Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Fernando Ledesma Gelas, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Tras la tramitación de una iniciativa legislativa popular en 2013 que recopiló casi 600.000 firmas a favor de la protección de la tauromaquia en España, las Cortes Generales aprobaron La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, la cual declara esta actividad parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable. La tauromaquia es una manifestación artística desvinculada de cualquier tipo de adscripción ideológica, en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. A ello hay que añadir que forma parte de la cultura tradicional y popular, como conjunto de las manifestaciones, conocimientos, actividades y creencias pasados y presentes de la memoria colectiva.
La norma considera la tauromaquia «parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional», lo cual, tras la aprobación de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, permite calificar la tauromaquia como una manifestación del patrimonio cultural inmaterial español.
Así, en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución. Según el artículo 5 de la Ley 18/2013, además, «es competencia de la Administración General del Estado (Ministerio de Cultura), garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles, así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones».
La tauromaquia conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que, como actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.
Es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad en el desarrollo de cualquier expresión artística, como es la tauromaquia, y el respeto hacia ella. Sin embargo, asistimos permanentemente a situaciones que parecen indicar que el actual Gobierno no solo incumple sus obligaciones legales, sino que promueve la censura y prohibición de esta manifestación cultural. Así, el 3 de septiembre de 2024, el Ministerio de Cultura eliminó mediante Orden Ministerial el Premio Nacional de Tauromaquia. Este premio estaba dotado con 30.000 euros. También el Ministerio de Cultura trató de excluir la tauromaquia del Bono Cultural Joven y el Ministerio de Trabajo de excluir al sector de las ayudas culturales durante la pandemia.
Además, el 9 de mayo de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tras la presentación de una iniciativa legislativa popular titulada «No Es Mi Cultura», la Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Además de este objetivo, la propuesta modifica la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en aquello que refiere a la tauromaquia. La iniciativa, muy breve, pretende derogar la aludida Ley 18/2013, es decir, el marco actual de la tauromaquia, lo que permitiría censurar cualquier espectáculo taurino desde los ayuntamientos, lo cual no solo fragmentaría la unidad legislativa de la tauromaquia, sino que pondría en riesgo su existencia en España de forma arbitraria.
La iniciativa legislativa popular sostiene un falso argumento de reparto competencial con el objetivo de restringir el ejercicio ciudadano del derecho de acceso y participación a los espectáculos taurinos. Para ello, se sostiene que se ha blindado la tauromaquia sin permitir a las Comunidades ejercer sus competencias. Sin embargo, el pretendido conflicto competencial no existe. La cultura es una competencia concurrente en España, cuyas atribuciones se han establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución. Es en ese marco democrático, que nos hemos dado todos, donde se aprobó la Ley 18/2013, y ello además de acuerdo con otras normas legales.
La derogación de estas leyes, que constatan el valor cultural de la tauromaquia, permitiría excluir esta actividad del Bono Cultural Joven o eliminar la prestación extraordinaria por desempleo a los profesionales del sector.
La Ley 10/2015, de patrimonio cultural inmaterial, en su artículo 12.1 a) exige al Estado garantizar las manifestaciones culturales cuando estas superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, lo cual ocurre en el caso de la tauromaquia. Por ello, cuando el legislador la reguló y protegió a nivel nacional solo cumplió con la normativa vigente, y así lo refrendó el Tribunal Constitucional, sin invadir competencias de las Comunidades Autónomas ni de las entidades locales.
Esta iniciativa legislativa popular, apoyada por Sumar, deberá votarse el 7 de octubre en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, y dependerá del PSOE su tramitación o rechazo.
Con el fin de garantizar la libertad cultural en todas sus manifestaciones y respetar el marco legal existente, incluyendo la tauromaquia, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a instar al Gobierno de España a:
1. Reconocer la tauromaquia como una manifestación cultural inmaterial que forma parte de la cultura española, propia de nuestro país y merecedora de protección y promoción.
2. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 18/2013 y la Ley 10/2015 respecto a la tauromaquia, según el mandato constitucional del Estado al servicio de la cultura como deber y atribución esencial.
3. Visibilizar el valor estratégico de la tauromaquia por su contribución a la sostenibilidad medioambiental, la creación y mantenimiento del empleo, la diversidad cultural y la cohesión territorial, merecedoras de protección para asegurar la libertad de elección, acceso y participación.
4. Dar traslado de estos acuerdos a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al Ministro de Cultura, a los portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Zaragoza, 6 de octubre de 2025.