Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 11 de enero de 2012, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 4/12, sobre las medidas del Gobierno central con respecto a la minería del carbón, presentada por el G.P. Socialista, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 11 de enero de 2012.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas del Gobierno central con respecto a la minería del carbón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del anterior Gobierno de España previó en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, a través del Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras, la financiación necesaria para que, mediante los correspondientes convenios de colaboración, las Comunidades Autónomas y/o las Corporaciones Locales realicen diferentes infraestructuras destinadas al impulso del desarrollo económico de las comarcas afectadas por los procesos de reordenación de la minería del carbón. Al mismo tiempo, se creaban una serie de puestos de trabajo ocupados prioritariamente por trabajadores procedentes de la minería.

Los distintos contextos en los que se enmarcaban las infraestructuras guardaban relación con los transportes y las comunicaciones, el suelo industrial, la reordenación del territorio, el abastecimiento y el saneamiento de aguas, las infraestructuras agrícolas, ganaderas y turísticas y los equipamientos sociales. En total, 14.639,71 millones de euros, a los que había que sumar otros 418,17 enmarcados en las transferencias de capital y que financiaban convenios de colaboración con comunidades autónomas y corporaciones locales para la ejecución de obras de infraestructuras en su ámbito territorial.

Sin duda, esta financiación constituía un auténtico estímulo para las zonas mineras, marcadas por la incertidumbre que supone una apuesta por el carbón a nivel global cada vez más tímida, frente a otro tipo de energías.

El actual Gobierno de España, en un Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre de 2011, adoptó una serie de medidas que denominó «urgentes de orden económico y social, y de corrección del déficit público». Según explicaba, respondían «a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro», añadiendo además que se trataba «de un esfuerzo de todos, pero no recaiga en los más débiles».

Entre estas medidas figuraba la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón. Sorprende que el actual ejecutivo haya situado a las zonas mineras como un territorio sin especiales dificultades.

Por otro lado, el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, con las modificaciones establecidas en el Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, dispone en su anexo II.1 que por resolución de la Secretaría de Estado de Energía «se fijarán anualmente para cada central los precios de retribución de la energía..., y el volumen máximo de producción para cada año que puede ser programado en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro».

La Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el año 2012 a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro, establecía más de 2 millones de toneladas de carbón para las térmicas turolenses.

Sin embargo, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público establecía en su Disposición Adicional Decimoquinta una modificación del Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, de los precios de retribución de la energía, por la que con carácter excepcional para el año 2012, la fijación conforme al Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, de los precios de retribución de la energía, el volumen máximo de producción que puede ser programado en el proceso de resolución de restricciones por garantía de suministro y las cantidades de carbón autóctono a adquirir por los titulares de las centrales para cada central se determinarán con carácter trimestral por Resolución de la Secretaría de Estado de Energía.

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de la nación para:

1. Manifestar su rechazo frontal ante la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de actividad de la minería del carbón, exigiendo de inmediato la puesta en marcha de medidas compensatorias.

2. Exigir que la fijación con carácter trimestral de las cantidades de carbón autóctono a adquirir por los titulares de las centrales para cada central, determinada con carácter trimestral según el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, no implique ningún tipo de cambio, y por tanto inseguridad, para las centrales térmicas aragonesas respecto a lo establecido en la Resolución de 30 de diciembre de 2011.

Zaragoza, 3 de enero de 2012.