Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 149/13, sobre el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, presentada por el G.P. del Partido Aragonés para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 10 de abril de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, y solicita su tramitación ante el pleno de las Cortes de Aragón

La Constitución española reconoce y protege la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus competencias. El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su capítulo II, regula todo lo relativo a la «Hacienda de la Comunidad Autónoma», incluidos los principios, recursos y potestad tributaria.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, ha incluido, por primera vez a nivel nacional, un Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, con un tipo del cero por ciento, que viene a impedir a las Comunidades Autónomas la potestad de valorar y accionar este gravamen. También supone que las comunidades que venían aplicando este impuesto (Extremadura, Canarias y Andalucía) deben dejar de hacerlo y, por ello, deberán ser compensadas por el Estado por la pérdida de recaudación, de acuerdo con la ley de financiación de las comunidades autónomas.

Ante la creación de este impuesto estatal, las Cortes de Aragón se han pronunciado, mostrando «su absoluto y frontal rechazo» a que la Comunidad Autónoma no pueda tener la potestad, dentro de su autonomía financiera, de decidir libremente sobre este impuesto. El Ministerio de Hacienda ha informado, en comunicado oficial, la intención de elevar el actual gravamen al 0,1 o al 0,2 por mil, con el objetivo de «asegurar recursos suficientes para compensar a las Comunidades Autónomas (Extremadura, Andalucía y Canarias) que hubiesen regulado un hecho imponible similar con anterioridad al 1 de diciembre de 2012».

En suma, las Comunidades que, como Aragón, habían decidido no incrementar la presión fiscal con este impuesto no solo se ven ahora impedidas de crearlo, sino que, además, se ven claramente perjudicadas, ya que sus entidades financieras se verán afectadas de un impuesto destinado a compensar a aquellas otras Comunidades que sí tenían ya este impuesto, sin que de ello se vea beneficiada en absoluto la Comunidad Autónoma de Aragón.

Teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reconoce que el objetivo del gravamen estatal es «evitar las distorsiones que en el mercado financiero pudieran derivarse de una extensión dispar de este tipo de gravamen en las comunidades autónomas», claramente se vuelve a deducir que son las comunidades autónomas quienes se ven perjudicadas por esta nueva potestad tributaria que se atribuye la Administración General del Estado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Defender los intereses de la hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, tras la aprobación de un Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito mediante la Ley 16/2012, emprendiendo cuantas medidas institucionales, políticas y jurídicas sean precisas, incluyendo la reclamación, ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la transferencia al Gobierno de Aragón de cuanto sea recaudado por este impuesto en la Comunidad Autónoma.

2. Dirigirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que, en cualquier próxima disposición legal que modifique el actual marco tributario estatal, se proceda a derogar el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, para que sean las Comunidades Autónomas las que puedan volver a decidir libremente sobre su gravamen.

3. Del presente acuerdo se trasladará copia al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Zaragoza, 8 de abril de 2013.