Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D. Arturo Aliaga López, Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su tramitación ante el Pleno relativa a las bonificaciones fiscales para combatir la economía sumergida.

El Gobierno de Aragón presentó, y posteriormente se aprobó, un Proyecto de Ley de Medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en el que se contemplaba una de las subidas fiscales más elevadas de España y en el que aparecían nuevas figuras impositivas que dañaban seriamente el tejido productivo aragonés.

Lejos de propiciar medidas que activen la economía y que hagan recuperar su pulso a través de iniciativas que favorezcan el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en Aragón, el Gobierno parece más empeñado en frenar la competitividad de las empresas, ejerciendo una mayor presión fiscal sobre ellas, que beneficiando, con ayudas e incentivos, su recuperación.

Aragón lleva 8 años de intensa crisis económica que ha incidido en la economía de las empresas y en la destrucción de empleo. El Gobierno de Aragón tiene la obligación de mejorar los indicadores económicos para que sigan reflejando una mejoría y una recuperación del pulso económico que tanto necesitan las empresas para volver a generar empleo y riqueza en el territorio aragonés.

Una de las medidas que podían ayudar a las empresas aragonesas a ser más competitivas, a la vez que se lucha contra el fraude, es incentivar a través de bonificaciones fiscales a aquellos sectores empresariales más acusados por el fraude de la economía sumergida.

El Informe FUNCAS 2011 sobre la estimación del volumen de la economía sumergida en España entre 1980 y 2003 subrayó un «notable» crecimiento de la economía sumergida en este período debido al crecimiento de la carga fiscal, unido a «cierta tolerancia» hacia las actividades irregulares. En esta franja temporal el PIB se multiplicó por 2 y la economía sumergida por 4, pasando de porcentajes inferiores al 2% a porcentajes cercanos al 24%. Algo que podría explicarse como una «válvula de escape» en situaciones de recesión.

Una de las soluciones ante el descenso de recaudación de las administraciones públicas es mediante una lucha sin cuartel contra la economía sumergida que propiciaría un ensanchamiento general de las bases imponibles que, a su vez, redundaría en una mayor recaudación.

Según datos de la CEOE, hay un porcentaje muy alto de la actividad española, que algunos analistas cifran en el 20% y otros incluso en el 25% que se desarrolla en negro, por lo que se hace necesario facilitar incentivos para convencer a los que lo practican de que debe regularizarse. En España es un 0,6% superior al de la media de la Unión Europea, pero muy superior al de países como el Reino Unido (9,7%), Francia (9,9%) o EEUU (6,6%).

El fraude laboral alcanzaría a cuatro millones de empleos, lo que equivale al 9% de toda la población, más de un 13% de la población comprendida entre los 16 y los 65 años y un 18% de toda la población activa.

La cohorte de empleos sumergidos que se han producido directamente por fraude laboral (aquel en el que empleador y el empleado no pagan Seguridad Social e impuestos) sería de 1,3 millones de empleos efectivos, lo que supone alrededor de 80.000 millones de euros de impacto sobre el PIB. Es decir, serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte de la misma sin declarar.

Por lo tanto, es obligación de todas las administraciones públicas diseñar y facilitar ayudas que incentiven la regularización de la actividad que ahora escapan a su control.

Algunos sectores más perjudicados por el fraude que se genera en la economía doméstica podría ser el caso del empleo doméstico y atención a personas dependientes. En España hay unas 400.000 personas que cotizan a la Seguridad Social como servicios domésticos, mientras que el INE estima en 700.000 las ocupadas en este sector. Al establecer una bonificación en el Impuesto sobre la Renta para los empleadores que den de alta a su servicio doméstico podría ser un revulsivo para hacer aflorar mucha actividad sumergida.

Otro de los sectores afectados sería el de los servicios de reformas. Si se premia con bonificaciones en el IRPF a quienes presenten facturas de determinados servicios (fontanería, electricidad, albañilería,...) contribuiremos a aflorar parte de esa economía sumergida.

Tan responsables son los que ejecutan el servicio sin contribuir a sostener los servicios de los que disfruta como ciudadano como recibirlo como consumidor alentando así al fraude y la economía sumergida para no contribuir con sus impuestos al sostenimiento de esos mismos servicios públicos de los que también disfruta. Es necesario concienciar a los consumidores a exigir facturas y así hacer contribuir a aflorar mucha actividad ahora irregular.

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a impulsar y presentar un paquete de medidas con bonificaciones fiscales en el próximo Proyecto de Ley de medidas tributarias para luchar contra el fraude de la economía sumergida aragonesa.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2016.