Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 34/12, sobre la defensa de la investigación judicial de los crímenes del franquismo y de la verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón para su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 16 de febrero de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la investigación judicial de los crímenes del franquismo y de la verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, solicitando su tramitación en el Pleno de las Cortes.

Durante la Guerra Civil y la dictadura que siguió, el régimen franquista asesinó a más de 150.000 personas; unas 400.000 fueron encerradas en campos de concentración; varios miles más se convirtieron en esclavos del régimen encuadrados en batallones disciplinarios; numerosas personas fueron detenidas y torturadas; y centenares de miles tuvieron que optar por el exilio.

Tras la dictadura, la instauración de la democracia ha permitido avanzar en la construcción de un estado de bienestar que ahora se ve atacado y cercenado; sin embargo, junto a esos escasos avances en el ámbito de lo social, persiste una gran injusticia con respecto a las personas que entregaron su vida por la libertad, al tiempo que se consagra la impunidad para quienes se alzaron contra la legalidad democrática de la II República e instauraron un régimen de terror y represión.

Han tenido que ser los propios familiares de las víctimas los que han tenido que proceder a la recuperación de una mínima parte de los restos de las personas asesinadas, buscando por su cuenta en cementerios, fosas comunes o cunetas, y los que han tenido que luchar denodadamente para rehabilitar su memoria, encontrando en muchas ocasiones trabas y problemas que impedían, o intentaban impedir, este necesario ejercicio de recuerdo y memoria.

En ese contexto, y al amparo de la jurisprudencia internacional de persecución de los delitos contra la humanidad en la que la jurisdicción española ha tenido un destacado papel, las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica y de familiares de asesinados y represaliados acudieron a los tribunales para reclamar justicia.

Sin embargo, el juez que se declaró competente para investigar los crímenes contra la humanidad ejecutados por el franquismo ha pasado de juzgador a ser juzgado por el Tribunal Supremo por haber iniciado dicha investigación. Los familiares de las víctimas han comparecido así, finalmente, ante el Tribunal Supremo aunque solamente para testificar en el proceso contra el juez Baltasar Garzón, instructor de la causa de los crímenes del franquismo, y no para obtener la justicia que demandan.

Las generaciones futuras deben conocer la Historia de su país, una Historia escrita sin odio y fundada en la verdad, la justicia y la reparación moral, que deje clara la conclusión de esa gran tragedia: «nunca más y para nadie aquellos horrores». Así, es una obligación ineludible de cualquier Gobierno democrático la promoción de la memoria histórica; y se convierte en un deber de las instituciones públicas la prestación de ayudas a las familias y asociaciones que tratan de recuperar los cadáveres de las personas asesinadas para que puedan darles sepultura con la dignidad y la gratitud que se merecen y de las que son justos acreedores.

Por todo ello, presenta la siguiente

1. Las Cortes de Aragón manifiestan su pleno apoyo a la investigación judicial de los crímenes cometidos por el franquismo, tanto durante la guerra civil como durante la dictadura, y defiende el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

2. Así mismo, las Cortes de Aragón rechazan el mensaje que se traslada a la sociedad con el enjuiciamiento de un juez por investigar los crímenes del franquismo: impunidad para la dictadura, olvido de los crímenes y la negativa a acometer una de las asignaturas pendientes más importantes de nuestra democracia.

3. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que impulse, promueva y facilite la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo y, sobre todo, ayude a los familiares y sus asociaciones en su tarea de recuperación de los restos mortales implementando las medidas sociales, jurídicas y económicas que sean necesarias.

Zaragoza, 10 de febrero de 2012.