A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España se configura como un Estado de Derecho, lo que implica necesariamente que sus ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la Justicia para la defensa de sus derechos y obtener en un tiempo razonable, que no convierta en inservible la declaración judicial, respuesta a su demanda.
Sin embargo, diversas medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, refrendadas por un Congreso de los Diputados que controla con mayoría absoluta, han ido ahondando en el alejamiento del cauce jurisdiccional como vía a la que pueda recurrir la ciudadanía ante los excesos de la Administración o de otros poderes, estableciendo, por ejemplo, unas tasas absolutamente inaceptables que imposibilitan, cuando no impiden, el ejercicio del derecho fundamental a acceder a la tutela judicial efectiva.
Por otro lado, la lentitud de la Justicia a la hora de resolver, agravada por la crisis económica que padecemos, tanto en lo que ha significado de aumento de la carga de trabajo para algunas jurisdicciones como la civil, la mercantil o la laboral, como en la no reposición de efectivos y en la restricción en la disposición de otros recursos fundamentales, convierte en muchas ocasiones la acción judicial en ineficaz por extemporánea. La ciudadanía no puede confiar en una Justicia que tarda años en resolver sus demandas.
A este panorama se viene a sumar la previsión contenida en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado el pasado 2 de agosto de 2013, de establecer expresamente la compatibilidad en el ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, vedada hasta ahora en la Ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
Esta propuesta de modificación, que parte del Ministerio de Economía y que se enmarca en el proceso de reformas estructurales recogidas en la Estrategia Española de Política Económica, ha puesto en pie de guerra a diversos colectivos relacionados con la Justicia, muy especialmente al de los procuradores de los tribunales, que han conseguido reunir más de 200.000 firmas en contra de tal previsión. En su opinión, coincidente con la de abogados, jueces, fiscales y demás estamentos jurídicos, su implantación dificultará aún más el acceso a la Justicia y conllevará una justicia más lenta, más cara y sin garantías.
Pero, además, va a suponer un considerable gasto, estimado en 200 millones de euros, dado que obligará a modificar todo el sistema de notificaciones telemáticas de los Juzgados y a crear un nuevo modelo, con las afecciones económicas y de retraso que conllevará.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Aragón se suman a las declaraciones contrarias a la previsión contenida en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales de eliminar la incompatibilidad entre las profesiones de la Procura y la Abogacía e instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno central para que se mantenga dicha incompatibilidad y que las reformas que acometa en materia de Justicia no se rijan por criterios económicos, sino de interés ciudadano.
Zaragoza, a 24 de enero de 2014.