Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Luis M.ª Beamonte Mesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley tutela de adultos, solicitando su tramitación ante la Comisión de Ciudadanía y derechos sociales.

En Aragón hay más de 1300 personas adultas cuya tutela o curatela depende del Gobierno de Aragón.
La labor de tutela o curatela la desarrolla la Comisión de tutela y defensa judicial de adultos encargada de ejercer la tutela, curatela y el cargo de defensor judicial de aquellas personas mayores de edad con la capacidad jurídica modificada judicialmente cuando dichas funciones le son encomendadas a la administración de la Comunidad Autónoma.
Por un lado desconocemos el número de funcionarios que se encargan de la gestión directa de estas tutelas, pero hay constancia de quejas en la gestión de esas tutelas debido a la saturación de casos y al exceso de trabajo de dicho servicio, que han hecho que en algunas ocasiones, no se haya actuado con la diligencia debida por falta de personal y estamos hablando de la gestión de la vida y la economía de estas personas tuteladas. Además se ha anunciado por parte del Gobierno de Aragón que están trabajando para cambiar la forma jurídica y de gestión de la comisión de tutelas para convertirla en una fundación tutelar.
Por otro lado, el pasado mes de junio aconteció un hecho muy importante para las personas con discapacidad, el 3 de junio de 2021 se publicada en el BOE la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La aprobación de esta ley por parte de las Cortes Generales supone un enorme hito para las personas con discapacidad, un salto cualitativo decisivo, ya que se les reconoce capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida, exigiendo a las administraciones públicas que proporcionen a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y por tanto desapareciendo la figura de la incapacitación.
Un importante cambio en el sistema, que estaba basado en la sustitución de la persona en la toma de decisiones, por otro basado en el respeto a la voluntad y a las preferencias de la persona.
En el caso de Aragón se produce una disonancia jurídica que debe ser subsanada, ya que nuestra Comunidad cuenta con un derecho civil propio recogido en el código de derecho foral de Aragón en el que se regula la incapacitación siendo la regulación estatal en materia civil supletoria, no así en la procesal que es competencia exclusiva del Estado y teniendo, por tanto, impacto en nuestra legislación.
Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. Aumentar los recursos materiales y humanos para la correcta atención de las personas adultas tuteladas por el Gobierno de Aragón.
2. Definir, regular y poner en marcha, en el mínimo plazo posible, la fórmula de gestión más adecuada para las tutelas de adultos dependientes del Gobierno de Aragón.
3. Solicitar a la Comisión aragonesa de derecho civil cuantos informes sean oportunos para analizar y en su caso recomendar las adaptaciones o modificaciones que sean necesarias para adaptar nuestro derecho civil a la nueva realidad en materia de capacidad de las personas con discapacidad.

Zaragoza, 25 de octubre de 2021.