Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

M.ª del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la libertad educativa, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

La Constitución Española, en su art. 27, coloca la libertad de enseñanza en un plano de igualdad con el derecho a la educación. Es más, obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Este es, pues, el modelo educativo pactado en la Transición.

En la actualidad, en España existen más de veintiocho mil centros educativos.

De ellos, casi diecinueve mil son públicos, más de cinco mil son concertados y unos cuatro mil son privados. Por lo tanto, la red pública, que incluye a todos los centros sostenidos con fondos públicos, supone casi un 94% del total.

En Aragón, la red educativa pública supera este porcentaje. De hecho, más de un 40% de los alumnos aragoneses acude a un centro concertado.

Esta coyuntura educativa es el fruto del respeto a la libertad de enseñanza, uno de los derechos fundamentales que goza de la máxima protección jurídica tanto a nivel nacional como internacional y es una exigencia básica e ineludible en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Pese a ello, el gobierno socialista de España no ha tardado ni 100 días en anunciar reformas en materia educativa que chocan frontalmente contra la libertad de enseñanza. En concreto, la ministra Celáa anunció el pasado 11 de julio, en comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que el gobierno socialista iba a modificar el artículo 109.2 de la LOCE, que establece una oferta de plazas en función de la llamada «demanda social».

Las intenciones del Ministerio marcan un cambio de rumbo en el modelo educativo consagrado por la Constitución y por las sucesivas leyes educativas que han regulado el sistema educativo español. Es más, con esta medida, la ministra Celáa se opone frontalmente a cuantas declaraciones, pactos y convenios han surgido en el ámbito de Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

Además, este cambio de rumbo del Gobierno de España entra en clara confrontación con las intenciones del Gobierno de Aragón en materia de conciertos anunciadas por el Presidente de Aragón en el Debate del estado de la Comunidad Autónoma de Aragón, celebrado los días 25 y 26 de septiembre de 2018.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a exigir al Gobierno de España no recortar la libertad de enseñanza. En concreto:

— A garantizar las libertades educativas mediante el desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.

— A garantizar, también, el derecho efectivo a la libre elección de los padres respecto al centro en el que escolarizar a sus hijos.

— A mantener la demanda social, contemplada en el artículo 109.2. de la LOMCE, como factor determinante en la programación de la enseñanza.

— A defender la red de centros concertados como garantes de la libre elección de centros y de una oferta educativa plural.

— A adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el objetivo de garantizar el acceso a la misma de todas las familias, en condiciones de igualdad.

— A progresar en la posibilidad de establecer zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos, sin perjuicio de los criterios de prioridad, para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad.

—A incluir en las estadísticas del Ministerio de Educación y Formación profesional indicadores de libertad en las políticas educativas.

Zaragoza, 27 de septiembre de 2018.