A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, y solicita su tramitación ante el pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto de Ley de «Racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa» contiene algunas cuestiones, consecuencia del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que amenazan con vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Este informe ha propuesto medidas que suponen una recentralización de servicios y la supresión de algunas entidades autonómicas. El ahorro de costes debería ser solo uno de los criterios orientadores de las administraciones, que deben regirse, ante todo, por el objetivo del mantenimiento de servicios de calidad, cercanos al territorio.
Las Cortes de Aragón se han posicionado ya con claridad en defensa de las instituciones históricas y estatutarias aragonesas, como El Justiciazgo, la Cámara de Cuentas o el Consejo Consultivo de Aragón. También, sobre los riesgos para determinados sector de la actividad profesional, como el del deporte. Sin embargo, hay otras entidades aragonesas, que han demostrado también su funcionalidad y eficiencia, que corren el riesgo de ser eliminadas, como son el Observatorio del Mercado de Trabajo de Aragón —para subsumirlo en el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público Estatal— o la Agencia de Calidad y Prospección Universitaria, así como la unificación de las notificaciones administrativas a través de un único boletín oficial, cuya notificación pasará a ser previa y facultativa.
El mercado laboral es tremendamente complejo y la extensión de nuestro país y la idiosincrasia de cada Comunidad recomienda que estos órganos de asesoramiento estén más pegados al terreno y saquen sus propias consecuencias en función de lo que cada Comunidad tiene o necesita. En cuanto a la Agencia Universitaria aragonesa, resulta modélica para evaluar el nivel de los docentes universitarios y de sus titulaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta para su debate en pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón rechazan cuantas medidas del proyecto de Ley de Racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa afecten a las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón y por ello, instan al Gobierno de Aragón a:
1. Realizar cuantas iniciativas políticas y jurídicas sean necesarias para garantizar la no vulneración de ninguna competencia autonómica en este proyecto de Ley, y en el caso de que se apruebe en los actuales términos, se realice el oportuno informe jurídico para, en su caso, interponer los recursos correspondientes.
2. Rechazar la imposición de cualquier eliminación de entidades aragonesas, especialmente de las que funcionan de manera adecuada y acorde con las competencias y necesidades autonómicas, especialmente el Observatorio del Mercado del Trabajo de Aragón y la Agencia de Calidad y Prospección Universitaria.
Zaragoza, 2 de junio de 2014.