Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 127/13, sobre la hospitalidad con las personas inmigrantes, presentada por los GG.PP. Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 27 de marzo de 2013.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Los Grupos Parlamentarios Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la hospitalidad con las personas inmigrantes, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

El Gobierno de Aragón ha venido desarrollando durante los últimos años, al igual que la gran mayoría de comunidades autónomas, un importante esfuerzo para promover la plena integración social de los vecinos y vecinas de origen extranjeros que viven en nuestra comunidad con el objetivo de mejorar la convivencia social.

Estos esfuerzos, además, han ido de la mano de una importante implicación ciudadana a través de entidades sociales, asociaciones de vecinos y, también, la solidaridad de ciudadanos y ciudadanas particulares.

Diferentes asociaciones con representación estatal han comenzado una campaña denominada «Salvemos la Hospitalidad» ante el conocimiento de la modificación del artículo 318. bis en el anteproyecto de reforma del Código Penal presentando por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el que se regulan los delitos contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas extranjeros.

En la Comunidad Autónoma de Aragón han liderado esta Campaña «Salvemos la Hospitalidad», entidades con largo recorrido y experiencia en el trabajo de las situaciones que vive la ciudadanía extranjera. Estas entidades pertenecen a su vez a asociaciones que ejercen este mismo trabajo a nivel estatal, por lo que el conocimiento del análisis de realidad que plantean es más que valorable.

En Aragón, están promoviendo la campaña «Salvemos la Hospitalidad», entre otros, Médicos del Mundo, Círculos de Silencio y SOS Racismo.

Pero también se han adherido, hasta el momento, otras entidades y plataformas de reconocido prestigio como Movimiento Contra la Intolerancia, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Asociación para el codesarrollo Licliñán, Omsida, SASM-AEN Aragón, Asociación de Solidaridad Pública.

Durante estas últimas semanas se ha generado cierta alarma entre la población en situación irregular, así como en las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas, tras conocer que el anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propone una nueva redacción del artículo 138.bis en la que confunden, pudiendo inducir error o interpretaciones muy preocupantes, comportamientos delictivos como el tráfico de personas con actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en situación irregular fundamentada en razones humanitarias, solidarias y éticas. La mayoría de los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia con titulares como «Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel».

Así, se recoge en este texto —en el artículo 318 bis— una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La normativa también prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares a «permanecer» en territorio comunitario.

Sin embargo, la desafortunada redacción propuesta del artículo 318. bis ha producido una gran incertidumbre en la sociedad, llegando a provocar que la ciudanía piense que pueden ser penados quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú a las personas extranjeras en situación administrativa irregular. De hecho, parece que el propio redactor del artículo, consciente de las enormes diferencias entre los comportamientos que se pretenden regular, trata como mal menor de salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las personas inmigrantes en situación irregular al señalar que «el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria».

En este sentido, por los motivos anteriormente expuestos, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe preceptivo, pidió una mayor precisión en esta nueva regulación propuesta.

Por otro lado, en el caso de aprobarse esta reforma en los términos planteados, se vendrían abajo los importantes esfuerzos realizados desde hace años por las administraciones autonómicas —de las que el Gobierno de Aragón puede ser un buen ejemplo— en pro de la convivencia entre personas de distintos orígenes en el ámbito autonómico. También con esta nueva norma nos encontraríamos que algunas de las acciones y actividades llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón desde los Servicios Sociales y otras áreas del ejecutivo autonómico podrían ser constitutivas de delito, como por ejemplo, el facilitar el tránsito de una persona en situación irregular desde una comunidad a otra española para acudir al encuentro de sus familiares.

Por último, habría que recordar que cualquier reforma del Código Penal debería seguir el principio jurídico de intervención mínima, lo que supone que solo las conductas realmente graves y que atenten contra bienes jurídicos fundamentales deben de ser objeto de protección penal, por lo que el texto debería ser despojado de cualquier y/o ambigüedad que penalice la solidaridad con las personas más desfavorecidas.

Por todo lo expuesto, se presenta para su debate ante el Pleno la siguiente

Las Cortes de Aragón acuerdan:

1. Instar al Gobierno de Aragón a:

— Manifestar su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al Gobierno central.

— Dirigirse al Gobierno central para solicitarle que adopte que adopte las medidas oportunas para que el delito contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas extranjeras, contemplado en el articulo 318.bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria.

2. Continuar trabajando en la línea desarrollada por el Gobierno de Aragón de promoción de convivencia en la Comunidad Autónoma, con independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en Aragón.

Zaragoza, a 25 de marzo de 2013.