino que tenemos que dar salida a unas demandas reales que existen y de las que tiene conocimiento el departamento.

De alguna manera, creo que no ha habido un cambio de actitud en el Partido Aragonés en este respecto. Querría mencionarle una fuente, un medio de comunicación que le ofrecerá credibilidad a su grupo, como es el ABC, en su edición del jueves 30 de julio del año 1998, en el cual se dice, hablando de estas materias: «todos estos proyectos cuentan con la buena disposición de Gobierno aragonés, cuyo Departamento de Agricultura y Medio Ambiente es el responsable de autorizar dichas instalaciones, no sin antes estudiar las afecciones que su puesta en marcha puede tener en el medio natural. El consejero de Agricultura del Gobierno regional, D. José Manuel Lasa, ha reiterado en varias ocasiones que su departamento apoya estos proyectos por las expectativas que las plantas de cogeneración abren para la iniciativa privada, aun reconociendo que su coste es muy elevado», etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que creo, sinceramente, que desde el Partido Aragonés no ha habido un cambio de tendencia en esta materia, y si la hubiera habido, bienvenida sea, pero el caso es que no ha habido este pronunciamiento al respecto.

Agradezco sinceramente, señoría, el que diga que he cumplido al acudir a esta Comisión y dando cumplida cuenta de todas estas cuestiones.

Se centra su señoría en lo que es la firma estrictamente de la Orden del PEREA, que la califica de «torpeza política», si bien los argumentos que su señoría maneja son eminentemente jurídicos, pero le lleva a la consecuencia, única consecuencia, que ha habido una torpeza de carácter político. Bien, como su señoría conoce mejor que yo, porque se dedica profesionalmente, o se ha dedicado profesionalmente al ejercicio del derecho, el derecho administrativo es ese difícil equilibrio entre privilegios que el ordenamiento concede a la Administración para poder cumplir sus objetivos de carácter general y, a la vez, ese equilibrio -digo-, con las garantías del administrado, y dentro del mundo de los privilegios de la Administración están instituciones exorbitantes al derecho común, que su señoría conoce muy bien y don Ángel mejor que nadie, como son la expropiación forzosa u otras. Pero en compensación, existen una serie de garantías que, en ese difícil equilibrio que el legislador francés supo poner a través de su Consejo de Estado, atribuía al administrado una serie de derechos y de garantías, y la institución del recurso administrativo forma parte de este conjunto de garantías que el ordenamiento, en la búsqueda de ese equilibrio entre las potestades exorbitantes al derecho común y las garantías del administrado, establece en favor del mismo.

Pues bien, señoría, evidentemente, respecto de una disposición de carácter general cabe el contencioso administrativo, ¡eso faltaría! Pero este consejero entendió que dado que el contencioso administrativo, por desgracia para todos y por la carga tan grande de trabajo que tienen los juzgados y tribunales de lo contencioso, tardaría de tres a cuatro años en resolverse este asunto, y, voluntariamente, se planteó la posibilidad de que existiera un recurso administrativo calificado «de reposición», y yo mismo aceptaba que en el plazo de 30 días se me plantearan alegaciones por parte de cualquier interesado en relación con esta orden.

Evidentemente, que la Ley de procedimiento dice que no cabe recurso de reposición contra una disposición de carácter general, ¡claro que no!, salvo que específicamente se atribuya, porque lo que está haciendo la Administración es protegerte. Pero en este caso se está dando una garantía adicional al administrado, y en este sentido, señoría, es como se planteó, como una garantía adicional. No queríamos esperar al contencioso por si habíamos cometido un error o alguien se sentía perjudicado; dábamos la posibilidad de que a través del recurso administrativo, con unos plazos perentorios de treinta días para la interposición y poco más para resolver, pudiéramos corregir cualquier error. Evidentemente, nadie planteó ningún recurso, absolutamente nadie.

Al Grupo Socialista, me ha quedado antes contestarle que, evidentemente, en contestación de lo que se planteaba de futuros favores que me pueda plantear el señor Alastuey con respecto a los posibles cogeneradores, este consejero es muy pequeñito para el tamaño de los promotores, este consejero es muy pequeñito y muy poca cosa, incluso, esta Administración es muy poca cosa para el volumen, fortaleza y capacidad financiera de los promotores.

No tienen que mimar a esta Administración, tienen entidad y capacidad suficiente para poder tirar en la calle de en medio tantas cuantas veces quieran, es decir, que si no han recurrido ha sido porque no han visto materia. Porque en las propias mesas, y como a sus señorías les he leído, se presentaron tres alegaciones concretas a la mesa de Gurrea, y no se pararon a la hora de plantearlas, no señor, y se resolvieron.

Con esto, quiero decir, señoría, que una disposición de esta naturaleza, que tiene un carácter absolutamente atípico, porque se estaba innovando en ese momento... El Boletín Oficial de Aragón -y agradezco que su señoría lo reconozca-, el día 15 de diciembre, estaba innovando, porque en ningún otro sitio se estableció un mecanismo que permitiera a los operadores privados el tratar de solucionar un problema real y que existía, y es por esto por lo que se trató de dar a los particulares el máximo de garantías, reduciendo la Administración a otras cuestiones que le hubiera permitido ir por la calle de en medio, pero que entendíamos que tenía que haber garantías.

Dice su señoría que en esa difícil discusión entre qué es un acto y qué es un reglamento, pues, evidentemente, sus señorías reconocerán que aquí hay muchos elementos de esta disposición que tienen vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico, esto es una realidad, y eso es la esencia de una disposición de carácter general: su vocación de permanencia en el ordenamiento, porque se impone en algunos de estos artículos obligaciones y derechos que van más allá de la celebración de las mesas del PEREA, de tal manera que cuando se dice «la presente orden producirá efectos al día siguiente de su publicación en el BOA», hay que mirar una línea más arriba, e invito a sus señorías a que lean una línea más arriba, y que dice: «Artículo 8. Entrada en vigor». Los actos administrativos no entran en vigor: los actos administrativos se notifican, y desde entonces producen efectos. Y es la disposición de carácter general la que se publica y es la que entra en vigor, y a través de la publicación es cuando empieza a surtir efectos.

Quiero con esto, señoría, de alguna manera, el plantear que se ha actuado con toda la buena fe del mundo y se ha actuado correctamente, y sigo considerando que actué como debía, pasando regular y no echando un paso para detrás, que no hubiera sido propio de alguien que trata de defender los intereses de su región, a la que orgullosamente sirve, tratando de resolver un problema, y creo que lo hemos conseguido. Porque son varias las comunidades autónomas las que se han interesado por este método y que están tratando de aplicarlo en estos momentos.

Quiero, señoría, el decirle que, desde mi punto de vista, hasta tanto no hay una concreción de posibles interesados, no cabe esa abstención, no cabe causa de recusación -que tampoco nadie me recusó-, no cabe. Es necesario que se produzca la participación en el procedimiento a través de cumplimentar estrictamente estos anejos que traía la orden para formar parte del procedimiento, y hasta tanto no se forma parte del procedimiento, no se sabe si hay causa de abstención o no. En el momento en el que yo tuve conocimiento de que una empresas vinculadas a mi familia formaban parte del procedimiento, cursé esta abstención, abstención o documento que iba más lejos de la abstención, porque cabe abstención cuando eres el titular de la competencia, pero es que en este caso ni tan si quiera yo lo era, sino que pedí al director general de Energía y Minas, colaborador mío y en la línea jerárquica, que no me informara absolutamente con ninguno de estos procedimientos en los cuales podía tener interés, por lo que iba mucho más allá de la propia abstención, pero sólo en ese momento.

Señoría, de los setenta y siete proyectos de los que hemos tenido conocimiento de cogeneraciones de tratamientos de residuos más los sesenta y tantos de otro tipo de cogeneraciones, al final, no más de veinte solicitaron el PEREA, y es en ese momento, desde mi punto de vista, cuando tiene que entrar la abstención, y así se produjo la abstención en este documento. Igual que le dije que me había abstenido en un Consejo de Gobierno en el que el Departamento de Agricultura -y consta en el acta- llevaba un asunto en el que creía que debía abstenerme.

Quiero decir con esto que, llevado a sus últimas consecuencias, nos produce un absurdo. Imagínese en qué momento, dando por supuesto que la normativa -que no es cierto- me obligara a abstenerme, ¿en qué momento tenía que abstenerme?: ¿en el momento de firmarlo, o en cualquier momento del proceso aguas arriba? ¿Podía haberme dirigido a Red Eléctrica Española intercediendo por nuestra región?, o ¿me tenía que haber abstenido? ¿Podía haber seguido participando y defendiendo los intereses de mi región? ¿O cabe en este supuesto, con otros muchos que su señoría también apuntaba, dejar el paquetito bien atado a falta de que se le ponga el lacito y decir: «resuelvan ustedes esto, que yo no lo resuelvo»?

Creo, sinceramente, señoría que he cumplido con mi obligación, que mi actuación ha sido, política y jurídicamente, impecable. Evidentemente, como su señoría señalaba, no estamos aquí para valorar si el PEREA está bien, el PEREA esta mal o cuál es la acción del Gobierno... Es otro tipo de valoraciones lo que en estos momentos se está señalando. Lo que se está debatiendo en estos momentos es si mi comportamiento ha sido honesto, y creo, señorías, que así ha sido, y creo que he podido trasladar a sus señorías argumentos y documentación suficiente para que sus señorías tengan la conciencia bien tranquila y puedan permitirme el seguirles mirando a la cara, como es mi deseo, sabiendo que he abierto un comportamiento limpio y honesto, que su único objetivo ha sido servir a esta región y tratar de resolver un problema que nos acuciaba a todos.

Con mi más sincero agradecimiento a todos los portavoces por el comportamiento, comprensión y manifestación en esta Comisión, quiero dar las gracias, señor presidente.

El señor presidente (ALLUÉ SUS): Muchas gracias, señor consejero.

Gracias a todos los portavoces por la normalidad con la que se ha desarrollado el debate, normalidad que ha existido también en cuanto a la propia convocatoria de esta comparecencia. La Mesa se constituyó después del Pleno de viernes, después del Pleno, no durante el Pleno, sino después, y estimó oportuno convocarla para el día de hoy, para este martes, a las 5,30 horas de la tarde, teniendo en cuenta que se trataba de una solicitud urgente de comparecencia, y como urgente lo calificó la Mesa de las Cortes, con lo cual entendemos que esta Mesa ha actuado con completa responsabilidad.

¿Alguna alegación al acta?

¿Ruegos, preguntas?

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión. [A las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.]



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