Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 350/12, sobre la adopción de medidas contra los desahucios, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 31 de octubre de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas contra los desahucios, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes de Aragón.

El paro que se está registrando en nuestro Estado alcanza proporciones dramáticas y, según los datos de la EPA aparecidos en este mes de octubre, se ha llegado a superar en el Estado la cifra de 5.778.100 desempleados, lo que supone un 25% de la población en edad de trabajar, mientras que en la Comunidad Autónoma ha llegado los 123.500 desempleados, que significa que el 18,75% de los ciudadanos y ciudadanas que están en edad de trabajar, no pueden hacerlo. Ello, además, ha provocado que el índice de pobreza en España haya aumentado, estando por debajo del umbral de la pobreza uno de cada cuatro niños; así, según datos del INE, el 21,1% de la población está ya por debajo de ese umbral.

Esta situación se agrava cada día, dado que la prioridad marcada por la Troika, seguida a pies juntillas por los últimos gobiernos del Estado, no es generar empleo, sino reducir el déficit y pagar la deuda. Esa deuda se debe, inmensa mayoría, al sistema bancario español. Tal es así que sólo en el año 2010, la banca recibió en ayudas destinadas al sector financiero 87.145,47 millones de Euros, lo que supuso el 8,20% del PIB y el 99,59% de las ayudas anticrisis de ese ejercicio que ascendieron a un total 92.500 millones de euros.

Con ser grave todo lo expuesto anteriormente, otra realidad viene a terminar un panorama desolador. Se calcula que en España hay, en estos momentos, más de 5.000.000 de viviendas vacías, la mayor parte de las cuales son propiedad de esa banca a la que se está ayudando de forma multimillonaria desde el Estado. Y, al mismo tiempo, se está desahuciando a en torno a 500 familias al día, generando un drama personal que es, o debería ser, inasumible para cualquier Estado que se precie, máxime cuando en el texto constitucional sobre el que se quiere construir la convivencia de todos los españoles, el artículo 47 configura la vivienda digna y adecuada como un derecho de los ciudadanos.

Por ello, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón consideran inaceptable que desde la Administración general del Estado se hayan dado ayudas para rescatar al sistema financiero español, con el consecuente incremento de la deuda del Estado, sin que a estas entidades se les haya exigido ninguna contraprestación ni la adopción de ninguna medida de carácter social como podría ser que pongan sus pisos vacíos a disposición de las Administraciones Públicas para dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución española, así como que hubieran renunciado a ejercer desahucios, los cuales están afectando de forma dramática a miles de personas que ya se han visto condenadas a una situación de desempleo y que están soportando una crisis que no han provocado; e instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno Central para:

1.— Que ponga en marcha medidas legislativas para evitar los desahucios de primera vivienda en España, arbitrando medidas que eviten los mismos o, en última instancia, que facilite la condonación de la deuda pendiente mediante la dación en pago de la vivienda.

2.- Que los pisos que pudieran pasar a ser gestionados por el llamado «banco malo» queden a disposición del Estado para que, en coordinación con las comunidades autónomas y aplicando criterios de necesidad social y familiar, facilite el acceso a los mismos a la ciudadanía que se ha quedado sin vivienda como consecuencia del desahucio de su vivienda habitual, y/o con necesidad social de una vivienda digna y adecuada del Estado, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española.

Zaragoza, a 26 de octubre de 2012.