Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 457/13, sobre la reforma del Código Penal, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma del Código Penal, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes.

Izquierda Unida considera que la propuesta de Código Penal aprobada en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre de 2013 representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978. Derechos como el de manifestación, reunión, expresión u opinión quedan amputados por un proyecto de Ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este gobierno y ni con las terribles consecuencias sociales de paro, pobreza y pérdida de servicios públicos que se están perpetrando: servicios como la sanidad, la educación o las ayudas sociales por la dependencia, están siendo privatizados o eliminados directamente, con la consiguiente indignación de los españoles y españolas, cada vez más dispuestos a pedir en la calle lo que les niegan sus gobiernos en las instituciones.

En este marco, para el Gobierno central del Partido Popular se hace necesario el recorte de las libertades y derechos de los ciudadanos que rechazan su política, para lo que se sirve de un proyecto de Ley que nos retrotrae directamente hasta el franquismo. Así lo demuestran artículos como el 557 bis, que en su apartado 3 sataniza al conjunto de una manifestación, a partir de un acto violento individual, o de un grupo concreto; el artículo 557 ter, que penaliza la protesta colectiva dentro de recintos públicos o privados, aun siendo ésta pacífica; el artículo 559, que recorta el derecho de expresión en llamamientos públicos a la movilización o en mensajes de apoyo a estas movilizaciones; o el 560 bis, que castiga penalmente la interrupción de servicios de telecomunicaciones o de transporte, aunque ésta no dañe a personas o bienes.

La propia «cadena perpetua» de facto que prevé, a partir de condenas revisables, es, a su vez, una medida injustificada, irracional e ineficaz, que demuestra el carácter represivo y el recorte de derechos civiles de este código penal, y el «populismo penal» de grueso trazo y tintes propagandísticos del que el PP tiñe toda su política legal y jurídica.

Se pretende criminalizar la protesta activa, connotándola como violenta, pero también el mero hecho de expresar el apoyo público a la misma y su difusión, y equiparar la agresión a las fuerzas del orden público con una mera resistencia a la detención, por pacífica que ésta sea, abriéndose camino la criminalización de cualquier tipo de manifestación en la que pueda producirse una intervención policial, bien por alteración del orden público o por orientación del gobierno de turno. Poner en marcha un código penal represivo como este es más propio de dictaduras que de regímenes democráticos.

Pero, además, es un Código que también criminaliza a las víctimas de la crisis, reeditando consecuencias muy severas parecidas a aquellas que provocara la represión franquista con leyes como la «de vagos y maleantes«, porque criminaliza la pobreza y necesidades sociales e, incluso, hasta la enfermedad mental, a cuyos pacientes remite a instituciones carcelarias negándoles el necesario ingreso y la precisa atención por parte de instituciones y profesionales sanitarios.

Las cifras delictivas en España, en cambio, muestran que no hay un problema de delincuencia que requiera esta respuesta tan agresiva y contraria a los principios constitucionales de un Estado de Derecho. Se está proyectando un articulado penal reaccionario, vengativo y autoritario, con un incremento desproporcionado de penas, y con nuevos tipos delictivos que van contra la protesta social, las situaciones de pobreza o contra pacientes de enfermedades mentales, mientras se olvida la delincuencia económica y la corrupción.

Es un código autoritario para reprimir al adversario social y político; un código que abandona el objetivo constitucional de la reinserción; el código de un Estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el desmantelamiento del Estado social y el consiguiente incremento del conflicto.

Por último, un Código Penal que regula una parte importante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede, o al menos no debe, ser aprobado sin un amplio consenso del conjunto de fuerzas democráticas en el Parlamento, porque además vulnera absolutamente valores de libertad, justicia, igualdad y los propios valores jurídicos, que están contemplados en la Constitución Española.

Un Estado que necesita blindarse con un Código Penal que criminaliza a la ciudadanía, que usa la represión física o legal para imponer sus políticas de recorte social, es un Estado sin autoridad.

Este tipo de medidas son un atentado contra la democracia y suponen un daño para la imagen de cualquier país democrático.

Por todo lo expuesto, y desde el convencimiento de que la mejor política criminal es una buena política social, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón manifiestan su rotundo rechazo al proyecto de Código Penal aprobado en el Consejo de Ministros el viernes 20 de septiembre de 2013 e instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno central y le solicite la retirada del proyecto e inicie un debate público, transparente y plural, con el resto de fuerzas políticas y sectores sociales que se puedan ver afectados por la modificación del actual Código Penal.

Zaragoza, a 12 de noviembre de 2013.