Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 291/12, sobre garantizar la universalidad de la sanidad y la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, presentada por el G.P. Socialista para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la universalidad de la sanidad y la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El pasado 1 de septiembre entró en vigor la retirada del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud a personas sin permiso de residencia.

Esta medida forma parte del Real Decreto Ley 16/2012 de recortes en sanidad, promulgado por el Gobierno de Rajoy el pasado mes de abril con el voto en contra de todos los grupos parlamentarios, y supone, en la práctica, un cambio de nuestro modelo de sanidad.

Con el Real Decreto Ley se pasa de un sistema hasta ahora universal, público, gratuito y equitativo a un modelo asistencial, de beneficencia. Se pasa de un sistema de derechos a un sistema de aseguramiento. Es decir, retrocedemos más de 30 años, al sistema anterior a la Ley General de Sanidad de 1986 en el que la atención sanitaria era una contraprestación por lo cotizado, en vez de un derecho ciudadano universal.

Esta decisión adoptada de manera irresponsable y sin consenso es de una enorme gravedad y va a tener repercusiones tanto en la cohesión social como en la salud pública de nuestro país. Constituye, por tanto, la mayor agresión a la sanidad pública que hemos vivido en la historia de nuestra democracia.

En primer lugar, limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad es una medida regresiva y discriminatoria. Además, implica romper uno de los principales consensos básicos que, en estos últimos 25 años, han guiado la política sanitaria de nuestro país: la universalidad de la atención sanitaria.

En segundo lugar, la exclusión del acceso a la atención sanitaria (a excepción de las urgencias) de los inmigrantes en situación irregular supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme, en especial, para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos. Pero también hay que tener en cuenta el impacto en la salud pública.

Por otro lado, es insólito e insensato que el Gobierno no haya atendido al criterio de los profesionales. Es importante señalar que todos los colectivos profesionales han manifestado que se trata de una medida contraria al código deontológico médico, pues sitúa a los profesionales médicos ante un dilema ético, al no poder asegurar la continuidad de tratamiento y cuidados a sus pacientes.

Igualmente, consideran que esta medida puede ocasionar disfunciones en el sistema sanitario, derivadas de sobrecargas en los servicios de urgencias de aquellas poblaciones con mayor número de extranjeros en situación no regularizada. Lo que complica aún más la ya habitual elevada demanda de asistencia sanitaria que sufren estos servicios.

Hasta el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de esta medida y recomienda al Gobierno de España asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en nuestro país a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal.

Incluso algunos gobiernos autonómicos han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

La nefasta gestión de la reforma sanitaria por parte del Gobierno de Rajoy no sólo ha generado incertidumbre y alarma entre los españoles (los datos de los estudios del CIS ya sitúan la sanidad como una de las preocupaciones más relevantes de la ciudadanía cuando hace apenas un año era valorada como el mejor servicio público) sino que también, en lugar de armonizar las actuaciones de todas las CC.AA., se ha conseguido el efecto contrario, creando confusión y mayor desigualdad entre territorios en la prestación de este servicio público básico.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a articular un mecanismo para garantizar a las personas inmigrantes en situación irregular que residan en la Comunidad Autónoma el mismo derecho a la cobertura sanitaria que la establecida para el conjunto de los ciudadanos españoles.

2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de España a recuperar por Ley la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, desvinculando la sanidad de la Seguridad Social y ampliando el ámbito subjetivo del derecho a la protección de la salud con fondos públicos que ha sido profundamente modificado por el Real Decreto Ley 16/2012.

Zaragoza, 5 de septiembre de 2012.