Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 32/12, sobre la recuperación de la memoria colectiva de las personas represaliadas, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 16 de febrero de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la recuperación de la memoria colectiva de las personas represaliadas solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

Durante la última década del pasado siglo, a impulsos de la sociedad civil, se fue articulando un tejido asociativo cada vez más denso y diversificado de grupos que empezaron a ejercer como emprendedores de la recuperación de la memoria de la Guerra de 1936, y del Franquismo. El número de dichos colectivos ha aumentado con el tiempo, tanto en los de implantación estatal, como en los de ámbito regional y local.

Entre las actividades y los planteamientos que estas asociaciones han ido desarrollando, está, el reconocimiento y la reparación moral, política y jurídica a las víctimas republicanas; la anulación de los procedimientos judiciales de la dictadura; la solución definitiva a la existencia de enterramientos comunes diseminados a lo largo del país; la eliminación de símbolos, nombres o referencias franquistas o de apología del Franquismo en pueblos y ciudades; y la señalización de lugares de memoria allí donde se produjo violencia represora antidemocrática.

Entre el año 2000 y el 2002, hasta 12 comunidades autónomas desarrollaron la denominada Ley de indemnización a ex-presos y represaliados políticos, o proceso por el cual se trataba de compensar económicamente a todas aquellas personas que por haber luchado durante la contienda en el bando de los vencidos fueron condenadas al cautiverio por el régimen de Franco, tanto en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, en prisiones militares, o como prisionero de guerra en alguno de los campos de concentración esparcidos por toda la geografía española.

En nuestra Comunidad, este desarrolló partió del Decreto 100/2000, de 16 de mayo de 2000 (Boletín Oficial de Aragón, 31 de mayo de 2000). Sólo una minoría de quienes cursaron solicitud fueron beneficiados por tal medida, dada la dudosa fiabilidad de las fuentes oficiales de la época.

El 20 de noviembre de 2002, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley de reconocimiento a las víctimas del Franquismo, y en 2004 se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.

Finalmente, en diciembre de 2007 se promulgó la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. En ella, asume la condena del Franquismo en los términos formulados un año antes por el Consejo de Europa; reconoce a todas las víctimas durante la Guerra Civil y la Dictadura posterior; sienta las bases para que desde los distintos poderes públicos se lleven a cabo políticas de fomento de la memoria democrática y conocimiento del pasado; establece la ilegitimidad de los tribunales franquistas, aunque no la nulidad de sus sentencias; reconoce el derecho a las memorias personales y familiares, mas no a una memoria colectiva; consolida y amplía derechos y reparaciones; asegura la preservación de los documentos históricos; apunta medidas para la localización e identificación de las víctimas; y fija criterios flexibles para la eliminación de símbolos franquistas.

En nuestra Comunidad, ya desde el año 2004 la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha venido desarrollando el Programa Amarga Memoria «con la voluntad de agrupar toda una serie de iniciativas, tanto institucionales como promovidas por otras entidades y colectivos sociales, tendentes a recopilar el conocimiento de una de las etapas más importantes de nuestra historia contemporánea; esto es, la comprendida entre la II República y la recuperación de las libertades democráticas, incluyendo, por lo tanto, el trágico periodo de la guerra civil y la posterior dictadura franquista».

El pasado 30 de diciembre, la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, compareció ante estas Cortes y recordó que los presupuestos para 2012 no incluyen ninguna partida para el programa «Amarga memoria». Defendió «el respeto, la ponderación, la admiración y la honra a lo que se ha hecho en el programa de memoria histórica y a las víctimas de uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia», pero dado que los criterios del presupuesto han sido atender las obligaciones consolidadas, los gastos obligatorios en todas las áreas de personal, bienes corrientes y servicios y transferencias», «la distribución presupuestaria ha dejado poco margen de maniobra». «Lo único que hay son partidas generales para la atención de subvenciones. De ahí que no se vayan a impulsar nuevos proyectos.»

Por todo ello, presentamos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

Respaldar institucional y administrativamente, tal y como establece la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, aquellas iniciativas sociales tendentes a la recuperación de la memoria colectiva de las personas represaliadas tras el 18 de julio de 1936 en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, por su compromiso en la defensa de los valores establecidos en la Constitución Española de 1931.

Zaragoza, 9 de febrero de 2012.