PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2003, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 19/03, sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado en agosto de 2001 entre el Gobierno central, Telefónica y los representantes de los trabajadores de la empresa Sintel, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 14 de febrero de 2003.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D. Jesús Lacasa Vidal, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado en agosto de 2001 entre el Gobierno Central, Telefónica y los representantes de los trabajadores de la empresa Sintel, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 4 de agosto de 2001, los trabajadores de Sintel, tras medio año de protesta en el corazón financiero de Madrid, el paseo de la Castellana, desalojaban el campamento que bautizaron como «La Esperanza». Su lucha recorrió las televisiones de medio mundo y sus improvisadas casetas recibieron la visita y la solidaridad de premios Nobel, cantantes, actores, políticos, líderes sindicales y de vecinos de la zona, de la capital y del resto de España. La Academia del Cine y de las Artes, el pasado 1 de febrero de 2003, en la ceremonia de entrega de los premios Goya, galardonó con un «Goya» al documental «El efecto Iguazú», centrado en la acampada y lucha de los trabajadores y trabajadoras de Sintel.
Esta compañía, líder en su sector hasta 1996, fue vendida –«regalada», según los trabajadores– a la familia Mas Canosa, poco antes de la llegada del PP al Gobierno, en 1996. Los nuevos propietarios provocaron su descapitalización y el posterior cierre de la empresa. Según los trabajadores, que tienen presentadas y admitidas dos querellas criminales contra Telefónica por esta operación (en las que acabaron compareciendo como testigos, entre otros, Juan Villalonga o César Alierta), la venta, que también está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción, fue un fraude.
El 3 de agosto, el Gobierno Central hizo llegar al salón de actos de CC.OO. de Madrid, donde los trabajadores de Sintel celebraban una asamblea, un sobre con tres folios, firmados por el entonces ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, en los que se plasmaba el acuerdo alcanzado –tras durísimas negociaciones– entre Gobierno, Telefónica y los representantes de los trabajadores.
El acuerdo contemplaba que el Instituto de Crédito Oficial anticiparía el pago de las once nóminas atrasadas a los trabajadores de Sintel (ex filial de Telefónica); que todos los trabajadores de Sintel tendrían la consideración legal de parados, lo que les permitirá acceder a las prestaciones por desempleo; la recolocación de entre 800 y 1.000 empleados en empresas proveedoras de Telefónica, y prejubilaciones para 500 de ellos.
Hoy, alrededor de 1100 trabajadores de Sintel siguen en el paro, muchos de ellos a punto de dejar de cobrar la prestación, y, algunos, en una situación desesperada. Lo cierto es que este conflicto no está solucionado. A día de hoy, al margen de los 470 prejubilados, 1108 trabajadores activos de Sintel se encuentran en el paro (12 de ellos son aragoneses), 21 en proceso de tramitación de invalidez y 51 trabajando dentro o fuera del sector. Poca renta para un compromiso en el que se involucró el Gobierno, el Congreso de los Diputados (que ya el 17 de abril de 2001 había aprobado, por unanimidad, una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la que se instaba al Gobierno Central para que abordara «con urgencia medidas y gestiones precisas para lograr una solución para la empresa Sintel»), Telefónica, CC.OO. y UGT.
En la actualidad, la Asociación para la Colaboración con los Trabajadores de Sintel sigue agrupando a la gran mayoría de los afectados. Fuentes de este colectivo relatan casos de suicidio, problemas psicológicos de los hijos adolescentes de varios acampados, crisis de ansiedad de trabajadores...
La Asociación de Trabajadores de Sintel denuncia que, en contra de lo anunciado por el Gobierno, en ningún momento existieron ofertas reales de empleo. Como mucho, lo que recibieron fueron solicitudes de currículo, vía fax o teléfono, que fueron cumplimentadas por los trabajadores y que nunca recibieron respuesta. La Asociación aporta documentos que acreditan esta acusación. Entre ellos, respuestas de algunas de las empresas que, según Telefónica, ofrecieron recolocaciones, cuando sólo pedían currículos. Fuentes de las federaciones de CC.OO., que tuvieron que hacer un seguimiento de las supuestas ofertas de empleo y que se pusieron en contacto con estas empresas, declararon que en ningún caso se ofrecieron ofertas de empleo, sino simples solicitudes de información de la situación de los trabajadores de Sintel.
Por todo ello se formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno central con el objeto de que cumpla íntegramente el acuerdo firmado en agosto de 2001 con Telefónica y con los representantes de los trabajadores de la empresa Sintel.
Zaragoza, 7 de febrero de 2003.
El Portavoz
JESÚS LACASA VIDAL