Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implicación del Gobierno de Aragón en el plan de retirada del amianto de instalaciones y equipamientos en Aragón, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El amianto era un material empleado en la construcción en nuestro país y valorado por su capacidad de aislamiento y retención de calor, entre otras propiedades. Su empleabilidad por parte del sector de la construcción se hizo muy popular, especialmente para la realización de tuberías de fibrocemento, bajantes o cubiertas que se instalaban en edificios públicos y particulares, así como en explotaciones ganaderas y agrícolas repartidas a lo largo y ancho de toda nuestra Comunidad Autónoma.
En el año 2002 se prohibió taxativamente el uso de este material por la certeza científica de que la exposición constante al amianto podía causar enfermedades graves como el cáncer de pulmón o el mesotelioma entre otras. Desde entonces está prohibido el uso de este material, y desde las administraciones públicas, se han ido desmantelando progresivamente, acorde a las necesidades, capacidades y posibilidades de cada Ayuntamiento estos materiales, siguiendo en todo momento los procedimientos y protocolos establecidos a tal efecto.
La última semana del mes de marzo de 2025 llegó al conjunto de los Ayuntamientos de las localidades aragonesas, una carta por parte del Gobierno de Aragón, suscrita por tres direcciones generales, la de trabajo, salud pública y calidad ambiental en la que se solicitaba a las entidades locales la elaboración de un censo de las «instalaciones y emplazamientos con amianto y criterios de priorización para su retirada».
La comunicación emitida por el Gobierno, de cuatro párrafos y un enlace de descarga a la web del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, solicita a los Ayuntamientos a que elaboren un censo de instalaciones con amianto, y un plan de retirada, haciendo referencia a la normativa contenida en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
En la carta emitida el Gobierno de Aragón no se hace más referencia qué tipo de instalaciones o equipamientos, a plazos concretos, a medios con los que llevarlos a cabo, a procedimiento a seguir o a posibilidades de colaboración institucional, sino que simplemente se solicita a que «Al objeto de centralizar la remisión del censo y el calendario a las tres autoridades mencionadas rogamos los envíen a la siguiente dirección (...)». Ya que como reconoce la propia misiva enviada, será el Gobierno de Aragón quién realizará la inspección oportuna para verificar la retirada del amianto de esas instalaciones y equipamientos.
Teniendo conocimiento el Gobierno de Aragón de su necesaria participación en esta encomienda, contando con el presupuesto más alto de la historia en el ejercicio 2024, prorrogado en la actualidad; y a su vez con un elevado volumen de inejecución de los fondos destinados a la despoblación, desde el grupo parlamentario socialista consideramos que el Ejecutivo debería haber previsto esta situación, planteando una dotación de recursos técnicos y económicos para colaborar con los Ayuntamientos en esta situación.
Desde el Grupo Parlamentario socialista consideramos imprescindible la involucración e implicación del Gobierno de Aragón, en primer lugar, con la creación de una unidad administrativa que asesore y colabore con las entidades locales en esta materia, y a su vez, que publique una convocatoria de ayudas económicas para los Ayuntamientos que realicen proyectos de retirada de amianto.
La retirada de un material como el fibrocemento, empleado en muchas tuberías antiguas, o el material conocido como «uralita» entre otros, que contienen amianto, supone un elevado coste para cualquier proyecto de derribo o sustitución de dicho material, habitualmente utilizado para cubiertas de naves, explotaciones ganaderas o tejados de instalaciones públicas o particulares. Para proceder a su retirada, requiere de un proyecto específico de seguridad y salud laboral, un procedimiento específico y un tratamiento y gestión de residuos muy concreto, que, por delicado, supone un elevado coste a los promotores, debiendo asumir además la retirada, el transporte realizado por empresas homologadas, a los vertederos verificados. Todo ello bajo la supervisión del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, dependiente en este caso del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.
Sirva un ejemplo tipo, que la de demolición de un edificio con cubierta de uralita, sin necesidad de sustitución de materiales, puede suponer un incremento de entre el 25% y el 40% de los costes del proyecto de derribo, haciendo extremadamente difícil su asunción por parte de las pequeñas entidades locales.
Tras algún pronunciamiento en prensa por parte de representantes del Gobierno de Aragón y una pregunta realizada a la Sra. Vicepresidenta del Gobierno en sesión plenaria de 25 de abril de 2025, y no teniendo conocimiento de ningún compromiso concreto por parte del Gobierno de Aragón para afrontar y ser parte de la solución en este problema, el grupo parlamentario socialista presenta la siguiente:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Establecer con carácter urgente una unidad administrativa de asesoría en medios técnicos y materiales, que resuelva las dudas necesarias a las entidades locales para poder realizar el censo de instalaciones y equipamientos con amianto, así como la transferencia de los recursos económicos precisos a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para la elaboración de dicho censo.
2. Implementar en el ejercicio 2025 una línea de ayudas concreta y directa a las entidades locales, desde el Departamento que el Gobierno de Aragón considere oportuno, teniendo en cuenta especialmente a las localidades más pequeñas, para que puedan hacer frente a la retirada progresiva del amianto.

Zaragoza, 25 de abril de 2025.