Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón


Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón

Informe de fiscalización sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios económicos 2012 y 2013.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 019 de Plenos (IX Legislatura)
Intervinienen: Laguarta Laguarta, Antonio - Martinez Romances, Carmen - Martínez Romero, José Javier - Aliaga López, Arturo - Clavería Ibáñez, Alfonso - Sancho Guardia, Alfredo - Lafuente Belmonte, Miguel Angel

El señor PRESIDENTE: Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón para presentar el informe de fiscalización sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios económicos 2012 y 2013.

Tiene la palabra el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón.

            Informe de fiscalización sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios económicos 2012 y 2013.

El señor presidente de la Cámara de Cuentas (LAGUARTA LAGUARTA): Señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Comparezco ante el Pleno de las Cortes de Aragón, en nombre de la Cámara de Cuentas, para lo que he sido requerido, a fin de presentar el informe de fiscalización que elaboró la Cámara de Cuentas sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios económicos 2012 y 2013.

La elaboración de este informe es preceptiva, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de la Cámara de Cuentas, según el cual, la cuenta general de la comunidad autónoma se revisará anualmente. Es la única revisión, fiscalización, que es preceptiva por ley.

La Cámara de Cuentas, como se contempla en el Estatuto de Autonomía y en su ley reguladora, emanada de esta Cámara legislativa, depende directamente de las Cortes de Aragón. Ejerce sus funciones por delegación de esta Cámara parlamentaria y actúa, como se especifica en la exposición de motivos, como el órgano técnico al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera, contable y operativa del Gobierno de Aragón, con plena independencia del ente fiscalizado.

Los resultados de la auditoría han quedado recogidos en el informe de fiscalización, que fue aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas el 24 de junio del año pasado y, al día siguiente, entregado a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón, como entidad fiscalizada, y que, en este acto, me honro en presentar a sus señorías, que constituyen el Pleno de las Cortes de Aragón.

Al elaborar este informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas ha sido muy consciente de su misión, de la que tiene encomendada por ley, que es ser un órgano coadyuvante de las Cortes de Aragón, que emite una opinión técnica que sirva a las propias Cortes para emitir su juicio político sobre las cuentas generales que recogen la gestión económico-financiera del Gobierno en los años 2012 y 2013. Y es precisamente a las Cortes, y no a la Cámara de Cuentas, a quienes corresponderá, en definitiva, la aprobación o el rechazo de las cuentas generales de la comunidad autónoma presentadas por el Ejecutivo.

Ahora bien, esa inmensa cantidad de datos que se contienen en las cuentas generales no ayuda a conocer mejor ni a hacer creíble el uso de los fondos públicos si no interviene un mediador profesional que los verifica, los interpreta y analiza su adecuación a la legalidad con rigor profesional. Y este es el papel de la Cámara de Cuentas.

La Cámara de Cuentas ha examinado los ingresos y los gastos de los años 2012 y 2013 de la Administración de la comunidad autónoma, de todos sus organismos autónomos, de las entidades de Derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, etcétera. El resultado de esa fiscalización se recoge en este informe, que no tiene fuerza vinculante, pero permite mejorar la gestión, determina si la gestión financiera ha sido correcta y presenta una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

Dada la gran amplitud del contenido recogido en las cuentas generales que han sido objeto de fiscalización, tanto desde el punto de vista subjetivo —por el número de entes revisados— como objetivo —por las materias a que se refieren—, la Cámara de Cuentas consideró que los resultados de la fiscalización quedarían mejor expuestos y estructurados presentándolos en once informes de fiscalización. De ellos, diez informes singulares, referidos a la Administración de la comunidad autónoma, a cada uno de los cinco organismos autónomos, a las entidades de Derecho público, a las sociedades mercantiles autonómicas, a los consorcios y a las fundaciones. Cada uno de esos diez informes está siendo expuesto ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes o de su ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas. Y, además de esos diez, está este informe general, que es el que hoy estamos presentando, que recoge la opinión de la Cámara de Cuentas sobre las dos cuentas generales consideradas en su conjunto a partir de los resultados de los diez informes singulares anteriores.

De acuerdo con lo anterior, este informe general de fiscalización recoge la opinión de la Cámara de Cuentas sobre las cuentas generales del 2012 y del 2013 y las conclusiones de mayor importancia relativa detectadas en los distintos informes singulares de las entidades incluidas en las cuentas generales, constituyendo, por tanto, un informe sobre la actividad económico-financiera de la totalidad del sector público autonómico de la Comunidad Autónoma de Aragón en esos dos años, 2012 y 2013.

Antes de empezar el trabajo, la Cámara de Cuentas se propuso una planificación y marcó cuáles eran los objetivos generales que se pretendían con la elaboración de este informe, como está recogido en la página 1 del informe, que brevemente son: primero, determinar si las cuentas generales se presentaron en plazo, en formato adecuado y rendido de conformidad con las normas legales; en segundo lugar, si esas cuentas son coherentes entre sí; en tercer lugar, verificar la consistencia interna y la representatividad de los estados contables y de las memorias, de manera que fuera un documento suficiente representativo de la actividad desarrollada, de la situación financiera y patrimonial y de la liquidación y ejecución de los presupuestos; y, finalmente, en un bloque, verificar el efectivo sometimiento de la actividad económico-financiera de los entes integrantes del sector público de la comunidad autónoma a la legalidad y a los principios de eficacia, eficiencia y economía.

El control de legalidad se centró, especialmente, en las áreas de contratación y de concesión de subvenciones y en unas áreas de especial significatividad, cada una de las cuales tiene un capítulo separado en el informe. En concreto, el nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma; en materia de morosidad se ha verificado el cumplimiento de las disposiciones legales; se ha hecho un análisis detallado de la cuenta 409 (acreedores pendientes de aplicar al presupuesto); se ha realizado un análisis de los mecanismos financieros extraordinarios de pago a proveedores... Y hay algunos detalles que sus señorías habrán comprobado con la lectura del informe

Un primer paso era determinar el ámbito subjetivo al que se referían las cuentas, que está presentado en la página 4.

La cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al 2012 fue rendida en plazo, el 1 de junio del 2013, igualmente que la del 2013, que se presentó en plazo, el 30 de junio del 2014. Pero, a su vez, estas cuentas generales comprenden, respectivamente a cada uno de los dos años, sesenta y seis y sesenta y tres cuentas anuales individuales, integradas por las distintas entidades que están en la órbita de la comunidad autónoma.

Por el contrario, y de acuerdo con la normativa aplicable que regula la composición de la cuenta general de la comunidad autónoma, no se integran en las cuentas anuales de la comunidad autónoma ni las cuentas de la Universidad de Zaragoza ni las de las Cortes de Aragón. Las cuentas de la Universidad de Zaragoza han sido fiscalizadas en informes separados. Las cuentas anuales de las Cortes de Aragón no han sido objeto de fiscalización, al no presentarse incluidas en las cuentas generales de la comunidad autónoma.

El informe contiene como conclusión global y pieza fundamental, en la página 9, una declaración sobre las cuentas generales en relación con los tres niveles que abarca la fiscalización pública: una referida a la fiabilidad de las cuentas; otra, al cumplimiento de la legalidad, y una tercera, de la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía. Leo textualmente la declaración por ser la conclusión global y la pieza fundamental del informe:

«Declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas generales.

»Las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, presentadas conforme a las normas que les son de aplicación, han sido examinadas por la Cámara de Cuentas de Aragón con las limitaciones al alcance señaladas en el apartado 1.1.7 y, excepto por las conclusiones señaladas en este apartado del informe, no presentan deficiencias significativas que impidan afirmar que reflejan adecuadamente la realidad económica y financiera.

»Cumplimiento de legalidad.

»Revisada en el marco de los objetivos y el alcance descritos en los apartados 1.1.2 y 1.1.5, la actividad económica y financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de sus organismos autónomos y del resto de entidades fiscalizadas se ha desarrollado durante los ejercicios 2012 y 2013 en opinión de la Cámara de Cuentas conforme al principio de legalidad, con las salvedades mencionadas en el informe.

»Principios de eficacia, eficiencia y economía.

»La limitación al alcance número 1 descrita en el apartado 1.1.7 impide emitir una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión presupuestaria.»

Es decir, que la Cámara de Cuentas ha verificado, por un lado, la fiabilidad de las cuentas, es decir, que las cuentas anuales de la comunidad autónoma proporcionan una información completa y exacta; y, por otro lado, la regularidad de las operaciones, que las operaciones de ingresos y de gastos subyacentes a las cuentas cumplen la normativa que las rige. Lo que no ha podido determinar la Cámara de Cuentas, por falta de información en las memorias presentadas, ha sido el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del presupuesto.

Quiero resaltar dos observaciones al respecto.

Una referida a la fiabilidad de las cuentas. La opinión dada por la Cámara de Cuentas es lo que técnicamente se llama una opinión favorable con limitación o con reservas. La distinción entre opinión favorable sin reservas y con reservas se suele hacer cuantitativamente en unos porcentajes de error estimado. Por tomar una referencia, el Tribunal de Cuentas Europeo fija este umbral de materialidad en un 2%. Hemos detectado que en las cuentas de la comunidad autónoma de estos dos años hay errores superiores en conjunto a este 2% por sobrevaloraciones del inmovilizado (ciento cincuenta y cinco millones); por falta de amortizaciones, tal y como está recogido en las páginas 10 y 11 del informe... Y en la página 12 hacemos, en conjunto, unos ajustes que suponen una disminución de los fondos propios de la comunidad autónoma de cuatrocientos cuarenta y siete millones de euros, es decir, más del 8% del presupuesto; un porcentaje alto para dar una opinión favorable. No obstante, como no son errores sistémicos, sino en buena medida de años anteriores, hemos creído más acertado dar una opinión favorable con reservas, las que se indican en el informe. Reiteradamente, la Cámara de Cuentas ha venido detectando incidencias y haciendo recomendaciones para limpiar partidas contables (sobre valoraciones del inmovilizado, sobre dotación de amortizaciones, sobre provisión para insolvencias, etcétera), pero solo en menor medida han sido atendidas, hasta ahora por lo menos.

La segunda observación que quería hacer al respecto es la no opinión que damos sobre el grado de cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos. Las cuentas generales de estos dos ejercicios no incorporan, como debería ser, por ser preceptivo por el artículo 84 del texto refundido de la Ley de hacienda de la comunidad autónoma..., digo que las cuentas generales no incorporan las memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos ni la memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos, los alcanzados y del coste de los mismos. Por esa carencia es imposible analizar objetivamente el coste y el rendimiento de los servicios públicos. Todo ello impide a la Cámara de Cuentas pronunciarse sobre si la actividad económico-financiera de las entidades del sector público de la comunidad autónoma que gestionan presupuestos administrativos se ha ajustado a los principios de eficacia, eficiencia y economía. Debería cumplirse la ley. Deberían definirse esos objetivos e incorporarlos a la memoria de la cuenta general anual, y pido que se haga en años sucesivos.

El informe recoge detalle amplio de aspectos contables, en particular contenidos en las páginas 40 a 48. En particular se refieren a la ejecución presupuestaria, tanto del presupuesto de gastos como del de ingresos, en sus clasificaciones económica y orgánica. Los detalles los habrán leído sus señorías, y, por no ser prolijo, solo me permito incidir en tres aspectos: la regulación contable, la llamada entidad consolidada, y querría resaltar algunas cifras de magnitudes relevantes.

En cuanto a regulación contable, el Plan General de Contabilidad Pública que se está aplicando en la Comunidad Autónoma de Aragón es de 1994 —bastante ha cambiado la gestión pública desde entonces—. No se ha actualizado desde ese año, a pesar de que desde abril del 2010 fue aprobado por el Estado y publicado un Plan General de Contabilidad Pública con carácter de plan contable marco para todas las administraciones públicas. Este plan es de aplicación obligatoria y directa para el sector público administrativo estatal. Para las entidades locales fue adaptado en 2013, pero las comunidades autónomas vienen siendo más remisas a aprobar un nuevo plan de contabilidad adaptado al plan marco estatal. La Comunidad Autónoma de Aragón no ha hecho la adaptación del viejo plan de 1994. Convendría aprobar un nuevo plan contable, adaptado a los tiempos nuevos.

Una segunda observación querría hacer sobre lo que se llama la entidad consolidada. Permítanme los que sean más expertos en temas contables hacer una pequeña precisión de qué llamamos en términos técnicos consolidación. En un sector amplio como es la comunidad autónoma, además de la Administración de la comunidad autónoma, que es el ente principal, existen una serie de entes, organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones, etcétera, que tienen presupuestos. Estos entes dependientes normalmente se nutren del presupuesto que les aporta la Administración de la comunidad autónoma, de manera que, si para saber el volumen de la comunidad autónoma nos limitáramos a sumar los presupuestos de ingresos y de gastos de la comunidad autónoma, saldría una cifra no real, quiero decir, porque determinadas partidas que entran en la Administración de la comunidad autónoma como ingresos propios luego salen como gastos cuando se hacen las transferencias a los entes —por ejemplo, al Salud, por centrarnos en uno—, y, a su vez, en el presupuesto del Salud, ese mismo gasto de la comunidad autónoma figura como ingreso y luego es gastado. Es decir, si sumáramos los ingresos de todas las entidades, nos saldrían unos ingresos ficticios. Supongo que en la comunidad autónoma, porque no se ha hecho esa consolidación total, podría llegar a ocho mil o nueve mil millones de pesetas, que ese no es el gasto real de la comunidad autónoma. Es menor si se hiciera esa eliminación de ingresos y gastos entre entidades dependientes. La comunidad autónoma, aun no siendo obligatorio por el viejo plan de 1994, sí que realiza una consolidación parcial —eso sí, de las principales entidades—; pero de las sesenta y seis o sesenta y tres entidades que hay solo se incluyen trece entidades autonómicas. Por supuesto está la Administración de la comunidad autónoma, el Salud y los de más volumen (en concreto, las entidades que registran su contabilidad por el sistema SERPA de la comunidad autónoma), pero no quedan incluidas entidades tan importantes como pueden ser entidades de derecho público como el Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológico de Aragón, las empresas de la comunidad autónoma, todo el sector empresarial, los consorcios, las fundaciones... Sería muy bueno que las cuentas de la comunidad autónoma se presentaran consolidadas con todas sus entidades públicas. No es tarea de titanes; de hecho, el Estado lo hace, y es mucho más voluminoso en número y en importes.

Finalmente, en este capítulo contable quería resaltar ciertas cifras de magnitudes relevantes. La liquidación de lo que se ha llamado entidad consolidada, elaborado por la Intervención General el estado de liquidación, presenta unos créditos iniciales, equilibrado en ingresos y gastos, de cinco mil trescientos veintinueve millones de euros en el 2012 y de cinco mil ciento siete millones de euros en el 2013. Presupuesto equilibrado. Hasta aquí bien. El grado de ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos puede calificarse de alto. El presupuesto de gastos fue ejecutado respectivamente, en los dos años, en el 89% y en el 90%, y el de ingresos, en el 96 y el 93%. Digo que, hasta ahora, estas cifras van bien, pero hay unos problemas subyacentes que sus señorías conocen, pero que creo que es obligación del presidente de la Cámara de Cuentas resaltarlos al hacer un análisis contable.

Primero: aunque los presupuestos de ingresos y gastos están equilibrados, es de destacar que una buena parte de los ingresos no son de ingresos propios, sino que provienen del endeudamiento, es decir, no se están gastando recursos de ese año, sino de años futuros, y, además, como explicaré más adelante en el capítulo del endeudamiento, creciendo en los años por lo menos a los que se ha estado refiriendo la Cámara de Cuentas, que ha analizado las cuentas desde el 2010 hasta el 2013 y el 2014, que lo tenemos en muy avanzado estado.

En segundo lugar, una buena parte de los recursos de la Administración de la comunidad autónoma, de los ingresos, se dedican a pagar gastos del ejercicio anterior. Este es un bloque de gastos que viene acumulándose año a año. No quiero emplear una palabra metafórica que sería muy expresiva porque no quiero que se ponga en boca del presidente de la Cámara de Cuentas, pero es un bloque de gastos que, además, van aumentando de año en año, y alguna solución habrá que plantearse. Por dar cifras, en el año 2010, los gastos que se pagaron en el 2010 que provenían del ejercicio anterior eran quinientos veintiocho millones; en el año 2011 fueron ochocientos sesenta y seis; en el 2012, mil ochenta y siete; y en el 2013 se mantuvieron en un nivel equivalente, por mil veintisiete. Habrá que plantearse si queremos que esto siga creciendo así o si hay forma de parar esta progresión in crescendo.

Otro problema es que los principales acreedores de la Administración de la comunidad autónoma no son precisamente acreedores comerciales externos, sino que son los propios entes dependientes (por ejemplo, el Salud), y esta dependencia de los entes propios llega hasta el 86% en los dos años que estamos analizando. El 86% de los acreedores de la Administración de la comunidad autónoma son sus propios entes. Esto les está originando unos problemas de morosidad que, por lo menos, de alguna forma, se están paliando con el mecanismo de pago a proveedores, pero hay que tomar conciencia de ello.

Y a estos problemas habría que añadir lo de la famosa cuenta 409, o sea, todo lo que he hablado hasta ahora es lo registrado y aplicado a presupuesto, pero luego existe esa cuenta 409, en la que se contabilizan los gastos que no son aplicados a presupuesto. Querría dedicar unos minutos a hablar de esa cuenta más tarde.

Y, además, aún existiría un tercer cajón, eso que vulgarmente se llama facturas en los cajones, que no están ni siquiera contabilizadas en la cuenta 409.

Son problemas que sus señorías conocen, pero creo que era conveniente ponerlos en lista uno detrás de otro.

Entro ya en la materia del endeudamiento, al que se dedica un capítulo aparte en el informe. El endeudamiento financiero total del conjunto de las entidades del sector público de la comunidad autónoma a 31 de diciembre de 2013 ascendía a seis mil ciento veintidós millones de euros. Esta cifra de endeudamiento, aparte de la Administración de la comunidad autónoma, se recoge separadamente en cada uno de los informes que hemos presentado de las distintas entidades y que se están presentando en la Comisión o en la Ponencia Institucional.

En el 2012, la comunidad autónoma superó el límite de endeudamiento autorizado por la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma. Fue principalmente consecuencia de los préstamos formalizados con el fondo de financiación de pagos a proveedores, al que también querría dedicar algún tiempo.

Una precisión del endeudamiento es que, por tres disposiciones legales, con endeudamiento solamente se pueden financiar gastos de inversión, o sea, tanto el artículo 110 del Estatuto de Autonomía, en su punto 2, como el artículo 14 de la Ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, como el artículo 97 del texto refundido de la comunidad autónoma establecen que todas las operaciones de endeudamiento suscrito en el ejercicio deben destinarse a gastos de inversión. La comunidad autónoma incumplió en los dos ejercicios fiscalizados, en los que financió con endeudamiento gastos corrientes.

Próximo al endeudamiento está el tema de los avales vivos, que los concedidos hasta 31 de diciembre del 2012 ascendían a doscientos doce millones, superando el límite autorizado por la Ley de presupuestos del año, que se quedaba en doscientos millones. En el año 2013, la Ley de presupuestos cambió el sistema, y lo que estableció era que autorizaba a la comunidad autónoma a conceder nuevos avales hasta ciento cincuenta millones, independientemente del riesgo pendiente de años anteriores, pero ese límite fue cumplido, puesto que no se concedieron nuevas garantías.

Tienen en el informe, concretamente en la página 49 y siguientes, unos cuadros, que me parece desde esta tribuna prolijo citar muchas cifras, pero verán que la evolución del endeudamiento conjunto de la comunidad autónoma ha sido creciente. En total, desde el año 2009, que había un endeudamiento de dos mil doscientos cuarenta y ocho millones, se ha llegado en el 2013 a seis mil ciento veintiuno. No sé si es consuelo decir que la evolución de la deuda por habitante en Aragón es cuantitativamente inferior a la media de las comunidades autónomas españolas. A pesar del fuerte incremento interanual que se ha producido en la comunidad autónoma en estos años, la deuda por habitante es inferior también a la media nacional en todo el ciclo analizado, del 2009 al 2013.

La evolución de la deuda de la comunidad autónoma, de todo el conjunto, incluyendo la universidad, muestra que en el año 2013 representa un 16,64% del producto interior bruto regional y se mantiene por debajo de la media nacional, que era un 20,58%. El diferencial del ejercicio 2013 con respecto a la media nacional era de 3,94 puntos. La ratio deuda/PIB ha pasado de representar en el año 2009 un 5,7% a un 16,64 en el 2013.

Dedicamos otro apartado a hablar de la morosidad, que preocupa bastante incluso actualmente, pero no voy a hacer referencia a tiempos actuales, porque la Cámara de Cuentas solo habla de lo que ha fiscalizado, y estamos todavía a 31 de diciembre del 2013 en nuestro informe. Como es sabido, por ley, para las administraciones públicas, los plazos máximos de pago a proveedores son de cuarenta días en el 2012 y de treinta días en el año 2013. En la página 53 del informe se presenta un cuadro resumen de los datos de morosidad del último año que estamos analizando, el 2013. La conclusión es que la Comunidad Autónoma de Aragón no cumplió con esos plazos máximos previstos en ninguno de los dos ejercicios. En particular, el período medio de pago, que estoy diciendo que en el 2013 debió ser treinta días, llegó a ser una media de ciento setenta y cuatro días. Eso, lo pagado. Y en lo pendiente de pago quedaba una antigüedad de doscientos treinta y tres días. Este problema sigue siendo candente por las noticias recientes.

Hay un capítulo aparte dedicado a la famosa cuenta 409, «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto». De la cuenta 409 creo que no hay opinión suficiente de en qué consiste esa cuenta; incluso creo que desde esta tribuna se han dado opiniones equivocadas. La cuenta 409 tiene el nombre de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto». En principio, según todas las reglas presupuestarias y legislativas, desde la antigua Ley general presupuestaria, que tiene varias décadas, la Ley de hacienda de la comunidad autónoma, en su texto refundido, declaran que son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados sin cobertura presupuestaria; un acto administrativo dictado sin tener presupuesto es nulo de pleno derecho. En la práctica, lo que ocurre es que, aunque sea nulo de pleno derecho y no pueda exigirse el cumplimiento de esa obligación por el contrato, por ejemplo, inicial, porque es nulo, sí que es exigible por el principio de derecho del enriquecimiento injusto: si se ha prestado una prestación, el que la da bien tiene derecho a cobrarla, sea por el contrato, que en principio fue nulo, o sea porque la Administración se ha beneficiado de eso. Luego hay que pagarla. Pero, en principio, si no había presupuesto, era nulo.

Y me permito citar... Vamos, y discúlpenme si alguno considera que es osadía, pero es una ley que está en vigor, y supongo que algunos queremos que se cumpla la ley —la Cámara de Cuentas, por lo menos, quiere que se cumpla—. Y la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el artículo 28 dispone que puede constituir infracción muy grave comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente, llevando aparejada como sanción la obligación de restituir las cantidades satisfechas indebidamente o de indemnizar a la Hacienda pública. Debería ser muy tenida en cuenta esta norma por quien tiene responsabilidades ejecutivas.

Volviendo entonces a la cuenta 409, decía que la cuenta 409 se habilitó en el Plan de Contabilidad para recoger una realidad, que era que se hacían gastos sin cobertura presupuestaria. Son ilegales, son nulos de pleno derecho, pero son reales, y, por tanto, la opción era o recogerlos contablemente a pesar de que fueran ilegales o dejarlos fuera del sistema. Pareció más realista —y estoy hablando ya desde la década de los noventa— incluir esta cuenta en el Plan de Contabilidad. Lo cual quiere decir que incluir esta cuenta en el Plan de Contabilidad no da ninguna cobertura legal, en contra —y lo afirmo claramente— de lo que se ha afirmado por cualificados representantes políticos. O sea, un gasto registrado en la cuenta 409 no está legalizado, sigue siendo nulo de pleno derecho si es que lo era. La cuenta 409 se concibió para recoger gastos pendientes de aplicar a presupuesto, contando —y esto sí que es interpretación de la Cámara de Cuentas, y algunos lo discuten— que esto fuera un período transitorio corto. O sea, hay gastos que se han realizado, que está claro que se han realizado, pero que no está claro, porque no ha llegado la documentación, si son de una partida presupuestaria o de otra. Entonces se contabilizan ahí transitoriamente hasta que... [Corte automático del sonido.] ... hasta que llega la documentación y se aplica. En ese momento se aplica a la partida presupuestaria que corresponde, pero lo que no tiene sentido es que se recojan por sistema ahí, sabiendo que no hay presupuesto y que no se van a poder aplicar a presupuesto hasta dentro de meses o de años.

Esta cuenta 409 arrojaba en el año 2012, en lo contabilizado, treinta millones, y en el 2013, cuarenta y un millones. En las pruebas de fiscalización que ha realizado la Cámara de Cuentas hemos detectado que aún faltaban en el 2013 otros tres millones y medio más que no estaban puestos. En particular es de destacar el Salud, que en esta cuenta, frente a los once millones que tenía contabilizados, hemos detectado que debería haber añadido otros dieciocho en el 2012, y en el año 2013 debería haber añadido otros cincuenta y cuatro millones.

Es decir, el riesgo de esta cuenta es, primero, que no hay presupuesto que lo cubra y, por tanto, es ilegal, y segundo, que, al hacerse de esta forma, si me permiten la expresión —no sé si es muy adecuada—, fuera de los procedimientos ordinarios, no tiene todas las garantías de que se cumpla lo que hay que cumplir. O sea, es un gasto... En fin, no me atrevo a emplear una expresión que me venía a la lengua, pero es un gasto que no tiene garantías de un procedimiento ordinario.

Señor presidente, me queda muy poco, pero creo que merece la pena...

El señor PRESIDENTE: Siga, señor presidente. Siga.

El señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Quería hacer alusión, como está recogido en el informe, al mecanismo extraordinario de pago a proveedores. La comunidad autónoma se acogió a los mecanismos de pago a proveedores aprobados por el Estado para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago contraídas con acreedores en ejercicios anteriores. En el ejercicio 2012 fue donde se cancelaron la mayor parte, el mayor volumen de estos pagos a acreedores, por un total de cuatrocientos veinticinco millones de euros, de los cuales el 85% correspondían al Salud. En el año 2013, la cifra fue inferior; fue de nueve millones —casi diez, 9,94—, de los que el 64% correspondían al Salud. En este año 2013, la Cámara de Cuentas no puede pronunciarse del todo por una limitación, por no haberse facilitado información adecuada, pero la cantidad es más pequeña. En el 2012 respondemos de esa cifra.

Todas las obligaciones canceladas a través de los mecanismos extraordinarios han sido asumidas por la Administración de la comunidad autónoma; la Administración, no por los entes dependientes, por los otros sesenta y tantos entes dependientes que han podido... Quizás no hayan sido tanto todos los que van al mecanismo de acreedores. Quiero decir que frente al fondo de financiación de pago a proveedores estatal la que responde es la Administración de la comunidad autónoma, pero, como ha asumido gastos de otros entes, se produce un problema, que pediría que se intentara solucionar, que es que las relaciones entre la Administración de la comunidad autónoma y sus entes dependientes no están sustentadas en ningún documento ni se han fijado las condiciones en las que el pago a proveedores... Estoy refiriéndome siempre al Salud porque es el cuantitativamente mayor. La Administración asumió el pago de los pagos a proveedores del Salud, pero no se ha determinado de qué forma el Salud va a devolver ese dinero a la Administración de la comunidad autónoma. Todo sigue siendo comunidad autónoma, pero estas cosas deben quedar claritas. Y la Administración de la comunidad autónoma, frente al fondo estatal, tiene unos plazos, unas cuantías y unos años, pero no está dicho de qué forma los entes dependientes van a resarcir a la Administración de la comunidad autónoma esos importes, que puede ser que se haga ese resarcimiento, que se condonen si legalmente es posible y lo pueden acordar las Cortes o que se fijen unos plazos más perentorios o muchísimos más largos con interés o sin intereses. Pero eso, así como la relación de la Administración de la comunidad autónoma con el fondo está clara, la de la Administración de la comunidad autónoma con sus entes dependientes no está definida. Creo que eso debería definirse y debería quedar claro, y máxime cuando lo que ocurre es que, a su vez, la Administración de la comunidad autónoma tiene unas deudas que pagar a esos entes. Pues son unas obligaciones por parte de uno frente al otro y del otro frente al uno. Yo no sé si podría estudiarse algún mecanismo de compensación que simplificara todo el conjunto y se ordenara esta confusión de derechos y obligaciones pendientes entre la Administración y sus entidades vinculadas. Es una cuestión que la Cámara de Cuentas nos hemos propuesto y nos atrevemos a sugerir.

Terminaré pronto, señorías —y siento haberme alargado tanto.

Hay un capítulo dedicado a la estabilidad presupuestaria en las páginas 54 y siguientes del informe. Decimos que, aun teniendo en cuenta la limitación al alcance que ponemos en el punto 4 del apartado 1.1.7, la comunidad autónoma cumplió en el ejercicio 2012 el objetivo previsto de estabilidad presupuestaria, aunque no en el 2013. Eso, según los datos provisionales que constan en las propias cuentas generales, elaborados por la propia comunidad autónoma. Es decir, en el año 2012 el objetivo era 1,50, y solo se llegó al 1,42%, mientras que, en el 2013, el objetivo era el 1,30, y se sobrepasó, llegando a un 2,6. No obstante, la Cámara de Cuentas, en sus fiscalizaciones y revisiones, detectó algunas cifras que incrementaban esos porcentajes de desviación. Cuando se puso —creemos— el informe a alegaciones, en el mes de diciembre y enero del año pasado, quizá esos datos trascendieran. El caso es que, en marzo del año 2015, el Ministerio de Hacienda hizo una rectificación y una corrección de las cifras que había presentado la comunidad autónoma, elevando esas cifras de desviación, de manera que el déficit definitivo del PIB en el 2013 se quedó en el 2,18, frente al 2,06% que había anunciado la comunidad autónoma. La desviación es significativa en el dato del déficit —hay una desviación del 0,87%—, pero es mínima en cuanto al objetivo de deuda. Era simplemente una décima.

Hay un capítulo también dedicado a las transferencias y a las subvenciones. Es una de las áreas que consideramos de riesgo, la concesión de subvenciones. Por no ser prolijo, y dado el tiempo, que estoy sobrepasando, me remito a la página 30 del informe, donde está pormenorizadamente —30 y siguientes— detallado.

En cuanto... El último capítulo ya que me queda por exponer es el de la contratación. Es otra de las zonas de riesgo, como sus señorías conocen. El sector público de la comunidad autónoma, en los ejercicios 2012 y 2013, celebró al menos cuatro mil setecientos setenta y tres contratos, por un importe de seiscientos setenta y ocho millones. Las entidades que han celebrado mayor número de contratos son la propia Administración y el Salud. El 33% de los contratos —y esto sí que es una conclusión de la Cámara de Cuentas clara— se adjudicaron utilizando el procedimiento negociado. El procedimiento general y diría que deseable —si no hay otras circunstancias— es el abierto. Pues bien: la Cámara de Cuentas, haciendo estadísticas, ha comprobado que la utilización del procedimiento negociado en detrimento del procedimiento abierto comporta una menor economía del gasto público. Así, en los contratos de obras, el porcentaje medio de baja en los procedimientos abiertos fue del 29%, y en los negociados, de solo el 12%. En los de contratos de servicios públicos, el porcentaje medio de baja en los abiertos fue del 15, frente a los negociados, del 5,50. O sea, económicamente, está claro estadísticamente que es más beneficioso el procedimiento abierto. Conlleva mayor complicación de procedimiento, y habrá que ver si compensa o no compensa. El procedimiento negociado es completamente legal en los casos que corresponde, pero estadísticamente está demostrado que supone menor baja en las ofertas.

La fiscalización se redujo a una muestra de ciento veinte contratos significativos, tanto por la cuantía como por estar representados todos los departamentos y todos los entes contratantes.

Las incidencias, que están muy pormenorizadamente expuestas en el informe, las hemos agrupado en tres grupos: unas que hemos llamado graves, que solo son un 3% de las que hemos mirado; otras que hemos llamado significativas, que son el 51%; y otras que hemos llamado leves, que son el 46%. Las incidencias graves han sido incumplimientos de las normas jurídicas que suponían vicios de nulidad de los contratos, una obstaculización de la competencia y que ha podido ocasionar que los contratos no se adjudicaran a los mejores licitadores en algunos casos. De esos, solo hemos calificado un 3% (cincuenta y siete incidencias). Las incidencias significativas son los incumplimientos de normas, pero que creemos que no han llegado a obstaculizar la competencia. Podría dar datos, pero no me quiero alargar más.

Y creo que ya, señorías, en el tiempo que generosamente el presidente me ha dado de más, he podido explicar todo lo que la Cámara de Cuentas queríamos hacer en este resumen.

En cuanto a recomendaciones, reiteramos las que están expuestas en el informe, en cada uno de los once informes. Pero, en este momento, me atrevería a hacer tres recomendaciones o peticiones al Gobierno de Aragón: una primera, que se aprobara un plan de contabilidad pública de la comunidad autónoma adaptado al Plan general marco del 2010, en sustitución del de la comunidad autónoma, que es de 1994; una segunda petición o recomendación es que se realizara una consolidación de todas las cuentas de la comunidad autónoma, como hace el Estado; y, en tercer lugar —quizá es más difícil, lo reconozco, pero habrá que hacerlo—, que en la cuenta general se incluya una memoria con el grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos alcanzados y del coste de los mismos, como manda el texto refundido de la Ley de Hacienda de la comunidad autónoma.

Señorías, en los minutos de que he dispuesto he querido hacer una presentación en términos generales del informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma, del global, porque de los diez informes singulares se está haciendo la exposición en la Comisión Institucional o en la ponencia.

Sobra decir, pero lo digo para terminar, que la Cámara de Cuentas está completamente a disposición para dar cualquier respuesta, aclaración o ampliación, de forma escrita o verbal, que sus señorías tengan a bien plantearnos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Bienvenido, señor Laguarta. También a aquellos componentes de la Cámara de Cuentas que nos atienden desde la tribuna, y también a todo el público que hoy está aquí con nosotros.

En primer lugar, señor Laguarta, quiero agradecerle la exposición. No solamente la exposición que nos ha hecho hoy de este informe, sino en realidad del informe, de este que estamos debatiendo hoy, y de todos los que tenemos ocasión de debatir en la ponencia especial.

Yo, señor Laguarta, quiero volverle a agradecer, en nombre de Chunta Aragonesista, el trabajo que hace la Cámara de Cuentas, y me gustaría que también se lo trasladara a todos los trabajadores que hacen estos informes que la Cámara de Cuentas nos presenta en esta Cámara.

Por cierto, informes muy importantes y que nos sirven, entre otras cosas, para hacer el trabajo de impulso y de control, de control al Gobierno, y también un trabajo que sirve para que el Gobierno haga una rendición de cuentas, algo que nos parece totalmente importante y esencial en un Estado democrático.

Yo, señor Laguarta, a pesar del informe Cora, de lo que decía el informe Cora, hoy se ha puesto una vez más de manifiesto que la Cámara de Cuentas no es prescindible y que el trabajo que hace la Cámara de Cuentas es muy importante, no solamente para reconocer los errores, sino para poder enmendar los errores.

Hoy, señorías, nos toca debatir de un informe que, aunque en el tiempo nos pueda parecer muy lejano —estamos hablando de los años 2012 y 2013—, yo creo que es oportuno en el tiempo. Y digo que es oportuno porque en el 2012 y en el 2013 ya gobernaba el Partido Popular con el Partido Aragonés. Aquí, el año 2013 fue el año del gran hachazo, el año de los grandes recortes, ese año en que el Estado de bienestar empezó a tambalearse porque, evidentemente, no se le estaba presupuestando.

Digo esto también porque los medios de comunicación se han hecho eco de las declaraciones del señor Montoro en las que nos está tirando de las orejas a la comunidad autónoma, y parece que aquí no haya habido un pasado; parece que esta comunidad autónoma haya nacido en julio del 2016 y que antes no hubiera estado pasando nada. Y me estoy refiriendo a datos que está dando el informe de la Cámara de Cuentas en cuanto al plan de pago de proveedores.

Aquí, hoy, nos estamos echando las manos a la cabeza. La verdad es que es un buen Pleno para que no esté ni la señora Rudi ni el exconsejero Saz, porque, la verdad, yo creo que, después de lo que con tan buenas palabras ha dicho el señor Laguarta, aquí hoy nadie puede sacar, al menos desde la bancada popular, nadie puede sacar pecho diciendo que ellos lo hacían bien, como nos venían diciendo machacona y repetidamente, ni menos pedir explicaciones como las están pidiendo a los demás.

Y voy a dar algunos datos yo que el señor Laguarta no ha dado y que me parece que sean interesantes.

En relación al plan de pago de proveedores... Que, además, no sé si las medidas que dice el señor Montoro para poder acortar estos plazos las compartirían desde el Partido Popular, porque el señor Montoro habla de subir impuestos, que no les gusta, o de reducir el gasto, que yo creo que les gusta, aunque ahora dicen que no, ahora son especialmente protectores de los servicios públicos. Estoy hablando de que, en el año 2012, el período medio de pago fue de ciento treinta y dos días para gasto corriente y ciento ochenta y dos días en el año 2013. Y, si entramos un poco más en detalle, en el último cuatrimestre, el Salud se fue hasta los doscientos veintinueve días, pero es que el CASAR, el tan mencionado CASAR, habla este informe —no lo dice esta diputada—, habla este informe de un período medio de pago entre quinientos y setecientos días. Señorías, yo creo que es un dato para tener en cuenta. La verdad es que luego seguirán pidiendo explicaciones, que es su trabajo, pero espero que no intenten dar lecciones a nadie.

Abundando un poco más en el informe, también quiero, no voy a perder la oportunidad de hablar del Plan Impulso. Fue un plan estrella que se inventaron en el año 2013 —he dicho ya antes el año del hachazo— el Partido Popular y el Partido Aragonés para cubrir, para intentar cubrir el déficit presupuestario. Pues, bueno, ese plan, que era para impulso y fomento del empleo, no se ejecutaron los ciento cuarenta y seis millones que se presupuestaron para él, fueron noventa y pico, y, de esos noventa y pico, setenta y seis millones fueron partidas que hubieron de modificarse después, destinadas para pagar, señorías, la nómina de los docentes del mes de diciembre y la nómina de los sanitarios del mes de diciembre. Desgraciadamente, yo creo que este informe va a servir también para el año 2014 y, probablemente, para el año 2015, porque, al menos, la nómina del mes de diciembre, que es gasto corriente, que es gasto que se sabe ya desde primeras fechas —o sea, que se sabe cuando se está haciendo el presupuesto—, también se les olvidó presupuestar.

Habla también de insuficiencia financiera en el Salud; en el CASAR también, por supuesto, y que luego se extinguió.

También habla... No quiero dejar perder la oportunidad de hablar de las políticas sociales. La Ley de dependencia jamás estuvo presupuestada, y eso, ¿a qué nos llevó?: pues, evidentemente, a que no se cumplió con la ley. Había prestaciones que estaban reconocidas y no se cumplieron, y nos hizo ponernos en el cuarto puesto por la cola en cumplidores con la Ley de la dependencia. Por no hablar del IAI, que también los treinta días que tienen de tramitación se fueron a ciento tres días. ¿Qué supone eso de irse a ciento trece días? Pues, simplemente, que, las personas que no tienen ningún recurso ya para poder subsistir, este Gobierno las dejó en la estacada porque no tenían ningún ingreso.

Señorías, los datos ahí están, y yo creo que todos tenemos que sacar o saber interpretar las conclusiones políticas que esto se merece. Yo sí que lo voy a hacer en nombre de Chunta Aragonesista. Urge más que nunca entablar una nueva financiación autonómica. Es más que urgente. El señor Campoy me mira, y yo... Bueno, pues todos podíamos haber pensado ya que se tendría que haber hecho. No se ha hecho. Y la verdad es que, con la mayoría que ha tenido en este Parlamento el Partido Popular y la mayoría que ha tenido en el Gobierno de Madrid, esto obedece solamente a una cuestión: obedece al proceso de involución autonómica que han querido llevar, obedece a ese proceso de recentralización al que el Partido Popular nos quiere llevar con el mantra de que las comunidades... [Corte automático de sonido.] ... que las comunidades autónomas gastan y gastan y gastan, cuando es lo único que pueden hacer porque las competencias en mantener el Estado de bienestar corresponden a las comunidades autónomas. Mientras no haya una financiación adecuada, lo único que se podrá seguir haciendo, que es lo que ha hecho...

El señor PRESIDENTE: Gracias.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: ... el Ejecutivo del Partido Popular y el Partido Aragonés, será sortear la legalidad, maquillar las cuentas y camuflar en la cuenta 409 todo lo que estos gobiernos tienen que gastar y son incapaces de presupuestar.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero, agradecer la comparecencia del presidente y del resto de componentes que se encuentran en el Pleno por parte de la Cámara de Cuentas para exponer con detalle el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013. Los que participamos en la ponencia relativa al tratamiento de estos informes... Este año creo que se está desarrollando ya una labor de aceleración por cuanto se han tratado los informes singulares correspondientes al IASS, al Inaem, al Instituto Aragonés de la Juventud o al Salud, entre otros. Ponencias tras las cuales se plantean muchísimas veces propuestas de resolución que ya les digo que consideramos que deberían empezar a tenerse en cuenta.

Y, en este caso, el diputado que se encuentra en este momento en el estrado sí que indica que va a tratar de no hacer valoraciones de juicios políticos —aunque es una discusión que tenemos muchas veces, ¿verdad, señor Lafuente?, acerca de cómo hay que abordar este tema—, principalmente porque se refiere a tiempos pasados y porque creemos que es más interesante hacer un análisis constructivo o un análisis propositivo.

Lo que se deduce de este informe general de las cuentas anuales, lo que se deduce del análisis de todos los informes singulares es, desde luego, que lo que tenemos aquí es algo interesante, y es que hay margen de maniobra para mejorar. Creo que por ahí es por donde tendríamos que tirar: que se puede mejorar el rendimiento de la Administración al margen de las deficiencias estructurales a las que se ha referido la señora Martínez, de las que todos somos conscientes, y que son derivadas del modelo actual de financiación autonómica. Y la cuestión es que tenemos que mejorar el rendimiento de la Administración por dos cuestiones muy sencillas: porque o bien nos costará menos o bien podremos hacer más con exactamente lo mismo. Esa es la noticia buena.

Pero el problema, como casi siempre, es que, ante una noticia buena, muchas veces te encuentras con una noticia mala, y es que ya les puedo anticipar que de toda esa participación en la ponencia y de este análisis que ha realizado el presidente de la Cámara de Cuentas se observa que en los últimos años no ha habido ningún atisbo de intención de acometer este reto, absolutamente ningún atisbo de intención.

Y lo digo por lo siguiente, por una cuestión que el señor presidente ha nombrado al final, pero que nosotros reiteramos en cada una de las intervenciones en esa ponencia: en la memoria de la Cámara de Cuentas de las cuentas generales del 2012 y 2013 y en las singulares se observa de forma reiterada que no hay ningún tipo de alusión al grado de cumplimiento de objetivos que se han planteado, objetivos que además nos podemos encontrar marcados en los presupuestos de la comunidad autónoma todos los años, y mucho menos al coste de los que sí que se han logrado. Esto es algo preocupante porque, que yo sepa, entre las labores de la Cámara de Cuentas se encuentra una muy, muy interesante, que por este motivo no puede desarrollar, y es la de la fiscalización operativa, el saber si realmente los recursos se están empleando de la forma más adecuada, de la forma más conveniente. Y eso realmente debería ser una de las principales labores de un Gobierno eficiente, que es lo que creo que debemos a todos los aragoneses, porque, si no, muchas veces, las cuentas se convierten en cuentas del Gran Capitán. Aquí lo que sucede es que demuestra, que no existan esos informes de grado de cumplimiento de objetivos, que no se va evaluar o no se pretende evaluar el rendimiento de la Administración y que es algo que ni tan siquiera se tiene en consideración.

Este es uno de los grandes clásicos de cada uno de los informes que hemos tratado de la Cámara de Cuentas, y hay algunos también relevantes, sobre todo el que atiende a la morosidad. El análisis acerca de cómo se produce la morosidad deja claro que, desde luego, cuando se analiza, no solo el informe relativo a la Administración, el global, por decirlo así, el consolidado, sino de cada uno de los organismos autónomos, nos encontramos con que cada uno de ellos tiene unos plazos dispares. Ninguno cumple, pero la verdad es que son dispares.

Y aquí hay una cuestión que nosotros hemos planteado muchísimas veces. De ese análisis se deduce que hay un problema, y es que la morosidad no solo se tiene con los proveedores, señores; la morosidad se tiene por parte de la Administración con los propios organismos autónomos e incluso con los entes locales de la Comunidad Autónoma de Aragón. El problema es que, como existe esa morosidad, al final, el que termina pagando el pato, el que termina financiando las necesidades de deuda de la comunidad autónoma son las pymes. Y les voy a dar algunos datos. Fíjense. Año 2012, año 2013, pero seguramente nos los vamos a encontrar en el 2014, en el 2015 y en el 2016. Hay una cuestión en estos informes que se llama obligaciones reconocidas netas. Quiere decir que en los balances figura que debería haber una disponibilidad de determinados importes, bien en el Salud, bien en el IASS, bien en el Instituto Aragonés de la Mujer, y que la Administración central no realiza las transferencias. Diferencias. Capítulo IV, pendiente de pago: en el 2012 había ciento cuarenta y un millones de euros de los cuales se deberían haber hecho transferencias a estos organismos autónomos para ejercer sus políticas sociales en la mayoría de los casos, y no se habían realizado; año 2013: ciento cuarenta y seis millones de euros de —podríamos llamarlo así— morosidad entre la Administración central y los organismos autónomos. Capítulo VII: ciento veintisiete millones de euros en el 2012, ciento sesenta y siete millones de euros en el 2013. Esto realmente debería acumularse a la deuda que ya existe en cuanto a proveedores. Es decir, que a veces... Lo que pasa es que aquí nos estamos haciendo trampas al solitario. Porque, cuando esto sucede, al final, lo que pasa es que no se pueden pagar suministros médicos; que no se pueden pagar coberturas sociales, como el IAI, por ejemplo, que muchas veces no depende de la dotación presupuestaria, como hemos visto en estos años, sino que depende realmente de los traspasos de tesorería para poder realizar los pagos a aquellos que tienen la cobertura; o no se pueden poner, por ejemplo, en marcha políticas de empleo. Y vuelvo a repetir, señores: esto es hacer trampas al solitario. La morosidad hay que resolverla no solo con los proveedores, sino la propia morosidad interna que tiene la Administración, cumplir con las transferencias en tiempo y en forma, según están presupuestadas, porque esto es fundamental.

Obviamente, no quisiera... Hay poco tiempo para hacer un análisis de un informe tan extenso, pero no quisiera dejar pasar una de las cuestiones que tal vez más ha sorprendido en esta ponencia, y es la del CASAR. Esto sí que es algo que esperamos que no se vuelva a repetir porque fue un auténtico despropósito y porque fue un auténtico descontrol.

Del análisis del informe de la Cámara de Cuentas se estableció que se hacían contrataciones sin presupuesto; que la cuenta 409 no es que se utilizara de forma diligente: es que era una auténtica alfombra donde se metía absolutamente todo, porque, como ya vimos en la ponencia relativa a tal asunto —el señor presidente lo recordará—, incluso había el triple de lo que había que contratar en gastos de bienes y servicios, que teóricamente debería de ser su uso, es decir, no era para aquello que no había, sino que se necesitaba incluso el triple y se metía en la cuenta 409, claro, provocando una morosidad de nada más y nada menos, por parte de esta entidad, de dos años. Un descontrol y una falta de preocupación por el rendimiento que esperamos no se vuelvan a repetir.

Este informe —ya decimos— pone de relieve algunos aspectos que esperemos que se puedan empezar a acometer en ese año que tenemos de tratar de hacer planteamientos constructivos. El primero: tomarse en serio y empezar a trabajar en la mejora del rendimiento de la Administración; plantear objetivos y trabajar para cumplirlos, como ya hemos visto que se está empezando a hacer después de la situación en la que nos encontramos con respecto al Salud, en la que ahora, a toro pasado, empezamos a intentar implementar mecanismos de control; evitar la morosidad entre la Administración y sus entidades vinculadas, entre los entes locales, los comarcales, los municipales y organismos autónomos, y nos encontraremos con que de esta manera no hay situaciones como las que estamos viviendo en cuestiones relacionadas con modificaciones presupuestarias; y, sobre todo, ser rigurosos al presupuestar los gastos corrientes y utilizar la deuda que se emite en inversión, tal y como... [Corte automático de sonido.] ... ha indicado el señor presidente.

Un segundo, señor presidente, si me lo permite.

Y, por último, no hacer trampas. Esto es lo que yo creo que debería de ser fundamental. No se deberían hacer trampas con las cuentas generales, con el presupuesto y muchísimo menos con la gestión; trampas como dejarse el inmovilizado y no valorarlo correctamente, el CASAR, utilizar el Plan Impulso de forma incorrecta, la cuenta 409 de forma incorrecta o gastos que se convierten, como ha dicho —que esto considero que es también una cuestión muy importante—, gastos que se convierten en una patata caliente, que van pasando al año siguiente, y, como no se acomete el asunto, al final van poniendo en peligro la posibilidad del cumplimiento del presupuesto y acción política del Gobierno en los años posteriores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Bienvenido a las Cortes de Aragón al señor presidente de la Cámara de Cuentas y a los miembros de dicho organismo que nos acompañan en esta sesión.

Si me permiten, yo, en primer lugar, quiero agradecer ese trabajo que se ha hecho, porque los que hemos estado en la gestión... Hacer el trabajo que se ha hecho en el informe de cuentas con los medios que se tienen hay que ponerlo de relieve, y yo felicito a todo el equipo humano de la Cámara de Cuentas, llegar al nivel de profundidad y de rigor en este trabajo para que tengamos este nivel de conocimiento de la cuenta general de la comunidad autónoma. Tuvimos en otras cuestiones, lo tenemos en organismos, pero, desde luego, felicidades por este trabajo.

A mí me van a permitir que haga en primer lugar una reflexión. ¿Por qué estamos hoy debatiendo de esta cuestión? Pues porque, en el año 2009, los grupos que estábamos en esta Cámara, por unanimidad, presentamos una proposición de ley negociada, de acuerdo total por todos, para dotarnos de un instrumento que fortalecía dos cuestiones: el autogobierno, es decir, Aragón podía tener autogobierno... Lean el preámbulo de la Ley 9/2011, y verán que el Reino de Aragón, la Corona de Aragón ya tuvo una institución similar. Y hacíamos también honor a nuestra historia poniendo en marcha un mecanismo y, además, lo hicimos bien, porque costó, después de que se incluyó en el Estatuto de Autonomía, pero nació con un consenso general. Y eso es lo que va a dar y ha dado y está dando los frutos y yo espero que siga dando, y la utilidad de ese organismo y el gran servicio que está prestando. El origen está claro. Nace por unanimidad, nace en estas Cortes. Y, desde luego, la trayectoria que ha demostrado la Cámara de Cuentas en estos años ha puesto de manifiesto que es estrictamente necesaria. Y, aunque lo decía, muy bien lo decía, la diputada de Chunta Aragonesista, yo estoy totalmente de acuerdo: la Cora, a sus temas, y Aragón, a los suyos. Y la Cámara de Cuentas es nuestra institución y la tenemos que respetar, mantener, promover y dotar para que siga haciendo el trabajo que está haciendo. Primera cuestión.

Segundo. El informe de las cuentas del 2012 y 2013, esos ciento cincuenta folios, que son el resumen de ese gran trabajo, no se puede sintetizar en estos cinco minutos, pero una cuestión. Primero, yo me fío de lo que dice la Cámara de Cuentas, y dice que las cuentas son fiables y exactas, con las matizaciones. Segundo: el cumplimiento de la legalidad, que se cumple la legalidad. Eso lo dice en la declaración la Cámara de Cuentas. Y hay otra tercera cuestión que quiero también poner en cuestión —o poner no en cuestión—, las cuestiones relativas a las limitaciones del alcance en lo que se refiere a las memorias de coste y rendimiento.

Miren, señorías, los que hemos estado en la gestión... Vean el presupuesto de la comunidad autónoma del año 2016, vean las fichas del presupuesto, indicadores de objetivos —ahí vienen reflejados—. En las políticas de jóvenes agricultores, tanto número de jóvenes agricultores que se incorporan. El problema, la gestión es que el día a día y el futuro no nos hacen reflexionar sobre esas cuestiones, porque, cuando termina el presupuesto o cuando se convoca la orden del consejero de Hacienda, empezamos a elaborar el siguiente, y no vemos si la acción política consistente en una partida presupuestaria equis, de los objetivos que habíamos puesto en el presupuesto, al final se ha cumplido el 80, el 50 o el 70. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hay equipamientos u obras... ¿Cómo se valora el que la Dirección General de Carreteras haga una rotonda de acceso al municipio equis? ¿Cómo valoramos, cómo cuantificamos el coste, la obra, número de vehículos que van a pasar, ahorro de costes...? Ahí imposible. ¿Cómo se valora que la universidad o el ITA adquiera o realice una cámara semianecoica para medir la compatibilidad electromagnética? Luego en las limitaciones al alcance será difícil, salvo que se haga un gran trabajo, que se cuantifique y se tipifique cómo los gestores podemos evaluar el cumplimiento de objetivos. Y, además, yo lo digo aquí: yo prefiero para quien está de gestor —y yo lo he estado— que se verifique por la gente de fuera; que no sea el Gobierno el que verifique el cumplimiento de objetivos, sino que la propia Cámara de Cuentas haga unos mecanismos, unos protocolos, y que verifique el cumplimiento de objetivos. Y, así, a la hora de presupuestar, los centros gestores del presupuesto pondremos los objetivos no con el pega y corta y pega del año anterior, sino pondremos los objetivos realmente destinados a las líneas que buscamos.

Tercera cuestión, importante. Hombre, se cierra con la Cámara de Cuentas un mecanismo que estaba incompleto. La Diputación General de Aragón y sus organismos autónomos tienen magníficos profesionales, funcionarios, en contratación, en servicios jurídicos, jefes de sección de régimen económico, y todos creo que en esta Cámara confiamos en nuestros funcionarios; pero el funcionario al que se le encarga o está en el presupuesto un contrato lo saca a licitación, participa con la Intervención y los servicios jurídicos, pero llega al final, y, al final, la urgencia o la inmediatez o la necesidad de ejecutar o los plazos que no llevó para llegar este servicio a no sé qué centro de salud..., el funcionario se deja guiar por la solución del problema, a veces sin entrar en la, con perdón, legalidad del problema. Y esa es la realidad, porque la hemos vivido durante muchos años.

Y, luego, lógicamente, esto nos permite un análisis: los árboles no te dejan ver el bosque. Los árboles de la gestión de sanidad, de educación, de industria, de innovación, de tecnologías, de la concertada, no te dejan ver el bosque de que lo que tú gestionas tiene que estar integrado en la cuenta general. Y por eso digo que es fundamental el control a priori que llevan a cabo la Intervención General y los organismos de la Diputación General de Aragón, y el control a posteriori mediante esta Cámara.

Desde tres ángulos se puede ver la actividad de la Cámara de Cuentas. Desde el de los ciudadanos... Vean ustedes, señorías, vean la página web de la Cámara de Cuentas. Todos los ciudadanos... Cuando no se hablaba de transparencia todavía por ahí, en Aragón ya se estaba hablando de transparencia. Vean las sesiones de constitución de esta Cámara de Cuentas; los ciudadanos, que se pueden bajar los informes de la Cámara de Cuentas en el portal que se llama de transparencia y de confianza. En segundo lugar, desde el punto de vista del gestor es fundamental porque, con informes de la Cámara de Cuentas, algunas veces hemos corregido el rumbo de la gestión. Decía el señor presidente que no estamos implantando las cuentas de la contabilidad. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo.

Y tercero, como diputado, desde esta tercera óptica, hombre, que esta Cámara, que no está en la gestión, y los diputados de esta Cámara tengan esta información a su disposición yo creo que es un símbolo, como digo, de transparencia.

Miren, señorías, los que han gestionado presupuestos saben que la excelencia en la gestión presupuestaria no es una meta que se alcanza. No llegas y dices «ya soy excelente», es un camino que se recorre, porque van incorporando contabilidad SEC, simplificación de procedimientos administrativos, integración de sistemas informáticos, nuevos Serpa, nuevos Aneto, y al final, es un proceso de mejora continua, que es como se llama en las empresas.

Vamos a apoyar, como dice usted [corte automático del sonido]... y apoyaremos al Gobierno en el nuevo plan de contabilidad. Apoyaremos la consolidación y, en el caso de las memorias y objetivos de coste, como Partido Aragonés que somos, colaboraremos y ayudaremos para que, efectivamente... Pero yo prefiero que lo haga la Cámara de Cuentas, que, cuando vea el presupuesto y vea los indicadores de objetivos y coste, tenga protocolos para que sean ustedes, de la Cámara de Cuentas...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Y ratifico —por último, señor presidente, un minuto, un minuto, que me faltan cinco cosas— [rumores], reafirmo nuestra confianza como Partido Aragonés en la institución, su efectividad, su independencia. Y, señorías, velemos porque sea independiente y diga al Gobierno y a los organismos lo que haya que decir, no lo que convenga, por su transparencia, por el rigor técnico y por esa trayectoria que creo que ha dado frutos y resultados muy positivos a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por cierto, también hay que decir...

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: ... las cosas positivas, señor Laguarta. Por el ahorro de los contratos y el celo de los funcionarios se ahorraron cincuenta y tantos millones de euros en los contratos públicos...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: ... por ese celo.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Podemos Aragón.

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.

También quiero extender el agradecimiento por su labor a la Cámara de Cuentas y a los componentes aquí presentes. E, igualmente, dar la bienvenida al nuevo diputado del Partido Popular.

Los ejercicios de 2012 y 2013 vienen marcados por varios factores. Se trata de un ciclo de políticas de austeridad, políticas fiscales injustas, una fuerte reducción de gasto público unido a un uso intensivo de los presupuestos, en una promoción clientelar de los partidos políticos con dinero público, y todo ello sumado produce un efecto anticrisis contrario a lo deseado. El comportamiento de los indicadores al respecto no puede ser más elocuente.

La reducción del gasto público en más de quinientas millones en estos ejercicios (en sanidad, educación, servicios sociales básicos) en su caída arrastra a la ciudadanía aragonesa a una situación de dependencia, de mayor desempleo, de menos consumo, de menos inversión y, en síntesis, de un desplome de la demanda interna y, por lo tanto, de la capacidad de generar ingresos públicos vía recaudación impositiva. Mientras tanto, se mantenía una estructura derrochadora por sí misma.

Segundo indicador: el déficit. Si el objetivo central del ejercicio era la contención del déficit, que era la teórica coartada para el plan de austeridad, a la luz brilla que fracasó. Con los datos de la Cámara de Cuentas encima de la mesa, si, para el conjunto de las comunidades, el déficit del año 2013 se situó en 1,54% frente al 1,3 marcado por la Comunidad Europea, en Aragón se estabilizó en el 2,06 frente a un objetivo de 1,30. Un fracaso.

Tercer indicador: producto interior b ruto. Durante el bienio, que, evidentemente, podemos llamar «un bienio fallido», el producto interior bruto de la comunidad decreció en 1,35%, y en un plazo de un año anterior y posterior, un plazo de cuatro años, descendió en un 4%. No hubo fracaso. Paralelamente, eso sí, cientos de millones se destinaron a procesos de privatización de la Administración pública y externalizaciones de servicios, generando un sobrecoste y una inadecuación de su comportamiento que, a nuestro parecer, es un mal uso de los fondos públicos. El gasto del Gobierno de Aragón en mantener unas empresas publicas quebradas, que no ofrecían ninguna rentabilidad social durante el bienio, llega a las cifras alarmantes de que en los tres años de 2014 a 2017 se tendrán que inyectar ciento ochenta y dos millones para mantener estas estructuras, además de los cien millones de Zaragoza Alta Velocidad, setenta y uno de Aramón, siete de Platea, cuarenta de CARTV cada año... En fin, cuentas segmentadas por consorcios que constituyen un auténtico escándalo, especialmente si juzgamos por el mencionado CASAR.

El CASAR en el fondo, no nos engañemos, señorías, es un ruinoso intento de privatización de la sanidad pública aragonesa que brilla con luz propia: hasta quince millones de euros derrochados en la aventura y un último pago de 7,85 millones de euros pagados como acreedor a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, según el convenio que se suscribió con esta entidad. Dinero que hay que sumar al desagüe de las sociedades públicas de suelo, logística o macroproyectos. En síntesis, un sumidero de cientos de millones.

Ultimo indicador: la deuda. La deuda pública de Aragón pasó de tres mil cuatrocientos millones en 2011, a seis mil doscientos un millones en 2014, prácticamente casi se dobló. Nuevo fracaso, nuevo objetivo no cubierto. La caída del gasto social contrasta con el aumento de los recursos dedicados al pago de intereses de la deuda pública, que se doblaron. Y, además, queremos manifestar aquí también nuestra preocupación por la existencia de una reclamación judicial de hasta 11,5 millones sobre el canal Bielsa-Aragnouet.

Como efectivamente se podía indicar antes, de aquellos polvos vienen estos lodos. Hoy nos encontramos con la desagradable noticia de que Hacienda del Gobierno de España está prácticamente poniéndonos en la picota, nos están poniendo contra las cuerdas y, además, apoyándose en la modificación del artículo 135 de la Constitución, que eso sí que es un auténtico gobierno de coalición, señorías. Así que de aquellos polvos vinieron estos lodos.

Respecto al tipo de gestión de los gobiernos de estos años, es un tipo de gestión que podemos sintetizar en dos términos: malas prácticas. Procedimientos de contratación y criterios de valoración o ponderación que no se justificaron, es decir, que fueron irregulares, en detrimento y perjuicio de los recursos públicos; endeudamiento de gasto corriente en cuantías superiores a lo que marca la ley; uso intensivo de la cuenta 409, u otras malas prácticas como los periodos de pago incumplidos o los gastos sin garantías. Vamos, la única manera de denominar, desde un punto de vista contable y desde un punto de vista de consultoría elemental, que a cualquier empresario lo hubiéramos hecho... le llamaríamos «una mala gestión», «una mala práctica».

A la luz de estos datos, nos preguntamos: ¿cómo evoluciona el gasto destinado a los servicios públicos? Pues muy fácil: la otra cara de la moneda se llamó quinientos ocho euros menos de gasto dedicado a las necesidades de la mayoría social. En sanidad, ciento sesenta millones menos; en educación, ciento trece millones menos, y especialmente, lo que es más sangrante, en la prestación a la dependencia, dilatando los plazos de los expedientes hasta para diez mil expedientes, o el aplazamiento de resolución de hasta quinientos treinta y un días o incluso ochocientos días, lo cual nos parece de lo más miserable, precisamente con este segmento más delicado de nuestra sociedad.

Las consecuencias de estas prácticas en la sociedad no dejan de estar claras nuevamente, y es: el núcleo de poder económico y político aragonés que nos acusaba de vivir por encima de nuestras posibilidades nos privó en solo unos pocos años de la mayoría de los derechos conquistados por nuestros mayores durante décadas.

Aquí se ha practicado un desmantelamiento parcial del Estado del bienestar, con consecuencias muy graves como el pase del desempleo del 7,3 al 20,2% en solamente cuatro años; un 50% de los desempleados sin prestaciones; una progresiva reducción de la renta media de los hogares, ochenta y tres mil hogares aragoneses, doscientas cincuenta y cinco mil personas en situación de exclusión social; la extensión universal por toda la comunidad autónoma de la pobreza energética objetiva, un 10% tabulado y otro 22% inducido; consecuencias como el incremento notable de la desigualdad social, que creció en un 22% del año 2008 al 2012; consecuencias como el cierre de empresas, ocho mil empresas cerraron en este periodo, de entre ellas tres mil y pico comercios, incapaces de poder abordar la insolvencia de su falta de acceso a una financiación adecuada (impago, quiebras) y una ausencia de atención a los mercados y desinversión. Es decir, el 10% del sector de la pequeña y mediana empresa aragonesa arrasado. Esas son consecuencias de la gestión.

En síntesis, recursos más utilizados, recetas equivocadas: este es el resultado de esos años de gestión del Partido Popular. El Partido Popular siempre nos viene diciendo «nosotros sabemos gestionar»; sin embargo, dentro de unos minutos tendremos que oírles decir «bueno, esto se debía a que heredamos una situación...» [corte automático del sonido] o «es que la crisis era muy profunda». Bueno, pues endeudarse y recortar no es saber gestionar, eso es administrar la miseria, no querer hacer un nuevo modelo productivo para la sociedad es no saber gobernar. Ustedes manejaron el BOA durante cuatro años, ahora tienen que dar una respuesta a cómo se llegó a esta catastrófica situación.

Miren, la experiencia de gestión de estos últimos gobiernos ha sido pésima y los fondos negativos indicados por la Cámara de Cuentas por dos mil ochocientos millones a finales del 2013 es muy indicativo al respecto.

Solamente quiero terminar diciendo que un nuevo curso político y económico en nuestra comunidad es necesario y que en esa tarea estamos y estaremos empeñados. [Aplausos.]

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor Laguarta, y bienvenidos los miembros de la Cámara de Cuentas que nos acompañan y, por supuesto, también la bienvenida al nuevo diputado, señor Navarro Vicente.

En primer lugar, señor Laguarta, quiero felicitarle por el extenso y pormenorizado informe, dentro de las prioridades que fueron manifestadas por estas Cortes. Con este, como usted decía, once informes de fiscalización que analizan la actividad de sesenta y seis entidades o entes en 2012 y sesenta y tres en 2013, cuyas cuentas al final se integran en la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón, que hoy vamos a analizar, las de los años 2012 y 2013. Aunque, ciertamente, en este informe, y como viene siendo habitual y nos reiteran en cada un uno de los informes de fiscalización, debo destacar inicialmente tres limitaciones en cuanto al alcance del mismo.

La primera, la habitual, cuando nos dicen que el presupuesto de gastos no contiene indicadores específicos que permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados; que las cuentas generales de los ejercicios 2012 y 2013 no incorporan memorias de coste y rendimiento de los servicios públicos y memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados. Todo ello impide a la Cámara de Cuentas pronunciarse sobre si la actividad económica se ha ajustado a los principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Hasta aquí lo habitual y redundante en sus informes.

Pero la segunda, la que yo denominaría «modelo de transparencia», cuando dicen: «No es posible emitir una opinión sobre la corrección del dato sobre la estabilidad presupuestaria del ejercicio 2013 al no haber facilitado la comunidad autónoma a la Cámara de Cuentas los ajustes realizados por la Intervención General de la Administración del Estado para el cálculo de la necesidad de la financiación del ejercicio 2013». Tampoco se ha informado ni se ha proporcionado información o el informe anual sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ni se ha publicado en la sede electrónica de la Administración de la comunidad autónoma. Este es el modelo o era el modelo de transparencia que tanto se reivindica ahora.

Y la tercera, la que considero más significativa, la voy a denominar «la colaborativa». Cuando se dice: «La Cámara de Cuentas no ha podido fiscalizar el mecanismo extraordinario del pago a proveedores del ejercicio 2013. La documentación para la fiscalización del mecanismo fue aportada en papel, en trece cajas sin índice de su contenido, y no ha sido posible obtener información ordenada y conciliada con los datos que constan en la cuenta general».

Con estos mimbres, y según las conclusiones del informe, vemos que aquí empieza a gestarse el magnífico modelo de gestión económico-presupuestario de los cuatro últimos años. Y estoy hablando de presupuestación, estoy hablando de ejecución o inejecución y estoy hablando de control de presupuesto.

En concreto, en el conjunto de los entes de la comunidad autónoma, en lo referente a estabilidad presupuestaria y objetivo de deuda, el informe dice que se cumplió en 2012, pero no en 2013. Curioso que los datos del déficit que se obtienen después de la auditoría realizada difieren de los que constan en la cuenta general de 2013. La desviación, una vez incrementado, representa doscientos ochenta y ocho millones de euros en valores absolutos.

Asimismo, la Cámara de Cuentas ha identificado en su trabajo de fiscalización obligaciones no contabilizadas. Y usted ha dicho: cuenta 409, presupuesto, facturas en los cajones. Ni en el presupuesto ni en la cuenta 409, es decir, facturas en los cajones: en la Administración de la comunidad autónoma, por importe de veinticinco millones en el año 2013; en el Salud, por dieciocho millones en el doce, y cincuenta y cuatro en el año 2013. En el caso del IASS, se ha constatado que existen pagos por atrasos de prestaciones devengadas de dependencia sin contabilizar por importe de diecinueve millones en 2012 y veinticinco millones en 2013.

Respecto al endeudamiento del sector autonómico, Aragón presenta según su informe crecimientos interanuales de más de un 30%, siete puntos porcentuales respecto a la media nacional, y solo superada por tres comunidades autónomas. La ratio deuda-PIB ha pasado de representar un 10% en el año 2010 a un 16,64 en el año 2013.

Respecto a la morosidad, no se cumple el periodo de pago a proveedores, por mucho que ahora se intenta hablar y estamos en estas Cortes todos los días hablando de ello, no se cumple y se habla de ciento treinta y dos días de gasto corriente y ciento treinta y cinco en inversiones en el año 2012 y ciento ochenta y dos en el año 2013. En un arranque de bondad, sí que veo que ustedes precisan: «No obstante, si se excluye el ámbito sanitario y los servicios sociales, esto mejora». ¡Pues menos mal!

Respecto de otros datos importantes —y viendo que el reloj funciona a toda velocidad—, quiero decirle que derechos reconocidos, obligaciones reconocidas, en niveles similares. Nivel de realización de obligaciones en términos de pago, muy bajo, muy bajo. Se ve clarísimamente que se mantienen importantes saldos pendientes de pago al cierre de los ejercicios. Y significativo, en casi todas las políticas de gasto se han reducido las obligaciones contraídas, pero especialmente en sanidad, casi un 20%, y, sin embargo, se han incrementado en deuda pública, un 89,4%.

En cuanto al remanente de tesorería, continúa siendo negativo.

Todo ello hace que, al final, ustedes nos recomienden que habría que establecer algún tipo de mecanismo porque, si no, se están generando graves tensiones financieras a corto plazo.

Respecto al balance, debemos destacar la evolución negativa de los fondos propios de los últimos años, que se acentúa hasta reflejar valores negativos por importe de dos mil trescientos setenta y cuatro millones. ¿La causa principal? Los resultados de los ejercicios, que se han cerrado con pérdidas. Si, además de eso, se incrementan con los ajustes que ustedes han fiscalizado, supone duplicar los que figuran en la cuenta oficial de la comunidad autónoma.

Respecto al endeudamiento de la comunidad autónoma, nos parece también muy importante y hay que destacar que el límite de endeudamiento autorizado en la ley de presupuestos, como usted decía, se sobrepasó sin autorización legal de las Cortes de Aragón, como así está establecido, y, además, este medio endeudamiento, consecuencia de la adhesión al fondo de financiación del pago a proveedores, se destinó a gastos de inversión.

También respecto al mecanismo del pago a proveedores, la Cámara de Cuentas no ha podido fiscalizar, como ustedes decían, todo el mecanismo, sobre todo en el 2013, porque no se había aportado información.

Respecto al Plan Impulso, creo que la señora Martínez lo ha dicho explícitamente, se utilizó para lo que no estaba autorizado, para pagar a funcionarios docentes, a personas del Salud, para gastos de nóminas de la enseñanza concertada y para incentivos del personal docente e investigador de la Universidad de Zaragoza.

En definitiva, señor Laguarta, magnífico informe, bondadoso informe también, a pesar de las dificultades y trabas en el acceso a la información. Informe que demuestra lo que desde el principio de legislatura hemos ido repitiendo: bajo la falsa apariencia del rigor y el control presupuestario, del marketing, del buen hacer y la transparencia, pues...

El señor PRESIDENTE: Gracias...

El señor diputado SANCHO GUARDIA: ... se recortaba, se presupuestaba muy erróneamente...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor diputado SANCHO GUARDIA: ... se incumplían objetivos de déficit y se duplicaba la deuda.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muy buenos días, señorías.

Señor presidente, muchísimas gracias por su informe.

Señorías, yo sí que voy a hacer política porque me parece que me pagan por ello, porque me gusta y porque es mi obligación, las tres cosas. Y, por lo tanto, tanta intervención técnica, que le corresponde al presidente de la Cámara de Cuentas, no lo entiendo.

Al portavoz del Partido Socialista, lo primero que le quiero decir: señoría, ¿y usted habla de la cuenta 409? Crearon ustedes la famosa 409, ustedes. Y, por cierto, nos enteraremos en el próximo informe si la siguen utilizando, tenemos verdadera curiosidad. Tanto que a usted no le gusta la 409, que a priori no es nada malo, será su utilización perversa la maldad, pero no a priori. Tengo verdadera curiosidad.

Señorías, lo primero también, darle un abrazo a nuestro nuevo compañero, que, además, ya lo he hecho personalmente.

Yo creo que lo que hay que hacer es enmarcar este informe con los ojos del 2016, señorías, pero viendo lo que analizamos, el 2012 y el 2013. Y algunos en esta Cámara han hecho dos cosas. Al Partido Socialista, que gobernó once años anteriores a la crisis, se le ha olvidado, señorías, eso ya se le ha olvidado. Porque, lo decía la señora Sánchez, hay que analizar de dónde venimos, por supuesto. Este informe no es una isla que nos dejen aquí, trae consecuencias posteriores y trae antecedentes anteriores. Algunos, señoría, ante ese momento de llegada de la crisis, en Madrid dimitieron; en Aragón, algunos se quedaron y empezaron a trabajar.

Y segunda cuestión, a los que han llegado nuevos. Señor Clavería, no se puede ser más sectario ni hablar con más rencor de alguien que como usted hace. Señoría, yo, de verdad, se lo digo de corazón, háganselo ustedes mirar. Porque usted no habla de la crisis, ni de los problemas que se generaron, ni de quién los generó, ni de quién nos llevó a la situación, usted habla del Partido Popular, lo lleva metido en el hígado, señoría, en el hígado lleva usted al Partido Popular. Y le ruego que se lo haga mirar porque no avanzará ni dará ninguna solución más allá de llevar en el hígado al Partido Popular. Señorías, si ustedes, deliberadamente, que es lo que han hecho ustedes, algunos, intentan machacar al Partido Popular obviando este tema, flaco favor le hacen al futuro de esta comunidad autónoma y flaco favor se hacen a sí mismos.

Señorías, en este informe pone muchas cosas, pero muchas, y ustedes han hablado de alguna de ellas. Yo voy a hablar de alguna más. Miren, con datos objetivos en la mano, lo que significó el denostado Plan Impulso: cuatro mil doscientos diez empleos directos, señora Sánchez [la diputada señora Martínez Romances desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: «Martínez»] —perdón—, incentivos para la contratación de jóvenes desempleados, la realización de cuarenta y cinco talleres de empleo, mantener el empleo con medidas concretas en torno a ochocientos discapacitados, bonificaciones de tipos de interés... Ustedes, de eso, no quieren hablar, señorías. Ustedes hablan de que con determinada parte de lo que no se pudo adjudicar, de lo que faltó por adjudicarse al final, se pagó a funcionarios, y es cierto, señoría, no utilizamos la acción social como otros han intentado hacer para pagar la extra que comprometieron. ¿Ve usted la diferencia, señor portavoz del Partido Socialista? [Risas.] Ya le hace gracia al señor Sada, ¿eh?, ya se pone nervioso.

Bien, sigamos. Pero, miren, quiero recordar otra cuestión: que, frente a ese año 2012 y a una realidad latente, no se tocaron ni un euro los impuestos, señorías, de los aragoneses. ¿Sabe lo que han hecho ustedes, señor Clavería? Votar a favor de subir el impuesto a los aragoneses, que, por cierto, se van a enterar de quiénes son el señor Lambán y el señor Gimeno a partir del día de hoy —creo que empieza el día de renta— hasta el día 30 de junio, porque hasta ahora no lo sabían. Esperen que les apliquen los nuevos tipos de interés que han creado en el Partido Socialista. [Rumores.] Señor Sada, yo le ruego que se contenga, que es usted el portavoz, debería de tener un poco más de aguante. [Rumores.]

Y sigo, señoría. Pero además, con una economía en crisis, miren lo dice el informe de la Cámara de Cuentas, que, por cierto, no lo he oído de ninguna de sus señorías, literal, señorías, miren: «Las abultadas pérdidas de 2012 —de 2012, señor Clavería— son consecuencia del asiento contabilizado a propuesta de la Cámara de Cuentas para registrar la deuda pendiente por las liquidaciones negativas del sistema de financiación 2008 y 2009 —recuerdo de Zapatero, señoría—, además, considerando que se calculó en 447,63 millones de euros». Eso es lo que se comió, señor Clavería, y perdóneme la expresión, un gobierno del Partido Popular. ¿Lo ha oído bien, portavoz del Partido Socialista? De los mil millones de que hablaba el presidente de la Cámara, cuatrocientos cuarenta y siete millones vinieron del año 2008 y del año 2009 como déficit de financiación, recuerdo del señor Zapatero.

Pero dice más cosas, que tampoco he oído, en el informe de la Cámara de Cuentas. Y, ¡ojo!, yo reconozco que ese informe tiene cuestiones que hay que mejorar. Además, lo ha dicho el señor Aliaga, un gobierno siempre intenta llegar a lo mejor. Pero el informe actual de la Cámara de Cuentas que tenemos encima de la mesa, dentro de veinte años, se verá como un informe trasnochado y pasado porque habrá otros mecanismos, señorías, y a eso tiende un gobierno, a mejorar siempre.

Miren, por la gestión que decían también, el gasto farmacéutico se redujo un 9%. ¿Alguien ha oído que faltaran aspirinas en algún sitio? ¡La demagogia de todos esos años, señorías, con todo eso! Pero dice más cosas, señorías: que el Ingreso Aragonés de Inserción pasó de 6,5 millones a treinta millones de euros. El Partido Popular gestionó dos mil ochocientos expedientes del Ingreso Aragonés de Inserción de 2011 a 2013, siete mil, señorías. No lo han recordado ustedes tampoco.

Señorías, son datos, que no opiniones sectarias del hígado, que me parecen muy bien y cada uno aquí hace lo que quiere, pero no dejan de ser opiniones de parte. Y, además, este informe sirve para rebatir la demagogia de cuatro años. A mí me parece muy bueno el informe, señor Laguarta, yo le reconozco que a mí me ha gustado mucho leerlo porque cuatro años soportando en esta Cámara determinados mensajes... quedan anulados con este informe

Mire, la práctica totalidad de los diputados de esta Cámara fue tremendamente beligerante con la cuestión de la sanidad. Miren, ¿saben lo que dice ese informe, señorías? Escúchenme bien en el Partido Socialista, ese informe dice que, en el año 2013, la sanidad se liquidó en mil seiscientos cincuenta millones de euros, dato del informe que espero no discutan.

Señor Clavería, ¿sabe a lo que ha votado usted a favor en el presupuesto del año 2016? A mil seiscientos ochenta millones en sanidad, exactamente lo mismo que hizo el Partido Popular con sus grandes recortes en sanidad. Usted y ustedes han validado la gestión del Partido Popular de los años de la crisis porque han puesto exactamente la misma partida en sanidad que [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]... Oiga, son datos del informe. Si quieren, hablen con el señor Laguarta, eh, porque yo utilizo los datos, la opinión política también, pero los datos cuando los tengo que dar.

Y por último, señorías, que me queda poco, en 2013 se realizó una encuesta del CIS, que con esos recortes, señor Clavería, la dio como la mejor sanidad de España, cuestión que ustedes han validado.

Por último, señorías, en treinta y cinco segundos, dos cosas.

Aragón, en el año 2011, tenía unas tasas de crecimiento negativo, muy negativo; hoy en día, Aragón crece al 3%. Señorías, se llama gestión de una crisis. Yo entiendo que en el informe de la Cámara de Cuentas no sea todo... ¿Qué esperaban? ¿Beneficios en los dos peores años de la crisis? ¿Beneficios, señoría?

Y por último, señorías, hoy, un gobierno del Partido Socialista, de Chunta Aragonesista y de Podemos, porque les apoyan ustedes, dispone de más dinero y menos agobio porque en 2012 y 2013, señorías, determinados consejeros apoyados por determinados diputados se fajaron con unos problemas y gestionaron la peor crisis que ha sufrido España en el siglo XX.

Muchísimas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

El señor presidente de la Cámara de Cuentas tiene la palabra.

El señor presidente de la Cámara de Cuentas (LAGUARTA LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

No me queda más que, en primer lugar, recoger y agradecer los reconocimientos y agradecimientos que todos los grupos parlamentarios han expresado a la Cámara de Cuentas, a su trabajo, en el que incluyo a los tres consejeros que formamos la Cámara de Cuentas y a los veintiocho funcionarios que constituyen el personal al servicio de la Cámara de Cuentas, y en particular el reconocimiento, bueno, supongo que a la calidad del informe y, como algún portavoz ha dicho, a la transparencia, rigor técnico e independencia de nuestra institución.

Me siento satisfecho de que haya servido para lo que es el informe y el trabajo de la Cámara de Cuentas: para que sea un informe técnico e independiente que sirva de base al debate político entre las distintas opciones y grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Tengo la sensación de que casi todas las intervenciones han sido precisamente debate político y no tengo sensación de que nadie me haya pedido mayor aclaración o ampliación del informe, o sea que me siento satisfecho y ofrezco de todas formas como Cámara de Cuentas cualquier aclaración complementaria de este o de sucesivos informes.

Quiero adelantar que el informe de fiscalización del año siguiente, del 2014, lo tenemos en avanzadísimo estado de elaboración, de manera que en los próximos días lo pondremos a alegaciones —días o quizás alguna semana— al Gobierno de Aragón.

Hay un punto en el que casi todos los portavoces han incidido, que es la ausencia en la memoria de la cuenta general de la determinación de los objetivos. Antes, tengo anotado aquí, no sé si la señora Martínez ha echado en falta que hiciera referencia al Plan Impulso; me parece un tema ya bastante conocido, pero por supuesto que tenía previsto este y otra docena más de asuntos si tenía tiempo para explicar o para resaltar, porque me parece que es obligado ya que se ejecutó en el año 2013.

Simplemente, sin dar juicio político, que no me corresponde, quiero destacar cuatro hitos: que fue aprobado por ley del 12 de agosto, la Ley 6/2013, que autorizó la realización de operaciones de endeudamiento de ciento noventa millones de euros para este programa; el siguiente hito fue la presentación del propio Plan Impulso, del que no consta el acuerdo de aprobación ni el órgano que lo adoptó, por lo menos no se ha entregado a la Cámara de Cuentas, que contenía treinta y cinco medidas que sumaban un importen conjunto de —bajaba el escalón— ciento cincuenta millones; el tercer hito es que la ejecución presupuestaria del plan bajo el escalón a 91,75 millones, que representaban el 62% del importe de los créditos dotados inicialmente para el plan, y el cuarto hito sería que en el último trimestre del ejercicio se hicieron unas modificaciones presupuestarias que cambiaron el destino de setenta y seis millones de euros, que era un 40% del total y un 83% de lo ejecutado, cambiándolo del destino originario, que era financiar gastos de inversión, a gastos corrientes, que es conocido. Lo resalto porque me ha parecido que era la única información complementaria que se me ha pedido.

Pero quiero hacer hincapié en el punto en el que creo que todos los portavoces han insistido, y que es importante, que es que en la memoria y en la programación previa que realiza el Gobierno de Aragón y todos los entes públicos debe haber —lo manda la Ley de Hacienda de la comunidad autónoma, he citado el artículo 84— una explicitación de los objetivos que se pretende conseguir y al final, en la memoria, decir cuáles se han conseguido y cuáles no se han conseguido. No estamos habituados a que se haga esto aquí, en España, digo en general, no solo en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero en otras instituciones sí que se hace, yo he conocido y he visto eso.

Creo que podemos estar en una situación paralela a la que ocurrió hace décadas, y me estoy remontando a hace muchos años, cuando se debatía qué era eso de que el presupuesto tenía que adaptarse a la realidad económica del momento. Pues ocurrió que durante muchos años se hacía un presupuesto conforme se veían necesidades del ejecutivo y se aprobaba por el legislativo, pero ocurrió que en aquellos años de la década de los cuarenta del siglo pasado hubo una situación de guerra y eso cambió de tal manera, que no eran las crisis cíclicas normales, sino que era una situación de economía de guerra, que había que cambiar el presupuesto y adaptar el presupuesto a la realidad económica del momento. Eso, en los años cuarenta —y hay bastante literatura en la economía—, parecía una revolución, adaptar del presupuesto y acomodar el presupuesto a la realidad económica del momento. Ahora nadie discute eso, quizás a muchas de sus señorías les parezca extraño que saque a colación esto, pero creo que, en este momento, el marcar los objetivos y el saber qué se ha conseguido o no se ha conseguido es para determinar precisamente la eficacia y la eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.

¿A qué me estoy refiriendo? Pues un agente particular, un agente privado gestiona su patrimonio como puede y de la mejor forma posible, pero responde ante sí mismo; sin embargo, un gestor público no solo tiene que gestionar los recursos públicos de la mejor forma posible, sino que además tiene que dar cuenta a muchos ojos que lo están observando, en primer lugar, a los ciudadanos, cuyo dinero en el fondo se gestiona, al legislativo, a la prensa, a la opinión pública, de cómo ha gastado ese dinero público y si se ha gastado bien o no se ha gastado bien.

Quiero decir que de los objetivos que tenemos en la Cámara de Cuentas, los planes —bueno, me parece que este tema no interesa mucho, o sea, que no me voy a alargar demasiado— son, primero, que quede todo muy clarito contabilizado, que se recoja fielmente; segundo, que el gasto público se ejecute con arreglo a la ley. Estas dos cosas, en el sistema en que estamos, en el grado de desarrollo democrático en que estamos, parecen de cajón, y perdonen la expresión, es normal que se contabilicen los gastos bien y los ingresos y es normal que se haga con arreglo a la ley. Pero el tercer escalón, que es el que se gaste con eficacia y con eficiencia, es lo que está pendiente todavía de asumir. Un gestor público, si presupuestariamente se le asignan mil, no solo debe gastar esos mil, sino que debe gastarlos bien y ver si, en cuanto al gasto público, hacía falta gastar esos mil o se podía haber conseguido con ochocientos, o, si le han dado mil para un programa cultural, le ha sacado todo el partido a esos mil o se ha quedado en sacar un rendimiento menos.

Por eso, es importante que se marquen los objetivos, que se delimiten y que se determine qué recursos se destinan a cada objetivo para saber al final si se ha gastado bien el dinero público o no se ha gastado, que en definitiva, y en tiempos de dificultad como desde hace años venimos arrastrando y no sé cuánto tiempo, por desgracia, seguirá, es especialmente de tener en cuenta.

Disculpen esta digresión, pero como no tenía otras explicaciones o aclaraciones que dar, me ha parecido oportuno resaltar y tomar conciencia de esto.

Muchas gracias, señorías y señor presidente por la generosidad del tiempo que me ha concedido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Se informa a los diputados y diputadas que el informe se trasladará a la Comisión Institucional y se abrirá un plazo de ocho días para presentar las propuestas de resolución por los grupos parlamentarios de la Cámara.

Agradecemos la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas y de los miembros de la Cámara de Cuentas, gracias a todos ustedes.

Se levanta la sesión [a las once horas y cincuenta y seis minutos.]

CORTES DE ARAGÓN
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