En relación con la pregunta parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con fecha 10 de diciembre de 2013 relativa a la externalización de trabajo de la Administración en materia de personal y presupuestaria, procede informar lo siguiente:
Por lo que respecta a la consultoría para la explotación de la información de los puestos de trabajo de la Administración autonómica, con fecha 6 de junio de 2006, el Gobierno de Aragón suscribió un contrato para el diseño, adaptación e implantación de un sistema de información para la gestión de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos públicos, y la prestación de servicios complementarios, con la UTE formada por las empresas Accenture, S.L., Coritel, S.A., Business Process Management e Informática El Corte Inglés.
Entre las mejoras al pliego ofertadas por las citadas empresas, se encontraba la aportación sin coste de la herramienta OrgPublisher for SAP de la empresa Pecaso, subcontratada por la UTE, y que posteriormente fue absorbida por la empresa Accenture, S.L. Entre las especificaciones de la mejora se indicaba que «El Gobierno de Aragón, deberá asumir el mantenimiento anual de licencia a partir de la finalización del proyecto, si desea seguir utilizando el producto».
Esta herramienta permite publicar vía web el organigrama de todas las Unidades Organizativas del Gobierno de Aragón, así como de toda la información actualizada relativa a requisitos y forma de ocupación de todos los puestos de trabajo.
En septiembre de 2011, la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios acordó hacer pública a través del Portal del Empleado y del Autoservicio del empleado, la mencionada información relativa a todos los puestos de trabajo gestionados en Administración General, lo que ha supuesto que la citada herramienta se haya extendido de forma generalizada y ha sido recibida favorablemente por lo que supone un enorme avance en transparencia, dado que es posible conocer realmente la información actualizada de la situación de todos los puestos de trabajo.
Por otra parte, con fecha 28 de febrero de 2011 la empresa Accenture, S.L., deja de tener vinculación con el Gobierno de Aragón, por finalización del contrato que tenía suscrito para el mantenimiento del Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón, comunicando que por dicho motivo debe procederse a ejecutar lo dispuesto en la oferta presentada en su día, por lo que ha sido necesario realizar un contrato de mantenimiento de licencias de la herramienta OrgPublisher for SAP, desde 1 de marzo hasta 31 de diciembre de 2013, ya que la no continuidad de dicha publicación en el momento en el que se están desarrollando numerosos concursos de traslados, hubiera supuesto un grave retroceso en los objetivos de publicidad y transparencia.
Teniendo la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de continuar publicando vía web, a partir de 1 de enero de 2014, los datos relativos a las Unidades Organizativas y los puestos de trabajo, se consideró necesario licitar un contrato para el desarrollo de un aplicativo web, que sea propiedad del Gobierno de Aragón, para evitar el elevado coste de mantenimiento de las licencias.
En relación con el contrato para la prestación de servicios con objeto de controlar los datos de ejecución presupuestaria y morosidad, este tiene como objeto, entre otros, el mantenimiento evolutivo orientado a mejorar la operatividad existente mediante la creación de nuevas funcionalidades o proyectos.
Este tipo de mantenimiento evolutivo se viene realizando desde la puesta en marcha del sistema en la legislatura anterior del SERPA y año tras año se consumen la totalidad de jornadas destinadas a mantenimiento evolutivo y aún quedan pendientes pequeños desarrollos que son trasladados al año siguiente.
En el ejercicio 2012 se produjeron notables cambios en cuanto al suministro de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que modifica la anterior y de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, todas ellas basadas en el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, clave para la rendición de cuentas y el control de la gestión pública.
La normativa citada centraliza en la Intervención General de la Comunidad Autónoma la remisión de la información económico-financiera correspondiente a la totalidad de las unidades dependientes de la Comunidad. El volumen y complejidad de las peticiones estatales ha multiplicado el trabajo de esta unidad, siendo problemático y dificultoso en muchas ocasiones la obtención de información con seguridad y rapidez.
Debemos destacar la importancia que ha cobrado el control de la facturación recibida en el Gobierno puesto que es una información vital para las peticiones del Ministerio de cara a los informes de necesidad, con sus correspondientes repercusiones en caso de incumplimiento de plazos, como para el cálculo del déficit presupuestario.
Asimismo, y al margen de las obligaciones con el Ministerio impuestas por la normativa citada se han incrementado las solicitudes provenientes de la Cámara de Cuentas de Aragón y del propio Gobierno.
Todos estos requerimientos de información no pudieron preverse cuando se redactaron los pliegos de prescripciones técnicas y deben satisfacerse utilizando como base la información que proporcionan los informes existentes en el programa de contabilidad, trasladando los datos a hojas de cálculo y a partir de ahí confeccionando manualmente la información que debe remitirse a otros organismos; esta dinámica de trabajo generaba problemas como: tiempos de respuesta muy altos, ausencia de indicadores/informes/listados imprescindibles para los nuevos y continuos requerimientos de información, lo que sobrecarga los recursos humanos, incrementa excesivamente la probabilidad de introducir errores y sobrecarga los servidores destinados a la operativa contable.
Todo esto conllevaba una productividad notablemente inferior de los recursos humanos de la que se ha obtenido automatizando las tareas repetitivas integradas un producto informático, por lo que se justifica ampliamente el contrato mencionado.
Evidentemente, además del cumplimiento de la legislación señalada, la implantación y mejora de estos cuadros de mando ha facilitado y, en muchos casos, ha permitido la obtención de información económico-financiera de todas las entidades incluidas en el SERPA no sólo a la Intervención General, sino a todas las unidades con acceso al Sistema y muy especialmente a la Dirección General de Presupuestos.
Es obligación de toda Administración Pública comprometerse a garantizar no sólo la coherencia de las normas y procedimientos contables, sino también la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de textos, asegurando de este modo que se mantenga la exactitud suministrada y se permita la verificación de su situación financiera.
Zaragoza, a 15 de enero de 2014.