A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), inició su funcionamiento en 1971, y fue diseñada para funcionar no más de 40 años (aunque la zona de almacenamiento de residuos fue diseñada sólo para una vida útil de 25años). Desde el 7 de julio de 2013 se encuentra en situación de cese definitivo de la actividad o de pre-desmantelamiento, una vez expiró su licencia de operación. La planta no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, el titular decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba «inasumible».
Durante el año 2013 se ha demostrado que no es necesaria su aportación a la generación eléctrica, A pesar de lo que dicen los lobbys pronucleares, los datos de Red Eléctrica Española, en su avance del Informe del Sistema Eléctrico España de 2013, indican que la potencia instalada es de 102.281 MW, es decir 556 MW más que en el año 2012; y que la mayor demanda fue de 45.450 MW el 17 de Diciembre de 2012. Esto demuestra que estamos en una situación de sobre capacidad de producción de energía eléctrica.
Además, si tenemos en cuenta el balance de CO2, no se puede decir que la producción de energía eléctrica mediante energía nuclear sea limpia, puesto que para extraer, producir, refinar, y transportar el combustible, y para gestionar los residuos se produce una cantidad de CO2 que sobrepasa con mucho a otras industrias productoras de electricidad, y por supuesto a todas las energías renovables.
A pesar de ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos radiactivos que hace posible que Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), pueda pedir la renovación de la licencia antes del 6 de julio. Esta decisión, según reconoce la propia Vicepresidenta del Gobierno, abre la puerta para que la planta pueda volver a operar.
La decisión tomada por el Consejo de Ministros significa anteponer los intereses de Nuclenor, que es la empresa propietaria de la central de Garoña, por encima de la salud y seguridad de la ciudadanía. Este Real Decreto incorpora disposiciones adicionales y transitorias en la norma aprobada de tal manera que Garoña podrá acogerse a la fórmula de «renovación de la autorización de explotación».
Concretamente la Disposición Transitoria sexta añadida hace referencia a las centrales que, una vez se apruebe este Real Decreto, hubieran obtenido una declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de seguridad nuclear o protección radiológica y les autoriza a solicitar la renovación de la autorización de explotación, siempre que no hubiera llegado a transcurrir un año desde la obtención de declaración de cese. Justamente este es el caso de la Central de Santa María de Garoña.
Éste no es más que el último despropósito de un Gobierno y un Ministro que están a merced de lobby nuclear, y al que no le importa desoír a la ciudadanía, e incluso desautorizar al Consejo de Seguridad Nuclear.
Para que la CN de Santa María de Garoña pueda reabrir, Nuclenor, empresa propietaria de la Central Nuclear, tendría que hacer inversiones en los sistemas de seguridad por valor de unos 152 millones de euros, tal y como han demostrado las pruebas de stress a las que ha sido sometida.
La decisión de reabrirla obedece exclusivamente a intereses empresariales y no a necesidades sociales. La instrucción de Seguridad IS-22 del Consejo de Seguridad Nuclear para la gestión del envejecimiento de las centrales a largo plazo, exige la presentación de un Plan Integral de Evaluación y Gestión del Envejecimiento con tres años de antelación a renovar la autorización de explotación. Por lo tanto sería completamente ilegal su reapertura antes de tres años.
Por todo ello, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón, conscientes de la peligrosidad que supone el mantenimiento de una central nuclear obsoleta que pone en grave riesgo todo el valle del Río Ebro, instan al Gobierno de Aragón a:
1.º Dirigirse al Gobierno Central y solicitarle la retirada inmediata del Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el día 21 de Febrero que permite, a Nucleno, solicitar la renovación de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña.
2.º Proceder al cierre definitivo e instar a Nuclenor al consiguiente desmantelamiento, de la central nuclear de Santa María de Garoña.
3.º Dar traslado de este acuerdo a:
- La Presidencia del Gobierno de la Nación
- Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
- A los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y Senado
- A la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
- A la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).
Zaragoza, a 25 de febrero de 2014.