Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D. Gregorio Briz Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre «desapariciones forzosas de bebés entre los años 1940 y 1990», solicitando su tramitación ante el pleno de la Cámara.

Entre los años 1940 y 1990 se produjeron en el Estado español miles de «robos organizados» de recién nacidos. En la trama estuvieron presuntamente involucrados médicos, matronas, así como otros funcionarios del Estado y representantes de la Iglesia Católica. Las personas afectadas podrían ser de cerca de 300.000 en todo el Estado.

El proceso por el que se entregaban recién nacidos a otras familias de manera ilegal y con la correspondiente compensación económica comenzaba en las propias maternidades en las que se informaba a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto, llegando en algunos casos, a organizarse, por parte de los «implicados en la trama», hasta «falsos entierros», mientras que en otros casos no llegaron ni siquiera a estar inscritos en los registros municipales de los cementerios. De hecho, se han conocido situaciones en las que a la hora de exhumar los cuerpos se ha descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes.

Con el tiempo, las familias afectadas, fruto de su constancia y sin contar con el apoyo necesario de las administraciones públicas, han descubierto la falsedad de los certificados de defunción. De este modo personas, ahora adultas, se han encontrado con que sus padres y madres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse a pruebas de ADN, o bien al descubrir «facturas falsas» del hospital.

Es por eso por lo que las pruebas de ADN son determinantes para sacar a la luz los robos y desapariciones de bebés en el siglo XX y poder cerrar así uno de los «episodios más trágicos» de la historia reciente del Estado.

Por todos estos motivos se presenta la siguiente

«Las Cortes de Aragón acuerdan:

1) Manifestar su solidaridad y apoyo a todas las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos en todo el Estado y mantiene el compromiso de apoyo a las víctimas de sustracción de menores y de personas que buscan su origen biológico o natural.

2) Reconocer que tan víctimas son los propios menores sometidos a desaparición forzada y posterior compraventa o entrega, como sus madres, padres y hermanos u otros allegados cercanos. Víctimas directas unos, igualmente víctimas, indirectas, los otros, tal y como han venido estableciendo organismos internacionales de derechos humanos, desde el fallo Quinteros Almeida contra Uruguay de 1983 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y que, en consecuencia, todas las víctimas tienen por igual el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en todas las formas reconocidas por las Naciones Unidas, del mismo modo que a la propia sociedad corresponde el derecho a conocer la verdad en su dimensión colectiva, y como forma de evitar que tales hechos aberrantes vuelvan a repetirse.

3) Instar al Gobierno de Aragón para que se emprendan:

— Todas aquellas medidas necesarias para impulsar de verdad una investigación efectiva y real de todos los casos, sin que el acceso a la justicia, digna y reparatoria, de todas las víctimas se vea indebidamente impedida.

— Adoptar todas aquellas medidas necesarias para poder garantizar el acceso de las víctimas, así como a las personas responsables de la investigación, a los archivos eclesiásticos y archivos de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas infantiles encaminadas compraventas de seres humanos así como a otros archivos y registros de las administraciones.

4) Instar al Gobierno de Aragón para que inste a su vez al Gobierno de España a que, siguiendo el modelo puesto en marcha a mediados de los años 80 en Argentina, e impulse la creación de una "Comisión Española por el Derecho a la Identidad" que, se ocupe del impulso de la investigación de las desapariciones infantiles en todo el Estado y en la que siempre y en todo caso se garantice que tengan una participación efectiva y real las asociaciones de afectados de todo el país.

5) Instar al Gobierno de Aragón a desarrollar los mecanismos oportunos que permitan, dentro de las garantías constitucionales y legales establecidas, agilizar la práctica de las pruebas de ADN, así como la creación de un «banco público aragonés de ADN.»

En el Palacio de la Aljafería, a 8 de noviembre 2016.