A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Alfredo Boné Pueyo, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reforma de la ley del aborto, y solicita su tramitación ante el pleno
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Consejo de Ministros ha conocido un informe relativo a la reforma de la ley del aborto vigente (Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo). Este informe sobre el futuro anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada ha suscitado un profundo debate social y político, por ser la interrupción voluntaria del embarazo un asunto especialmente complejo desde múltiples puntos de vista, incluidos el ético, social y médico, sobre el que es necesario conformar posiciones consensuadas y que cuenten con un amplio consenso social y político, desde el respeto equitativo de todos los derechos fundamentales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés presenta, para su debate en pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España, con el fin de trasladar:
1. La necesidad de respetar de manera absoluta las distintas opiniones y visiones individuales que legítimamente muestra la ciudadanía respecto a un asunto tan complejo como el de la interrupción voluntaria del embarazo.
2. Que se posponga cualquier tramitación de la reforma de la vigente Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, por no ser esta modificación legal una demanda social urgente, ni ser oportuna para el necesario consenso que debe buscarse y alcanzarse en torno a este tema.
3. Que cualquier futura modificación de la ley incluya la necesidad del consentimiento de al menos uno de los progenitores de las menores para la interrupción de los embarazos.
4. Que en el resto de las modificaciones que en su caso se planteen, se favorezcan las circunstancias adecuadas que garanticen el máximo consenso social y político, de manera acorde con las posiciones y convicciones mayoritariamente aceptadas, manteniendo en todo caso los actuales supuestos de casos de malformación y de riesgo para la salud del feto, riesgo para la salud de la madre y violación, así como cualquier otro que garantice la ausencia de casos de desprotección para las madres y para las familias, y se incida, además, en aspectos como la educación sexual y reproductiva, especialmente entre la juventud, así como en la protección social, más aún en las actuales circunstancias de crisis, velando, además, por el respeto a la libertad de conciencia de los profesionales de la medicina.
5. Que, desde el respeto a la decisión personal e íntima de cada mujer y/o madre, arbitre medidas efectivas de apoyo para que aquellas que, siendo su decisión, tengan dificultades económicas para llevar adelante su maternidad, puedan hacerlo.
Zaragoza, 27 de enero de 2013.