Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Doña Carmen Rouco Laliena, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la ocupación ilegal, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón.

La ocupación ilegal se sitúa a día de hoy como un problema recurrente que afecta a diferentes tipos de propietarios inmobiliarios en nuestro territorio, hasta el punto de generar alarma social con implicaciones directas y graves en el mercado de la vivienda (principal problema que debemos resaltar es el acceso a la vivienda, sobre todo de familias y jóvenes españoles), y por la necesidad generalizada de asumir gastos en medidas de protección por parte de los propietarios, no solo respecto a sus segundas residencias, sino además hacia sus viviendas habituales en los momentos en que las abandonan para ir, por ejemplo, unos días de vacaciones. El incremento significativo de los casos hace necesario tomar medidas urgentes en toda la región.
Resulta evidente que la seguridad jurídica, la propiedad y la libertad son bienes que se deben proteger, careciendo de sentido la existencia de fuerzas políticas que defiendan a delincuentes que usurpan la propiedad de otros. La lucha contra la delincuencia no debe ser una cuestión partidista, sino de sentido común.
Y es que el derecho a la propiedad privada –consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española— es uno de los fundamentos de toda sociedad sana, garantizando el orden social y económico, lo que contrasta con la postura de la izquierda en apoyo de la ocupación ilegal de viviendas, que, vulnerando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio –garantizado por el artículo 18.2 de la Constitución Española—, se ha convertido en una lacra social insoportable.
En este contexto, sorprende comprobar que desde los poderes públicos se proteja con mayor ahínco al delincuente que a la víctima de la ocupación, bien a través de la tolerancia cómplice del Gobierno de extrema izquierda que padecemos los españoles, bien por la laxitud de las penas previstas por el artículo 245 de nuestro Código Penal respecto a la ocupación ilegal, laxitud auspiciada y consentida por los diferentes gobiernos de turno, que tuvieron la oportunidad de endurecer las penas por tal delito y decidieron no hacerlo.
Fruto de esta inacción de las diferentes administraciones durante décadas, nos encontramos con una situación insostenible en la que entran en juego mafias de la ocupación, que generan inseguridad no solo a los legítimos propietarios, sino también a los vecinos de los inmuebles ocupados, que por un lado ven devaluadas sus viviendas, así como mermada la seguridad de sus barrios como consecuencia de la llegada de delincuentes a los inmuebles ocupados, que pudren la convivencia en los mismos.
No podemos, además, obviar la relación directa entre la ocupación y la inmigración ilegal, pues los datos oficiales muestran que las cifras de ocupación han venido incrementándose paralelamente al aumento de la llegada de inmigrantes ilegales a España, situación de la que Aragón no es una excepción.
Es necesario que, en tanto no se modifique la legislación y disposiciones nacionales necesarias para acabar con la lacra que supone la ocupación ilegal de viviendas, se impulsen en el resto de administraciones todas las medidas necesarias para paliar los efectos devastadores que esta lacra trae consigo. En este sentido, Vox lleva años exigiendo y promoviendo la creación de servicios de asesoramiento jurídico gratuito a los vecinos afectados por la ocupación, como sucede en Zaragoza, ayuntamiento en el que gracias a Vox se instauró este servicio en 2020 a pesar de contar con el rechazo del resto de grupos políticos en un principio.
Desde Vox, no estamos dispuestos a tolerar ni la colaboración ni la inacción cómplice con los delincuentes que hacen del delito su modo de vida, en perjuicio de los ciudadanos que son propietarios legítimos de unos inmuebles cuya posesión han visto usurpada, por lo que, como medida para luchar contra esta lacra, registramos la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:
1. La creación de un órgano de apoyo y asesoría legal frente a la «okupación ilegal».
2. Facilitar el asesoramiento legal a los propietarios o comunidades de propietarios que sean víctimas de la ocupación ilegal de vivienda por usurpación al ocupar un inmueble o usurpar un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena.
3. Ofrecer asesoramiento legal inmediato y asistencia habitacional y social de quienes sufran el allanamiento de sus domicilios con imposibilidad de ejercer su derecho a la vivienda y su derecho a la intimidad por mantener el ocupante de la vivienda contra la voluntad de su morador.
4. Aplicar de manera rigurosa y firme la legislación vigente que permite el desahucio exprés de los ocupas (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas), desarrollando mecanismos de ayuda y asistencia a las víctimas de la ocupación.
5. Incluir la ocupación de viviendas como infracción grave en la nueva Ley de Vivienda, de manera que los ocupas no puedan recibir prestaciones en materia de vivienda o acceder a vivienda de alquiler social promovida por el Gobierno de Aragón.
6. Instar al Gobierno de España a que plantee las modificaciones normativas que posibiliten el desalojo exprés en 24 horas de quienes ocupen ilegalmente una vivienda, permitan luchar contra las mafias de la ocupación, exonerando del pago de impuestos a los propietarios de viviendas ocupadas, prohibiendo que dicho inmueble ocupado pueda ser considerado morada ni domicilio a través del empadronamiento.

En Zaragoza, a 10 de marzo de 2025.