Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón


Varios

Proyecto de ley de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 038 de Plenos (IX Legislatura)
Intervinienen: Gimeno Marín, Fernando - Briz Sánchez, Gregorio Jesús - Martínez Romero, José Javier - Allué De Baro, Elena - Santos Loriente, Marta De - Sancho Guardia, Alfredo - Vallés Cases, María Yolanda

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Gracias, señora presidenta.

Señoras diputadas, señores diputados.

Comparezco con el objetivo de dar a conocer un proyecto de ley que de alguna manera viene a concretar un compromiso que se asumió con la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año dieciséis. Quizás poco tarde en el tiempo, pero luego explicaré que está justificado por qué se ha producido ese retraso en el tiempo, a pesar de lo que hubiera sido la pretensión del Gobierno.

Este proyecto lo que viene a plantear es dotar de una regulación formal al régimen retributivo y a la clasificación profesional del personal que trabaja en los entes del sector público institucional de nuestra comunidad, y no solo regular de una manera formal lo que ya preveía la ley de presupuestos, sino también homogeneizar las categorías profesionales, las estructuras salariales y cuantías retributivas de dicho personal, que se ha puesto de manifiesto dada la desigualdad interna que existe en el seno de los propios entes.

No era suficiente la ley de presupuestos para regular lo que pretendía la ley de presupuestos, ha sido necesario articular los mecanismos, en este caso legales, para poder abordar y plantear esos objetivos que se planteaban en la ley de presupuestos como consecuencia de los acuerdos que dieron lugar a esa mayoría para aprobarlos. Este proyecto fue aprobado en el Consejo de Gobierno el 1 de diciembre de 2016 y publicado en el BOCA el 12 de diciembre de 2016. Como hemos comentado, la ley de presupuestos de la comunidad preveía la necesidad de homologar las retribuciones del personal de los entes del sector público-institucional de la comunidad con las retribuciones de los altos cargos de la comunidad, disponiendo de las actuaciones oportunas, que se realizarían desde la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios.

Las actuaciones realizadas concluyeron con la necesidad de abordar un proceso de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional de estos entes, tanto del directivo como del resto del personal. La ley de presupuestos hablaba solo de personal, pero hacía falta articularlo porque el propio sistema actualmente, que estaba en vigor en su momento, daba lugar a que, si no, se producían contradicciones que no podían sostenerse. Por ello, se trabajó en el diseño de esta ley como el marco jurídico para llevar a cabo lo establecido en la ley de presupuestos, pero también para que ello estuviese dotado de las garantías jurídicas necesarias.

Y quiero decir que la causa del retraso fundamental que se ha producido para traer este proyecto de ley tiene que ver con las discrepancias que mantenía el Gobierno de España en relación con las competencias que se tenían para abordar este tema, puesto que entendían desde el Gobierno de España que era un tema que estaba regulado en la ley de presupuestos del Estado en lo que se refiere a los límites de las cuantías retributivas o de las masas salariales que teníamos aprobados para la comunidad autónoma. Ellos entendían que era una competencia del Estado esa determinación de los límites y ha habido que convencer al Estado y al Gobierno de que esos límites se estaban respetando, es decir, que los límites que se establecían en la ley de presupuestos del Estado no se conculcaban con los acuerdos que pretendíamos establecer de homologación retributiva del personal directivo de las entidades institucionales a los que estamos haciendo referencia.

Y quiero decir que se terminó y se culminó el acuerdo con el Estado en noviembre de 2016 y esta es la razón por la que, una vez culminado el acuerdo con el Estado, se trae el proyecto de ley de una forma inmediata. Antes no se podía porque no había acuerdo y, si no, se producía la paradoja... bueno, la paradoja no, la realidad de que se paralizaba la ejecución o la tramitación de este proyecto de ley porque incumplía, si el Estado lo entendía así, la posibilidad de avanzar en ello.

En la aplicación de este proyecto va a verse afectado en estos momentos, porque ya se ha venido trabajando, no solo con este proyecto de ley, el 7,3% de la masa salarial del personal de los entes de nuestro sector público empresarial, y ello porque el Gobierno ya ha ido tomando diversas medidas que han llevado a que el 93% de los sueldos del personal directivo ya se encuentren homologados.

Fundamentalmente en estos momentos, las consecuencias de la ley van a tener mucho que ver con los puestos de nivel intermedio. El personal técnico ya se encuentra homologado, algunos puestos requerirán para llevar a cabo la homologación la reclasificación, y hasta ahora hemos venido realizando homologaciones salariales en el personal de diversas entidades (Banco de Sangre y Tejidos...) porque entrábamos ya en la línea de la voluntad política que tenía el Gobierno, traduciendo, lógicamente, lo que establecía la propia ley de presupuestos. El análisis realizado encontró ya disfunciones en diversas entidades, así como en varias empresas. Es lo que de alguna manera esta ley va a resolver.

Lo que quiero dejar bien claro, y espero que, con este proyecto de ley, lo que de alguna manera se tramita conforme a lo previsto en el artículo 153 del Reglamento de las Cortes, y llevamos adelante es otro de los compromisos —así lo entendemos nosotros— que adquirimos con la ciudadanía aragonesa, pero también con los grupos que apoyaron los presupuestos del año 2016.

Espero que tenga mayoría en las Cortes este proyecto de ley porque creo que es un avance y, además, es el cumplimiento de algo que establecía la propia ley de presupuestos. [Aplausos.]

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Intervención de los grupos parlamentarios para fijar posición respecto del proyecto y también respecto de las enmiendas.

Tiene la palabra don Gregorio Jesús Briz, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Chunta Aragonesista.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

La posición de Chunta Aragonesista sobre este proyecto de ley de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto de personal al servicio de los entes del sector público institucional era un acuerdo que, como ha dicho el consejero, se hizo en aprobación del presupuesto de 2016. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo. Y es cierto que, haciendo caso a los artículos del texto refundido, tanto el 81.5 como el 87.3 del texto refundido de la Ley de Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, esas retribuciones del personal directivo deben plantearse por el Gobierno Aragón a través de la ley de presupuestos, y es lo que realmente se trata de racionalizar con esta ley y llegar, digamos, según ese proyecto de ley y los trabajos hechos por la Dirección General de la Función Pública, a esta ley que vamos a intentar aprobar hoy.

Es verdad que era necesario abordar ese proceso de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal tanto directivo como del resto del personal, porque ambos están recogidos en este proyecto de ley, y, por lo tanto, esas entidades integrantes del sector público institucional, tanto las entidades de derecho público como las sociedades mercantiles de derecho público. Yo creo que había una gran heterogeneidad, había quizá también una falta de transparencia y había una ausencia de regulación formal de los complementos, de las categorías profesionales, seguramente de la estructura salarial y las cuantías de retribuciones y la desigualdad de retribución de los entes.

Por lo tanto, la finalidad de esta ley —y en eso estamos de acuerdo— es desarrollar lo previsto en esa ley de presupuestos, tal como ha dicho el consejero, y regular el personal directivo y el resto del personal que desempeña sus funciones en el sector público institucional. Y, por lo tanto, estamos de acuerdo en establecer unos criterios claros, uniformes y objetivos para determinar tanto la retribuciones como la clasificación profesional, que haya un marco jurídico adecuado para establecer todas las homologaciones.

Además, yo creo que este proyecto de ley de lectura única es, lógicamente, un proyecto que también ha atendido las enmiendas de los grupos parlamentarios que han creído conveniente su presentación y se han aceptado algunas de ellas. Veinte ha habido en total (siete del Partido Popular, nueve de Podemos y cuatro del PAR), algunas se han retirado y otras, lógicamente, se han rechazado, pero realmente se ha llegado a bastantes consensos. Y, por lo tanto, yo creo que mejora quizá el texto en cuanto a la declaración de bienes o incluso a la transparencia o las indemnizaciones.

Por lo tanto, no voy a agotar el tiempo. Por supuesto, Chunta Aragonesista va a votar a favor de esta ley y de algunas de las enmiendas que se han presentado por parte de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Ciudadanos, don José Javier Martínez Romero.

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero, quiero hacer un pequeño matiz, señor Gimeno, hacer un pequeño matiz, señor Briz, y es que este es un compromiso que se estableció cuando se estuvo trabajando en la ponencia de la ley de presupuestos, se estableció por parte de todos los grupos parlamentarios. De hecho, algunos desarrollaron un trabajo magistral y creo que habría que reconocérselo y no decir que esto es fruto únicamente de aquellos que lo apoyaron.

La cuestión es que, en aquella tramitación, lo que se hizo fue un planteamiento de intenciones y aquí lo que tenemos es una ley de medidas que ya establece un marco a partir del cual se puede trabajar y se puede trabajar en todo aquello que ya directamente en aquel debate se trató, y que era el fondo de lo que se ha intentado reflejar aquí. Lo primero, la eliminación de la discrecionalidad que existía en cuanto a todas las salvedades y recovecos que podía haber en la retribuciones de los cargos que se ostentan en estos entes públicos. La segunda, el hecho de que no existía homogeneidad en cuanto a las condiciones retributivas y clasificación de personal. Ya solo con esto, nosotros nos mostrábamos, nos podíamos mostrar a favor del texto que se había planteado por parte del Gobierno de Aragón, pero creemos —queremos decirlo aquí— que a través de las enmiendas ha salido mejor, ha sido mejorado.

Y ha sido mejorado en dos aspectos que también se trataron directamente en las deliberaciones que hubo en aquella ponencia. El primero, en cuanto a la idoneidad. Había un discurso, había una discusión en aquel momento que indicaba que podíamos caer en una trampa con respecto al perfil y la retribución que corresponde al perfil en algunos de estos entes para el desarrollo correcto del desempeño que iban a tener que acometer. Es decir, que podíamos caer en la trampa de que la limitación de la retribuciones en un momento determinado pudiera coartar el acceso de los mejores profesiones para llevar a cabo proyectos que en algunos casos son muy importantes, y creemos que, cuando el perfil es adecuado, se consigue que sean de éxito, como podemos hablar del aeropuerto de Teruel, por poner un ejemplo. La segunda parte, que también nos parece que se ha mejorado a través de las enmiendas, ha sido la del control y la transparencia, tal y como ha presentado el Partido Aragonés. La cuestión es que, si aquí de lo que se trata es de tratar que no haya discrecionalidad, no solo en las retribuciones, sino además en las designaciones y nombramientos, tal vez lo más conveniente cuando estamos hablando de unos entes que son públicos, de unos entes cuyo control corresponde a las Cortes de Aragón, es que esa información venga directamente aquí para que la podamos conocer, para que incluso la podamos debatir.

Creemos que, en el texto inicial, con todas las enmiendas que se han planteado, la cuestión queda perfectamente reflejada, ese marco queda perfectamente definido y, por supuesto, nosotros votaremos a favor.

Muchísimas gracias.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien.

Continuamos, Grupo Aragonés, doña Elena Allué.

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias.

Han pasado ya diecisiete meses desde que el presidente Lambán, en su discurso de investidura, anunciara como uno de los compromisos que hubiera un deseo por su parte de reformar la arquitectura institucional y también su deseo de acometer una verdadera reforma de la función pública despolitizándola, simplificándola, reduciendo también el número de altos cargos y asesores y eventuales tanto en los departamentos como en las empresas públicas. Y también han pasado diecisiete meses desde que el señor Lambán, presidente del Gobierno Aragón, anunciara también esa homologación necesaria de los sueldos de los directivos de empresas con respecto a lo que se cobra por parte de consejeros y del presidente.

Yo creo que, dicho esto, cabría al menos un minuto de reflexión sobre este tipo de acuerdos, que en su mayor parte no se han abordado y que solo en una mínima parte se trae aquí hoy a aprobación a través de la ley de homologación, por cierto, con la que estamos de acuerdo y que vamos a apoyar. Pero sí que nos gustaría, como le dije ya al consejero de Hacienda en una interpelación sobre función pública, que este Gobierno fuera más valiente en el sentido de verdad acometer esa necesaria reforma tanto de la arquitectura institucional como de la función pública, hechos —ninguno de los dos— que no se han abordado con diligencia.

Por lo tanto, podríamos decir que, en este tema, los acuerdos en su gran mayoría no han cuajado, no han fructificado, y creo que además deberíamos hacerlo porque son temas sensibles para los que la ciudadanía espera algo mucho más que estos pequeños pasos. Yo entiendo además que, a no ser que algún directivo de empresa pública vaya a dimitir de aquí al final de la legislatura, realmente va a ser el gobierno próximo el que aborde de verdad la homologación de los puestos porque, como saben, se ha introducido un complemento personal y transitorio. Por lo tanto, será el próximo gobierno el que de verdad aborde este cambio.

Y yo creo, en un momento de desapego hacia la política y hacia los políticos, hacen falta respuestas más contundentes. Yo creo que lo que se requiere ahora es que se lancen mensajes esperanzadores a aquellos que han perdido la confianza hacia los gobernantes. Y en este tema y en otros yo creo que debemos ser mucho más claros, debemos pisar más el suelo y valorar en su justa medida lo privilegiados que somos. No es el momento de los altos sueldos, yo creo que es el momento de lanzar mensajes a la ciudadanía de prudencia, de responsabilidad, de contención en el manejo del dinero público. Difícil tarea por cierto si tenemos en cuenta que esto hay que compaginarlo con la garantía de profesionalidad, de diligencia, de eficiencia, de formación, de experiencia, de conocimiento y de buen hacer que se espera por parte de quien ocupa puestos de alta dirección.

Porque yo creo que no podemos caer tampoco en el error de que —quien dirija las empresas públicas de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón— con este tipo de medidas conseguiremos al final que los niveles de eficiencia de nuestra empresa pública se reduzcan, porque eso sí que sería un error de bulto. Y, por lo tanto, es difícil, pero hay que hacerlo, hay que compaginar también que la eficiencia no baje y que, por lo tanto, nuestra empresas públicas asuman como deben asumir los asuntos tan importantes que están gestionando en estos momentos en la comunidad autónoma.

Pero, como digo, también es cierto que se tiene que imponer un poco el sentido común. No era lógico que ningún directivo de empresa cobrara más que el presidente del Gobierno de Aragón y yo creo que en esto, lógicamente —y nosotros lo hemos reclamado—, se debe imponer el sentido común. No es de sentido común que nadie cobre más que el presidente del Gobierno de Aragón porque nadie tiene entre sus manos más responsabilidades que las que tiene el presidente del Gobierno de Aragón.

Y, por lo tanto, nos parece justo que se aborde este tema, que, como digo, para nosotros es un asunto de puro sentido común y por lo tanto apoyaremos esta ley desde el compromiso que como aragonesistas tenemos con esta comunidad autónoma, en la confianza, como digo, de que no solo quede esto en un simple paso, necesario pero pequeño, que hay que dar, sino que seamos capaces de abordar con valentía esa verdadera reforma de la arquitectura institucional y esa verdadera reforma la función pública.

Gracias. [Aplausos.]

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos, doña Marta.

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente.

Abordamos una cuestión muy importante para el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, una ley de cuyo nombre no puedo acordarme porque es tremendamente largo y complejo, pero que al fin y al cabo viene a decir que vamos a tratar de que aquellas personas que trabajan para la Administración pública dentro de los entes que de ella dependen trabajen con unas condiciones similares o equiparables a las de las personas que trabajan directamente para el Gobierno de Aragón. En este sentido, estamos muy contentos, muy orgullosos de haber participado en este proceso y de haberlo impulsado.

Cuando hablamos e insistimos, como somos tan raricos, en la falta de rigor o confianza hacia el Gobierno, pues este es uno de los puntos en los que yo personalmente y nuestro grupo parlamentario insistimos. Esta ley responde a un mandato de las Cortes de Aragón recogido en el los presupuestos de 2016, pero responde previamente —un año y medio hace de ello— a un acuerdo de investidura que sigue sin cumplirse. Tarde y tibio, decía ayer, tarde y tibio. Tarde, intentar, señor Gimeno, convencerme y justificar la tardanza de un año y medio. Pero es que ese punto cuarto del famoso acuerdo de investidura, el decálogo, hablaba también de la publicación de todas las relaciones de puestos de trabajo, de la reforma de la Ley de función pública, de la reforma de la Ley de función pública, y hablaba también de este proyecto de racionalización. Así pues, estoy contenta, vamos a ser positivos, que es lo que me piden, pues yo lo voy a ser. Estoy, estamos muy orgullosos de haber impulsado esta situación que hoy parece que se plasma negro sobre blanco.

Se sabe que se hizo muy mal y me llama la atención que precisamente las personas que estaban y participaron y fueron protagonistas de este proceso las declaren ahora como injustas o desproporcionadas. Bien está lo que bien acaba, y esperemos que esto acabe bien, pero estaría muy bien que hubiera responsabilidades políticas, si no, de otro tipo.

Ahora me temo que se consolidan mediante el voto que vamos a vivir —porque una cosa será lo que digan y otra cosa es lo que van a votar— estos privilegios que a la par están denunciando, pero a la vez se bloquea la capacidad de dignificar la situación de aquellos que no los tienen, es decir, que trabajan o están retribuidos por debajo de lo que hacen.

En los veinte últimos años, nadie es desconocedor de que la Administración aragonesa ha ido creciendo, creando nuevos entes públicos dependientes de ella, que se crearon al margen del control político y sindical, incluso social. En este sentido, a veces fue justificada la creación de estas entidades o de estos entes y, otras veces, hemos demostrado ya y se está demostrando en esta legislatura que muchos de ellos carecen de necesidad y de hecho han sido una especie de cuevas, las hemos llamado a veces, para esconder o escapar del control parlamentario, incluso para esquivar leyes con las que nos blindamos para asegurar la justicia en cuanto a contratación en la Administración pública.

Se detectan diez casos en los que, a día de hoy, las retribuciones de altos cargos de estos entes superan el sueldo de un consejero entre un 24 y un 76%. El sentido común haría que dijéramos que estos privilegios que están ustedes denunciando, que se conocen y que se han declarado como injustos e injustificados, se disolvieran, desaparecieran, y, sin embargo, proponen consolidarlos mediante un complemento personal transitorio, una figura que se ha empleado en la Administración pública en la absorción de funcionarios estatales y temas así, pero que en este caso es, por lo menos, denunciable.

El informe previo que nos trae esta ley, es escasico, es muy escasico, no da datos, y son ustedes muy inteligentes, con lo cual —y además llevan muchos años en esto— me permitirán pensar que hay datos que no nos han dado porque no han querido. No obstante, voy a ser optimista y vamos a insistir en que estamos muy contentos y orgullosos de haber impulsado, de haber empujado y de haber mejorado este texto legislativo que hoy vamos a aprobar.

Nuestras enmiendas iban en dos bloques: por un lado, la transparencia y el control desde los representantes de los trabajadores y, por las Cortes y en el portal de transparencia, por los ciudadanos, y, por otro lado, el gran bloque, insisto, de limitar privilegios desorbitados y vincularlos a objetivos cumplidos en estos entes. Esta es la parte en que ha habido más discusión. Evidentemente, a quienes han creado estos privilegios les va a costar mucho cortarlos y afrontarlos, porque, para empezar, debería de haber responsabilidades políticas, que no las va a haber, me temo. Y en este sentido se insiste en consolidar estos privilegios desorbitados, se bloquea que vuelva a suceder el pasado, pero me temo que la aprobación de hoy va suponer que vamos a esconder ese pasado turbio bajo la alfombra.

Pero, además, al consolidar estos sueldos astronómicos y al saber que no puede haber aumento en el global de esta medida de cara al presupuesto, evidentemente, estamos bloqueando que sean reconocidas realmente aquellas personas, aquellos derechos de la gente que no están correctamente reconocidos económicamente. Es decir, no es solo grave el blindar unas cosas que estáis denunciando, sino que además va a bloquear la posibilidad de que otras personas adquieran ese nivel de justicia.

Como soy un ser raro, observo, leo, propongo, consulto, voto, espero, leo, comparo y, como soy muy rara, voy a darle otra vez otra oportunidad. Vamos a ver si en el proceso, que no termina hoy, es verdad que se cuenta con los representantes sindicales y con los representantes de estas empresas, que algunas a día de hoy siguen sin entender este proceso, a las cuales hemos llamado y era primera noticia que tenían.

Esperamos —y de verdad que me cuesta cada día más—, voy a intentar volver a confiar en que este proceso se haga de acuerdo con todas las personas con las que tiene que hacerse.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, diputada.

Grupo Parlamentario Socialista. Diputado Sancho Guardia, tiene usted la tribuna.

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Señor presidente.

Señorías.

Como en otras intervenciones he señalado, respecto a las actuaciones emprendidas para la homologación de las retribuciones del personal de las empresas públicas de la comunidad autónoma, desde el Departamento de Hacienda, y en concreto desde la Dirección General de la Función Pública, desde el comienzo de la legislatura, y especialmente desde la entrada en vigor de la ley de presupuestos para el año pasado, se ha venido trabajando para dar cumplimiento al artículo 29.2 de la ley de presupuestos para el ejercicio 2016. Ese era el compromiso y esa era la voluntad del Gobierno, se empezó trabajando inicialmente para conseguir la homologación de las retribuciones del personal no directivo de las empresas públicas y se realizaron distintas actuaciones para llevar a cabo dicha homologación.

Y ha sido un proceso que me gustaría destacar por su importancia, por su complejidad, por su extensión y también, por qué no, porque incluso excede el mandato de estas Cortes. Inicialmente, para ver cómo sería esa afección, se desarrollaron una serie de actuaciones de forma transversal que se han ido incorporando en el objeto del estudio, y no solo en lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley de presupuestos, sino también aquellas otras entidades que establece el artículo 20.5 de la misma ley. Esto es, además de las sociedades mercantiles autonómicas, era necesario conocer la estructura retributiva y de clasificación del personal tanto directivo como no directivo de las entidades de derecho público, fundaciones y consorcios. Y era imprescindible hacerlo para proporcionar un marco de actuación homogéneo, coherente, en materia de homologación retributiva tanto del personal directivo como del personal laboral de todas las entidades integrantes del sector público institucional de la comunidad autónoma.

Las actuaciones, los criterios, el diagnóstico de situación están perfectamente reflejados en el informe que acompaña a la tramitación de la ley, pero a mí sí que me gustaría destacar, brevemente además, respecto del diagnóstico de situación que ha sido un diagnóstico de situación complejo tanto por la estructura retributiva del personal no directivo como porque no existían equivalencias a la hora de hacer similitudes y porque la estructura retributiva del personal no directivo de las empresas públicas es tan diferente de la del resto del personal funcionario que supone que tenga una gran complejidad técnica y que suscite sobre todo dudas interpretativas al objeto de abordar lo que en la Ley de Presupuestos se estableció. Y además también existen otra serie de dudas jurídicas respecto de que la homologación pudiera suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que se reflejan en el artículo 41.1, apartado del Estatuto de los Trabajadores, ya que, clarísimamente, el mandato del legislador, en este caso de estas Cortes, era de homologación retributiva, no de reducción de retribuciones de manera explícita.

En definitiva, la regulación contenida en la ley de presupuestos parecía insuficiente como marco para poder llevar a cabo el proceso de racionalización y homologación retributiva de este personal y además también el Tribunal Constitucional, de forma reiterada, ha establecido que las leyes de presupuestos tienen una función muy específica y, además, constitucionalmente definida.

Y ante esta situación, ¿qué es lo que se podía hacer? Pues compartimos que la situación debía aclararse y que para una mayor seguridad jurídica había que dictar una norma con rango de ley que, con carácter general y horizontal, desarrollase todas las previsiones de la ley de presupuestos del ejercicio 2016 y que regulase el régimen del personal directivo y del resto del personal de todo el sector público de la comunidad autónoma. Y aquí quiero recordar, como también ha dicho el consejero, cómo sobrevolaba la posibilidad de que se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado respecto a los artículos de nuestra ley de presupuestos, posibilidad que desapareció en cuanto fue firmado en noviembre el acuerdo de la Comisión Bilateral, y que despejó e impulsó también la tramitación de este proyecto de ley.

De igual forma, también me gustaría subrayar que la aplicación de las previsiones que se contienen en este proyecto de ley no conllevan coste económico, más bien en este momento pueden suponer incluso un ahorro, destacando que no es posible que haya un incremento de retribuciones para este personal, si bien es cierto que se establece y se contempla un complemento personal transitorio.

Respecto de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, tengo que decir que nuestra posición respecto a ellas ha sido siempre intentar el máximo consenso, que realmente así ha sido, ha habido muy pocas discrepancias, y fundamentalmente se han tratado todas ellas con espíritu clarificador, de precisión y enriquecedor del texto.

En definitiva, señorías, la aprobación de este proyecto de ley supone la voluntad decidida de este Gobierno de cumplir con sus compromisos adquiridos: en primer lugar, en nuestro programa, que ningún alto cargo, salvo excepciones, cobrase más que un director general, y, por supuesto, todos por debajo del presidente; en segundo lugar, porque esta propuesta también figuraba de forma explícita en los acuerdos de investidura firmados con Podemos, y, en tercer lugar, porque cumple con el mandato de estas Cortes y con la ley de presupuestos para 2016.

Voluntad y compromiso que el Grupo Parlamentario Socialista comparte para culminar un proceso iniciado hace tiempo y que nadie hasta ahora había sido capaz de llevarlo a cabo hasta el final. Proceso que va a permitir establecer criterios claros, uniformes y objetivos para sistematizar la política de personal de las entidades del sector público aragonés, abarcando no solo la homologación retributiva, sino la racionalización de sus estructuras retributivas y su clasificación profesional.

Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor Gimeno, tal vez desde el Grupo Popular podamos entender su discurso, de naturaleza claramente técnica y de desarrollo de este proyecto de ley, pero lo que no podemos es abstraernos de la verdadera razón por la cual hoy estamos debatiendo sobre esta materia. Y la razón no es otra que la dificultad y el problema de interpretación jurídica que se deriva aprobar dos leyes el mismo día en estas Cortes, me estoy refiriendo a la Ley de presupuestos de 2016 y a la Ley de medidas fiscales y administrativas, aprobadas ambas el 28 de enero de 2016.

Ambas leyes lo fueron a propuesta de su Gobierno, ambas con discrepancias de origen y que, tras el trámite parlamentario, la mayoría sobre el papel, esa que ustedes quieren que les apoyen, tampoco fue capaz de converger en sus propuestas legislativas y fue capaz de resolver la cuestión de fondo. Así que no les vamos a negar la voluntad y el compromiso compartido con el anterior gobierno de racionalizar el conjunto del sector público institucional aragonés, incluyendo sus retribuciones y homologándolo a la estructura funcionarial. Pero entenderán nuestro escepticismo cuando tras la Ley, como decía, de presupuestos y la Ley de medidas fiscales y administrativas han necesitado ustedes de otra ley y de nuevo del trabajo de estas Cortes para intentar resolver su propio enredo jurídico y que nos permitiera definir cuestiones como qué se entiende por «personal con funciones ejecutivas», qué conceptos pueden ser objeto de comparación retributiva en términos homogéneos y quién tiene la competencia en la fijación de retribuciones del personal de las entidades de derecho público, cuestiones todas ellas que requerían de aclaración jurídica, tal como se indica en el informe de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios Públicos que acompaña a este proyecto de ley, cuestiones que ustedes ocasionaron con una doble regulación y cuestiones que con este proyecto se quiere resolver.

Así pues, señorías, no sé si estamos ante un nuevo parche legislativo para resolver un problema de gestión de personal, a los que este Gobierno empieza a tenernos acostumbrados —y le recuerdo el último Pleno del mes de diciembre—, o si tratan de resolver los defectos con que nació de inicio la Ley de presupuestos de 2016 tanto en sus aspectos económicos como en su articulado, y de que este proyecto de ley es otro ejemplo.

Lo cierto, señorías, es que, tras el impasse legislativo de enero, hoy, por lectura única especial, vamos a debatir y aprobar las medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio del sector público institucional de la comunidad autónoma, y lo vamos a hacer, como decía, por tercera vez en poco más de un año, esperando desde mi grupo que por lo menos a tercera, valga el refrán, vaya la vencida y la cuestión jurídica quede resuelta y, si bien con cierto retraso por su falta de concreción, que supuso discrepancias con el Gobierno de España, cerremos un proceso que, como decía, comenzó en la pasada legislatura. Proceso que tiene por objeto racionalizar el sector público aragonés, sector público que entre los años 2003 y 2011, siempre bajo gobiernos socialistas, ve incrementado el número de entes públicos de sesenta y siete a ciento veintidós entre empresas públicas, organismos autónomos, entidades de derecho público, corporaciones y fundaciones, número, señorías, que solo descendió durante la pasada legislatura, en un largo proceso económico y jurídico que dejó en ciento tres el entramado público autonómico. Proceso de racionalización que consistió no solo en su reducción mediante fusión, venta o extinción, sino también en su propio funcionamiento con el establecimiento de políticas comunes de gestión y de control a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón en materia de empresas y con medidas de racionalización administrativa en el resto, así como en la reducción de altos y medios cargos en un 27 y 32%, respectivamente, y racionalización y homologación de retribuciones que han determinado que, a fecha de hoy y tal como se recoge en el informe presentado, podamos decir que las retribuciones del 93% del personal laboral no directivo de las empresas públicas y entidades de derecho público ya están homologadas con las de los empleados públicos o con las del resto de empleados públicos de la Administración de la comunidad autónoma.

En concreto, solo treinta de los setecientos catorce trabajadores, en el caso de las entidades de derecho público, y setenta y seis de los seiscientas noventa y un trabajadores de las empresas públicas pueden verse afectados por esta normativa, lo que viene a demostrar y a evidenciar el trabajo de homologación de estos últimos años. En relación con el personal directivo, la limitación retributiva afectará a diez de las empresas públicas y a tres de las entidades de derecho público de las doce existentes.

He querido hacer este repaso para dejar claro que, naturalmente, compartimos la idea de racionalización retributiva y homologación comparativa de la clasificación profesional pues coincide con las acciones ya encaminadas en la pasada legislatura, por lo que no estamos ante una novedosa regulación, sino más bien ante una nueva regulación técnicamente necesaria para resolver cuestiones de seguridad y garantía jurídica. Cuestiones como las dudas de interpretación jurídica a las que hacía referencia al inicio de mi intervención, a las que hay que añadir otras derivadas del hecho de aprobar la Ley de presupuestos un 28 de enero para que se aplicara en esta cuestión desde el 1 de enero, cuando la retroactividad limitativa de derechos, como es el caso, no está permitida por nuestra Constitución; o problemas de seguridad jurídica derivados de recoger una modificación unilateral de las condiciones laborales para el caso de que la aplicación de esta propuesta suponga la reducción de salario, y que se resuelve a través los complementos personales transitorios. Necesarios para cumplir, señores de Podemos, con nuestro derecho laboral, razón esta, la protección de los derechos laborales, que nos hará votar en contra de su enmienda número 12, que pretende eliminar los derechos laborales, que, por cierto, no son nunca susceptibles de negociación sindical porque ya los tienen, y de ahí nuestra abstención a la enmienda número 13, también de Podemos.

Así pues, compartiendo en general el contenido técnico y el resultado práctico de esta propuesta, desde el Grupo Popular mantenemos seis enmiendas que quieren dejar constancia, por un lado, del trabajo ya realizado en este campo, en especial en el sector público empresarial, con la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del sector público empresarial, incorporándola a la exposición de motivos.

Por otro lado, recogiendo previsiones de esta misma Ley 4/2012 que se contenían y que esta ley deroga, consideramos que los máximos responsables y directivos de las empresas públicas en cuanto a su régimen de incompatibilidades y la obligación de la declaración de bienes, derechos patrimoniales y actividades de altos cargos que se contenían en esa ley... deben hacerse extensivos al resto del personal de los máximos responsables de los entes públicos. De ahí nuestra enmienda que, mediante transacción, va a ser incorporada.

Igualmente queremos dejar constancia de la unidad de pleno derecho de las cláusulas de los contratos de alta dirección que reconozcan indemnizaciones o compensaciones económicas, cualquiera que fuese su naturaleza o cuantía, por razón de la extinción jurídica que les une con las entidades públicas. Previsión que igualmente se contenía en la mencionada Ley 4/2012, que esta ley deroga, que no se había contenido en la misma y que, si bien se recoge una clausula general, entendíamos que, por su especial naturaleza y por los antecedentes en esta comunidad autónoma y en otras, debía aparecer expresamente, algo que también creo que han entendido el resto de los grupos porque se va a incorporar mediante un texto transaccional.

Por último, hemos presentado una enmienda que tiene un claro carácter de control parlamentario de las decisiones del Gobierno. Así, este proyecto recoge la previsión de la posibilidad de otros ingresos variables derivados de la fijación de objetivos o de la productividad, ingresos que no están sujetos al límite retributivo básico de la homologación, por lo que consideramos que los créditos o directrices de la evaluación de los máximos responsables para la fijación de estas retribuciones debían ser objeto de aprobación anual atendiendo a las circunstancias sociales y económicas, y no hay mejor instrumento, con su carácter anual, que la ley de presupuestos, ley que anualmente deberían aprobar estas Cortes.

Estas son nuestras aportaciones, que creemos han mejorado y completado el texto, por lo que su naturaleza técnica no presenta grandes cuestiones de conflicto político y apoyaremos en su totalidad, más allá de nuestra petición o si nos permiten un consejo al Gobierno, de mayor coordinación legislativa y de mayor serenidad a la hora de aprobar la ley de presupuestos, que nos permita a todos garantizar que lo que se aprueba se puede y se va a cumplir, algo que el tiempo y los hechos han demostrado que no ha ocurrido con la última Ley de presupuestos de 2016, por cierto, ley que sigue prorrogada.

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

Pasamos a la votación.

La enmienda número 1 ha sido retirada.

Votación en primer lugar del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación de la enmienda del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 3. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: sesenta y seis síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación de la enmienda número 4 en sus términos, del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación de la enmienda número 6, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

La enmienda número 8 ha sido retirada.

Votación a continuación del texto transaccionado para la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: sesenta y seis síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación de la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. [Rumores.] Finalizada la votación...

Repetimos la votación de la enmienda número 12 en sus términos, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: diecisiete síes, cuarenta y nueve noes. Decae la enmienda presentada.

Votación de la enmienda número 13 en sus términos, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: treinta y nueve síes, veintisiete abstenciones. Queda aprobada la enmienda número trece.

La enmienda número 14 ha sido retirada, al igual que la enmienda número 15.

Votación de la enmienda número 16 en sus términos, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: quince síes, cincuenta y un noes. Decae la enmienda presentada.

Votación del texto transaccional alcanzado para la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos: sesenta y cinco síes. Se aprueba por unanimidad.

Votación de la enmienda número 18 en sus términos, del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: cincuenta y dos síes, trece noes y una abstención. Queda aprobada la enmienda número 18.

Votación de la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Popular, a la exposición de motivos. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: cincuenta y un síes, catorce noes, una abstención. Queda aprobada.

Y por último, votación de la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y seis votos emitidos: cincuenta y un síes, catorce noes, una abstención. Queda aprobada la enmienda número 20.

Votación conjunta, votación del texto del proyecto de ley en su conjunto. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos: sesenta y cuatro síes. Queda aprobado por unanimidad.

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto?

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

¿Grupo Parlamentario Aragonés?

¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?

¿Grupo Parlamentario Socialista?

El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Quiero agradecer a los grupos su trabajo y predisposición en el trabajo de las enmiendas presentadas, como decía en mi intervención, para enriquecer, clarificar y precisar el texto del proyecto de ley. Y también quiero felicitar al Departamento de Hacienda, y concretamente a la Dirección General de la Función Pública, por el magnífico y sobre todo complejo trabajo realizado.

Gracias. [Aplausos.]

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho.

¿Grupo Parlamentario Popular?

Pues siguiente punto del orden del día: comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de los veintiún diputados del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre cómo piensa elaborar y cómo va a recabar los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017.

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

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