Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 256/12, sobre la necesidad de hacer frente a las medidas del Gobierno central, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de hacer frente a las medidas del Gobierno central, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

Las decisiones que, por la vía de Reales Decretos, está adoptando el Gobierno central, están provocando una situación de emergencia social, económica y política.

El Plan de recortes aprobado en el último Consejo de Ministros, respondiendo a las exigencias planteadas por el memorándum aprobado por el Ecofin del pasado 10 de julio, es una agresión sin precedentes a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de quienes viven de una pensión, de las personas en paro, de los empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía. Es un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una salida hacia adelante de la crisis, es una regresión económica y social y significa una involución democrática.

El Gobierno central, al decidir como su prioridad el rescate de la banca, se ha situado frente a los trabajadores y trabajadoras y frente al interés nacional.

La implantación de medidas fiscales, como el impuesto a las transacciones financieras, continúa quedando en estudio. Pero se acuerda un anticipo de 30.000 millones de euros para rescatar a los bancos, para que puedan renegociar sus créditos con los bancos europeos. La banca española les debe, incluidos los 340.000 millones de euros que adeuda al BCE y que cumplen en tres años, un billón de euros. Los bancos españoles son los activos tóxicos de la banca europea y ese es el problema.

El Gobierno, a pesar de que Rajoy afirmó en la investidura todo lo contrario, acepta la creación de sociedades de gestión de activos inmobiliarios (bancos malos).

El Gobierno central ha engañado nuevamente a la ciudadanía al presentar su gestión ante Europa como la consecución de un crédito en condiciones favorables, pero la realidad termina por imponerse y es muy distinta. Lo que ha ocurrido es una intervención en toda regla, aunque el Gobierno lo niegue.

A cambio del rescate, se nos ha impuesto un paquete (el Memorándum) de 32 medidas, y el Gobierno del PP ha hecho en casi todas ellas la versión más dura y que complementa con una propuesta de ajustes y recortes de 65.000 millones de euros.

En el seguro de desempleo se recorta la prestación del 60 % al 50 % a partir del sexto mes, aunque en su día el PP, demagógica y oportunistamente, votó en contra; también se pretende adelantar el cumplimiento del «pensionazo». Se sube el IVA, que es un impuesto injusto porque reduce el poder adquisitivo de los salarios, afecta a las pymes y autónomos, debilita el consumo, agrava la crisis económica y perjudica el empleo.

Aceptando las peticiones de la CEOE, se bajan dos puntos las cotizaciones sociales, con un doble efecto: pone en peligro las pensiones de este país y, además, origina un trasvase mayor aún de rentas salariales a rentas empresariales.

El Gobierno central agrede nuevamente a los empleados públicos con el argumento de que hay 200.000 más desde que empezó la crisis. Plantea quitarles la paga de Navidad e incumple sus propias normas y los acuerdos de negociación colectiva. No habla de los 60.000 despedidos en los siete últimos meses.

A más de 170.000 cuidadores de dependientes les rebajan un 15% y la aplicación del repago sanitario es un ataque directo a la universalización de nuestro sistema de salud pública.

El Gobierno central sigue sin una alternativa para empezar a resolver la crisis y vuelve a insistir en medidas que agravan mucho más la recesión económica y destruyen más empleo.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón conscientes de las medidas antisociales aprobadas en el último Consejo de Ministros, instan al Gobierno del Estado a derogar el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y solicitan al Gobierno de Aragón hacer frente a este Real Decreto Ley para que se anule:

1.º La subida del tipo normal del IVA del 18 al 21% y del tipo reducido del 8 al 10%.

2.º El recorte en la prestación por desempleo a los parados y las paradas a partir del sexto mes, del 60% al 50% de la base reguladora.

3.º La medida que significa la suspensión de la paga extra de Navidad hasta 2014 a los empleados públicos

4.º La reducción de las ayudas a la Dependencia, revisando los baremos y las prestaciones económicas.

5.º La eliminación de la deducción por vivienda para los nuevos compradores a partir de 2013.

6.º La eliminación de la Renta Mínima de Reinserción para quienes no hayan trabajado previamente.

7.º El recorte de otros 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios.

8.º La bajada de dos puntos de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios.

9.º La liberalización de horarios y de apertura comercial en domingos y festivos.

10.º La implantación de la jubilación a los 67 años y la eliminación de la posibilidad de la jubilación anticipada.

Zaragoza, 18 de julio de 2012.