Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2016, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 67/16, sobre reconocimiento y adopción de medidas de reparación moral, social y económicas a las víctimas de la talidomida en Aragón, presentada por el G.P. Podemos Aragón, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 17 de febrero de 2016.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Reconocimiento y adopción de medidas de reparación, moral, social y económicas a las víctimas de la talidomida en Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

En los años 50 y 60 se recetó en España un medicamento, Talidomida, que se administró a mujeres embarazadas como calmante y para paliar las náuseas provocadas por el embarazo. Este medicamento causó muertes prematuras, graves malformaciones en los recién nacidos y secuelas de por vida. Este medicamento se vendió en muchos países de la Unión Europea, y únicamente los afectados en España y Portugal no han sido reconocidos, ni indemnizados; ni por el Gobierno, ni por la empresa farmacéutica Grünenthal, fabricante de este producto. Los procesos administrativos y judiciales que se han realizado hasta la fecha, no han sido adecuados ya que los plazos y las condiciones para realizar las reclamaciones dejaban a cientos de afectados fuera y se les imponían unas condiciones difíciles de cumplir.

Ante este agravio comparativo con afectados de otros países europeos, donde tanto los Estados, como la farmacéutica han establecido compensaciones económicas de diferente índole, consideramos que el Estado Español tiene una deuda histórica con estos afectados, y solicitamos la siguiente Proposición no de Ley.

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1.1 Elaborar un protocolo desde el sistema sanitario público de Aragón a través del que se garantice, a toda la persona que lo solicite, la posibilidad de identificación de la relación de causalidad entre la malformación que presenta y el uso de la Talidomida, así como a la atención sanitaria que necesite. Así mismo se creará una base de datos y se habilitarán las herramientas de transparencia que permita conocer el número de afectados y afectadas.

1.2. Proporcionar apoyo y asesoramiento técnico para los procesos judiciales que realicen personas afectadas por la Talidomida, a fin de que puedan abordar cuantas acciones sean necesarias para depurar las posibles responsabilidades ante esta tragedia.

1.3. Crear una aportación económica anual, mediante la fórmula jurídica adecuada, a la Asociación de Víctimas de Talidomida (AVITE) proporcional a la aportación que harían las víctimas aragonesas (vivas y muertas, ver Documento 11 entregado a la Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana) en forma de su cuota anual, y que ascendería a una cantidad no inferior a 20.000€/anuales (la cantidad total de víctimas es de 166 (29 vivas y 137 fallecidas), que, con un aporte mensual de 10 euros, supone un total anual de 19.920 euros. De este modo, Aragón aportaría un apoyo idéntico al de sus víctimas a la resolución de este vergonzoso agravio comparativo al resto de Europa. La subvención finalizará una vez se hayan alcanzado los objetivos de reconocimiento e indemnización por parte de la farmacéutica Grünenthal y el Estado español a todas las víctimas oficialmente reconocidas y en proporcional medida a las de Alemania, Reino Unido, Irlanda, etc.

1.4. Elaborar un escrito en el tono más duro y rotundo posible a la empresa farmacéutica Grünenthal, manifestando la disconformidad del Gobierno de Aragón con la actitud que ha mostrado en España, e instándole de manera inmediata a coordinar junto con AVITE y el Gobierno de España (si está dispuesto) una vía para asumir su responsabilidad para con las víctimas nacionales que se deriven de los oportunos reconocimientos oficiales. Ante su negativa o inacción, el Gobierno de Aragón los declararía empresa «non grata» dentro de su comunidad.

1.5. A que se constituya una comisión de seguimiento en el seno del Departamento de Salud, en la que participen representantes de los grupos parlamentarios y de los afectados residentes en la comunidad, con el fin de evaluar el desarrollo de lo dispuesto en esta Proposición no de Ley, así como para seguir valorando las necesidades a las que este colectivo se enfrenta en el futuro más inmediato.

2. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que, a su vez, inste al Gobierno Central a:

2.1. Evaluar, y en su caso revisar, la aplicación del Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1960-1965, puesto que se abordó de una forma incompleta con errores en las fechas de expedición y en el protocolo médico y estableció una situación de falta de garantías en la viabilidad económica que respondiese de por vida a la situación de los afectados y afectadas.

2.2. Reconocer, asumir y reparar los daños y las discriminaciones que este colectivo de afectados y afectadas ha sufrido durante su vida.

2.3. Solicitar al Laboratorio Grünenthal, responsable de atentado contra la salud de la humanidad, que asuma su responsabilidad y compense a las víctimas en España como lo ha hecho en el resto de los países sin sentencia judicial, dando cumplimiento así al posicionamiento unánime de las Comunidades Autónomas, acordado en el último pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. En caso de no cumplimiento a lo requerido, presentar una demanda judicial contra dicho laboratorio como principal responsable del daño ocasionado. Incluso, si procede, advertir de que una inacción por su parte podría desencadenar la retirada de dicha aportación económica del Estado para todos sus medicamentos, compuestos y demás artículos que tenga en el mercado nacional, tanto de Grünenthal como de sus empresas filiales o colaboradoras.

Zaragoza, 30 de diciembre de 2015.