PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 128/13 sobre la privatización de los registros civiles prevista en el anteproyecto de ley de reforma integral de los registros, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 27 de marzo de 2013.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la privatización de los registros civiles prevista en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros prevé, entre otras muchas cuestiones, la privatización de la gestión del Registro Civil. En este sentido se daría una nueva redacción al apartado 1 del artículo 2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, estableciendo que «Todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado» y al apartado 3 del artículo 21, estableciendo que «Tendrán la consideración de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los Registradores de la Propiedad y Mercantiles».
El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia, cuyos servicios son atendidos por personal funcionario público. La privatización de este registro no conllevará ninguna ventaja a la ciudadanía, puesto que se reduce el número de registros a uno por provincia. Tampoco supondrá un ahorro a la administración, ya que el personal funcionario deberá recibir destino en otros servicios. Antes bien, la privatización supondrá el pago por la ciudadanía por todos los hechos y actos que tienen acceso al Registro Civil, que son numerosos y habituales a lo largo de la vida de cualquier persona.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley del Registro Civil existe un Registro para cada término municipal, que a su vez dependen funcionalmente del Juez de Primera Instancia de la cabecera del partido. En concreto, en Aragón existen 16, distribuidas en las tres provincias: Zaragoza (Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, la Almunia, Tarazona y Zaragoza), Huesca (Barbastro, Boltaña, Fraga, Huesca, Monzón y Jaca) y Teruel (Alcañiz, Calamocha, Teruel). Con la reforma propuesta solo existirá una oficina del Registro Civil en cada provincia, cuya circunscripción se extenderá a todas las comarcas de la provincia correspondiente, y serán los registradores, allá donde tengan sede, quienes realicen la tramitación de los correspondientes asuntos. En este sentido, estamos ante una supresión más de servicios en el medio rural, que genera nuevamente desigualdad y discriminación para la ciudadanía residente en aquellas comarcas donde está previsto la desaparición de un servicio que, con la entrada en vigor de la reforma legislativa, le resultará bastante menos accesible.
El Anteproyecto de Ley no deja duda de cómo se costeará esa asunción de las funciones, que hasta ahora son públicas, por los registradores de la propiedad y mercantiles. El artículo 21 de la Ley del Registro Civil quedaría redactado de forma que establecería que «Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles».
Por todo lo anterior, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón, conscientes de la importancia de preservar y mejorar los servicios públicos en toda la Comunidad Autónoma:
1.— Muestran su rechazo al Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, por cuanto supone la privatización de un servicio público eficaz, que deberá ser costeado por la ciudadanía mediante la imposición de aranceles, y que conllevará la desaparición de las sedes del Registro Civil en los municipios, suprimiendo el servicio en diferentes comarcas aragonesas y, en consecuencia, perjudicando a la ciudadanía residente en nuestro medio rural.
2.— Instan al Gobierno de Aragón a que manifieste su rechazo al Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros y traslade al Gobierno Central su oposición al mismo.
En el Palacio de la Aljafería, a 25 de marzo de 2013.
La Portavoz
NIEVES IBEAS VUELTA