Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón


Proyectos de Ley

Debate del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 045 de Plenos (X Legislatura) http://www.cortesaragon.es/fileadmin/icons/color/icons/document-pdf.png" border="0">
Intervinienen: Galeano Gracia, Oscar - Fernández Martín, Marta - Saz Casado, José Luis - Sainz Martínez, Ana Cristina - Sanz Remón, Álvaro - Peirat Meseguer, Esther - Martinez Romances, Carmen - Prades Alquézar, María Pilar

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, con el debate del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón.








Para la presentación del dictamen, señor Galeano, tiene la palabra.

            Debate del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón.

El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la pandemia ha condicionado, desde luego, la actividad parlamentaria en el último año y se ha dado paso a otras prioridades legislativas que se han debatido en esta Cámara y que trastocaron, como en tantos otros ámbitos de nuestra vida, a cualquier programación inicial que se hubiera hecho.
Recuperadas ahora ya ciertas rutinas, hemos trabajado durante este último mes en la ponencia que ha tramitado este proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público aragonés, que fue ya aprobado allá por el 26 de febrero de 2020 por el Consejo de Gobierno. Quiero agradecer en este sentido el esfuerzo de todos aquellos que han formado parte de la misma, de la ponencia en cuestión, y que han demostrado su responsabilidad y su diligencia: al señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida; a la señora Fernández, de Vox; a las señorías del Grupo Aragonés, la señora Peirat y el señor Guerrero; a la señora Martínez, de Chunta Aragonesista; la señora Prades, de Unidas Podemos; al señor Saz, de Ciudadanos, y a la señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular.
Todos ellos han aportado de manera siempre constructiva a los debates acaecidos en esta comisión y, en mayor o en menor medida, habrán visto también recogidas algunas de sus propuestas que vienen, sin lugar a dudas, a enriquecer este texto definitivo, este texto normativo.
Quiero también mencionar en este punto el trabajo y el apoyo constante de los servicios de esta casa, de los trabajadores de esta casa desde cualquier ámbito: desde los ujieres, los trabajadores de departamentos administrativos y, por supuesto, a los servicios jurídicos, en la persona de don Jerónimo Blasco, pero también, por qué no decirlo, de la letrada doña Carmen Rubio. Han cohabitado dos ponencias, en este caso, que mantenían elementos de intersección, elementos claros de referencias entre ambas, y la colaboración entre los letrados y los servicios jurídicos de ambas ponencias era absolutamente necesaria, como así se ha producido.
La ponencia ha estudiado un conjunto de enmiendas, un total de ciento veintiocho, de las cuales, han pasado a formar parte del texto final de manera directa o bien a través de transacciones en torno al 20% de las mismas. La tramitación de este texto normativo, señorías, responde básicamente a las necesidades derivadas de la promulgación de las leyes básicas estatales que regulan las Administraciones Públicas y que exigían una regulación, una revisión de la regulación del marco jurídico del sector público aragonés, sin olvidar también, por otra parte, la necesidad objetiva que tiene nuestra Administración de adaptarse a los nuevos hábitos y usos de esta sociedad del año 2021, de la que todos los ponentes hemos sido partícipes en cuanto a esa necesidad de una administración electrónica digital, una relación más cercana —en ocasiones, menos presencial— con nuestros ciudadanos y más telemática.
Al margen de otras consideraciones en las que luego, seguramente, incidirán los portavoces de los grupos parlamentarios, puedo destacar también el intento de la ponencia, de los representantes ponentes para incluir en esta ley, para dar cabida en esta ley a aspectos regulados en la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa o, incluso, como decía anteriormente, adaptarla también de alguna manera a la aprobación, a la tramitación que se llevaba de manera paralela de la Ley del Presidente.
Sin más dilación, no quiero entrar ya en más explicaciones del contenido que luego comentaré como portavoz del Grupo Socialista, con nuestros aciertos y con nuestros errores en esta ponencia, este es el texto que definitivamente llega a las Cortes para su correspondiente aprobación.
Vuelvo a insistir en el agradecimiento, en el tono y en la cordialidad de todos los integrantes de dicha ponencia.
Gracias, señor presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.
Turno ahora para la defensa conjunta de los votos particulares y de las enmiendas mantenidas, así como para la fijación de posiciones con respecto al resto de grupos.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
En primer lugar, agradecer también al señor Galeano por la coordinación que ha hecho de las ponencias para poder llevar a cabo el desarrollo de esta ley, así como a todos los ponentes, representantes, portavoces de las ponencias y de todos los grupos parlamentarios por el buen hacer y el buen diálogo que hemos tenido entre todos.
Estamos hoy ante el debate y votación definitiva de la Ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón, un proyecto que se publicó con fecha 11 de marzo de 2020 y que a los pocos días, al decretarse el estado de alarma, nos paralizó en todos los sentidos, paralizando también la actividad legislativa de esta Cámara.
Desde Vox, queremos resaltar algunos aspectos que nos parecen relevantes de este proyecto de ley, tal y como es el dar cumplimiento al artículo 149.1.18.ª de la Constitución española, de adaptar la normativa autonómica a la legislación básica estatal, como es el caso de la ley que nos ocupa hoy del sector público de la comunidad autónoma.
En segundo lugar, compartimos también los principios generales establecidos en el artículo 3, en cuanto al deber de servir de la Administración Pública, el deber de servir a los intereses generales y respetar los principios de accesibilidad y proximidad a los ciudadanos: transparencia, agilidad en los procedimientos, buena fe, responsabilidad de la gestión pública, mayor control de la gestión y evaluación de los resultados, eficacia, economía y eficiencia.
Destacar también el tema de la Administración electrónica por el vuelco, la necesidad que dio la pandemia, la COVID, que puso de manifiesto las carencias existentes en el funcionamiento electrónico del sector público y, en este sentido, pues, se han hecho incorporaciones especialmente relevantes.
Destacamos también las medidas sobre vigilancia y evaluación de la actuación del sector público para racionalizar el uso de los recursos públicos, y para ello, será decisivo el plan de actuación y los planes que se elaboren junto con los presupuestos.
En cuanto al control de la eficacia, tal y como viene previsto en el proyecto de ley, nos genera dudas, porque no queda bien definido y se crean demasiados eslabones en la cadena de control y puede llevar al efecto contrario.
Consideramos de importancia la incorporación de mayores controles en la participación del Gobierno en el sector público, en cualquier otro tipo de ente o asociación no integrada en el concepto del sector público institucional, con el objeto de limitar el tamaño de la Administración autonómica, que ya de por sí consideramos elefantiásica.
Hablamos también de mayor transparencia con la creación de un registro de entes de la comunidad, que dará publicidad de los entes integrantes del sector público autonómico, con independencia de su naturaleza jurídica, porcentaje o forma de participación. En Vox, seguimos pensando que este proyecto de ley tiene margen de mejora a aspectos que, como ya hemos dicho, nos generan dudas y no quedan bien definidos o no son lo suficientemente ambiciosos.
Es por ello que queríamos comentarles que presentamos veinticuatro enmiendas: ninguna aceptada, una transaccionada (la noventa y uno, transaccionada con la número noventa y dos, de Izquierda Unida) y que mantenemos vivas las enmiendas números cuarenta y dos y setenta y uno.
La cuarenta y dos, en lo referente a mayor control y mayor transparencia, que es donde hemos querido poner el acento. En cuanto a las auditorías administrativas, hablaba de la ley o habla la ley de órganos administrativos que se someterán periódicamente. Aquí queríamos poner el acento en «anualmente», así como añadir «dar cuenta de los resultados de tales controles».
Y la enmienda número setenta y uno, en cuanto a los principios generales del sector público institucional, una enmienda de adición en el artículo 86, para dar cumplimiento al objetivo de la supervisión continua, presentar cada año un informe sobre la totalidad de entidades que integran el sector público institucional de la comunidad autónoma.
Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Saz.

El señor diputado SAZ CASADO: Gracias, presidente.
Bueno, me sumo al reconocimiento que se ha hecho a los distintos miembros de la Comisión, que no voy a repetir nombres, porque aquí, al final, nos conocemos todos, ¿no? Y, por tanto, me sumo.
Bien, veo que el espíritu de libertad está un poco adormecido, y voy a ver si lo despierto un poco. Porque creer que la ley anterior, las modificaciones de la ley anterior y las modificaciones de la ley actual son sobre leyes técnicas es devaluarlas. O sea, ni la ley anterior ni esta ley son técnicas. Una cosa es que requieran técnica normativa, pero no son técnicas, son eminentemente políticas, y no estamos en momentos en los que se puedan devaluar leyes que tienen contenido político.
El Derecho Administrativo —lo he dicho en esta misma tribuna varias veces— es un instrumento que tienen los ciudadanos para defenderse de la actuación de las administraciones. Y ambas dos leyes, especialmente esta, tiene esa palanca con la cual los ciudadanos se defienden de la Administración, y por eso es eminentemente política. Es decir, no existen derechos de los ciudadanos frente a la Administración en aquellos países que son totalitarios, en aquellos países que son populistas o en aquellos países que son confesionales, por ejemplo, no existen, no hay tutela judicial de los ciudadanos fuera de la democracia liberal. Por lo tanto, son leyes políticas y no debemos olvidar esta carga..., el alma de estas leyes políticas.
Y ahora voy ya a lo que es la Ley de régimen jurídico y a las modificaciones que hemos efectuado. Por lo tanto, es una columna vertebral en las relaciones del individuo, de los ciudadanos frente a la Administración, y debe enfocarse, sobre todo, desde esa parte del ciudadano frente a la Administración.
En la exposición de motivos de esta ley se indican dos razones para efectuarse esta modificación normativa: la primera es que hay una mayor complejidad en la gestión pública, es cierto, y la segunda es que debe procederse a una adaptación de la normativa básica del Estado, la Ley 39/15 y la Ley 40/15, efectivamente. ¿Lo cumple? ¿Cumple esos dos objetivos? Pues, parcialmente. Y vamos a ver por qué. Nosotros votaremos que sí, lógicamente, pero creemos que la ley se podía haber enriquecido de una mejor manera.
De las cuarenta y tres enmiendas, entre siete y ocho han sido aceptadas. Creemos que había algunas que se deberían de haber aceptado, especialmente algunas que hemos propuesto, porque hemos recogido propuestas que han hecho los expertos y que han hecho bastante hincapié en que se introdujesen y que, sin embargo, la Comisión, a la hora de votar, ha considerado, por parte de los grupos que avalan al Gobierno, que no debería recogerse ese sentimiento o esas propuestas por parte de esos miembros expertos.
Hemos contribuido desde Ciudadanos a introducir en la ley determinados..., desde el punto de vista de los derechos de la ciudadanía, por ejemplo, los conceptos de simplificación y agilización de trámites en el artículo 3, mediante la enmienda pertinente. Igualmente, los conceptos de modernización del artículo 37. El principio de no discriminación tecnológica, es decir, es cierto que estamos en momento donde la tecnología, las relaciones de la tecnología nos permiten que la administración se realice a través de determinadas plataformas, pero no podemos perder de vista que no todo el mundo tiene al alcance o la usabilidad no la pueden entender igual todas las personas. Por lo tanto, hay que protegerlos. Bien, hemos introducido algunas modificaciones.
Pero hay otras que no se han podido introducir y que creemos que deberían de haberse hecho. Es decir, a veces, se produce en la normativa una determinada contradicción: por ejemplo, no aparece la palabra «comisionado» en la normativa cuando resulta que este Gobierno sí que tiene comisionados, y es una ley con vocación de permanencia. No se trata de que se nombre o no se nombre, sino que se recoja el instrumento jurídico, como algún otro instrumento que se había propuesto.
Nosotros propusimos, si se mantiene la votación por separado, la introducción de unos proyectos estratégicos sociales que creíamos que iban a fortalecer la ley, porque creemos que así sucede. Bueno, la mantenemos como votación separada. Igual que dijimos que, hombre, no pasa nada por reconocer la idoneidad cuando se nombran a personas, altos cargos, especialmente a los delegados territoriales, es decir, qué menos que pedir una idoneidad. Ya sé que es de sentido común, pero es que como a veces falta el sentido común, pues, no está de más meter en la ley que se recuerde que deben de mantener una cierta idoneidad.
O, por ejemplo, cuando propusimos que por parte de la Administración General del Estado existen dos sistemas de firma automatizada, dos, para que cada Administración elija uno de los dos. Sin embargo, la Administración autonómica solo opta por uno, y eso significa, primero, perder la posibilidad de que haya dos, porque esta ley, que tiene vocación de permanencia, nosotros no sabemos, ninguno de los estamos aquí, si mañana vamos a tener que utilizar el código seguro de verificación, que no aparece recogido como uno de los dos en nuestra ley, y vamos a tener que ir corriendo a modificar la ley. Si se trata simplemente de... [Corte automático del sonido].
En definitiva, lo mismo sucede —y acabo ya— cuando hicimos una propuesta de que, en el régimen del ejercicio de la actividad administrativa, lógicamente, se establece la gestión directa, la gestión indirecta, pero, hombre, no pasa nada por introducir la posibilidad de que la gestión de los servicios públicos se pueda realizar a través de la iniciativa de entes sociales, cosa que se rechazó, o de entes de iniciativa mercantil. Es una posibilidad, y no hay que confundir la previsión con la realización del servicio público.
En definitiva, creemos que se podía haber mejorado, pero, no obstante, votaremos que sí.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Como todos los portavoces que me han antecedido, quiero agradecer, antes de comenzar, el trabajo de los miembros de la ponencia y al coordinador de la misma, agradecer también el trabajo del letrado y de todos los trabajadores de la casa, que han hecho posible que hoy podamos estar debatiendo y votando este proyecto de ley. Y agradecer también a los ponentes que participaron en las audiencias legislativas.
Hoy se aprueba una ley, que es la adaptación a una normativa básica estatal contenida en la Ley 39/15, de procedimiento administrativo común, y la 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público. Dos normas que fueron aprobadas por un Gobierno del Partido Popular que planteaban una reforma integral respecto de la forma de organizarse y relacionarse de las Administraciones con los ciudadanos y las empresas por medios electrónicos, y también la forma de relacionarse con las demás Administraciones e instituciones. Y esto se hizo bajo el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles. Ambas leyes apelan a las comunidades autónomas para que adopten medidas destinadas a una efectiva y completa implantación de la administración electrónica y organizar el entramado institucional.
La ley que hoy se aprueban en estas Cortes llega con mucho retraso. Estamos adaptando normativa autonómica a la estatal del año 2015. Como digo, llega tarde, es totalmente extemporánea e incompleta.
Aragón debe emprender con firmeza la digitalización de todos los procedimientos electrónicos: contratación, expediente electrónico, porque el grado de implantación en la administración de los procedimientos electrónicos en Aragón es deficiente. Y es deficiente porque, además de un marco normativo, es necesario, hace falta un marco presupuestario que permita aplicar todas las iniciativas que de la ley se deriven.
El Gobierno de Aragón tenía ya en el 2015 la responsabilidad y la obligación de desarrollar y aplicar esta legislación básica, pero el retraso de la digitalización y modernización de la Administración aragonesa es evidente. La llegada de la pandemia ha puesto al descubierto las carencias y los retrasos. Es claramente manifiesta la falta de inversión y de gestión para dar ese empuje necesario que modernice la Administración aragonesa y brinde a los aragoneses los mejores servicios, junto con el ahorro de costes que supone la digitalización.
Tampoco debemos subestimar los beneficios en materia de transparencia y de seguridad que se consigue gracias a la digitalización de los organismos públicos, y ahí es donde ustedes, el Gobierno de Aragón, tienen la obligación y la responsabilidad de ir marcando esas directrices políticas a todos los departamentos y entes públicos, exigiendo el cumplimiento estricto de esta modernización, impulsando la implantación y la puesta en marcha de esta ley.
El Partido Popular ha presentado enmiendas con la intención de aportar, de mejorar la ley, con la ambición de ir más allá, ambición que le ha faltado al Gobierno de Aragón a la hora de aceptar enmiendas, que se ha limitado a trasponer la ley. De las treinta enmiendas presentadas por el Partido Popular, solo han tenido a bien aceptar cuatro. No han querido ir un paso más allá en el desarrollo de esta ley.
Destacaré dos enmiendas presentadas por el Partido Popular que hemos mantenido vivas para que se vuelvan a votar en este Pleno. En una de ellas, hemos propuesto introducir la figura de los comisionados, pero ha sido rechazada. Pretendíamos introducir la figura de los comisionados para que estos se sometan a las reglas de funcionamiento y control, equiparándoles a los directores generales, pero ha sido rechazada por el Gobierno de Aragón. Recordemos que los comisionados han sido creados por un Gobierno del PSOE, con un coste económico para los aragoneses de más de un millón de euros por legislatura.
La segunda enmienda que me gustaría destacar es la propuesta de este grupo parlamentario para incluir el principio de responsabilidad social corporativa en la gestión de las sociedades mercantiles autonómicas. La responsabilidad social corporativa es una forma de dirigir empresas, basada en la gestión de los impactos que su actividad genera, pues, sobre empleados, medio ambiente, sobre la sociedad en general. Pero el Gobierno de PSOE-Podemos también la ha rechazado. Esto lo rechaza un Gobierno que repite constantemente que es social. No es solo parecerlo, es por encima de todo serlo.
Está claro que al proyecto de ley le ha faltado altura de miras para ir un poco más allá en cuanto al desarrollo y enriquecerlo. Es una ley que se anuncia su tramitación por parte del Gobierno del PSOE en 2017, pero entra en estas Cortes para su tramitación en 2020. El Gobierno sabrá cuál es el motivo de este retraso.
El Grupo Parlamentario Popular considera que tiene que ser el Gobierno de Aragón quien garantice ese marco presupuestario que dicte e implemente instrucciones para que la Administración aragonesa se modernice, impulsando la implantación y la puesta en marcha de esta ley inmediatamente. No ha lugar más retrasos, porque Aragón y los aragoneses lo necesitan.
Muchas gracias. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Turno para la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida. Señor Sanz.

El señor diputado SANZ REMÓN: Señorías, permítanme que comience sumándome a los agradecimientos al conjunto de integrantes de esta ponencia y de la anterior. Antes se me ha olvidado agradecer también al coordinador, a Darío y, en este caso, también agradecer a Óscar Galeano el trabajo de coordinación. Y cómo no, al letrado, a Jerónimo Blasco y también en el caso anterior, a Carmen, por el trabajo imprescindible siempre que hacen en leyes, además, complejas, como las que teníamos, que además se han cursado y que esta formación política ha querido llevar dela mano, por cuanto en buena medida, los objetivos que perseguíamos en una y otra son coincidentes en alguno de los casos.
Afrontábamos el debate de este proyecto de ley en su toma en consideración valorándolo positivamente y reconociendo que tenía un trabajo maduro de elaboración de la propuesta, con los informes pertinentes y, sobre todo, bien trabajado y valorando también la necesidad obvia de adaptar nuestra normativa en lo que refiere al sector público aragonés, después de veintiún años de la aprobación, con modificaciones de la legislación básica en 2015 y con una necesidad imperiosa de adaptar nuestras prácticas, nuestro funcionamiento a cuestiones tan básicas como la realidad digital, la necesidad de regular y concretar muy bien impidiendo caer en tentaciones que facilitan poner autopistas a la externalización, a esa acción concertada, ese sector privado. La necesidad también de introducir con más concreción la igualdad, el mérito y la capacidad en todos los procesos de contratación, también en el ámbito de lo que sería el acceso laboral al trabajo. Y mejorar el marco de participación, el marco de transparencia y el marco de claridad de nuestra participación en ellas en las sociedades y otros entes.
Esos son los ejes fundamentales que nosotros veíamos de forma correcta. Izquierda Unida presentó, como decíamos, en el debate anterior enmiendas que perseguían tres fines: uno, como no podía ser de otra manera, mejorar el lenguaje inclusivo y no discriminatorio en el conjunto del texto. Nos parece importante. Incrementar fundamentalmente la transparencia en el sector público institucional, mejorar también el control parlamentario sobre la acción del Gobierno en la participación de consorcios, de entidades, de sociedades, entre otras cuestiones. Estos eran los ejes fundamentales de la acción política de Izquierda Unida en el debate legislativo de esta norma.
Valoramos positivamente el resultado del trabajo de la ponencia. Hemos logrado modificar cuestiones, bueno, que consideramos importantes, como, por ejemplo, en el caso de fusión de dos sociedades que prestasen servicios, alguno de ellos deficitario, la eliminación de la obligación de la supresión de la prestación de ese servicio per se. Aparecía en el texto y ahora ya no está recogido, y nos parece importante no caer en estas lógicas de suprimir aquello que teóricamente no es rentable desde una perspectiva financiera o sostenible.
Mejorar también la transparencia, por ejemplo, en lo que respecta a garantizar el acceso al registro de entes de la comunidad mediante la web de trasparencia, que también nos parecía un elemento fundamental.
Pero quedan vivas dos enmiendas que, a nuestro juicio, son un claro ejemplo de la escasa voluntad que, a lo largo del tiempo, en este caso, el Gobierno actual, el cuadripartito, pero en gobiernos anteriores también, de derecha y de izquierda, ha habido con respecto a la transparencia y al control parlamentario en lo que se refiere a la fiscalización, al conocimiento de la acción de gobierno, de las sociedades mercantiles en las que participa. Nos referimos a la enmienda ochenta y dos y a la enmienda ochenta y tres, que van al artículo 118 de este texto normativo. Sobre nuestra participación en esas sociedades mercantiles, en concreto, sobre aquellas en las que no somos accionistas mayoritarios y, por lo tanto, y siempre bajo la excusa de que quedan fuera del parámetro público de control, son ajenas al conocimiento real de lo que ocurre en ellas, de lo que hace el Gobierno de Aragón en ellas por parte de algunos grupos parlamentarios de estas Cortes, también de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, a nuestro juicio, restan transparencia y restan capacidad, más aún si tenemos en cuenta que, teóricamente, nuestra participación en esas sociedades se debe al interés general. Si es así, si se debe al interés general, es de interés general que se debata nuestra acción de gobierno dentro de esas sociedades.
Y son dos enmiendas, son dos enmiendas importantes: la primera tiene que ver con la concreción de que se entiende como participación minoritaria, es decir, aclarar qué pasa con aquellas sociedades en las que nuestra participación no es ni mayoritaria ni minoritaria, es el 50%. Y les estoy hablando de Aramón, señorías. Con la redacción de este texto, ahora mismo queda en un limbo objetivo, porque no es minoritaria, pero tampoco es mayoritaria. ¿Qué ocurre con Aramón? ¿Dónde se enmarca en el ámbito de nuestra participación? Allí queríamos regular.
Y la segunda, que es más importante, si cabe, es que sea cual sea nuestro grado de participación en una sociedad, las decisiones políticas, la participación del Gobierno de Aragón en esa sociedad... [corte automático del sonido] ... sea sometida al control parlamentario y al conocimiento de los grupos parlamentarios aquí presentes y, por lo tanto, del conjunto de la sociedad. No estamos hablando de querer decidir sobre lo que se decide o no se decide en un consejo de administración. De lo que estamos hablando es de que este Parlamento tiene todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo a conocer qué hacemos con los recursos públicos, cuáles son las decisiones que, en base a ese interés teórico general, se están tomando en el ámbito de esas sociedades en las que participamos y, por lo tanto, arrojar luz y conocimiento para decidir entre todos y entre todas qué es lo que tenemos que hacer con respecto a estas cuestiones.
No es una cuestión nueva esta que plantea Izquierda Unida y tampoco es propia solo de Izquierda Unida. Alguno de los grupos que ahora mismo están en el Gobierno saben positivamente de lo que les estamos hablando, porque saben y...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

El señor diputado SANZ REMÓN: Sí, acabo ya, presidente.
... han vivido situaciones de negación de la documentación, como por activa y por pasiva nos sucede a Izquierda Unida cuando hablamos precisamente de nuestra participación en Aramón. Es una cuestión de transparencia, pero es una cuestión también de debe democrático a la hora de decidir realmente si participamos o no participamos en una sociedad y qué decisiones tomamos en el ámbito de la misma.
Esas enmiendas quedan vivas, señorías, saben que Izquierda Unida votó favorablemente al conjunto prácticamente de los artículos que presentan en esta ley, pero, desde luego, si estas enmiendas no se ven refrendadas, las dos votaciones que vamos a mantener en contra seguirán así y, por lo tanto, afearán un resultado que a nuestro juicio podía avanzar mucho más en transparencia y participación.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Turno para la fijación de posición del resto de los grupos parlamentarios.
Por el Partido Aragonés, señora Peirat.

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Alcanzamos la fase parlamentaria final de este proyecto de ley por el que se regula la reorganización y el régimen jurídico del sector público en Aragón, en el que hemos estado trabajando intensamente durante las últimas semanas en la ponencia constituida a tal efecto.
De manera previa querría agradecer a todos los componentes de la misma, el señor Galeano, la señora Sainz, el señor Saz, la señora Prades, la señora Martínez Romances, la señora Fernández y el señor Sanz, por todo el trabajo realizado. Gracias igualmente al coordinador de la ponencia, el señor Galeano, por su labor, así como a los servicios jurídicos de la casa, que, como siempre, han resultado fundamentales para llegar a la jornada de hoy, así como a los ponentes de las audiencias legislativas.
Los debates habidos en el seno de la ponencia han sido realmente enriquecedores y no exentos de cierta complejidad. Por ello, sí querría agradecer que, además de la defensa realizada por cada grupo parlamentario de su legítima posición política, el ambiente de trabajo ha sido más que correcto.
Entrando ahora directamente en los contenidos del proyecto de ley que nos ocupa, anuncio ya la postura favorable de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Aragonés, como no podía ser de otra manera. Y no puede ser de otra manera porque, ciertamente, el PAR siempre ha dispuesto de un claro posicionamiento con un único objetivo: conseguir que la Administración pública aragonesa sea mejor cada día y, por supuesto, que esté a la altura en su deber de prestación de los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos.
Y es que, efectivamente, la crisis que hemos sufrido con motivo de la irrupción de la COVID-19 nos sumergió en una emergencia sanitaria, a la que se siguió con fuerza una crisis socioeconómica que nos ha hecho adaptarnos a todos. Y en este sentido sí quiero recalcar el papel fundamental de las nuevas tecnologías. El proyecto de ley que debatimos persigue la adaptación y el cambio tanto al nuevo espíritu de las leyes como a los cambios que ha ido experimentando la nueva sociedad.
En este sentido, como todos sabemos, el consejero de Hacienda ordenó la elaboración del proyecto de ley que hoy debatimos, que deroga el Decreto Legislativo 2/2001, de 2 de julio, del Gobierno de Aragón, y que a su vez modifica la Ley de Patrimonio, Decreto Legislativo 4/2013, y la Ley de Hacienda, Decreto Legislativo 1/2000, para todos los aspectos que sean incompatibles con la legislación básica del Estado.
Este proyecto de ley marca unos objetivos que son fundamentales para el conjunto de los aragoneses y sus relaciones con la Administración pública, entre los que sí me gustaría destacar que el primero e importantísimo es recoger una regulación más clara y ordenada de nuestro sector público autonómico, una organización estratégica sobre la que se asienta una parte importante de la actividad económica y social de nuestra comunidad autónoma.
Otro de los objetivos fundamentales para esta formación política es sin duda esa adaptación telemática y digital para contactar con la Administración. Como decía ya en la anterior legislatura mi portavoz, el señor Guerrero, la importancia de las nuevas tecnologías va a venir para quedarse, y esto es una muestra más de ello.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Por ello, una de las —sí, acabo, presidente, aunque creo que el tiempo está erróneo—...

El señor PRESIDENTE: Sí, es que le han puesto diez minutos, por eso se lo digo.

La señora diputada PEIRAT MESEGUER: Por ello, una de las novedades que nos presenta dicha ley tiene que ver con el funcionamiento electrónico del sector público, así con cómo interactúan los aragoneses con la Administración y viceversa.
En definitiva, y para concluir, ya he anunciado al principio de mi intervención el voto favorable, y lo vamos a hacer porque nuestro ideario es claro y contundente al respecto. El Partido Aragonés entiende que debemos adaptarnos a la realidad actual, debemos facilitar la vida de nuestros aragoneses en sus relaciones con la Administración y —finalizaré como he empezado— porque entendemos que debemos conseguir que la Administración pública aragonesa sea mejor cada día y esté a la altura en su deber de prestación de servicios públicos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peirat.
Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
En el anterior punto del día debatíamos y poníamos de manifiesto la importancia que tienen las leyes, tanto en el ámbito personal como en la esfera pública y por ello incidíamos en la calidad normativa de las mismas, pero no es menos cierto que la Administración también lo hace de la misma forma.
Conseguir una Administración aragonesa del siglo XXI es algo que debe perseguir cualquier Gobierno y el Poder Legislativo no solamente debe colaborar, sino ser partícipe de esa Administración. Queremos una Administración ágil, eficaz y eficiente, que disponga de todos los avances tecnológicos que existen para que sea capaz de prestar los servicios públicos fundamentales a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que la tecnología cada vez está más presente en la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, en nuestras vidas, en la de las empresas, en cualquier ámbito y también, como no puede ser de otra manera, en la Administración. Y, aunque la administración electrónica no debe sustituir por completo los trámites presenciales, se tiene que tomar como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de la Administración.
Como decíamos en el debate de la totalidad, esta norma es necesaria por dos cuestiones: una de ellas es la adaptación que exigen las leyes 39/2015 y 40/2015, y la otra, la necesidad de un nuevo marco regulatorio para la adaptación de los cambios sociales que se van produciendo. La Administración es algo cambiante y estos cambios se han producido por la asunción de nuevas competencias que dan lugar a cambios en la propia estructura institucional, pero también por los cambios que se han ido produciendo en el modo de operar, es decir, cómo nos relacionamos los propios ciudadanos y ciudadanas con la Administración o cómo operan o interactúan las administraciones entre sí.
La administración electrónica es una realidad, se ha ido implantando y ahora mismo creo que está más que asumido que los procesos telemáticos y digitales no son la excepcionalidad, sino que es algo totalmente habitual y cotidiano. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir de restricciones y limitaciones impuestas para limitar los contagios que produce el COVID-19 solamente ha hecho avalar lo que veníamos diciendo.
En referencia a la estructura departamental, nos parece destacable la supresión de las viceconsejerías, si bien hay que decir que en estas últimas legislaturas se había prescindido de esta figura. Y en cuanto al sector público institucional, es necesario que se defina claramente qué entidades lo constituyen, así como la creación de un registro de estas en la Comunidad Autónoma de Aragón y que contenga la información tanto de los entes integrantes del sector público autonómico como de otros entes en los que participen los órganos y entidades del sector público autonómico.
Señorías, a este proyecto de ley se han presentado ciento veintiocho enmiendas por todos los grupos de esta Cámara, de las cuales hemos firmado mi grupo, junto con el Grupo Socialista, Podemos y Aragonés, siete, que cuentan con el apoyo para su incorporación al texto inicial. El resto de las enmiendas las hemos leído con detenimiento y hemos votado favorablemente en ponencia aquellas que mejoraban el texto inicial o aportaban cuestiones que nos parecía que debían tomarse en consideración. En la votación posterior, mi grupo parlamentario mantendrá el voto manifestado en las sesiones de ponencia.
Y concluyo ya, señorías, agradeciendo en primer lugar a los servicios de la casa, al letrado que nos ha asistido en la ponencia, al señor Blasco, que además ha tenido que interactuar con la señora Rubio, que era la letrada en la ponencia de la ley de reforma del presidente y el Gobierno de Aragón, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, al señor Sanz, de Izquierda Unida, a la señora Peirat, del Grupo Aragonés, a la señora Fernández, del Grupo Vox, a la señora Prades, de Podemos, al señor Saz, de Ciudadanos, a la señora Sainz, del Grupo Parlamentario Popular, y al señor Galeano en su doble condición de coordinador y de portavoz del Grupo Socialista, que, aunque no siempre es fácil, ha puesto todo su empeño y, además, como ya he dicho, con la doble coordinación que había que hacer también con la otra ponencia a través del coordinador, el señor Villagrasa.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Prades.

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
Yo también me quiero sumar al inicio de mi intervención a los agradecimientos a todas las diputadas y diputados que han sido ponentes en esta ponencia y en la tramitación de esta ley. También quiero agradecer, cómo no, el trabajo intenso del letrado de la ponencia, el señor Jerónimo Blasco, y la coordinación que ha tenido con su homóloga en la otra ponencia que se tramitaba a la vez, y también el trabajo especial y minucioso del coordinador de la misma, que ha intentado mediar y favorecer el diálogo entre todos los ponentes.
Las aportaciones, las enmiendas que se han presentado, me consta que se han hecho con el ánimo de sumar y aportar al texto inicial, y por ello damos la bienvenida y nos alegramos de las que han sido aceptadas, las que hemos votado a favor, porque creemos que el texto queda enriquecido.
Este proyecto de ley que hemos tramitado y que votaremos con posterioridad nació inicialmente con el objetivo de establecer una regulación más clara y ordenada del sector público, de adaptar también los cambios normativos que ha habido sobre normas básicas estatales y también europeas. Sin embargo, este texto también se ha visto afectado por las consecuencias de la pandemia sanitaria, y tanto en su redacción como en las enmiendas que posteriormente se han presentado hemos visto cómo ese proceso de digitalización que la Administración pública ya demandada se ha visto impulsado, reforzado y avanzaba también hacia la simplificación administrativa, hacia la accesibilidad, pero sin que ello suponga perder niveles de eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de servicio público; de hecho, el proyecto de ley dedica un capítulo al funcionamiento electrónico.
En esta ley también creo que es importante resaltar las novedades dentro de la organización y funcionamiento del sector público, que incluye organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones del sector público y también la universidad.
Como he dicho al principio, uno de los objetivos principales de esta ley era adaptar la normativa estatal ya existente sobre todo en lo concerniente a diversos preceptos de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, pero sí que es cierto que normativa estatal más reciente dictada para afrontar las consecuencias del COVID-19, y me refiero al Real Decreto Ley 11/2020, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias, y la Ley 2/2021, para medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria, permitían a través de alguna de sus disposiciones adicionales una prórroga de los contratos de trabajo de duración determinada bajo la modalidad de contrato predoctoral, por un periodo máximo de cinco meses, evidentemente, ajustándose a criterios y plazos establecidos previamente en esa normativa estatal.
Esa nueva normativa también se ha tenido en cuenta en la tramitación de esta ley. Está claro que la necesidad de invertir en ciencia e investigación desde lo público ha quedado manifiestamente demostrada en esta pandemia y desde la consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, pero también desde todo el Gobierno, y por ello se ha incluido en este proyecto de ley que hoy debatimos una disposición adicional aprovechando la cobertura que ofrecía la normativa estatal y así poder garantizar la ejecución de esos contratos del personal investigador en formación que se ajusten a las convocatorias marcadas en la norma y que se hayan podido ver afectados por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia.
Así pues, votamos hoy un proyecto de ley pensado para regular, ordenar, simplificar y agilizar el sector público, en la que se han incorporado normativas que nos han venido sobrevenidas por el COVID-19. En el caso de Aragón también se incorporado la Ley de simplificación administrativa porque, como ha quedado demostrado a lo largo de esta pandemia, solo desde una Administración pública fuerte, ordenada, coordinada, podemos afrontar y dar respuesta a situaciones como la que nos está tocando vivir.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano.

El señor diputado GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, ahora como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la ponencia, me uno a esa calificación que ya han comentado otros portavoces sobre la necesidad que requería la adaptación de la normativa estatal. No voy a incidir más en este asunto, ya lo han comentado, como digo, otros portavoces anteriormente. Y también, desde luego, esta normativa, consideramos desde este grupo, venía motivada para actualizar la Administración autonómica a ese cambio experimentado en nuestra sociedad en cuanto a una Administración autonómica mucho más compleja en la gestión y nuevas exigencias ciudadanas que demandan una Administración, sin lugar a dudas, más coordinada, más ágil, en algunos casos más simplificada.
Y al hilo de este asunto, que yo creo que es uno de los aspectos principales, como han remarcado también otros miembros de la ponencia, y que ha sido recogido en este proyecto de ley, quiero comentarle, señora Fernández, por ejemplo, al hilo de las enmiendas que comentaba usted y de las necesidades de algunos controles adicionales, que, claro, al final el tema del rechazo de algunas de las enmiendas que podía haber planteado Vox en este sentido más bien es porque, si hablamos de que se pretende evaluar con asiduidad y al mismo tiempo consideramos que existen, como usted ha dicho, demasiados controles en ocasiones en la Administración, hay que buscar un punto de equilibrio en ese sentido para no entorpecer también esa agilidad de la Administración.
Señor Saz, decía usted del carácter técnico de estas leyes o de la anterior ley que hemos visto y de la actual, ¿no? Al final yo creo que hay un asunto que es obvio en esto del grado político o no que tengan unas leyes u otras, y es la repercusión mediática en ese tratamiento que tiene luego en otros medios. Ya sabemos que es proporcional el grado político que acaba siendo una ley con el grado de recepción en esos medios y viceversa, lo cual no quiere decir que no tenga contenido político, pero de alguna manera nos guiamos por esos parámetros.
Es verdad que usted incluía algunas enmiendas relacionadas, por ejemplo, con lo que ha comentado —y la ha dejado viva—, los proyectos estratégicos, los […] de esa colaboración económico-social. Le doy la respuesta también que le di en la ponencia y lo que considera el Gobierno usted mismo lo ha dicho. En ese tipo de normativas en donde existe una clara voluntad de permanencia, y así lo hemos significado los portavoces en nuestras intervenciones, quizás quizás, no quiero decir que no sea un elemento desde luego muy útil en los momentos actuales, además, de esta crisis pandémica y de esos intentos de recuperación y de participación, pero quizás no veíamos, digamos, el acomodo aquí lógico de ese tipo de figuras.
Comentaba, señora Sainz, también ese tipo de..., bueno, se llega tarde, comentaba usted, en esto del impulso. Es verdad que el impulso de la administración electrónica ha de acometerse de una manera absolutamente urgente, y más siendo conscientes de cómo se han desarrollado los últimos tiempos en esas relaciones obligadas en cuanto a lo telemático y a lo digital por lo que todos conocemos, pero fíjese si llegamos tarde que casi casi somos de los primeros en nuestro país en desarrollar esta adaptación del marco normativo de la ley de bases, 40/2015, con lo cual, aunque no sea consuelo eso de que desde que se reguló la ley de bases y se haya demorado en estos plazos, también muy condicionados por la actividad, como decía anteriormente, pandémica que ha afectado a la actividad legislativa, pero es verdad que somos, prácticamente, como digo, pioneros en este tipo de legislación y que una vez más Aragón se sitúa en el grupo de cabeza de este tipo de desarrollos legislativos.
En cuanto a las enmiendas, que también quiero reseñar algunas cuestiones importantes, de este texto que ha quedado definitivamente aprobado, o que se va definitivamente a aprobar en esta sesión, quiero señalar, por ejemplo, la garantía de los derechos de las personas en su relación con la Administración pública, apostando por la facilidad de uso, la interoperabilidad, sin olvidar en ningún momento, eso sí, la protección de los datos de carácter personal. Otros principios que se ven recogidos —lo han comentado ustedes—, el de neutralidad, el de no discriminación tecnológica, tan importante de reseñar, o, por ejemplo, esas enmiendas aprobadas de Ciudadanos y del Partido Popular en torno al principio de [corte automático del sonido]...
También quiero destacar la creación de un registro de entes de la Comunidad Autónoma de Aragón que contendrá información tanto de los entes integrantes del sector público autonómico como de cualesquiera otros en los que participen los órganos y entidades del sector público. Y en ese sentido quiero manifestar también la importancia de esa enmienda de Izquierda Unida que se ve también reflejada, como ha dicho su portavoz, en cuanto al acceso público a través de la web de transparencia del Gobierno de Aragón.
Se definen y regulan por primera vez también, por ejemplo, los consorcios autonómicos, los cuales podrán además contratar personal laboral propio mediante convocatoria pública y proceso selectivo basado en los principios —esto es una incorporación también de una enmienda del Grupo Parlamentario Vox y de Izquierda Unida—...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado GALEANO GRACIA: ... de igualdad —voy acabando, señor presidente—, mérito y capacidad.
Estos son algunos de los aspectos que quiero destacar de los que se han incorporado, de los que han permitido enriquecer, como decía anteriormente, este texto normativo. Y una vez más quiero destacar, como decía, el buen tono y el buen espíritu constructivo del conjunto de la ponencia.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos].

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano.

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