A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D.a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del compromiso económico del Pacto de Estado en materia de Violencia de género, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género votado por el Pleno del Congreso de los Diputados y publicado en su Boletín Oficial del 9 de octubre de 2017, contiene entre sus 214 medidas, quince de especial trascendencia para las Comunidades Autónomas, bien porque refieren a cuestiones que son de su competencia; bien porque se refieren a cuestiones que necesitan de la colaboración entre administraciones; o bien porque de ellas depende el aumento de la financiación a las Comunidades Autónomas para la lucha contra la violencia de género.
Tal y como se indica en el texto de la ponencia, la colaboración entre administraciones debe ser uno de los pilares en que se sustancie la validez y la consecución de los objetivos del Pacto de Estado, por lo que las medidas relacionadas en segundo término deben ser puestas en práctica a la mayor brevedad, lo que supone la máxima implicación y voluntad por parte de todas las administraciones.
El compromiso económico aprobado en el Congreso de los Diputados en relación al Pacto de Estado en materia de violencia de género explícita que «las medidas y recomendaciones que se recogen en este Pacto sólo pueden ser reconocidas como realizables y llevadas a cabo si vienen acompañadas de un sustento económico suficiente».
Así mismo, el enunciado del pacto hace hincapié en que «el alcance territorial de esta propuesta económica requiere recursos económicos necesarios y suficientes en los tres ámbitos de la Administración Pública: Gobierno de España, Gobiernos de las Comunidades Autónomas y Órganos de gobierno de las Entidades Locales». Es así, que el Pacto de Estado en materia de Violencia de género adquiere una serie de compromisos económicos (medidas 202-208) para llevar a cabo los objetivos plasmados en el Pacto.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno el pasado 3 de abril incumple con los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado en materia de violencia de género ya que no incluye el incremento de 80 millones para la Administración general del Estado, ni el incremento anual de 120 millones paras las competencias reservadas a las Comunidades Autónomas (100 millones) y para los ayuntamientos (20 millones).
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno España a que realice las actuaciones necesarias para que incluya de manera inmediata los compromisos económicos del Pacto de Estado materia de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018:
1.1. Para las nuevas o ampliadas acciones reservadas a la Administración General del Estado dentro de este Pacto las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con las mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género serán incrementadas en 80 millones de euros adicionales.
1.2. Para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos los presupuestos generales del estado destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones para las entidades locales y un incremento anual de 100 millones de euros para las Comunidades Autónomas. La asignación financiera específica, del conjunto de las Administraciones Públicas, para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del Pacto, necesariamente debe ser finalista.
Así mismo, para posibilitar los objetivos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que inste al Gobierno de España a que lleve a cabo las actuaciones necesarias para:
2.1. Hacer constar en los indicadores de seguimiento de los objetivos presupuestarios el número de profesionales autonómicas adscritas a la atención jurídica, psicológica y social, número de mujeres y de menores atendidos, número de horas de atención prestadas y número de medidas de prevención y de protección gestionadas.
2.2. Que en la ley de presupuestos generales del Estado, se incluyan las disposiciones que eliminen la tasa de reposición de efectivos de manera que se permita a las administraciones locales y autonómicas contar con el personal suficiente que garantice el correcto desarrollo de dichas competencias.
Zaragoza, a 24 de abril de 2018.
La Portavoz
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO