A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la paralización inmediata del almacén de gas conocido como Proyecto Castor, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Proyecto Castor es un depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo. Es el quinto y más grande de los existentes en España y es propiedad de la empresa Escal UGS. Creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones, tiene capacidad para almacenar un máximo de 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, suficiente para suministrar el equivalente a 50 días de consumo en España.
Las operaciones empezaron en mayo de 2012, iniciándose la primera inyección de gas el 10 de abril de 2012. Ese mismo mes se produjo un terremoto de 3,1 en la escala Richter en las proximidades de la plataforma de inyección y desde septiembre de 2013 se han producido cientos de terremotos en la zona donde el proyecto Castor estaba inyectando gas. El 1 de octubre se produjo un seísmo de magnitud 4,2 en la misma escala causando alarma en las poblaciones próximas. En localidades como Alcanar, Benicarló, Les Cases d'Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig, Peñíscola, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs se sintió con una intensidad de grado III y en localidades aragonesas como Beceite, Castelserás, La Fresneda y Valderrobres se sintió con intensidad II.
Según la empresa, los trabajos de inyección de gas fueron paralizados el 16 de septiembre tras los primeros temblores, reconociendo que los terremotos podían estar vinculados al Proyecto.
A pesar de que la Comisión Europea ha afirmado que el Proyecto Castor pasó en su momento todos los controles y pruebas fijadas por la ley, estos terremotos demuestran que son insuficientes y que debería haberse realizado un estudio sismológico, tal y como solicitaban el Observatorio del Ebro y organizaciones sociales, ecologistas y vecinales ya que, dada la proximidad de la falla de Amposta, era muy probable que los movimientos sísmicos representaran un gran riesgo para la población.
No tenemos constancia de que los Gobiernos valenciano, aragonés o catalán hicieran ninguna advertencia al respecto, ni de que solicitaran la realización de estudios sísmicos cuando fueron consultados por el Ministerio de Medio Ambiente en el proceso de autorización ambiental del almacén de gas, a pesar de ubicarse sobre una falla de 51 kilómetros y aunque ayuntamientos y colectivos de la zona sí habían trasladado su preocupación por el peligro de terremotos.
El 3 de octubre de 2013, la Fiscalía de Castellón abrió una investigación de oficio para aclarar si el proyecto Castor está relacionado con los seísmos registrados en la zona durante estas semanas.
Hasta ahora han sido miles de firmas de ciudadanos y ciudadanas pidiendo el cierre de la planta del Castor. Y así lo han pedido también parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones provinciales de los territorios afectados. Es conocido que en Ohio (Estados Unidos) se prohibió la inyección de gas en un almacén subterráneo después de que se produjera un seísmo de una intensidad más baja que la registrada en los terremotos sufridos en diferentes zonas de las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña y Aragón.
Además, científicos norteamericanos acreditan seísmos después de transcurridos 18 años de la inyección de hidrocarburos y, según Geology, un seísmo de 5,7 en la escala Richter en Oklahoma tenía su origen en un almacén subterráneo de gas.
Desde Izquierda Unida hemos rechazado frontalmente este tipo de prácticas de almacenamiento de gas, así como otras similares de extracción como la fractura hidráulica. Este rechazo, y la preocupación por los efectos de este tipo de proyectos, es compartido con las organizaciones ecologistas y con las comunidades afectadas y ahora, una vez estudiado y analizado el informe del Instituto Geográfico Nacional que confirma la relación directa con los seísmos producidos en la zona del almacenamiento de gas de la empresa ESCAL UGS, entendemos que es urgente la paralización definitiva del Proyecto Castor.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón manifiestan su apoyo y solidaridad con las poblaciones afectadas por los seísmos derivados del Proyecto Castor e instan al Gobierno de Aragón a:
1.º Dirigirse al Gobierno Central para reclamarle la paralización absoluta de la actividad del Proyecto Castor y el desmantelamiento total y definitivo del mismo, sin que suponga un gasto adicional para las arcas públicas, dado el evidente riesgo sísmico que supone para la ciudadanía.
2.º Dirigirse al Gobierno Central para solicitarle la paralización de todos los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas, en virtud del principio de precaución que rige la normativa europea.
3.º Dirigirse al Gobierno Central para solicitarle que ejecute todas las medidas legales necesarias para exigir la responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS, por la posible ocultación de datos sobre el riesgo sísmico de la explotación del depósito de gas, así como contra las autoridades, funcionarios y técnicos que avalaron, informaron favorablemente o aprobaron el proyecto.
4.º Emprender todas las medidas legales para exigir la responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS, por los daños y afecciones causados a las localidades aragonesas afectadas.
Zaragoza, 13 de mayo de 2014.