PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN
La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2000, ha calificado y admitido a trámite el Plan integral de política demográfica y ha acordado su tramitación conforme a lo establecido en los artículos 174 y siguientes del Reglamento de la Cámara y su remisión a la Comisión Institucional.
Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.
Zaragoza, 6 de septiembre de 2000.
El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD
PLAN INTEGRAL DE POLÍTICA DEMOGRÁFICA
ÍNDICE
1. Introducción
2. Diagnóstico del problema
3. Objetivos
4. Principios
5. Medidas
5.1. Medidas relativas a las familias
5.1.1. Fiscales
5.1.2. Vivienda
5.1.3. Promoción de la mujer
5.1.4. Familias desfavorecidas
5.1.5. Personas mayores
5.1.6. Apoyo a la infancia
5.1.7. Educación
5.2. Medidas relativas a la inmigración
5.3. Medidas relativas al fomento del reequilibrio territorial
5.3.1. Ordenación territorial
5.3.2. Fomento de la actividad económica
5.4. Medidas competencia de otras Administraciones
1. INTRODUCCIÓN
1.1. El Gobierno de Aragón remitió a las Cortes de Aragón el pasado mes de febrero una Comunicación sobre Política Demográfica, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes número 37, de 24 de febrero de 2000.
Como resultado del debate sobre dicha Comunicación en el Pleno de la Cámara, en sesión celebrada los días 11 y 12 de mayo de 2000, se aprobaron diversas resoluciones, publicadas en el BOCA 52, de 19 de mayo. La primera de ellas, aprobada a propuesta conjunta de todos los Grupos Parlamentarios, instaba al Gobierno de Aragón a elaborar y presentar, antes del próximo 1 de Octubre, un Plan integral de política demográfica y poblacional, en el que se contengan las medidas a desarrollar.
En cumplimiento de dicha resolución, se ha elaborado el presente Documento, que pretende constituir un conjunto de medidas coherentes y sistematizadas dirigidas a poner en marcha diversas políticas tendentes a enfrentarse con el problema que supone la actual evolución demográfica de Aragón.
El calificativo «integral» con que se denomina el plan a presentar en la resolución citada no puede ser entendido como omnicomprensivo de todo tipo de políticas relacionadas con la población, que, al fin y al cabo, es la destinataria de cualquier acción de gobierno. Actuaciones trascendentes como pueden ser la mejora de la red de carreteras, la implantación de nuevos regadíos o la política industrial, de indudable repercusión en las expectativas de la población, han sido dejadas fuera de este conjunto de medidas por entender que exceden del ámbito de una política demográfica stricto sensu ; de entenderlo de otra manera, un plan integral de política demográfica sería tanto como decir un plan integral de gobierno, y parece claro que el debate planteado y las resoluciones aprobadas como consecuencia de la Comunicación presentada debían venir referidas a aspectos más especializados y concretos. De ahí que el presente Plan recoja preferentemente medidas referidas específicamente a la demografía: apoyo a las familias, a la inmigración y a la política de equilibrio territorial, sin perjuicio de alusiones diversas y necesarias a aspectos de política general.
Por otra parte, resulta evidente que en el corto espacio de tiempo fijado para la presentación de este Plan no cabe efectuar una programación concreta de todas las medidas posibles, algunas de las cuales precisan de completar la información previa que ayude a la toma de decisiones y otras exigen actuaciones continuadas y mantenidas a lo largo del tiempo adaptándose a la evolución de las circunstancias sociales.
La elaboración del Plan ha tenido en cuenta las resoluciones aprobadas por el Pleno de las Cortes a propuesta de los diversos grupos; todas ellas han sido objeto de análisis y reflexión por los Departamentos interesados y se han recogido siempre que se ha estimado posible concretar actuaciones en aplicación de las mismas; en algunos casos, ello no ha sido posible, sin que eso suponga que no puedan ser tenidas en cuenta en futuras actuaciones.
1.2. Los sucesos que condensan las estadísticas demográficas son el reflejo de actuaciones personales y colectivas sumamente complejas. Interpretarlos requiere combinar disciplinas distintas, mantener una aproximación integradora y prescindir de los prejuicios; legislar sobre ellos exige, además, tener muy en cuenta las preferencias de los ciudadanos.
Ante esta complejidad, las iniciativas políticas en materia demográfica deben explicitar el diagnóstico de los problemas específicos que se van a afrontar, los objetivos a los que se pretende aproximarse y los principios que inspiran dichas normas y que dan pautas para tratar de resolver los múltiples dilemas alrededor de estos temas.
Por último, debe indicarse que este documento, al efectuar el diagnóstico de la situación, prescinde de reflejar de forma pormenorizada datos estadísticos sobre los distintos factores que afectan a la evolución demográfica aragonesa, por estimarlos suficientemente conocidos y accesibles a todos. En la propia Comunicación presentada a las Cortes en febrero, en el Informe sobre la Despoblación del Justicia de Aragón de mayo, y en muy diversos estudios y documentos recientes, como las publicaciones del Instituto Aragonés de Estadística y los informes anuales del Consejo Económico y Social, están reflejados datos suficientemente expresivos al respecto.
2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
2.1. DESPOBLACIÓN Y DESIGUALDAD TERRITORIAL EN ARAGÓN
Aragón, con una extensión de 47.720 km2 y una población en 1998 de 1.183.234 habitantes, tiene una de las densidades medias de población más bajas de Europa. En 1999, aquella era de 24,8 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 78,8 de España y los 116 de media de la Unión Europea, siendo la duodécima región europea con menor densidad de población.
Las zonas más afectadas por estas bajas densidades corresponden con las zonas de montaña, tanto en el norte como en el sur, y una franja de tierras áridas que se extiende entre Huesca, Zaragoza y Teruel.
Otra de las características sobresalientes de Aragón es el desequilibrio territorial. Éste viene caracterizado por la extrema concentración de la población y las actividades productivas en el área metropolitana de Zaragoza, mientras en el resto de Aragón, el nivel de ocupación humana del territorio y de actividad económica, oscilaría entre el bajo y el ínfimo.
Estas bajas densidades de población y el desequilibrio territorial son el fruto de un largo proceso histórico de despoblación que, arrancando a finales del siglo XIX, llega hasta nuestros días. Con datos de 1998 se comprueba como quince de las treinta y tres comarcas de Aragón tienen densidades de población por debajo de 10 habitantes por Km2 y la tendencia más reciente indica una profundización en la caída de la población. Las comarcas que muestran una tendencia regresiva más preocupante, en la última década, son las situadas en la provincia de Teruel y la franja formada por el Campo de Belchite-Ribera Baja del Ebro-Monegros, las cuales se caracterizan también por el alto grado de envejecimiento de su población. Dentro de estas zonas, la caída de la población ha afectado con mayor fuerza a los núcleos de menos tamaño, por lo que hay serias dudas sobre la supervivencia de muchos de ellos, que pueden pasar a engrosar la ya abultada nómina de pueblos deshabitados.
2.2. LAS CAUSAS DEL PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓN: EMIGRACIÓN Y CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO
La causa principal de la despoblación desde finales del siglo XIX ha sido la emigración. Desde mediados del siglo XIX, el proceso de industrialización tuvo distinta incidencia en las distintas zonas de España e incluso dentro de Aragón. Consecuencia de las muy diferentes oportunidades económicas existentes fue que se activara, sobre todo desde finales del siglo XIX, un movimiento migratorio que partiría de las zonas con más dificultades hacia aquellas que estaban experimentando un crecimiento más intenso. En el caso de Aragón, la corriente migratoria partió de las zonas rurales, y especialmente de las áreas de montaña, y se dirigió sobre todo a Barcelona. Otros núcleos dinámicos como la propia Zaragoza, Valencia, Madrid también tendieron a atraer contingentes apreciables de emigrantes aragoneses. La instalación en aquellas ciudades de estos últimos crearía potentes redes migratorias que consolidaron y reforzaron a Barcelona, Zaragoza y Valencia como los principales destinos de estos emigrantes.
La clave principal para entender el intenso proceso de despoblación sufrido por muchas comarcas aragonesas desde al menos principios de siglo, tiene que ver sobre todo con los muy abultados saldos migratorios negativos que afectaron a aquéllas. El elevado número de aragoneses que abandonaron sus lugares de origen no fue compensado por la elevada natalidad que todavía existió hasta décadas recientes, mientras caía la mortalidad. Sin embargo, desde mediados de los años setenta tiene lugar, no sólo en Aragón sino en el conjunto de España, una sustancial reducción de los flujos migratorios interiores.
En las últimas décadas, la naturaleza del problema ha cambiado o se ha complicado. En la actualidad, la emigración ha dejado de ser la principal causa de declive demográfico en la mayor parte de las comarcas que pierden población, siendo reemplazada por el crecimiento natural negativo. En casi todo Aragón es más grave, para su tendencia regresiva, éste que la salida de sus habitantes, aunque en un número apreciable de comarcas persisten también saldos migratorios negativos.
Este crecimiento natural negativo es el resultado de la acción de factores comunes con los países europeos desarrollados, pero también de algunas especificidades importantes, propias de zonas con un significativo pasado migratorio reciente. La causa es el alto nivel de envejecimiento de la población aragonesa, lo que hace que las tasas de mortalidad sean elevadas, y esto no es porque existan peores índices de salud, sino por el alto porcentaje de persones mayores de 65 años. Además, el número de nacimientos en relación con el total de la población también es muy bajo en la mayor parte de las comarcas aragonesas. Esto es debido, por una parte, a que Aragón, al igual que España, tienen tasas de fecundidad (número de niños nacidos por mujer en edad fértil) muy bajas, alcanzando cifras muy por debajo de lo que se considera el mínimo para asegurar el reemplazamiento de las generaciones; y, por otra, a que el número de mujeres en edad fértil, con respecto al total de la población, es pequeño, siendo éste más bajo en las comarcas y municipios con mayores problemas de despoblación.
Este alto grado de envejecimiento también plantea dudas sobre la posibilidad de que la actividad económica se mantenga en el nivel actual, ya que los índices de reemplazo de la población en edad activa son, además, preocupantes. Nos encontramos con comarcas o municipios que no van a ser capaces de asegurar el suministro de fuerza de trabajo necesario para las diversas actividades económicas.
La causa del envejecimiento de la población, tiene un componente común con los países de la Unión Europea, que es la prolongación de la vida de las personas y la reducción de las tasas de fecundidad. En Aragón, y sobre todo en las zonas más despobladas, el problema del envejecimiento tiene una causa adicional, que es la fuerte emigración que se ha experimentado durante casi toda la centuria.
2.3. PERSPECTIVAS FUTURAS
El futuro de las zonas actualmente despobladas tiene mucho que ver con sus posibilidades para ofrecer incentivos suficientes, económicos y no económicos, para evitar seguir perdiendo población, frenando las posibles salidas, y consiguiendo también atraer población con voluntad de establecerse en ellas.
A) Incentivos económicos:
El atractivo de estas zonas puede vincularse, al menos parcialmente, con su especialización económica, ya que de ella se deriva su capacidad para generar empleos y rentas para sus habitantes. En la actualidad, las comarcas con mayor nivel de despoblación, muestran una clara especialización económica agraria, lo que puede ser un potencial problema para el futuro, ya que el sector agrario tiene una capacidad muy limitada para generar puestos de trabajo.
La debilidad de las actividades industriales o de servicios en estas zonas es a la vez una parte de la explicación del proceso de despoblación y una hipoteca para el futuro, ya que, en las zonas despobladas, el principal problema que puede plantearse es que la instalación de determinadas industrias no sea viable por la inexistencia de un volumen de población activa suficiente.
El escaso atractivo que ofrecen estas zonas despobladas para la permanencia o la instalación de población está muy relacionado, por lo tanto, con el perfil poco variado de ocupaciones y con el hecho de que buena parte de ellas tienen muy poca capacidad para demandar empleo.
B) Incentivos sociales y de calidad de vida
La salida de población de las zonas actualmente más desertizadas demográficamente no sólo tuvo que ver con expectativas de ocupaciones mejores o rentas más elevadas, sino con la percepción de que los habitantes de las zonas urbanas tenían acceso a servicios de salud, sociales y de educación, difíciles de lograr en ciertas zonas rurales. En consecuencia, puede entenderse que la vida en núcleos pequeños y relativamente aislados impone en este sentido costes elevados para sus pobladores. La escasa dotación de este tipo de bienes públicos tiende a reforzar la pauta de despoblación. Por otra parte, las dificultades de formación o la salida de los núcleos de origen de personas para formarse determina una menor cualificación del capital humano de las zonas despobladas.
Por último los problemas de accesibilidad ocupan también un papel relevante en las dificultades de las zonas más despobladas. El carácter abrupto de buena parte de éstas y la baja inversión pública ha determinado que sus comunicaciones por carretera y ferrocarril sean generalmente deficientes, lo que no sólo desincentiva la instalación de empresas o negocios (que deben tener buenos accesos a los mercados), sino también la de población.
Para concluir este catálogo de problemas que condicionan o plantean dificultades presentes y futuras, desde el punto de vista demográfico en Aragón, sólo resta mencionar brevemente el obstáculo añadido que supone la distribución de la población aragonesa en un número muy elevado de municipios con pocos habitantes en buena parte de ellos.
Todos estos problemas dificultan la permanencia o la instalación de población en estas zonas con graves problemas de despoblación, por ello las políticas frente a ésta han de tener como objetivo la solución de estos problemas y, en definitiva, la mejora de la calidad de vida de estas zonas para que resulte atractiva la vida en ellas.
3. OBJETIVOS
A partir de los problemas demográficos que afectan a la sociedad aragonesa, su probable evolución futura, y lo que puede inducirse de las manifestaciones directas e indirectas de sus preferencias, este Plan pretende facilitar la consecución de los siguientes objetivos:
1. Que se avance en la corrección de los profundos desequilibrios territoriales y demográficos que experimenta Aragón, prestando especial atención a la revitalización demográfica de las comarcas con más graves problemas de despoblación.
2. Frenar la tendencia regresiva que la población aragonesa en su conjunto muestra en los últimos años, para lo que se arbitrarán medidas que favorezcan el mayor acercamiento posible entre los deseos de sus ciudadanos y las decisiones que toman, así como para lograr que Aragón se convierta en un foco de atracción de población procedente de otros territorios.
3. Que los ciudadanos puedan fijar sus domicilios donde lo deseen, no sujetos a restricciones originadas en carencias en servicios públicos básicos, escasez de viviendas o incomunicación.
4. Que los ciudadanos puedan compaginar su vida familiar y sus proyectos laborales y profesionales, de forma que tanto la legislación laboral como los servicios asistenciales tomen como referente el bienestar de los ciudadanos de acuerdo a sus preferencias.
5. Que los ciudadanos puedan alcanzar el número de hijos deseados y en el momento que lo estimen oportuno.
6. Que los ciudadanos procedentes de otros territorios, españoles o de otros estados, se integren laboral, social y culturalmente en nuestras ciudades y pueblos, disfrutando de iguales derechos y obligaciones que cualesquiera otros.
7. Que en cualquier territorio puedan localizarse actividades económicas y promoverse iniciativas emprendedoras, contribuyendo la administración aragonesa a subsanar los fallos del mercado que dificulten un desarrollo económico equilibrado y sostenible.
8. Que el patrimonio medioambiental sea conservado, incrementado incluso si fuera posible, y no se vea amenazado por actuaciones públicas ni privadas.
9. Que la riqueza cultural de los lugares y sus habitantes se desarrolle y no se vea amenazada por actuaciones públicas ni privadas.
10. Que las discriminaciones positivas que contrarresten desigualdades derivadas del género, situación económica y lugar de residencia sean transparentes y equitativas.
En suma, que la calidad de vida en cualquier lugar de Aragón, urbano o rural, sea adecuada para convivir en libertad y solidaridad todos sus ciudadanos, siendo capaz de atraer la localización de nuevos residentes.
4. PRINCIPIOS
Los principios de cualquier legislación parecen obvios desde que en el inicio de los Estados de Derecho se introdujera la tríada libertad, igualdad, fraternidad. En fechas recientes, la retórica al uso en los temas sociales ha reformulado la última como cohesión, social o territorial, según la materia de la que se trate.
Además de estos principios ideológicos compartidos por la cultura occidental, conforme los gobiernos han tenido que ser selectivos y jerarquizar las crecientes funciones interventoras asumidas durante la segunda mitad del siglo XX, tan numerosas como costosas para sus agendas públicas, el criterio de eficiencia resulta imprescindible para toda iniciativa política. Asimismo, los procesos de integración supranacionales y de descentralización sugieren la consideración conjunta de todas las intervenciones públicas para alcanzar su coherencia.
En el caso de este Plan, esto debe plasmarse en los siguientes principios que inspirarán la política demográfica del Gobierno de Aragón:
1. La libertad individual es un referente básico desde el que reflexionar sobre la conveniencia de las medidas, especialmente en temas como el demográfico en el que los incentivos y restricciones de las políticas que lo moldean influyen en la configuración de los proyectos vitales en sus planos más íntimos. Las prescripciones que tratan sobre el número de hijos, la residencia, la movilidad, la convivencia en el interior de la familia, tienen como única base el de su adecuación a las preferencias individuales, las cuales, evidentemente, incorporan argumentos colectivos. Quienes reflexionan sobre estos hechos e inspiran la legislación al respecto han de informar a los ciudadanos de los efectos de sus conductas y de las posibles alternativas, pero nunca sustituir ni dificultar sus elecciones por sus apreciaciones. Debe entenderse, por lo tanto, que todas las medidas a tomar tienen como principio fundamental la soberanía de la persona y el que los poderes públicos asuman una función de apoyo a ésta, para que pueda tomar sus decisiones con la máxima libertad de elección posible.
2. Los sucesos demográficos sobrepasan la esfera individual de aquellos que los protagonizan, y han de argumentarse también los principios de carácter más colectivo. En nuestro caso, la equidad ha de inspirar el trato discriminatorio favorable a quienes se encuentran en peor situación. Sin embargo, definir una circunstancia así, relativa según contextos, momentos históricos y lugares, resulta bastante difícil. En territorios tan desequilibrados como Aragón, las situaciones personales a promocionar no sólo vienen determinadas por una renta inferior, sino también por la dificultad en el acceso a ciertos bienes y servicios públicos que forman parte del núcleo del bienestar de nuestras sociedades. No obstante, esta búsqueda de la cohesión territorial y social puede suscitar contradicciones con la libertad individual, y por tanto han de proponerse soluciones de equilibrio cuando surjan los dilemas, abandonando fundamentalismos.
3. En cualquier caso, el principio de equidad inspirará las medidas que se proponen, lo que quiere decir que éstas en su caso se graduarán según criterios económicos de renta.
4. El principio de igualdad entre los sexos y no discriminación de las personas en razón de su origen, creencias o procedencia inspirará también las medidas a adoptar, lo que exige actuaciones específicas orientadas a este fin. Éstas no se limitarán a garantizar legalmente dicha igualdad y no discriminación, sino que, además, buscarán su realización efectiva a través de una adecuada integración de la mujer en el mercado laboral, sin discriminación salarial, y también una integración en este mismo, y en general en la sociedad aragonesa de los inmigrantes que decidan instalarse en la Comunidad Autónoma.
5. El reequilibrio demográfico y territorial y la lucha contra la despoblación pasa por igualar en lo posible la calidad de vida en las zonas con mayores problemas con respecto a las más dinámicas. Frenar la salida de población, incentivar la llegada de personas procedentes de otros territorios o asegurar la toma de decisiones por los individuos en un marco de máxima libertad exige equiparar las condiciones de vida. Para ello, el Gobierno de Aragón ofertará los bienes públicos necesarios para contribuir a hacer ello posible.
6. El fomento del empleo estable y de calidad se considera una pieza clave para que los individuos puedan tomar decisiones de largo plazo (como el número de hijos deseado) en un entorno con la menor incertidumbre posible.
7. Las ayudas indirectas y directas a la natalidad tendrán un carácter subsidiario con respecto a la provisión de bienes públicos y la mejora de derechos sociales, ya que se considera más eficaz y generalmente más equitativo el incidir preferentemente en la mejora de los servicios públicos para el objetivo de reequilibrio territorial.
8. La complejidad de los objetivos que se persiguen en este plan obliga y exige una cooperación eficaz con otras administraciones públicas para el desarrollo de la política demográfica.
9. La comarcalización es un elemento decisivo de cara a los objetivos que se persiguen en este plan, ya que en muchos casos es la única posibilidad real de lograr economías de escala en la provisión de bienes públicos. El desarrollo de políticas territorializadas es, por lo tanto, esencial para lograr los mejores resultados posibles.
10. La amplitud de las acciones políticas exige que, ante la escasez relativa de recursos, se proponga una gestión eficaz de los mismos. Es decir, que los recursos empleados sean coherentes para alcanzar los fines y se planteen teniendo en cuenta que existen otras necesidades públicas que atender de forma simultánea. Por tanto, una gestión eficiente implica reconocer las interdependencias de lo que se legisla con el resto de materias afectadas y las actuaciones de cada administración competente. De ahí que las actuaciones sobre demografía deban plantearse como un plan integral en cooperación con los distintos niveles de gobierno implicados.
5. MEDIDAS
5.1. MEDIDAS RELATIVAS A LAS FAMILIAS
Las decisiones en torno al número de hijos deseado se toman en el seno de la pareja teniendo en cuenta sus expectativas futuras en el medio y largo plazo, en la medida que implican importantes y trascendentales responsabilidades en la crianza y educación, así como también la necesidad de contar con recursos económicos suficientes. La precariedad o inestabilidad en el empleo, el paro, la dificultad de que ambos miembros de la pareja, si así lo desean, puedan integrarse en el mercado laboral o el acceso a una vivienda adecuada limitan, en ocasiones, las posibilidades de que deseos y realidades coincidan. Por ello, el Gobierno de Aragón se compromete a llevar a cabo las siguientes medidas para mejorar el nivel de vida de las familias, compensar, aunque sólo puede ser parcialmente, el incremento de costes que supone el tener familias numerosas, garantizar el acceso a viviendas dignas, promover la integración de la mujer en el mercado laboral, conciliar la vida familiar y laboral y facilitar aún más la educación de los hijos, con el objeto de que se encuentren en condiciones de tomar sus decisiones en cuanto al número de hijos deseado con el mayor grado de libertad posible.
Las distintas medidas a adoptar se clasifican en varios grupos.
5.1.1. Fiscales
Las medidas fiscales, en relación con la familia, que se proponen son las siguientes:
- Ayuda directa de 100.000 pesetas por cada nuevo nacimiento, a partir del tercer hijo, para lo que se establecerán las condiciones de niveles máximos de renta para poder ser beneficiario de dichas ayudas.
- En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001 se regulan una serie de medidas que tratan de aliviar los costes fiscales que en las adquisiciones mortis causa experimentan los familiares más directos de quien fallece. En ese sentido, se proponen las siguientes:
- Una reducción de 5 millones de pesetas en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de las adquisiciones mortis causa para los hijos del causante menores de edad, adicional a la ya contemplada en su articulado.
- Reducción del 95 por ciento sobre el valor neto que, incluido en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, correspondiente a cualquier derecho sobre una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades adquirido mortis causa por parte del cónyuge o descendientes de quien fallece. Cuando no existan descendientes, la reducción podrá ser aplicada por ascendientes y colaterales hasta el tercer grado.
- La vivienda y demás bienes a los que se refiere el apartado 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en caso de adquisición mortis causa, les serán aplicables las reducciones en los términos previstos en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, la reducción correspondiente a la vivienda habitual será del 99 por ciento en el caso de que se adquiera por hijos del causante menores de edad.
Para acogerse a estas reducciones se tendrán en cuenta las condiciones generales así como las contenidas en la citada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
- En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2001, cuando una familia numerosa adquiera una vivienda de mayor tamaño que vaya a constituir su residencia habitual, se regulan los siguientes puntos:
- En la adquisición de aquellos inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo reducido del 2 por ciento.
- En las primeras copias de escrituras que documenten transmisiones de bienes inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base imponible el tipo reducido del 0,1 por ciento, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
En ambos casos deberán cumplirse los requisitos de venta de la vivienda anterior, renta, plazos, superficie de la nueva vivienda y consideración de familia numerosa aludidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
5.1.2.Vivienda
La vivienda es una pieza básica e insustituible en la configuración de las familias y en su localización. Su calidad, precio y entorno determinan gran parte de los flujos migratorios de corto alcance entre núcleos de población (desde pequeñas localidades con oferta escasa a cabeceras de comarca y capitales de provincia con mayor diversidad y disponibilidad; también se da el movimiento inverso desde las zonas urbanas a las «periurbanas» que no experimentan problemas de congestión, intercambiando, en este caso, mayor tiempo en traslados por mayor espacio y calidad para la vivienda).
Aunque las medidas tendentes a promover ayudas a la adquisición, utilización y mejora de viviendas adecuadas a las distintas circunstancias de las familias están recogidas en el vigente Plan Cuatrienal 1998-2001 de medidas de financiación en materia de vivienda y suelo, en el próximo convenio se ampliarán y mejorarán. En esta línea se pretenden activar las siguientes medidas:
- Respecto a la mejora de viviendas, se abrirá a medio plazo una nueva convocatoria para una línea de ayudas que permiten resolver lesiones estructurales con las siguientes prioridades:
1) Lesiones estructurales en vivienda en el medio rural (cualquier núcleo salvo las capitales de provincia). Serán ayudas económicas (subvenciones) para viviendas que constituyan la primera residencia, para usuarios con ingresos menores de 2,5 millones. Su finalidad sería tanto la eliminación de barreras arquitectónicas como la resolución de problemas directamente ligados con las patologías estructurales del edificio.
2) Supresión de barreras arquitectónicas en edificios del medio urbano.
(El presupuesto para las ayudas de los apartados 1) y 2) es de 2000 millones y la subvención prevista es de 40% o 60% del total de la inversión, con límite de 1.500.000 por vivienda. Ejercicios en los que se pretende ejecutar son 2001, 2002, 2003.)
- Línea de ayudas para pequeñas obras que permitan la adecuación arquitectónica de la vivienda habitual a las personas mayores en situación de dependencia, de forma que mejoren la funcionalidad de la misma (instalación de baños geriátricos, ascensores y obras menores similares).
- Estudio de las necesidades de vivienda en cada comarca y establecimiento de un plan de viviendas de promoción oficial territorializado, aunque la complejidad de su elaboración y el importante número de comarcas sobre las que han de obtenerse datos hacen que los resultados prácticos del estudio tardarán en aplicarse a la política de viviendas del ISVA.
- El ISVA, con el objeto de conseguir la promoción pública de la vivienda, continuará y prolongará las acciones actualmente en marcha para facilitar suelo a cooperativas y a promotores con el fin de promover viviendas protegidas.
- Asimismo, el ISVA incluirá en el próximo plan cuatrienal acciones para asegurar las ayudas a parejas jóvenes (menores de 35), en función de su renta, para el acceso a la vivienda, tanto en el caso de viviendas de protección oficial de régimen especial como en viviendas protegidas de Aragón, y con especial atención a la promoción en régimen de alquiler.
5.1.3. Promoción de la mujer
La estabilidad laboral de los jóvenes, y especialmente de las mujeres, es uno de los factores que inciden más contundentemente en las decisiones que las parejas toman en torno al número de hijos que deciden tener, pudiéndose dar el caso de que éste sea inferior al deseado, ya que las condiciones laborales y sociales no son las más adecuadas. Con el conjunto de medidas que se exponen a continuación se pretende facilitar un mejor y más completo acceso de las mujeres al mercado de trabajo, el fomento de la iniciativa emprendedora y el logro de la conciliación de la vida familiar y laboral. Las medidas a adoptar son las siguientes:
A) Con el objeto de incrementar la tasa de actividad femenina:
- Se ofrecerán cursos de Formación e Inserción Ocupacional para mujeres, incrementando su impartición en el medio rural y prestando especial atención a las mujeres inmigrantes. Se diferenciará entre mujeres con estudios y titulación y mujeres sin estudios. Esta medida se llevará a cabo por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, colaborando el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) facilitando información y necesidades detectadas en sus asesorías empresarial y laboral.
- Se ofrecerán cursos de formación ajustados a las necesidades que se detectan por empresas para la contratación de mano de obra femenina, ofreciendo formación específica para la inserción y contratación laboral de mujeres.
- Se crearán guarderías o centros educativos para niños de 0-3 años en cada comarca de Aragón, con el objeto de facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y a la formación, teniendo en cuenta la flexibilidad del tiempo de trabajo de las personas trabajadoras, así como los horarios de verano.
- Se promoverá la apertura de los centros docentes en períodos extraescolares (verano, vacaciones, etc.) para desarrollar actividades complementarias a las educativas.
- Se incrementará la creación y apertura de servicios de proximidad: centros de día y ayudas a domicilio a las personas mayores.
- Se facilitarán subvenciones a las empresas para la creación de guarderías en las propias empresas y para adaptar infraestructuras para la contratación femenina (vestuarios, baños, etc.)
B) Con el objeto de fomentar la iniciativa emprendedora de las mujeres:
- Se ofrecerá cursos de formación al autoempleo en ámbitos de demanda creciente: nuevos yacimientos de empleo, servicios de ayuda a domicilio, producción agroalimentaria, gestión y protección medioambiental, gestión del turismo rural, servicios culturales y de ocio, nuevas tecnologías-Internet, etc. Estos cursos estarán destinados principalmente al área rural y, dentro de ellos, a las cabeceras de comarca.
- Se apoyará la creación de empresas por mujeres:
- Incrementando las ayudas para la creación de cooperativas, sociedades laborales y sociedades civiles, incentivando la creación de empleo.
- Facilitando la gestión administrativa en la apertura de empresas a través de la creación de una ventanilla única.
- Diseñando una red de avales para proyectos empresariales viables en el que la garantía sea el propio proyecto y no el patrimonio de la emprendedora/empresaria.
- El Instituto Aragonés de la Mujer subvencionará a asociaciones de mujeres empresarias para la organización de jornadas y ferias y distintos foros de intercambio de experiencias. (El presupuesto es de 2 millones de pesetas anuales.)
- Se incrementará y potenciará la Asesoría Empresarial del IAM, en coordinación con el programa «emprender en Aragón» del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), creando una red de mujeres emprendedoras. (Programa inf@empresarias.) La asistencia de la asesoría empresarial del IAM se intensificará en el medio rural, acorde con las demandas que se suscitan por las mujeres en ese ámbito. (El presupuesto es anual entre 5 y 5,5 millones de pesetas.)
- Creación de una Red comarcal de Formación e Inserción laboral para las mujeres y favorecer la cultura emprendedora a través de agencias de desarrollo local u otros servicios que propicien o impulsen iniciativas y proyectos empresariales que surgen en el medio rural, apoyándoles, facilitándole trámites burocráticos, a medida que se vayan creando las comarcas en Aragón.
C) Con objeto de conciliar la vida familiar:
- Se realizará una campaña de sensibilización sobre la conciliación de la vida familiar, personal y laboral por el IAM con el objeto de sensibilizar a la sociedad aragonesa sobre la necesidad de promover un cambio de actitud en todos los ámbitos sobre los estereotipos sexistas en cuanto al papel que desempeñan hombres y mujeres; avanzar en la armonización de las responsabilidades laborales y familiares en las parejas; facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral en igualdad de oportunidades; revalorizar el trabajo desarrollado en el ámbito familiar, su repercusión social y económica. La conciliación es una acción prevista dentro del Programa Operativo para el período 2000-2006, objetivo 3, del Fondo Social Europeo, eje 6 «mejora de la participación de la mujer en el mercado de trabajo». El IAM continuará su difusión periódica para que cale en la sociedad aragonesa dicha campaña y su mensaje. (El presupuesto anual en el primer año es entre 5 y 5,5 millones de pesetas.)
- Campaña de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres. (El presupuesto es de 5 millones de pesetas para el primer año.)
- Jornadas sobre violencia de género con el objeto de sensibilizar a la sociedad aragonesa y en particular a profesionales, ámbito educativo, etc., de la violencia contra las mujeres y su conocimiento en orden a su tratamiento para una prevención y erradicación dirigidas a:
- Profesorado y alumnado, trabajar en el ámbito educativo por una educación igualitaria entre sexos y sin violencia.
- Profesionales-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Agentes judiciales, trabajadoras/es sociales, etc.
- Sociedad en general.
- Se acreditará a empresas y organizaciones como «Entidades Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en reconocimiento a la realización de acciones en el ámbito interno de la empresa dirigidas a impulsar la igualdad entre hombres y mujeres». No sólo consiste en una acreditación, sino en consolidar la igualdad de oportunidades en el seno de cada empresa a través de medidas de acción positiva como planes de formación, promoción, excedencias, etc. (Presupuesto anual entre 4 y 5 millones de pesetas.)
- Proyecto Europeo Equal: realización de proyectos europeos en el medio rural para la inserción de las mujeres en el mercado laboral de cara a la creación de empleo y asentamiento de la mujer. (La convocatoria de presentación de proyectos saldrá en marzo de 2001 y, en el caso de que se aprueben proyectos Equal, comenzarán posteriormente.)
5.1.4. Familias desfavorecidas
Con el objeto de mejorar la situación de las familias desfavorecidas se realizarán las siguientes acciones:
- Se incrementarán los convenios con corporaciones locales para la atención de núcleos familiares desfavorecidos o en situación de riesgo. (El presupuesto es de 48 millones de pesetas.)
- Existencia de una dotación necesaria para atender a familias con menores en situación crítica (24 millones de pesetas).
- Se incrementará la dotación mínima necesaria para atender la demanda de partos múltiples (6 millones de pesetas).
- Se incrementará el importe y el número de beneficiarios de las prestaciones económicas en materia de Acción social, así como se actualizarán las ayudas de integración familiar (50 millones de pesetas).
- Se promoverán actuaciones conducentes a simplificar al máximo las actuaciones administrativas e institucionales necesarias para facilitar la adopción de niños y niñas de fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
5.1.5. Personas mayores
El acceso a los servicios destinados a las personas mayores es primordial para garantizar tanto una adecuada calidad de vida de éstas como su permanencia y la de sus familias, si así lo desean, en el medio rural. En esta línea y prosiguiendo con el proceso de comarcalización de los servicios públicos, al objeto de completar la red de equipamientos esenciales en todo el territorio, se pretende impulsar y desarrollar una Red de servicios sociosanitarios para personas mayores que pasan largas temporadas en sus lugares de origen. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
- Realización de las siguientes inversiones en centros para personas mayores (presupuesto de 1.070 millones de pesetas):
a) Transformación de plazas para válidos en plazas para dependientes en las residencias de Albarracín, Utrillas, Fonz y Romareda (Zaragoza).
b) Reforma y reposición de equipamiento en Centros de día y Residencias.
c) Reforma de la Residencia Sagrada Familia (Huesca) – 3.ª fase.
d) Reforma de la Residencia Hogar Doz de Tarazona.
e) Reforma del Hospital Psiquiátrico de Calatayud.
f) Construcción de nuevos Centros de día para personas mayores dependientes (cofinanciada por el Fondo Social Europeo).
- Se incrementará la dotación de personal para los centros citados en el apartado a) anterior (el presupuesto es de 174,3 millones de pesetas).
- Se actualizarán los conciertos de reserva y ocupación de plazas para personas mayores y personas con discapacidad (310 millones de pesetas).
- Gestión de los nuevos centros de día en Calatayud, Fraga y San José (Zaragoza) (40 millones de pesetas).
- Se actualizarán los convenios de colaboración para el funcionamiento de los centros citados (30 millones de pesetas).
- Se implantarán servicios sociales de base en tres comarcas (90 millones de pesetas).
- Se ampliará el servicio de ayuda a domicilio en los servicios sociales de base. (240 millones de pesetas).
5.1.6. Apoyo a la infancia
En el futuro Plan Integral del Menor y en relación con la adopción internacional de niños, se incluirán las acciones necesarias para agilizar los trámites burocráticos, conceder ayudas económicas que aminoren los elevados costes en los que se incurren (viajes, tasa, etc.) y flexibilizar los requisitos a cumplir en su integración en los centros educativos correspondientes.
5.1.7. Educación
La estabilidad, fijación y eventual incremento de la población en el medio rural exige unos servicios educativos adecuados, de calidad y lo más próximos posibles. Es por ello imprescindible que el sistema educativo aragonés contribuya al objetivo reiterado en este plan de reequilibrio territorial, facilitando la educación a todos los niveles y para todo tipo de familias. Además, las familias con menores recursos afrontan gastos cuantiosos derivados de la inserción de sus menores en el sistema educativo. Por ello, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
A) Referidas a la gratuidad de los libros de texto:
- En el curso 2000-2001 se establecen ayudas de hasta 12.000 ptas. por alumno en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial y de hasta 20.000 ptas. por alumno de Educación Secundaria Obligatoria y programas de Garantía Social. Esta medida se inicia en el curso 2000-01 con ayudas dirigidas a los alumnos usuarios del transporte escolar, casi todos en el medio rural, y a alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de situaciones sociales desfavorecidas, discapacidades personales o sobredotación. En cursos sucesivos se ampliará hasta alcanzar la gratuidad para todos los alumnos en esta legislatura. En la ampliación se tendrá en cuenta el caso de las familias numerosas. (Se destinan 154,5 millones de pesetas.)
B) Referidas a comedores escolares:
- Se amplía la oferta de comedor escolar a alumnos de Educación Secundaria desplazados bien con la instalación de comedores en Institutos de Secundaria, si lo solicita la comunidad educativa, bien autorizando la utilización del comedor del colegio público de la misma localidad. (El presupuesto total es de 60 millones, a esta cifra hay que añadir las becas o ayudas para alumnos de clases desfavorecidas, que se otorgan a través de convenios con otros Ayuntamientos como el de Zaragoza -30 millones de pesetas- y el de Teruel -2 millones de pesetas-.)
C) Referidas a transporte escolar:
- A lo largo de esta legislatura el transporte será gratuito para todos los alumnos que deban desplazarse de su localidad para cursar cualquiera de las enseñanzas no universitarias. (El presupuesto es de 1200 millones de pesetas y se van a destinar 25 millones más para ayudas al transporte en enseñanzas postobligatorias en el medio rural.)
D) Referidas al mapa escolar:
- Durante el curso 2000-2001 se elaborará el documento del mapa escolar, en el que se contemplarán todas las redes de centros y de servicios educativos, tanto los directamente dependientes de la Administración Autonómica como los de otras administraciones e instituciones públicas y privadas. (10 millones de pesetas.)
E) Referidas a la permanencia del profesorado en el medio rural:
- En el curso 2000-2001 y para que puedan surtir efectos en el próximo concurso de traslados, se establecerán incentivos profesionales adicionales (mayor puntuación acumulable, proyectos de equipos docentes, etc.) dirigidos a los profesores que permanezcan durante varios cursos en sus centros de destino en el medio rural. Los maestros con destino en los Colegios Rurales Agrupados (CRA) y en los Centros Rurales de Innovación Educativa (CRIE) ya vienen percibiendo un complemento especial por esa circunstancia y los maestros que realizan desplazamientos reciben compensación económica por ello. (Los maestros destinados en CRA ya tienen un complemento especial de 9.592 ptas/mes.)
F) Referidos a ciclos formativos de formación profesional en comarcas:
- En el curso 2000-2001 se implantan nuevos ciclos formativos en Ateca (Servicio de Restaurante y bar), Calatayud (Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria), Zaragoza (varios), Huesca (varios), Monzón (Química), Teruel (varios) y Utrillas. También se implantan nuevos programas de Garantía Social en Cariñena (Operario viticultor y elaboración de vinos), Caspe (Instalaciones eléctricas), Illueca, La Almunia (Auxiliar a domicilio), Tauste, Utebo (Ayudante reparación de vehículos), Zaragoza (varios), Sariñena (Auxiliar dependiente de comercio) y Teruel (Auxiliar residencias asistidas). Esta programación demuestra claramente la voluntad de adaptar los nuevos estudios profesionales al entorno particular de cada comarca. (Las previsiones presupuestarias para los ciclos formativos que entran en funcionamiento este curso superan los 250 millones de pesetas.)
G) Referidas a formación profesional a distancia:
- El curso 2000-2001 se implantan dos ciclos formativos de FP a distancia, uno de Grado Medio sobre «Gestión administrativa» y otro de Grado superior sobre «Educador Infantil». El curso próximo se ampliará la oferta de ciclos, estando previstos en principio uno de Gestión Comercial y Marketing (G. Superior) y otro de Acabados de Construcción (G. Medio).
H) Referidas a horarios vespertinos y nocturnos:
- Ampliación de la oferta de estudios vespertinos y nocturnos a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas (OEI), con la apertura de nuevas Extensiones de OEI (Fraga, Barbastro, Monreal del Campo, Caspe) y que se ampliará en cursos sucesivos hasta conseguir instalar una OEI o una Extensión en todas las cabeceras de comarca. Además, existe una amplia oferta de estudios vespertinos y nocturnos de enseñanzas postobligatorias (FP, Bachilleratos) en el medio urbano y está previsto implantar estos estudios en algunas supracabeceras comarcales. (El presupuesto es de 25 a 30 millones de pesetas por extensión.)
I) Referidas a la gratuidad de 0-3 años:
- A partir del curso 2000-2001 se establecerá un Plan de actuación que contemple la Educación Infantil (0-6) como una única etapa, aunque diferenciada en dos ciclos, y conexionada con la Educación Primaria. Este Plan pasa por la redefinición de la red pública de Escuelas Infantiles (todavía Guarderías en muchos casos) dependientes del propio Gobierno Autónomo, de algunas corporaciones locales y de otras instituciones públicas. Todos estos centros (Escuelas Infantiles) atenderán únicamente el primer ciclo de E. Infantil (0-3 años) y se adscribirán a un colegio público, centro donde se impartirá el segundo ciclo de esa etapa. En ese Plan se contempla la actual red de Guarderías de la DGA (los cuatro centros de Zaragoza capital y los de Ejea, Calatayud, Gallur, Huesca, Barbastro, Monzón y Alcañiz), algunas de las cuales amplían este curso su número de plazas debido a la demanda existente, y las actuales Guarderías o Escuelas Infantiles dependientes de Ayuntamientos. Unas y otras formarán una única red pública que será atendida desde el presupuesto de la DGA, de forma directa y como se viene haciendo hasta ahora con las suyas propias, y a través de convenios las Escuelas Infantiles municipales. Con este Plan, que entrará en funcionamiento el curso 2001-2002, se logrará que en esta legislatura al menos todas las cabeceras de comarca cuenten con una Escuela Infantil incluida en la red pública y que los niños menores de tres años del resto de municipios aragoneses sean atendidos con fórmulas similares a las en otro tiempo conocido como «Preescolar en casa» y con especialistas de atención temprana en el caso de que presenten discapacidades de cualquier tipo. (Para los convenios con Ayuntamientos para Escuelas Infantiles municipales se destinan 190 millones en el Presupuesto del Departamento de Educación y Ciencia para el ejercicio 2001, partida que se ampliará en ejercicios siguientes.)
J) Referidas a coeducación:
- En cuanto a la coeducación, en el curso 2000-2001 se publicarán materiales específicos para el desarrollo de una materia transversal sobre «Igualdad entre sexos» que puntúa en todo el currículo y en todas las etapas educativas, adaptando alguna de las publicaciones que hace unos años editó el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) a la realidad aragonesa y a la situación social actual, donde la inmigración tiene una importancia creciente. También se realizarán cursos de formación dirigidos al profesorado a través de los Centros de Profesores y Recursos para la mejora de sus propias actitudes y la elaboración de materiales específicos para sus centros. (Edición de materiales, dirección del programa, etc: 13 millones de pesetas.)
5.2. MEDIDAS RELATIVAS A LA INMIGRACIÓN
En la definición de objetivos de este Plan se ha señalado que la inmigración puede realizar un aporte significativo para la revitalización demográfica y el reequilibrio territorial así como contribuir a superar una serie de carencias del mercado laboral que pueden estrangular la viabilidad de ciertas actividades y comarcas. Pero, además, la inmigración incorpora elementos de tipo personal y sociológico, de mentalización individual y colectiva para quienes llegan y para quienes los acogen, que es preciso considerar junto con los anteriores.
Ante esta complejidad, el Plan integral de política demográfica propone afrontar la inmigración desde una perspectiva abierta, que integre de forma coherente la evaluación de las necesidades de mano de obra y de regeneración demográfica con el desarrollo de medidas que favorezcan su integración laboral y social, su enraizamiento en el territorio aragonés y el logro de unas condiciones de vida dignas, en tanto ciudadanos que disfrutan de los mismo derechos que cualesquiera otros.
También pretende evolucionar en la concepción de las políticas inmigratorias, promoviendo una estrategia activa con medidas anticipadoras y con la que se supere la mera visión administrativa y de orden público, que en ocasiones se difunde como atribución primordial, inevitablemente, de los gobiernos.
Y se insta, junto a otras políticas que en la actualidad son competencia del gobierno nacional, a que las políticas de inmigración se descentralicen al máximo en su gestión y ejecución, no sólo hacia las Comunidades Autónomas, sino también hacia los Ayuntamientos, dado que las necesidades de mano de obra y las vías de integración social son particulares en cada ámbito y merecen ser territorializadas para ganar en efectividad.
Todos estos fines serán objeto de atención específica por el gobierno aragonés mediante el planteamiento de un conjunto de medidas específicas de carácter plural en un plan de atención al inmigrante que aborde el fenómeno de la inmigración como un reto social, cultural, económico y demográfico. Al efecto de una mejor planificación de ese tratamiento específico, se creará un órgano colegiado o foro de debate con representación de los distintos interlocutores sociales implicados.
Dentro de este Plan se avanzan las siguientes medidas:
A) Acción social:
- Subvenciones a asociaciones, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de mujeres que trabajen con mujeres inmigrantes con el objetivo de realizar acciones de formación para su inserción.
- Estudio continuo de las necesidades de las personas inmigrantes para su integración social y laboral en condiciones de igualdad. La inmigración es un reto político, económico y social dinámico que exige un análisis permanente con un horizonte temporal amplio. Se pondrá especial atención en los Planes Temporeros a la situación de las mujeres y niños/as durante su estancia, con programación y actividades para los mismos.
- Plan de integración social de inmigrantes y prestaciones básicas de servicios sociales en Caspe, Fraga y Monzón. (El presupuesto es de 11,3 millones de pesetas.)
- Plan de integración social de inmigrantes y mantenimiento de centros de acogida a inmigrantes en Zaragoza , Huesca y Teruel (con repercusión regional) y servicios de ONG. (El presupuesto es de 48,7 millones de pesetas.)
- Refuerzo técnico de los servicios sociales de base para la acción social. (El presupuesto es de 14,5 millones de pesetas.)
- Creación de un grupo de trabajo integrado por profesionales sociosanitarios. (El presupuesto es de 2,5 millones de pesetas.)
B) Educación:
- Apertura de «aulas de inmersión» para acoger a los inmigrantes que llegan a nuestra Comunidad sin conocer nuestro idioma. Están previstas tres aulas en la ciudad de Zaragoza, pero se ampliarán en esta ciudad o en algunas comarcas con fuerte afluencia de inmigrantes temporeros, en función de las necesidades que se detecten.
- Se incrementará, comenzando en el curso 2000-2001, el número de profesores de educación compensatoria, muchos de los cuales atienden a grupos formados fundamentalmente por alumnos de familias inmigrantes.
- En el curso 2000-2001 comenzará la experimentación de un Plan de educación para la Convivencia en ocho centros públicos. Este Plan va dirigido a toda la comunidad educativa, pero tiene una incidencia especial respecto al alumnado inmigrante, ya que se trata de facilitar su integración escolar y social desde el respeto hacia sus valores. Este Plan contempla, entre sus muchas acciones, campañas de sensibilización ciudadana hacia el respeto a la diferencia. (El presupuesto para el Plan de Convivencia es de 15 millones de pesetas.)
- Se aprobará un Decreto que regule la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, entre los que se encuentran aquellos cuyas necesidades especiales se derivan de su desfavorecida situación social, como es el caso de la mayor parte de los inmigrantes.
- Campaña de sensibilización sobre la convivencia y el respeto en igualdad para facilitar la integración de inmigrantes, con lo que se prosigue en una campaña ya iniciada en el presente año con una dotación de 8 millones.
- Campaña de promoción y educación para la salud a inmigrantes, dada la distinta concepción de atención sanitaria con la que llegan y para que puedan hacer uso de sus derechos en la prestación de este servicio básico. Se dedican a ello 10 millones.
- Elaboración de un estudio que analice las demandas de los temporeros y las necesidades para su alojamiento, labor de documentación que supone un coste de 3 millones de pesetas.
5.3. Medidas relativas al fomento del reequilibrio territorial
Además de las motivaciones más personales que suelen determinarse en el ámbito familiar, un amplio y variado conjunto de circunstancias originadas en el entorno social y en las respectivas económicas influyen en las conductas demográficas de los ciudadanos. Las personas toman sus decisiones sobre dónde residir, cuándo formar una familia y de qué tamaño, en función de dónde surgen las mejores oportunidades laborales y de negocio, la facilidad de disfrutar de una gama amplia de bienes y servicios tanto privados como públicos, así como de la posibilidad de disfrutar de unas «amenidades» culturales y naturales de calidad, por lo que, de acuerdo con la filosofía de un plan integral, es conveniente incorporar esta variada casuística de raíz más global para que enriquezca lo que tradicionalmente venía siendo definido como política demográfica en sentido estricto, limitada según dicho enfoque a los apoyos inmediatos e incentivos directos de tipo presupuestario a la familia.
Esta visión restrictiva de la política demográfica ha sido superada por distintos estudios e investigaciones que han profundizado en las estadísticas españolas y occidentales para concluir que las variables de tipo macro y con un componente económico relevante -vivienda y mercado de trabajo entre las más decisivas- son determinantes de la tasa de natalidad y de la localización rural o urbana de empresas y de ciudadanos. Es, por tanto, necesario efectuar algún tipo de planteamiento global en el que las cuestiones relativas a la eficiencia y el desarrollo sean tenidas como argumentos centrales.
En consecuencia, las políticas de promoción económica tienen un efecto demográfico indiscutible, moldean en gran medida las conductas de las personas, además de influir en la configuración de una concreta ordenación territorial. Por supuesto, en este resultado poblacional y geográfico también interviene la oferta de ciertos servicios fundamentales en el bienestar de los ciudadanos -sanidad, educación, asistencia social, infraestructuras viarias y de telecomunicación- sobre los cuales las autoridades políticas, en tanto garantes de una provisión adecuada de los mismos, desarrollan un papel fundamental. Por ello, todas las revisiones en la gestión del Estado del Bienestar merecen ser interpretadas a la luz de los posibles efectos en las conductas. Atendiendo a todo esto, de forma complementaria e interrelacionada en muchos asuntos con las partes relativas a familia e inmigración, se proponen las siguientes medidas.
5.3.1. Política Territorial
El desequilibrio territorial de Aragón, inevitable en un vasto territorio con tantos contrastes en su estructura física -en clima, recursos hídricos, rendimientos potenciales de sus suelos-, ha sido acentuado durante las décadas de intenso crecimiento de la economía española durante el tercer cuarto de siglo, donde la carencia de una política regional ha desencadenado una desertización de las zonas de montaña, con una dinámica poblacional muy regresiva. Frente a ello, la política autonómica propia al respecto sólo se ha iniciado conforme se consolidaban las instituciones y las competencias autonómicas correspondientes, en la década de los noventa, cuando surge una legislación sobre el territorio que merece ser incorporada de manera activa a cualquier reflexión sobre la demografía. De esta manera, se desenvuelven las siguientes líneas de actuación:
1. Cumplir las Directrices Generales de Ordenación del Territorio, de acuerdo con la Ley 7/1998, y tener en cuenta la Ley de Ordenación del Territorio, Ley 11/1992, de manera que exista un referente explícito en la planificación territorial de la Comunidad Autónoma. Una norma de estas características aporta cierta coherencia en la medida que señala cómo territorializar los servicios públicos y completar ciertas dotaciones de infraestructuras, en función de los rangos atribuidos a ciertas localidades según un Sistema de Ciudades en los que se organiza Aragón: Capital de Aragón, Capitales de Provincia, Cabeceras Supracomarcales y resto de municipios integrados en Comarcas. Dicha reflexión política debe de estar presente en todas las políticas relativas a la organización geográfica de los bienes públicos que provee la Administración, tanto en su dimensión económica tendente a aumentar la eficacia y competitividad de nuestras empresas como en la vertiente del bienestar social de sus ciudadanos.
En esa línea, se promoverá la elaboración de las Directrices Parciales Sectoriales, para lo que se llevará a cabo la elaboración de estudios rigurosos previos que puedan anticipar una base para el debate y la discusión política.
2. Fortalecimiento de las Haciendas locales.
Los municipios en especial, como entidades locales básicas, tienen una incidencia decisiva en la prestación de servicios necesarios para la calidad de vida en todo el territorio aragonés y asumen y fomentan actuaciones e iniciativas locales de desarrollo y empleo, con conocimiento directo de sus potencialidades específicas, para mantener y atraer población.
Por ello, se considera necesario, como medida de equilibrio territorial, fortalecer sus haciendas y, en esta línea, se plantea duplicar en el presupuesto de 2001 la dotación del Fondo de Cooperación municipal, incrementándolo hasta 4.000 millones de pesetas. Ello mejorará la posibilidad de todos los municipios -puesto que la distribución del Fondo se ajusta a criterios legales objetivos- para asumir mayores gastos corrientes y ampliar su capacidad de endeudamiento para financiar sus necesidades prioritarias.
3. Apoyo al proceso de Comarcalización. (Ley 10/1993, de Comarcalización de Aragón, y Ley 8/1996, de Delimitación Comarcal de Aragón.)
En un territorio como el aragonés, la dispersión de su población, el envejecimiento de la misma y la reducida entidad de gran parte de sus municipios suponen un coste adicional sobre los parámetros habituales en la prestación de ciertos servicios. Intentar que los costes fijos no sean excesivos y tratar de lograr ciertas economías de escala sólo puede plantearse desde una comarcalización, que descentralice ciertas funciones desde las capitales de provincia aproximando a los ciudadanos esa oferta, pero gestionando mancomunadamente un amplio conjunto de prestaciones que municipios de reducida entidad no tienen capacidad ni de gestión ni financiera.
La implantación de este nivel administrativo de nueva planta, por otra parte, al corresponderse con el área de influencia funcional que justifica una serie de relaciones sociales cotidianas entre diversos municipios, economizará los costes de desplazamiento, creará sinergias entre sus organizaciones económicas y cívicas, e incrementará la motivación de los ciudadanos para hacer uso de sus derechos y servicios de forma compartida.
En este sentido, se pretende mantener y profundizar la política emprendida durante el primer año de la presente legislatura de apoyo al proceso de comarcalización, que se ha traducido ya en la puesta en marcha del trámite legal de creación de seis comarcas (Aranda, Tarazona y el Moncayo, Comunidad de Calatayud, Alto Gállego, Cinca Medio y Andorra), y en la superación en otras diecinueve delimitaciones comarcales del porcentaje de acuerdos exigidos para promover la iniciativa de creación de las comarcas respectivas. Por otro lado, la dotación del Programa de Política Territorial, que se pretende incrementar en el Presupuesto de 2001, va a permitir continuar la promoción de obras y servicios de carácter supramunicipal a través de convenios con los entes locales interesados.
4. Acercamiento de la actuación administrativa al territorio con las siguientes medidas:
4.1. Desconcentración en los servicios provinciales y potenciación de los mismos.
4.2. Incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión administrativa, para lo cual existe una dotación para el próximo ejercicio de 200 millones de pesetas, y se espera que a través de la RACI se encuentre generalizada el 30-6-2002.
4.3. Completar la Red de Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón, con una asignación financiera para el 2001 de 200 millones, que se espera pueda estar culminada a finales del 2002. Dicha Red contribuye a potenciar, al realzar su rango administrativo, el papel de las cabeceras supracomarcales como elementos vertebradores del territorio.
4.4. Entre otros servicios a descentralizar, que, además, generen una cierta infraestructura y un cierto hábito en el empleo de las nuevas tecnologías para reducir los costes de la distancia, se promociona la extensión del servicio de videoconferencia desde las Oficinas Delegadas del Gobierno, medida a la cual se dota de una disponibilidad inmediata de 35 millones en el próximo presupuesto.
4.5. Se desarrolla y amplia el Plan de Transporte Sanitario y de Emergencias, con la entrada en servicio de un helicóptero UVI-móvil, que permite una atención sanitaria inmediata de las localidades más aisladas, a través de la coordinación que efectúa el Centro SOS Aragón-112. A partir del presente año se dedican 130 millones por ejercicio presupuestario.
5. Fomentar la implantación de infraestructuras para la información y promocionar un uso creciente.
5.1 Generalización y mejora de las redes de comunicación institucionales: a través de la RACI (Red Aragonesa de Comunicaciones Interinstitucionales). Actualmente tiene una cobertura de casi un millón de ciudadanos aragoneses, si bien quedan bastantes municipios, los menores y periféricos, por integrar en dicha red. También ciertas instituciones públicas y corporativas forman parte de ella. Para ampliar su cobertura hasta el 85% de la población a finales del 2002 se destinan 125 millones en el próximo presupuesto. El reto pendiente es el de alcanzar aquellas entidades locales más aisladas en las que puede desempeñar un papel integrador más relevante.
5.2. Acceso a las Administraciones Públicas a través de terminales móviles (WAP), para lo que existe una asignación presupuestaria en el actual ejercicio de 2 millones, y ha de estar culminada en estos días.
5.3. Creación y desarrollo de un portal de servicios abiertos «Aragón», que se habrá elaborado dentro del año en curso con un coste de 30 millones.
5.4. Extensión de acceso a Internet en centros y dependencias públicas, a lo que se dedican 35 millones en 2001.
5.5. Entre estas medidas se incluiría la anteriormente aludida como la extensión del servicio de videoconferencia
5.6. Facilitar la integración del mundo rural en la red mediante la elaboración de Programas Informáticos específicos, a lo cual se dedican 15 millones.
6. Mejorar la información sobre la situación territorial.
Toda decisión política debe de estar precedida por la disponibilidad de una información adecuada sobre la materia a reformar, de manera que se genere una opinión pública más participativa y una acción de gobierno mejor comprendida por más debatida. En el caso de Aragón, como parte de un fenómeno generalizado en las sociedades desarrolladas, la demanda informativa sobre la Comunidad es amplia por todo tipo de agentes y para una amplia variedad de temas.
Aunque el esfuerzo de las sucesivas administraciones autonómicas ha sido continuo desde sus inicios, el punto de partida apenas tenía base y el procesamiento de informaciones, registros, encuestas y estadísticas es muy costoso en términos de inversión inicial como de mantenimiento y actualización, por lo que se trata de un reto permanente. Por ello, conscientes de que la información es una premisa para la acción política, más aún en el caso de las cuestiones demográficas, territoriales, económicas y sociológicas, y para hacer valer los derechos fundamentales que como ciudadanos detentamos, dentro del Plan Integral de Demografía se desarrollan las siguientes líneas de actuación al respecto:
6.1 Creación del Centro de Documentación e Información.
De conformidad con lo contemplado en las Directrices Generales de Ordenación Territorial y culminando una aspiración ya expresada en 1979 en las primeras decisiones del gobierno de la Diputación General, se crea un Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón cuya finalidad es obtener, organizar y difundir la documentación e información sobre el territorio aragonés, para así facilitar la acción política y la toma de decisiones de sus agentes sociales y ciudadanos.
6.2 El Instituto Aragonés de Estadística prestará una atención creciente al estudio de los aspectos sociales y cualitativos de la sociedad aragonesa, con especial atención a sus dimensiones demográficas.
Como se planteaba anteriormente, las medidas políticas deben considerarse en la mayoría de las materias como una aproximación a las preferencias de la ciudadanía, precedidas de un debate fundado en una información amplia y rigurosa accesible a dicha sociedad. En lo relativo a la demografía, se dispone de un excelente desarrollo de las estadísticas de carácter más cuantitativo gracias a la rigurosa labor efectuada desde sus inicios por el IAE. No obstante, en su dimensión más sociológica vinculada a las motivaciones, actitudes y valoraciones, apenas se dispone de unas pocas series sistematizadas como subproducto de las del INE. Establecer los cimientos de una fuente informativa de estas características, va a ser uno de los frutos más rentables en términos intelectuales y sociales sobre el tema demográfico para Aragón.
6.3 Elaboración de un Inventario sobre núcleos abandonados.
Aunque no todos ellos son susceptibles de recuperación para ser habitados u ofrecer algún tipo de atracción turística, sí que suponen en cualquier caso un rico patrimonio cultural que ha de tratar de ser mantenido en el mejor estado posible.
6.4. Sistematización de unos indicadores de población estacional.
Las divergencias entre población de derecho o empadronada en los diferentes municipios, y la población efectiva habitualmente residente suelen ser amplias. En algunos casos porque tener más vecinos puede suponer mayores transferencias para los presupuestos de los ayuntamientos; en otros, existe una población superior durante los veranos que puede saturar ciertos servicios a los ciudadanos que residen todo el año. Disponer de algún tipo de datos -indicadores sobre los consumos de ciertos suministros, del estado de conservación de ciertos bienes públicos e infraestructuras y otros que presentan una amplia literatura sobre la descentralización municipal- que complemente la de los Registros y Censos puede ser un elemento adicional para plantear las políticas de apoyo a los municipios.
5.3.2. Fomento de la actividad económica
El que habitualmente la obtención de los ingresos para las familias dependa de muy pocas fuentes, sean éstas laborales, profesionales o empresariales, mientras que las vías por las que se gasta sean múltiples, da lugar a que la perspectiva de la oferta resulte determinante en la aproximación de los asalariados y de las empresas a aquellos lugares dónde la estructura productiva es más eficaz y mayores son las oportunidades de negocio. El período de desarrollo y cambio estructural en España fue más breve e intenso que en otros países occidentales, lo que dio lugar a que la emigración desde el campo a la ciudad acentuara la concentración de actividad económica en ciertas áreas urbanas.
Una política demográfica debe considerar un horizonte de medio y largo plazo, visión en la que la viabilidad económica de los lugares ha de interpretarse como una premisa, aunque no una garantía, para invertir su declive y recuperar cierto pulso vital y social.
Aunque desde la Diputación General de Aragón existe una base legislativa previa bastante rica en opciones y planteamientos acerca de cómo fomentar el desarrollo del mundo rural, incorporar una perspectiva demográfica en la misma contribuye a aumentar su eficacia. En esa línea, las consideraciones y medidas que el Plan integral inicia, para que el desarrollo económico sea también un factor de bienestar social y reequilibrio demográfico y territorial, combinan varias estrategias.
Por un lado, se intenta que surjan o se consoliden actividades vinculadas al territorio y a la tradición cultural de cada comarca, entendiendo que un desarrollo endógeno, aunque tarda más en madurar, se consolida con fortaleza y encadena una serie de efectos positivos, sociales y económicos. A pesar de esta apuesta por un desarrollo microeconómico que cree redes y vínculos cooperativos en sus áreas locales o comarcales de influencia, se intentará la captación de inversiones de superior tamaño, en la medida que también generan externalidades positivas como la innovación en los sistemas de gestión empresarial, en la transmisión de conocimientos técnicos básicos y aplicados, y el incremento del empleo a unos salarios habitualmente superiores a los del entorno.
En cuanto a los agentes que protagonicen esa actividad económica, los jóvenes y las mujeres son el objetivo principal. Las pirámides demográficas de la mayor parte de los municipios y comarcas muestran cómo se produce una emigración de los jóvenes mejor formados y de las mujeres a partir de los 25 años. Hasta esa etapa, el mundo rural presenta cierto margen de maniobra para iniciar una cierta regeneración demográfica. Sin embargo, los flujos migratorios de las personas que concluyen sus estudios y de las mujeres que carecen de oportunidades laborales debilitan hasta esterilizar esa vía propia de reequilibrio demográfico en los núcleos pequeños. Estas migraciones tienen su origen, fundamentalmente, en la carencia de empleos cualificados en el sector servicios que, en cambio, tienden a aglomerarse en las ciudades. La pérdida de este capital humano, de nivel formativo elevado y en una etapa vital en que se inician los proyectos emprendedores, supone un grave pasivo para las sociedades rurales y refuerza la voluntad migratoria de las generaciones que siguen.
Invertir esta tendencia supondría una gran inversión en términos de competitividad y de bienestar futuros para los pequeños municipios. Por ello, otra estrategia a subrayar desde la perspectiva integral del presente Plan es la de promover iniciativas emprendedoras para jóvenes y mujeres, incluso con planteamientos más ambiciosos y audaces como la captación de personas emprendedoras de ámbitos urbanos para iniciar negocios, apoyar su traslado o dar continuidad a actividades tradicionales y rentables que sólo precisan de cierto impulso renovado.
En todo este enfoque el amplio territorio aragonés debe ser valorizado, reconocido como un activo, de forma que abandonemos la visión parcial y pesimista de sólo considerar los costes que genera y se perciban los beneficios que puede generar, pues hoy en día el valor del medio ambiente empieza a ser una variable explícita en la emigración de ciertos profesionales desde el mundo urbano al rural, facilitando ese giro la existencia de redes de telecomunicación.
En vista de lo cual, se proponen las siguientes medidas:
1. Medidas que promueven el desarrollo endógeno del medio rural:
1.1. Programa de Industrialización Agraria, incluido en el Plan de Desarrollo Rural 2000-2006.
Se pretende aumentar el valor añadido agrario transformado por la industria alimentaria aragonesa, y forma parte de la nueva estrategia de la PAC dentro de la Agenda 2000. En el ámbito de las empresas agroalimentarias, se indica que están recogidas en el Programa Presupuestario 15.02.7231.779, en el que se distinguen unos diferentes intervalos según las provincias.
1.2. Ayudas a la agricultura ecológica incluidas en el Programa de Medidas de Acompañamiento, 2000-2006. Sin duda, la agricultura ecológica tiene una demanda potencial muy amplia, todavía no cubierta por los productores. Desde esta perspectiva de la oferta, cumple unas externalidades positivas, ambientales, de ordenación territorial, y de coherencia con la PAC actual.
1.3. Programas de restitución territorial para zonas afectadas por grandes embalses.
Se utilizaran dentro de la figura en la que ya trabaja el Departamento de Agricultura de los «Regadíos Sociales», además de los Planes específicos de Restitución para cada caso.
Los «Regadíos Sociales» tienen como una de sus metas la compensación a las áreas y comarcas que han padecido los costes de los embalses. Más allá de sus efectos sobre el equilibrio territorial y la eficiencia productiva, se trata de una medida compensatoria tendente a la equidad interterritorial y social.
1.4. Aprovechamiento de los bosques e industrialización de sus producciones.
Se indica que el programa presupuestado en el que se aborda: 15.02.7231.779 (Decreto y Orden de Ayudas a Empresas Industriales).
1.5. Fomento de Empresas Artesanales.
Se está trabajando en la promoción de este tipo de empresas cuya delimitación conceptual es bastante difícil. Participan de las subvenciones genéricas, establecidas en el Decreto y Orden de Ayudas a Empresas Industriales, si bien por el Decreto 93/1998 son también objeto de Incentivos específicos y cuentan con una asignación presupuestaria de 50 millones.
1.6. Información sobre las opciones jurídicas del Derecho Civil Aragonés para la transmisión de empresas y patrimonios familiares.
La tradición jurídica institucional aragonesa es muy rica en el derecho de familia, algunas de cuyas figuras más utilizadas en otros momentos pueden ser reactualizadas suponiendo un ahorro en términos fiscales y una mayor agilidad para las partes interesadas. Conviene llevar a cabo medidas de información en torno a estas instituciones en la línea propuesta desde la Comisión Aragonesa de Derecho Civil en su «Informe Jovellanos».
2. Fomento de iniciativas empresariales en el sector turístico.
Entendiendo que se trata de un conjunto de actividades que generan múltiples vínculos intersectoriales hacia otros sectores locales -construcción, agricultura, industria agroalimentaria, artesanía, comercio, conservación medioambiental…- y emplea en gran medida mano de obra femenina, el turismo constituye una baza estratégica en el desarrollo rural.
Las medidas que ya se encuentran en marcha, y que contribuyen a dinamizar las zonas rurales, son las siguientes:
2.1. Programas de Turismo Rural (se informa de estar presupuestados pero no se concreta su cuantía), que, entre otras actuaciones, incluye las siguientes:
- Promoción de la gastronomía local.
- Asesoramiento en la ambientación de instalaciones.
- Señalización de senderos.
- Actividades deportivas integrables en el entorno.
- Centros de Información y Museos Interactivos.
- Reaprovechamiento de instalaciones e infraestructuras industriales.
- Cursos de formación para titulares de Viviendas de Turismo Rural.
2.2. Consolidación y ampliación de la Red de Hospederías y Albergues.
Las próximas actuaciones en las que se aprovecha edificios de gran valor ambiental son:
- Illueca
- San Juan de la Peña
- Rueda
También se plantea la incorporación en la red de la Hospedería de Sádaba.
2.3. Colaboración con otras Comunidades Autónomas en la creación de una estrategia conjunta para promocionar y desarrollar áreas turísticas complementarias: Marca Pirineos, Mancomunidad del Maestrazgo, Ruta de los Tres Reyes, Vía Verde Tarazonica, Pirinet, Ruta del Cid.
3. Estabilidad de los mercados laborales e integración de la mujer trabajadora.
El trabajo cumple varias funciones simultáneamente. Además de la económica, que implica un medio del que obtener rentas y un factor productivo decisivo para la competitividad de las empresas, desempeña funciones de integración social y de realización personal. Aquellas sociedades más cohesionadas suelen mostrar unas tasas de actividad y de empleo mayores que los territorios menos desarrollados y con mayor divergencia social interna. También, en el ámbito más individual, el desempeño profesional permite que las vocaciones personales, en cuya formación se han invertido grandes cantidades de tiempo y recursos durante la juventud, puedan ser encauzadas.
Sin embargo, rigideces de nuestro marco institucional de relaciones laborales junto a una grave crisis económica de raíz y alcance estructural dieron lugar durante el último cuarto de siglo a unas tasas de desempleo muy elevadas en los jóvenes, especialmente en los menos formados, que también afectaba en grado sumo a las mujeres debido al machismo vigente en la sociedad española. Uno y otro factor han tenido consecuencias en la disminución de la tasa de matrimonios y de la de fecundidad.
La legislación laboral es competencia estatal e, incluso en algunos aspectos, comunitaria. No obstante, existe capacidad para reforzar con transferencias, subvenciones o mejorando la gestión de la información (tan decisiva en casar las ofertas y las demandas de empleo, especialmente entre ámbitos diferentes como muestra el ejemplo de Aguaviva, o los bloqueos informativos entre diferentes Comunidades Autónomas a través del Inem). En esa lid, se proponen las siguientes medidas:
3.1. Promover el aumento de la tasa de actividad femenina.
Tradicionalmente, se venía considerando que un aumento de la ocupación femenina conllevaba un menor número de hijos por familia, percepción corroborada por las estadísticas en los países del Norte y Centro de Europa, hasta la década de los setenta. Sin embargo, esa tendencia ha sido invertida desde mitad de los ochenta, y son desde entonces los países latinos del Mediterráneo quienes presentan en la actualidad unos ratios de hijos por pareja muy bajos, como nunca habían descendido en ningún país. La causa se debe a la dispar suerte de las mujeres en los respectivos mercados laborales, consecuencia tanto de reglas explícitas como son los contratos, su flexibilidad, las bajas por maternidad, como por temas culturales como el machismo o el sistema paralelo de guarderías y colegios coherente con las actividades laborales de los padres. Por ello, es de sumo interés profundizar en las siguientes medidas:
3.1.1. Ayudas a la creación de empresas que empleen mano de obra femenina, reconocidas en el programa presupuestario 15.02.7231.779.
De una manera concreta, en la elaboración del Plan General de Equipamiento Comercial de Aragón, que se tramita en la actualidad, se contempla la posibilidad de establecer como criterio de selección el atender con prioridad a aquellas empresas que contraten mano de obra femenina (también se maneja como variable discriminante el que se ubicaran en municipios de menos de 2000 habitantes afectados por la despoblación). La asignación presupuestaria es de 150 millones de pesetas en el próximo ejercicio.
3.1.2. Medidas relativas a la inserción y formación ocupacional, ya referidas en el apartado dedicado a la familia, desarrolladas desde el Instituto Aragonés de la Mujer y del Instituto Aragonés de Empleo.
3.1.3. Medidas relativas al apoyo a las iniciativas empresariales, en labores de asesoramiento, apoyo y evaluación desde el Instituto Aragonés de la Mujer y del Instituto Aragonés del Empleo.
3.1.4. Creación de guarderías
3.1.5. Ampliación de los horarios de los Centros Educativos.
5.4. MEDIDAS COMPETENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES
La mayoría de los temas políticos son objetivo legislativo de administraciones de diferentes niveles, y el asunto demográfico es un buen ejemplo de dichas interferencias. En consecuencia, una parte importante del éxito de cualquier medida de este carácter reside en buscar una cooperación entre los distintos gobiernos competentes que se manifieste tanto en la legislación como la coordinación a la hora de ejecutarla.
En esa intención, el Gobierno aragonés impulsará las siguientes iniciativas ante las Administraciones correspondientes:
1. Sobre la Ley de Extranjería:
Se insta al Gobierno central a evitar una reforma de la ley de Extranjería que limite derechos y libertades de los extranjeros. Se valora el actual marco legal como más favorable para la emigración que la reforma propuesta por el gobierno.
2. Sobre la Política de Inmigración:
Se planteará al Gobierno estatal una mayor descentralización en su planificación y ejecución. Gracias a una territorialización mayor de esta política, puede alcanzarse una mejor adaptación de los inmigrantes en su vertiente económica y social. En esa línea, se instará a potenciar la contratación en origen de los trabajadores temporeros, erradicar la intermediación ilegal y a mejorar el funcionamiento del Inem como agencia de empleo que desarrolla políticas activas y elimina costes informativos y de negociación. Asimismo, se solicitará a la Administración Central las modificaciones precisas en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
3. Sobre el modelo de Financiación Autonómica:
Se insta al Gobierno central a que el modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta comunidades con bajas densidades demográficas. En la negociación del nuevo modelo debe tenerse en cuenta las contradicciones de Aragón, con elevada renta por habitante, que le excluye del objetivo 1 de la UE y del FCI, pero con baja densidad, lo que supone un elevado coste en prestación de ciertos servicios públicos.
4. Sobre la normativa laboral:
Se insta al Gobierno español a mejorar las condiciones laborales y de protección social de los trabajadores en peores condiciones, que dados los indicadores manejados por el Inem y la EPA son los jóvenes y las mujeres. El empleo estable y de calidad crea un entorno de menor incertidumbre y mayor libertad en el que las parejas pueden tomar decisiones sobre el número de hijos deseado.
5. Sobre la legislación relativa a las Familias Numerosas:
Se insta al Gobierno central a que actualice la Legislación sobre protección a las familias numerosas, que en su mayor parte se corresponde con la aprobada en 1971, mientras que las circunstancias sociales que la originan han evolucionado en gran medida durante las tres últimas décadas.
En particular, en temas de política fiscal tales como precios públicos y tasas, desgravaciones y exenciones fiscales y provisión de ciertos bienes públicos y preferentes, la reforma habría de ser urgente.
6. Sobre la legislación relativa a conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras:
Se insta al Gobierno central a que adopte las medidas legales necesarias con el fin de que nuestro ordenamiento jurídico reconozca el derecho del padre a un permiso de paternidad, independiente e intransferible, distinto del que le puede transferir la madre como titular de su derecho al permiso por maternidad, y compatible con éste.
Esta medida vendría a cumplir lo dispuesto en la recientemente aprobada Resolución del Consejo de Ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales de la Unión Europea de 29 de junio de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombre y mujeres en la actividad profesional y en la vida familiar.
7. Sobre los servicios públicos prestados por las entidades locales:
Se insta a los ayuntamientos a que en el ámbito de sus competencias establezcan medidas de apoyo a las familias numerosas estableciendo un trato favorable en la aplicación de sus tasas y precios públicos.