Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario Aragonés, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el ataque del Gobierno de Aragón a la iniciativa privada en materia educativa, para su tramitación ante el Pleno.

La educación es una materia sensible que debería tratarse desde los poderes públicos con sumo respeto e intentando preservarla de los vaivenes políticos que suponen los cambios de gobierno. Aunque es un tema con connotaciones ideológicas evidentes y que supone la plasmación en un modelo escolar de lo que queremos que sea la sociedad, de cómo entendemos la vida, de lo que perseguimos para el mañana..., deberíamos ser capaces todas las fuerzas políticas de ampliar la perspectiva y reconocer las diferentes opiniones que hay sobre esta cuestión y respetar la diversidad de pensamiento, ya no solo de los partidos como organizaciones, sino de las familias y de la sociedad en general.

En definitiva, se trata de diseñar un sistema y un modelo educativo que trate de sumar, de aunar diferentes visiones, de respetar todo lo posible las decisiones personales que cada cual quiera tomar, de contar con los recursos que se disponen e intentar invertir rentabilizando esfuerzos y medios... sin perder el horizonte del interés común, por supuesto, que está por encima del individual. Desde esta perspectiva de una educación plural, estable, respetuosa, diversa, inclusiva, equitativa, cohesionadora y vertebradora, es totalmente inaceptable la deriva que está llevando el Gobierno de Aragón actual con las decisiones que está tomando o anunciando, tanto en lo que respecta al cierre de aulas de la concertada como a la escolarización de niños de 2 años en colegios.

Estamos contemplando un ataque frontal al modelo educativo actual y a la iniciativa privada, promoviendo políticas sectarias, de confrontación, electoralistas, totalitaristas, sesgadas, irrespetuosas y derrochadoras. Claramente se evidencia esto en los últimos dos frentes abiertos que tienen a muchas familias y pequeñas empresas y autónomas realmente preocupadas. Además de ser de una gran irresponsabilidad decidir invertir dinero público —de todos— en algo que es innecesario, detrayéndolo, por ende, de otras políticas que debieran desarrollarse, se está generando una gran incertidumbre, un vacío, poniendo en peligro un sector también importante para la economía aragonesa, cuestionando la capacidad y la competencia de muchos profesionales que vienen prestando un servicio de calidad.

En lo que respecta a la educación concertada y pública, este Gobierno está siendo totalmente sectario y está desmantelando la educación plural y respetuosa con las decisiones de las familias, tratando de imponer su planteamiento de forma unilateral. La población infantil está bajando y la perspectiva es que siga haciéndolo a corto y medio plazo según apuntan los estudios. Con lo cual, la realidad a la que nos enfrentamos ahora seguirá estando e incluso incrementándose en los próximos años: no habrá alumnos para cubrir todas las plazas de todas las aulas existentes. Lo lógico es que sea la demanda de las familias, de acuerdo con su elección en aquellos sitios en los que existe esa posibilidad, la que evidencie qué aulas deben mantenerse o no. Y la Administración, por su parte, que procure reajustar y reubicar a los profesionales para que no se vean perjudicados laboralmente por esta situación.

Por otra parte, se están poniendo en riesgo real de viabilidad más de aproximadamente doscientas pequeñas empresas y autónomos (un centenar de las cuales son centros homologados) que prestan un servicio educativo a niños entre 0 y 3 años, con el anuncio de que se va a consolidar y avanzar en el proyecto de escolarización de niños de 2 años en colegios iniciado por el Gobierno este curso. Se trata de personas que se han jugado su patrimonio y su capital y han diseñado su proyecto de vida en este sector, dando un servicio que hasta ahora la Administración no había cubierto. No es sino una clara competencia desleal y una insensibilidad absoluta hacia estas personas, además de ser un derroche la inversión de fondos para este fin desde lo público, totalmente innecesaria y que podría destinarse a otros menesteres más convenientes para la sociedad. Por ejemplo, podría dedicarse a diseñar un programa de ayudas, becas o conciertos para niños entre 0 y 3 años de familias con pocos recursos, de tal modo que todos puedan asistir a centros de educación infantil y por tanto facilitar la conciliación e inserción laboral de sus progenitores.

Por todo lo anterior, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a diseñar una política educativa plural, respetuosa con las diferentes ideologías y planteamientos, destinando los recursos públicos a aquellas cuestiones prioritarias y convenientes que no están cubiertas actualmente por la iniciativa privada, y no a dedicarse a competir con ella o aniquilarla. Lo público y lo privado deben y pueden sumar. En concreto, el Gobierno de Aragón debería:

1. No escolarizar a niños de 2 años en colegios públicos en tanto que haya centros privados infantiles próximos que tengan plazas para cubrir esa demanda.

2. Diseñar un programa de ayudas, becas o conciertos con centros de educación infantil privados para garantizar que todos los niños entre 0 y 3 años, con independencia de su origen socioeconómico, pueden asistir a uno de ellos.

3. Elaborar una normativa que regule los diferentes tipos de centros existentes —y las diversas fórmulas de servicio que estos pueden prestar— a niños de entre 0 y 3 años, con las debidas inspecciones y régimen sancionador.

4. No proceder a la anulación de conciertos de aulas de 1.º de segundo ciclo de Educación Infantil sin conocer de antemano la demanda de las familias. Respetar al máximo posible la libertad de decisión de las mismas y, de acuerdo con el resultado, cerrar las aulas que se evidencien innecesarias, ya sea en la pública como en la privada concertada.

5. Adecuar las guarderías del Gobierno de Aragón a la normativa existente para que cumplan los requisitos de centros infantiles homologados.

Zaragoza, 24 de marzo de 2017.