A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley de reprobación a la Presidenta del Gobierno de Aragón por sus declaraciones sobre el aborto, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras las últimas declaraciones realizadas tanto desde el gobierno de España como por parte de la Presidenta del Gobierno de Aragón en relación al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y su propia maternidad, el grupo parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, quiere mostrar su más absoluto rechazo.
Las declaraciones efectuadas recientemente por la Presidenta del Gobierno de Aragón; Presidenta, por lo tanto, de todos los aragoneses, pero también de todas las aragonesas, que señalaba en un medio de comunicación que «el aborto no era un derecho de la mujer» suponen la negación del derecho a decidir de la mujer, posicionándose junto con la jerarquía eclesiásticas y el ala más reaccionaria de su partido y de toda la Unión Europea. La Presidenta del Gobierno aragonés tiene la obligación de garantizar todos los derechos a sus conciudadanos y conciudadanas, y con este tipo de afirmaciones no lo hace, al negar el derecho a decidir sobre su propia maternidad, a miles de mujeres que viven en Aragón.
Junto a las declaraciones de Luisa Fernanda Rudi, hemos escuchado las últimas afirmaciones del Ministro de Justicia del gobierno español que suponen un nuevo ataque a los derechos de la mujer que pretende justificar su reforma también como un «revulsivo» para la economía porque según señala «se prevé un impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad»
La intención del Gobierno español de modificar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, supone alejar un poco más a España de Europa. Países como Alemania, Austria u Holanda, se rigen desde hace décadas por leyes de plazos, España con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho de las mujeres a decidir de forma libre y voluntaria, en un periodo entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El anteproyecto presentado por el Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, supone que España se convierta en el único País, junto con Irlanda y Malta que retrocedería hasta fórmulas absolutamente restrictivas que devolvería a España a una época en la que el aborto no se considera un derecho. Y se les negará a las mujeres el derecho a decidir sobre su propia maternidad, de forma libre y responsable, a decidir sobre su propio cuerpo y por tanto, se les negará la protección que desarrolla la vigente Ley Orgánica 2/2012, de 3 de marzo, en el ámbito de la autonomía personal.
Estas declaraciones, además, desoyen las recomendaciones de órganos como la Convención de Naciones Unidas, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; la Resolución del Parlamento Europeo (2001/2128 INI) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alerta del riesgo y del número de intervenciones más alto en los países con leyes más restrictivas. Las leyes que limitan y criminalizan el aborto, no frenan a quienes necesitan acceder a él, lo que sí hacen es convertirlo en un serio riesgo para la salud de la mujer, y crear inseguridad jurídica y sanitaria tanto a las profesionales sanitarios como a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, riesgos que en este País, tras años de luchas, demandas y reivindicaciones habían sido, afortunadamente, superados.
Este grupo parlamentario sigue defendiendo y considerando imprescindible que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en condiciones de libertad, gratuidad, seguridad y legalidad y con la propuesta de modificación anunciada no se garantiza el derecho de las mujeres a decidir de forma libre, responsable y segura sobre su maternidad.
Por todo ello, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón acuerdan:
1.º Reprobar a la Presidenta del Gobierno de Aragón, por las declaraciones en las que afirmó que el aborto no es un derecho de la mujer, posicionándose en contra del derecho de la mujer a decidir sobre su propia maternidad.
2.º Y Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España y le solicite la retirada del «Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embaraza», por suponer un ataque a los derechos de la mujer que no se ajusta ni a la realidad social, jurídica y sanitaria de España y que nos aleja de los países de nuestro entorno que desde hace décadas se rigen por leyes de plazos que garantizan el derecho a decidir de la mujer de forma libre y voluntaria sobre su propia maternidad.
Zaragoza, 27 de enero de 2014.