Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2001, ha admitido a trámite la Proposición no de Ley núm. 227/01, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), sobre la respuesta militar de los EE.UU. de Norteamérica a los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre, y ha acordado su tramitación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, en virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 5 de noviembre de 2001.

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

D. Jesús Lacasa Vidal, Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la respuesta militar de los EE.UU. de Norteamérica a los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre, solicitando su tramitación ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.

El pasado día 11 de septiembre, el pueblo norteamericano sufrió varios actos terroristas con efectos devastadores que causaron miles de víctimas inocentes. Las Torres Gemelas de Nueva York, cuatro aviones de pasajeros y el edificio «Pentágono» fueron objetivo de esa acción criminal que ha conmocionado al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y a la Comunidad Internacional.

Tras la tragedia, el Congreso de los EEUU, a petición del Presidente Bush, acordó responder declarando la guerra a los autores directos e indirectos de esos atentados y a los posibles Estados donde se refugian. Esa decisión ha abierto una polémica internacional sobre la conveniencia o no de responder militarmente cuando aún no existe ninguna autoridad judicial estadounidense o internacional que, en el curso de una investigación y un procedimiento judicial, haya determinado la autoría, complicidades y alcance de los actos terroristas.

Una parte muy importante de la opinión pública internacional no es partidaria de que se responda, al margen de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, con una guerra prolongada que ya está causando centenares de víctimas inocentes entre personas ajenas por completo a los actos terroristas del 11 de septiembre. Esa opinión se pronuncia por proceder a la detención de los culpables y su puesta a disposición de la justicia utilizando la cooperación policial y de los servicios de inteligencia de todos los Estados en el marco de la investigación judicial abierta en los EEUU. Ese procedimiento es el propio de un Estado de Derecho como el nuestro en la persecución y detención de los responsables de estos crímenes.

Desgraciadamente, y a pesar de esa opinión mayoritaria, el Gobierno de la Nación se ha alineado de forma incondicional con la estrategia adoptada por la Administración norteamericana de responder con un ataque militar prolongado y cediendo incondicionalmente las bases de Rota, Morón y de Zaragoza así como nuestro espacio aéreo y aguas jurisdiccionales al despliegue de las Fuerzas Armadas de los EEUU en su ataque a uno o varios Estados en el mundo. Esta decisión del Gobierno no ha sido sometida a las Cortes Generales, que, según el artículo 63 de la Constitución, es la única institución que puede determinar el que España participe o no en una guerra.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de sus Resoluciones 1368 y 1373, ha expresado «su disposición a dar los pasos necesarios para responder (se entiende que las Naciones Unidas por sus propios medios) a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y combatir todas las formas de terrorismo, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas» y ha llamado a «todos los Estados del mundo a trabajar juntos para llevar ante la Justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas», destacando que «los responsables de ayudarles, apoyarles o albergarles tendrán que rendir cuentas». Pero las Resoluciones 1368 y 1373 no son un cheque en blanco a EE.UU, ni un mandato de acción militar unilateral contra Afganistán o cualquiera otra nación, sino un llamamiento a la adopción colectiva de medidas en el seno del Consejo de Seguridad, medidas que por otra parte parecen apuntar en la dirección contraria a la militar como demuestra el tenor literal y el espíritu de las citadas Resoluciones de las Naciones Unidas y muy especialmente de la Resolución 1373 que se dedica fundamentalmente a las medidas de cooperación judicial, policial y financiera.

Finalmente, el Consejo Europeo ha comprometido su participación en una respuesta «proporcional y selectiva», no en una guerra con víctimas inocentes. Los Jefes de Estado y de gobierno de los Quince consideran legítima una respuesta americana, sobre la base de la Resolución 1368. Pero ello no da luz verde a los EE.UU. para llevar la guerra a través del mundo. La Unión Europea no ha legitimado un acto de guerra, ni de represalia, ni de venganza y mucho menos de guerra sucia. En su resolución, el Consejo Europeo llama a «crear una coalición global lo más amplia posible, bajo la égida de las Naciones Unidas». El Consejo Europeo del 21 de septiembre ha adoptado un «Plan de Acción» contra el terrorismo, basado en la cooperación judicial y policial, el desarrollo de los instrumentos jurídicos internacionales, la supresión de las fuentes de financiación del terrorismo, reforzar la seguridad aérea y coordinar la acción global de la Unión Europea, en clara consonancia con las medidas contenidas en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a fin de que:

1. Reitere su solidaridad con las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, sus familiares y con el pueblo estadounidense en su conjunto, porque comprendemos su sufrimiento, su dolor y la sensación de impotencia que generan acciones de estas características.

2. Reitere la condena de este tipo de acciones, estériles y bárbaras, e insistir en que no hay razones que justifiquen el terror, ni argumentos para explicar por qué se realizan acciones que implican un coste en vidas humanas.

3. Manifieste que la acción terrorista requiere una respuesta justa en el marco del derecho internacional y su realización exige investigación, información, análisis y decisiones jurídicamente fundamentadas. Las democracias tienen sus reglas; son fuertes cuando las aplican y débiles cuando las vulneran, por eso la demanda de los sistemas democráticos debe ser justicia y no venganza.

4. Inste al Gobierno central a promover una Conferencia Internacional, en el marco de las Naciones Unidas, para coordinar la lucha contra el terrorismo en todas sus expresiones y para evitar respuestas ajenas al derecho como el terrorismo de estado o la guerra sucia, y reitere la necesidad de no demorar por más tiempo la creación del tribunal penal internacional para contribuir a la persecución internacional de los delitos.

5. Manifieste el rechazo a la respuesta militar iniciada por la Administración Norteamericana contra Afganistán, por ser contraria al derecho internacional, por ser susceptible de provocar aún más víctimas inocentes, por contribuir a dificultar aún más las relaciones pacíficas entre los países árabes y occidente y por ser claramente desproporcionada.

6. Muestre su preocupación ante la posibilidad de que hechos como los ocurridos el pasado septiembre en EE.UU. puedan debilitar las libertades y derechos democráticos en nuestro entorno (especialmente, la libertad de información y de libre expresión), implicando un retroceso del Estado de Derecho, la Democracia y las libertades, o dando lugar a un clima de división y desconfianza entre los ciudadanos y pueblos del mundo.

7. Solicite al Gobierno central la consulta con las Cortes Generales de cualquier plan de envío de tropas españolas fuera del territorio español, así como cualquier actitud de compromiso internacional que suponga entrar directa o indirectamente en la guerra en consonancia con el espíritu y la letra del artículo 63.3 de la Constitución.

8. Rechace la «cesión sin condiciones» anunciada por el Gobierno central de las Bases de Rota, Morón y Zaragoza para las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en su despliegue de guerra. A ese respecto reiteramos la necesidad de cumplir las condiciones del referéndum del 1986.

9. Reafirmen su convencimiento en la necesidad de trabajar para modificar el actual sistema de seguridad internacional basado en la disuasión militar y el dominio de los 19 estados miembros de la OTAN, apostando por un nuevo sistema de seguridad compartida, de seguridad humana y no meramente militar que dé solución a lo que más inseguridad produce en el mundo: el hambre, la pobreza, la desigualdad, el racismo, el arsenal de armas de destrucción masiva, el comercio de armas, etc.

10. Insten al Gobierno central a que trabaje en la línea de una progresiva desmilitarización de la seguridad y en el rediseño y refuerzo de las Naciones Unidas como futuro gobierno democrático del mundo para permitir avanzar en la cooperación y el desarrollo de los pueblos y conseguir soluciones civilizadas a los conflictos y rivalidades entre Estados o pueblos, restableciendo el derecho internacional en las relaciones entre naciones, eliminando la opresión de algunos pueblos y dedicando los ingentes recursos productivos a mitigar la miseria y el sufrimiento que asolan el planeta.

11. Insten al Gobierno central a que participe en el esfuerzo de la comunidad internacional por hacer llegar ayuda humanitaria a la zona que está siendo objeto de las acciones militares de los EE.UU., en virtud de la ya de por sí delicada situación humanitaria de Afganistán, que sin duda se está viendo agravada por la actual campaña militar.

12. Reiteren la necesidad de cumplir de forma urgente las Resoluciones de Naciones Unidas para que el pueblo palestino pueda disponer de su propio Estado y dar una salida justa que evite así el sufrimiento de un pueblo que lleva más de 50 años exigiendo el cumplimiento de esas resoluciones.

13. Expresen su solidaridad con la mayoría del pueblo islámico, con el pueblo árabe, pacífico y solidario que sufre también las consecuencias del terrorismo en muchos de sus estados. La comunidad internacional, incluidos los estados islámicos, debe contribuir a poner fin a las deformaciones autoritarias, discriminatorias y violentas como la que los talibán imponen hoy a la población afgana.

14. Trabajen en el sentido de propiciar el conocimiento mutuo entre la cultura árabe y las distintas culturas españolas de Aragón, de tal forma que se prevenga el racismo y la xenofobia y se faciliten unas relaciones de convivencia fundamentadas en parámetros de mutua comprensión, armonía, sinergias civilizadoras y multiculturalismo.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2001.