Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de la sentencia de exhumación de los hermanos Lapeña, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La familia de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados por su ideología en el entorno de la localidad de Calatayud entre julio y octubre de 1936, lleva muchos años reclamando y efectuando gestiones para recuperar los restos mortales de estos dos hermanos, trasladados al Valle de los Caídos en abril de 1959 sin autorización de sus familiares, y darles un descanso digno. Tanto es así que el 20 de noviembre de 2014 la familia reclamó vía judicial la recuperación de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro, dándole finalmente la razón el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de San Lorenzo de El Escorial mediante auto del 30 de marzo de 2016, donde «se reconoce el derecho a la digna sepultura de D. Manuel Lapeña Altabás y de D. Manuel Lapeña Altabás.», y se determina que «procede la realización de las actuaciones pertinentes», «llevando a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña Altabás a su familiar Dña. María Purificación Lapeña Garrido tras la identificación positiva de los mismos, con el fin de darles digna sepultura».

No obstante, dichas exhumaciones todavía no se ha llevado a cabo, debido fundamentalmente al entorpecimiento del Prior Administrador de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el padre Santiago Cantera, que negó el paso a varios técnicos del Estado e impidió la instalación de una microcámara para iniciar los trabajo previos de identificación de los restos. Esta obstrucción no solo afecta a la exhumación de los hermanos Lapeña, sino a un total de ocho personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos, dos que pertenecían al bando nacional y seis al republicano. Tanto es así que doce familiares de estas ocho personas han denunciado al máximo responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por la comisión de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos.

En cualquier caso, la negativa del Prior Administrador de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a permitir el comienzo de los trabajos técnicos de localización de los cadáveres ya fue rebatida por un informe de la Abogacía General del Estado emitido el 9 de marzo de 2017 y, en base a éste, el Presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en un escrito fechado el 25 de abril de 2017 comunicó que «se continuará con la realización, a la mayor brevedad posible, de las actuaciones preliminares acordadas en su día por la Presidencia del Patrimonio Nacional que se suspendieron por la oposición manifestada por la Abadía Benedictina».

Con todo, a día de hoy, casi dos años después del auto judicial y tras casi una año del escrito de Patrimonio Nacional donde anunciaba la continuación de las actuaciones previstas, no se ha producido ningún avance en los trabajos que tienen como objetivo la identificación, exhumación y entrega a la familia de los restos de los hermanos Lapeña.

1. Las Cortes de Aragón muestran su reconocimiento y apoyo a todos los familiares de personas asesinadas durante la guerra civil y la dictadura franquista cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, y que están luchando por dar una sepultura y un descanso digno a sus seres queridos.

2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a acatar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de San Lorenzo de El Escorial, mediante auto 112/16 del 30 de marzo de 2016, efectuando con carácter inmediato los trabajos de identificación, exhumación y entrega de los restos de los hermanos Lapeña, con el fin de darles digna sepultura.

Zaragoza, a 16 de marzo de 2018.