Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre inclusión de las víctimas de bebés robados en la próxima ley de memoria democrática, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La guerra civil tuvo consecuencias especialmente en lo referente a la represión sobre las familias de los perdedores y las consecuencias emocionales que muchos de ellos sufrieron con la separación forzosa de sus hijos menores, así como la estigmatización de las madres solteras y los efectos para con sus hijos.

La trata de bebés en España parte del final de la guerra civil, cuando se permitió el cambio de identidad de los menores usurpados a sus madres en las cárceles. La solución en estos casos pasaba por separar a la madre de su hijo y entregarlo a una familia o institución afín al régimen. A partir de leyes como la orden de 30 de marzo de 1940 la patria potestad de los menores la ejercía el Estado y eran las instituciones reconocidas las que decidían sobre la identidad del menor.

La represión, por tanto, se convierte en un negocio en cuanto a la venta de los hijos de las madres solteras, y paulatinamente el negocio obliga a robar niños de madres casadas o que no querían renunciar a ellos, al haber más demanda que oferta de recién nacidos. Esta práctica se alarga hasta bien entrada la democracia.

La protección directa de la víctima por parte del derecho internacional en cuanto a las desapariciones forzosas se establece en el Convenio de Derechos del Niño, el Convenio sobre la Tortura, la Declaración Internacional de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El conjunto de este ordenamiento jurídico se convierte en un argumento jurídico pleno y suficiente para perseguir el robo de recién nacidos y la usurpación de su identidad, pudiendo procurar una plena satisfacción a las víctimas.

En este encuadre encuentra encaje la trama de bebés robados en legislaciones encaminadas a regular, recordar y honrar a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, del régimen franquista, y a quienes fueron víctimas de desaparición forzada; en definitiva, en cualquier ley que intente recuperar la memoria como forma firme de asentar un futuro de convivencia y de paz.

La recuperación de la memoria democrática o histórica garantiza a la ciudadanía:

1. El derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos.

2. El reconocimiento de aquellos que sufrieron con las citadas tramas el arrebato de sus hijos y su consideración de verdaderas víctimas.

3. La colaboración de los poderes públicos en la búsqueda de los orígenes biológicos de los sustraídos.

4. La reparación siquiera moral del daño causado.

Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a incluir en el anteproyecto de ley de memoria democrática de Aragón:

1. El reconocimiento y la consideración de víctima a los familiares de los bebés sustraídos y desaparecidos y a los niños y niñas recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de sus progenitores.

2. Crear un censo de víctimas de bebés robados donde se incluyan las reconocidas en el punto anterior.

3. Clasificación, catalogación, descripción, sistematización y transferencia de los fondos documentales y archivos de las víctimas de bebés robados.

4. Acceso de las víctimas de bebés robados a los fondos documentales.

5. La inclusión de las víctimas de bebés robados en la financiación y protocolo de exhumaciones, así como en la identificación de restos y pruebas de ADN tanto para el caso de aparición de restos fallecidos como en el de identificación de personas cuya identidad haya sido sustraída y sustituida por otra

6. La inclusión de los perfiles genéticos de las víctimas en el banco de ADN que al efecto se ha de crear.

7. El establecimiento de los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias, dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial.

8. La promoción de acciones encaminadas a la reparación a las víctimas mediante la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes o la construcción de monumentos o elementos análogos en su recuerdo como forma de reconocimiento y reparación de las víctimas.

Asimismo, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España al establecimiento de mecanismos de colaboración con el Ministerio Fiscal y con los órganos jurisdiccionales para impulsar la investigación de estos hechos, llegando incluso a la creación de un fiscal especializado tanto en víctimas de bebés robados como para las demás cuestiones que se recojan en su momento en la futura ley de memoria democrática, así como de una unidad policial de búsqueda de las víctimas.

Zaragoza, 2 de marzo de 2017.