A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la transparencia y el control de los cargos públicos, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La gravedad de los casos de corrupción en los que están implicados ex altos cargos y cargos de gobiernos autonómicos, diputados, concejales y dirigentes de partidos políticos, como los casos de Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, los casos de corrupción política en municipios como La Muela, Santiago de Compostela o Sabadell, entre otros, así como los cometidos por miembros de la Casa Real, hacen imprescindible acometer con urgencia las reformas legales necesarias con el objetivo de luchar con mayor eficacia contra la corrupción.
Resulta impensable que en un Estado plenamente de Derecho como el nuestro, integrado en la Unión Europea, surjan con demasiada frecuencia casos de corrupción, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de caudales públicos. En todos ellos existen circunstancias comunes como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la utilización de redes de sociedades interpuestas, la utilización de testaferros y paraísos fiscales.
Nombres como los de Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar, Bárcenas..., casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria o Palma Arena; y extraños indultos que enmiendan la acción de la Justicia, están agravando extraordinariamente la alarma social, el descrédito de la política y el del propio sistema democrático.
El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que «todos son iguales», abonando el terreno al populismo.
Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos.
Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que la ciudadanía les confiere.
La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello, hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.
La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales.
Tal y como se afirma en el Convenio Penal sobre la Corrupción, del Consejo de Europa, esta actividad delictiva constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, socava los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad.
Ante una situación como la descrita, urge tomar medidas que expresen el compromiso ineludible de las fuerzas políticas para combatir la lacra de la corrupción.
Hay que actuar en varias direcciones y una de ellas es en lo referente a los cargos públicos electos.
Por todo ello, para su debate ante el Pleno, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a adoptar medidas que, en el ámbito de sus competencias:
1.º Regulen y limiten los salarios de todos los cargos públicos con criterios de suficiencia, transparencia y austeridad para que su remuneración sea justa y les permita garantizar que pueden desarrollar su actividad con total independencia y que se prohíba, expresa y absolutamente, la percepción de cualquier tipo de sobresueldo.
2.º Establezcan, siguiendo los parámetros y el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica en la investigación científica, la obligatoriedad de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística de toda aquella persona que participe en el proceso, sean alcaldes, concejales o empleados públicos.
3.º Regulen criterios de transparencia y establezcan la prohibición expresa de percibir o, en su caso, ofrecer, obsequios o invitaciones a cargos públicos, a cargos de libre designación y a los equipos de dirección del Sector Público Empresarial, así como a sus familiares directos.
4.º Establezcan un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administración Autonómica y de los equipos directivos del Sector Público Empresarial.
5.º Posibiliten la creación del Estatuto de los Cargos Públicos y Representantes Locales, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los cargos públicos que se encuentran en la oposición dispongan de todos los medios necesarios para poder ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones públicas.
6.º Amplíen el Régimen de Incompatibilidades para dotar de mayor efectividad el marco jurídico vigente en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses de miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración y demás cargos públicos, para garantizar la separación entre las actividades privadas y las públicas, y para que ejerzan sus funciones oficiales en régimen de dedicación exclusiva.
7.º Eliminen totalmente el régimen de aforamiento de los diputados y diputadas y de los miembros del Gobierno de Aragón.
8.º Introduzcan la figura del revocatorio, de forma que la ciudadanía pueda revocar al cargo público cuya actuación se desvíe de la defensa de los intereses para la que fue elegido o elegida.
9.º Impulsen la creación inmediata de una Oficina pública, accesible para la ciudadanía, del Registro de Intereses de los diputados, miembros del gobierno y altos cargos de la Administración, que sea el órgano encargado de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos públicos.
Zaragoza, a 9 de septiembre de 2014.