Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.^a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento institucional al pueblo gitano y su historia, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Existe un documento del 12 de enero de 1425 donde figura la llegada a Zaragoza (Reino de Aragón) de un grupo de peregrinos/as gitanos/as procedente de Francia, lo que constituye la primera prueba documental de su presencia en la Península Ibérica. Es el salvoconducto que otorgó Alfonso V a Juan de Egipto Menor y las personas que lo acompañaban y que actualmente se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón.

La convivencia de los grupos de Gitanos/as que atravesaron Europa se rompe en España en el año 1499, cuando comienzan a dictarse una serie de leyes o Pragmáticas que perseguían su desaparición como cultura.

A partir de entonces se promulgaron más de 200 leyes antigitanas, algunas tan recientes como la que prohibía el uso del habla gitana, el caló, considerado «jerga delincuente» en la dictadura franquista.

Hasta la Constitución de 1978 no se reconoce la igualdad plena de todos/as los/as españoles/as. Es la primera introducción en las leyes españolas de una garantía de convivencia y ciudadanía, con todos los derechos para los/as Gitanos/as.

Podemos hablar también de un acontecimiento histórico que ocurrió en Aragón de gran relevancia para la población gitana. La Real Casa de la Misericordia de Zaragoza, que hoy es El Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, fue cárcel para mujeres gitanas cuando en 1749 el marqués de Ensenada ejecutó la Gran Redada, una pragmática ordenada por el rey Fernando VI que se resume en el intento de exterminio de todas las personas gitanas del reino. Se apresaron entre 9000 y 12000 personas, a los hombres y niños los llevaban a galeras y a las mujeres y menores de 7 años las encerraban en las cárceles.

La división de las familias gitanas tenía como objeto romper con «la línea de sangre». El encarcelamiento de las mujeres contribuía a separarlas de sus maridos para evitar que tuvieran descendencia.

Las mujeres gitanas encarceladas en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza, más de 500 no fueron dóciles ni sumisas. Se defendieron rabiosamente, en señal de protesta contra las condiciones infrahumanas en las que se encontraban ellas y sus hijos e hijas y también contra los trabajos forzosos.

En 1978, el Ministerio del Interior ordenó la supresión de las alusiones o referencias a los/as gitanos/as que se contenían en los artículos cuarto, quinto y sexto de la segunda parte del reglamento para el servicio del Cuerpo de la Guardia Civil y que hacen referencia a la vigilancia a la que deben ser sometidos los miembros de la comunidad gitana por la Guardia Civil. La derogación de estos artículos fue defendida en el Congreso por el diputado gitano Juan de Dios Ramírez Heredia y forma parte de uno de los hitos más importantes en la lucha por la emancipación del pueblo gitano tanto a nivel nacional como internacional.

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

— Llevar a cabo los trámites oportunos para solicitar al Archivo de la Corona de Aragón, una reproducción del salvoconducto otorgado por Alfonso V a Juan de Egipto Menor y el grupo de personas gitanas que le acompañaban en su peregrinaje, registrado el 12 de enero de 1425. Dada su relevancia e interés histórico, ya que es la primera prueba documental que tenemos de su paso por la península Ibérica, dicho documento será expuesto en un museo o institución aragonesa para que pueda ser conocido por todo el pueblo aragonés.

— Colocar una placa o monumento conmemorativo en el Edificio Pignatelli, actual sede del Gobierno de Aragón, Real Casa de Misericordia de Zaragoza y cárcel de mujeres gitanas de 1752 a 1763, en memoria de las gitanas que lucharon y resistieron al intento de exterminio biológico de miles de personas gitanas en España por la aplicación de la «Gran Redada», una de las muchas pragmáticas o leyes contra los y las gitanas que a lo largo de estos casi seis siglos, han promovido el antigitanismo a través de persecuciones, estigmatización y discriminación del pueblo gitano.

— Llevar a cabo las medidas planteadas en el plazo de 2 meses.

Zaragoza, a 8 de junio de 2018.