Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras en los centros penitenciarios y para los trabajadores de los mismos, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados y la labor asistencial y de ayuda para internos y liberados. En consecuencia, la Institución Penitenciaria es un elemento clave en la política de intervención social y en la de seguridad del Estado.

Para alcanzar estos objetivos en su máximo grado, es fundamental que los centros penitenciarios cuenten con los recursos humanos y materiales adecuados. De hecho, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en su artículo catorce refleja que «...la Administración penitenciaria velará para que los establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines».

En este sentido, la labor de los funcionarios de la Institución es esencial para procurar una convivencia y un ambiente adecuados, con la responsabilidad de custodiar a los reclusos y atender sus derechos y obligaciones, favoreciendo a la vez las actuaciones de reinserción social. Una labor compleja, poco conocida y, por ello, no suficientemente valorada.

Pero además de los propios funcionarios, en sus diferentes modalidades y categorías, como el personal de interior y vigilancia, juristas, psicólogos, facultativos o enfermeros, también hay otro tipo de profesionales con funciones muy importantes, como el personal laboral dedicado al trabajo social o el personal de cocina.

Sin embargo, a pesar de la innegable función e importancia que los centros penitenciarios ejercen para toda la sociedad y del mencionado precepto legal, en los últimos años las políticas públicas no han estado a la altura, especialmente en cuanto a dotación de personal se refiere, lo que ha supuesto numerosos puestos de plantilla y bajas sin cubrir, tanto del personal funcionario y sanitario como del laboral. En estas circunstancias el trabajo de los profesionales se ha visto sobrecargado, dificultándoles cumplir con todas sus funciones, aumentando los riesgos y afectando a su seguridad, y haciendo además que en muchas ocasiones desempeñen labores que no se corresponden con su categoría, ni con sus funciones, ni con su formación.

Evidentemente, esta escasez de personal y la saturación de tareas que conlleva no tienen efectos únicamente en los trabajadores sino que repercute directamente en la calidad y en la eficiencia del sistema penitenciario y, en consecuencia, en los fines que persigue, no siendo ajenos a esta situación los centros penitenciarios aragoneses de Daroca, Teruel y Zuera.

Por si fuera poco, al mismo tiempo que se ha ido produciendo este deterioro se han aplicado políticas privatizadoras en diferentes servicios de los centros penitenciarios, que además han quedado lejos de lograr el ahorro económico con el que se justificaron. La vigilancia perimetral es un ejemplo de ello.

Por todo ello y ante la escasa respuesta por parte de la Administración, en el último año hemos asistido a diferentes movilizaciones por parte de los trabajadores de prisiones exigiendo, tanto al anterior Gobierno de España, en mayo, como al actual, en los recientes días de huelga, mejores condiciones de trabajo, más personal y un mayor reconocimiento laboral y salarial a su profesión.

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de España para instarle a:

1. Reponer en el menor plazo posible todos los puestos de trabajo de los centros penitenciarios aragoneses, tanto los referentes a la plantilla funcionarial como los de personal laboral.

2. Realizar con carácter urgente ofertas de empleo público amplias, que sirvan para dotar a los centros penitenciarios de una Relación de Puestos de Trabajo acorde con las necesidades reales de todas las prisiones.

3. No privatizar nuevos servicios prestados en centros penitenciarios y revertir los ya privatizados cuando finalicen los periodos de concesión con las empresas adjudicatarias.

4. Negociar sin dilación una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios con el fin de, entre otras cuestiones, aumentar y optimizar su formación, revisar su consideración e incrementar su seguridad.

5. Negociar sin dilación una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores penitenciarios, reconociendo así adecuadamente las labores que desempeñan.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2018.