Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 29 de agosto de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 263/12, sobre garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos y condiciones, tal y como recoge la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 29 de agosto de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los supuestos y condiciones, tal y como recoge la vigente Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

La intención del Gobierno español de modificar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, supone alejar un poco más a España de Europa. Países como Alemania, Austria u Holanda, se rigen desde hace décadas por leyes de plazos, España con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho de las mujeres a decidir de forma libre y voluntaria, en un periodo entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Las últimas declaraciones del Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, anunciando la modificación de la actual ley, supone que España se convierta en el único País, junto con Irlanda y Malta que retrocedería hasta fórmulas absolutamente restrictivas que devolvería a España a una época en la que el aborto no se considera un derecho. Y se les negará a las mujeres el derecho a decidir sobre su propia maternidad, de forma libre y responsable, a decidir sobre su propio cuerpo y por tanto, se les negará la protección que desarrolla la vigente Ley Orgánica 2/2012, de 3 de marzo, en el ámbito de la autonomía personal.

Estas declaraciones, además, desoyen las recomendaciones de órganos como el Convención de Naciones Unidas, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; la Resolución del Parlamento Europeo (2001/2128 INI), o la Organización Mundial de la Salud (OMS) que alerta del riesgo y del número de intervenciones más alto en los países con leyes más restrictivas. Las leyes que limitan y criminalizan el aborto, no frenan a quienes necesitan acceder a él, lo que sí hacen es convertirlo en un serio riesgo para la salud de la mujer, y crear inseguridad jurídica y sanitaria tanto a las profesionales sanitarios como a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, riesgos que en este País, tras años de luchas, demandas y reivindicaciones habían sido, afortunadamente, superados.

Las últimas declaraciones del Ministro de Justicia del gobierno español, al pretender eliminar el aborto eugenésico de los supuestos legales para interrumpir el embarazo supone un ataque contra los derechos de las mujeres, y como hemos señalado anteriormente, un alejamiento con respecto a los sistemas penales europeos.

Tal y como señalan Jueces para la Democracia «Resulta sorprendente ese empeño por criminalizar conductas que fueron despenalizadas hace varios lustros, sin que ello haya generado problemas, ante la amplia aceptación social de dicha despenalización».

Con la última propuesta realizada por Ruiz Gallardón se propone castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en casos de malformación del feto.

Este grupo parlamentario sigue defendiendo y considerando imprescindible que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en condiciones de libertad, gratuidad, seguridad y legalidad y con la propuesta de modificación anunciada no se garantiza el derecho de las mujeres a decidir de forma libre, responsable y segura sobre su maternidad.

Por todo ello, presentamos la siguiente

1.º Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de España y le solicite que no realice ninguna modificación que suponga detrimento alguno de los derechos, supuestos y coberturas que recoge la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y por tanto, reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad de forma libre y segura.

2.º Y asimismo, Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que garantice la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, en todos los supuestos y con todas las garantías recogidas en la actual Ley, y que dicha prestación se realice en la Comunidad Autónoma de Aragón dentro de la cartera de servicios sanitarios públicos.

Zaragoza, 25 de julio de 2012.