Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 187/13, sobre protección a deudores hipotecarios, presentada por el G.P. del Partido Aragonés para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 30 de abril de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre protección a deudores hipotecarios, y solicita su tramitación ante el pleno.

La comprensible alarma social y las situaciones dramáticas e injustas generadas por las ejecuciones de determinadas garantías hipotecarias, mediante desahucios de viviendas y lanzamientos, ha motivado diversas acciones en el marco legislativo, tales como una iniciativa legislativa popular y la promulgación del Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que han derivado conjuntamente en la tramitación de la ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social.

Resulta evidente que es imprescindible profundizar sobre las medidas y actuaciones, tanto las ya en vigor como las anunciadas, para paliar y resolver, tanto con urgencia en la actual coyuntura, como de manera definitiva, el origen y consecuencias de estas situaciones, especialmente las que afectan a las personas más vulnerables desde el punto de vista social y económico.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que fomente en el marco de sus competencias, y se dirija al Gobierno de España para reclamar el ejercicio de las suyas, con el fin de conseguir:

1. El impulso de cuantas reformas legales o iniciativas administrativas adicionales sean necesarias para ampliar la protección de los deudores hipotecarios de viviendas habituales que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica, en especial mediante la ampliación del plazo de suspensión de los lanzamientos, la cobertura de la suspensión a todos los deudores en situación de desempleo, así como a todas las familias donde haya menores de edad, flexibilizando los requisitos de acceso a estas medidas, desde el punto de vista de las circunstancias económicas, para que un mayor número de personas puedan acogerse a las mismas, ampliando el límite de ingresos respecto al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y reduciendo la cuota hipotecaria máxima respecto a los ingresos netos familiares.

2. La ampliación de los grupos de personas a proteger, extendiendo todas las medidas de protección a los avalistas hipotecarios respecto de su vivienda habitual y en las mismas condiciones que para el deudor hipotecario.

3. Incrementar los límites de los intereses de demora de las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual respecto al interés legal del dinero. Igualmente, impulsar que los intereses de demora sólo se apliquen sobre las cuotas vencidas y dejadas de pagar, y no sobre la totalidad del préstamo, impulsando la retroactividad en las situaciones de especial vulnerabilidad.

4. Facilitar las operaciones de reestructuración hipotecaria, de forma que las familias puedan adaptar su situación económica actual al endeudamiento que comprometieron en otras circunstancias, mediante el impulso de una ley que regule el sobreendeudamiento familiar, y que reequilibre las posiciones entre deudor y acreedor en el marco de la legislación hipotecaria y resto de normas aplicables. En este mismo sentido, regular fórmulas que permitan renegociar los pagos de las cuotas, mediante el pago de cuotas más asequibles.

5. Favorecer las daciones en pago en aquellas situaciones en las que el resto de medidas no permita proteger adecuadamente los derechos de los deudores, en especial en las viviendas de protección oficial y en las situaciones de especial vulnerabilidad, para que quienes adquirieron esas viviendas no tengan que devolver las ayudas ni necesiten la autorización de la Administración.

6. Impulsar garantías legislativas sobre el posible carácter abusivo de las cláusulas en los contratos en referencia a los intereses moratorios, e impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, oficinas de información y asesoramiento a los ciudadanos en general sobre dichas cláusulas, actuando como instrumento de intermediación entre otras funciones.

7. Reestudiar el Código de Buenas prácticas, de manera que se potencie la ampliación de las condiciones de protección social de obligado cumplimiento.

8. Buscar y establecer soluciones para el caso de impagos de las comunidades de propietarios.

9. Impulsar la creación de un fondo social de viviendas en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como con las entidades financieras y entidades particulares, para facilitar el acceso a las personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad social para conseguir que todas las personas tengan cobertura y tengan una vivienda habitual.

Zaragoza, 26 de abril de 2013.