A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la deuda de la empresa pública Zaragoza Alta Velocidad, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Zaragoza Alta Velocidad es una empresa pública, constituida el 3 de Junio de 2002, de la que el Estado, a través de Adif, tiene el 50% del accionariado, el Gobierno de Aragón otro 25%, y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el 25% restante. Esta empresa pública tenía, y tiene, un objeto, que era la transformación urbanística de los terrenos que colindaban en el eje ferroviario de entrada a Zaragoza, donde estaba la antigua estación del Portillo, la zona de la avenida Goya, un corredor: Portillo, Delicias, La Almozara y otro corredor, el que va desde Oliver a Valdefierro (barrios zaragozanos).
En enero del año 2009, se firma un crédito de cuatrocientos ochenta y cinco millones, con un sindicato de entidades bancarias, con siete u ocho entidades bancarias y, a la vez, se firma un convenio de colaboración para las obras que hay que realizar. Ese contrato decía que el 31 de diciembre de 2011 había que hacer una reducción de ese préstamo paulatinamente, de forma progresiva. A 31 de diciembre de 2012, había que reducir ochenta y cinco millones, y después, en el 2013, otros ochenta, y así sucesivamente, a razón de, más-menos, ochenta y cinco millones por año.
En el año 2010 sí que se produce una reducción de los ochenta y cinco millones, pero, debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, en ese mismo año ya la sociedad tiene serios problemas, tiene muchos terrenos, ningún comprador, y muchas obligaciones de pago. Por tanto, ya se aventura lo que después va a pasar o va a ir pasando.
En el año 2011, ya no se pueden amortizar los ochenta millones que tocaban amortizar a final del año 2011, no tiene solvencia la sociedad para ello, y empieza un proceso de negociación con los bancos para ver cómo puede restructurarse la deuda financiera de esta sociedad. El peso de esa negociación la lleva el Ministerio de Fomento como socio mayoritario.
A fecha de hoy no se ha producido ningún acuerdo porque los bancos invocan su complicada situación económica y financiera y la realidad es que la empresa pública Zaragoza Alta velocidad debe hacer frente a una deuda de 360 millones de Euros de principal, que vencen en 2019 y que, con la quiebra del sector inmobiliario que persiste parecen complicados de pagar.
Izquierda Unida ya advirtió, en su día, que era un error, y un grave riesgo, abordar una operación de endeudamiento de estas dimensiones fiándolo todo al desarrollo urbanístico de unos suelos y a la especulación urbanística. Lamentablemente teníamos razón como así lo demuestra la situación actual.
Lo sorprendente es que en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad, celebrado el pasado mes de Diciembre, vuelven a apostar por resolver la deuda recurriendo a la venta de suelos y al incremento de la edificabilidad. Pero lo hacen mediante una depreciación de los terrenos del 60 % y reclamando un aumento del número de viviendas permitidas.
La propuesta aprobada en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad significa depreciar hasta los 214 millones de euros unos terrenos que la empresa adquirió por 500 lo que es una devaluación del 60 %. La operación se completa con el incremento de la edificabilidad para hacer los terrenos más atractivos. Es evidente que vender todo el patrimonio de la empresa pública, con una pérdida del 60 % de su valor para conseguir 214 millones, que ni siquiera cubren la deuda actual de 360 millones, es un despropósito. En el mejor de los casos, aunque se vendieran los terrenos, quedarían una deuda de 146 millones de € que deberían pagar las administraciones públicas que son los accionistas de Zaragoza Alta Velocidad lo que significaría derivar la deuda a los ciudadanos y ciudadanas que la afrontarían con sus impuestos.
Volver a insistir en un modelo que se ha demostrado fracasado como es el de la especulación inmobiliaria que, en este caso, es evidente va para incrementar la plusvalía de los terrenos que se quieren vender, no tiene ningún sentido.
El Convenio del Ave, la operación de los suelos ferroviarios y las decisiones que ha tomado y viene tomando la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, constituyen el paradigma de la utilización del suelo como «fórmula mágica» para la financiación de todo tipo de equipamientos, infraestructuras y en general, de financiación de las administraciones sin tener en cuenta otros parámetros, como la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna, el modelo de ciudad creado, etc. Un modelo basado en la especulación del suelo y por tanto un modelo agotado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ahora nos deja una deuda de 360 millones de euros a repartir en un 50% a la administración central un 25% a la autonómica y un 25% a la municipal.
Frente a esta situación, el socio mayoritario de Zaragoza Alta Velocidad, el Gobierno de España, y otro socio, el Gobierno de Aragón, plantean seguir aumentando el número de viviendas del sector e incrementar así las hipotéticas plusvalías de la zona como solución al pago de la deuda con entidades bancarias. Esta solución, además de desconocer que el problema no es de oferta de suelo sino de falta de demanda para su compra, profundiza en el mismo modelo económico que nos ha llevado a esta crisis.
Es necesario buscar otras soluciones a un problema grave, que sitúe la presión en las entidades bancarias (que decidieron otorgar créditos teniendo en cuenta el valor de unos bienes), que obligue a una renegociación de la deuda y que eviten que el peso de la solución recaiga en la ciudadanía.
Por todo ello, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1.º Desestimar y rechazar la propuesta recientemente acordada en el Consejo de Administración de Zaragoza Alta Velocidad referente a sacar a la venta suelos con una depreciación del 60 % y con incremento de la edificabilidad.
2.º Reclamar a los socios de Zaragoza Alta Velocidad, especialmente al mayoritario, una propuesta de solución del problema de la deuda contraída basada en la negociación con las entidades financieras cláusulas de reducción de los tipos de interés, alargamiento de los plazos de amortización, plazo de carencia de pago de amortizaciones mientras dure la crisis económica y financiera y, como alternativa, si no se da este acuerdo, la negativa a pagar la deuda por imposibilidad económica real considerando la posibilidad de que, en este caso, se aplique la dación de los suelos en pago de la deuda.
3.º Instar, en último caso, la compra de estos terrenos, en su precio real, por el SAREB como se ha hecho con los activos tóxicos de las entidades financieras.
Zaragoza, 30 de enero de 2014.