El Gobierno de Aragón ha estado trabajando en la línea de minimizar el impacto de la pandemia en el conjunto de la sociedad y, en concreto, el Departamento Ciudadanía y Derechos Sociales, bajo la coordinación y las instrucciones técnicas del Departamento de Sanidad, realiza un seguimiento diario de los datos y la evolución de la pandemia, especialmente en lo que afecta a los centros de servicios sociales especializados.
En este sentido, se indican las medidas de prevención adoptadas en los periodos que se relacionan:
1. PERIODO DE MAYO A NOVIEMBRE:
a) Ámbito estatal:
— Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
— Real Decreto Ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
— Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, en revisión permanente en función de la evolución e información disponible de la infección producida por coronavirus.
b) Ámbito autonómico:
Departamento de Sanidad:
— Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
— Decreto Ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
— Disposición final primera de la Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
— Documento que establece el procedimiento de actuación relativa al COVID-19 en Aragón, en ejecución de lo dispuesto en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales:
— Orden CDS/518/2021, de 20 de mayo, por la que se actualizan las medidas de prevención y control en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2.
— Orden CDS/733/2021, de 28 de junio, por la que se flexibilizan medidas de la Orden CDS/518/2021, de 20 de mayo.
— Resolución de 29 de julio de 2021, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones con motivo de las medidas especiales en relación con los trabajadores de centros y servicios sociales de naturaleza residencial prevista en la disposición final de la Orden SAN/861/2021, de 22 de julio.
— Resolución de 9 de agosto de 2021, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones y recomendaciones en desarrollo de la Orden CDS/518/2021, de 20 de mayo.
Protocolos de actuación/colaboración elaborados conjuntamente entre el Departamento de Sanidad y el de Ciudadanía y Derechos Sociales:
— Protocolo de salida voluntaria y temporal de personas residentes en centros de servicios sociales especializados con motivo de la crisis sanitaria.
— Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, de fecha 29 de julio de 2020, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en centros residenciales de personas mayores y centros de personas con discapacidad, publicado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales (Boletín Oficial de Aragón número 191, de 24 de septiembre 2020).
— Instrucciones para la utilización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en personas residentes de centros propios de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y con discapacidad que dispongan de servicio sanitario autorizado en área de medicina general/de familia o enfermería.
— Protocolo para la utilización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en personas residentes y trabajadores de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y con discapacidad que dispongan de servicio sanitario autorizado en área de medicina general/de familia o enfermería.
— Protocolo para la utilización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en personas residentes y trabajadores de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y con discapacidad que no dispongan de servicio sanitario autorizado en área de medicina general/de familia o enfermería.
Guías de actuación elaboradas conjuntamente entre el Departamento de Sanidad y el de Ciudadanía y Derechos Sociales:
— Guía de Salud Pública para centros residenciales dirigida a la prevención y control de la infección por COVID-19, en revisión permanente en función de la evolución e información disponible de la infección producida por coronavirus.
— Guía para la elaboración del plan de contingencia destinado a centros de servicios sociales de naturaleza residencial para la atención de personas mayores y personas con discapacidad.
2. PERIODO DE NOVIEMBRE HASTA LA ACTUALIDAD
a) Ámbito estatal:
— Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
— Real Decreto Ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
— Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, en revisión permanente en función de la evolución e información disponible de la infección producida por coronavirus.
— Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en periodo de alta transmisión comunitaria.
b) Ámbito autonómico:
Departamento de Sanidad:
— Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
— Decreto Ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
— Disposición final primera de la Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
— Orden SAN/1338/2021, de 21 de octubre, de declaración del nivel de alerta sanitaria 1 y de levantamiento y modulación de las restricciones aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza.
— Orden SAN/1665/2021, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas específicas para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
— Orden SAN/1/2022, de 5 de enero, por la que se prorroga la vigencia de las medidas específicas para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.
— Documento que establece el procedimiento de actuación relativa al COVID-19 en Aragón, en ejecución de lo dispuesto en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales:
— Orden CDS/1407/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan las medidas de prevención y control en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 tras la declaración del nivel de alerta sanitaria 1.
— Resolución de 29 de julio de 2021, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones con motivo de las medidas especiales en relación con los trabajadores de centros y servicios sociales de naturaleza residencial prevista en la disposición final de la Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, a excepción de la medida sexta que fue anulada por decisión judicial.
— Resolución de 11 de enero de 2022, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se prorroga la vigencia de medidas especiales y se recuerdan otras medidas generales de higiene y prevención a aplicar en los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial.
Protocolos de actuación/colaboración elaborados conjuntamente entre el Departamento de Sanidad y el de Ciudadanía y Derechos Sociales:
— Protocolo de salida voluntaria y temporal de personas residentes en centros de servicios sociales especializados con motivo de la crisis sanitaria.
— Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, de fecha 29 de julio de 2020, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en centros residenciales de personas mayores y centros de personas con discapacidad, publicado mediante Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales.
— Instrucciones para la utilización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en personas residentes de centros propios de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y con discapacidad que dispongan de servicio sanitario autorizado en área de medicina general/de familia o enfermería.
— Protocolo para la utilización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en personas residentes y trabajadores de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y con discapacidad que dispongan de servicio sanitario autorizado en área de medicina general/de familia o enfermería.
— Protocolo para la utilización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en personas residentes y trabajadores de centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y con discapacidad que no dispongan de servicio sanitario autorizado en área de medicina general/de familia o enfermería.
Guías de actuación elaboradas conjuntamente entre el Departamento de Sanidad y el de Ciudadanía y Derechos Sociales:
— Guía de Salud Pública para centros residenciales dirigida a la prevención y control de la infección por COVID-19, en revisión permanente en función de la evolución e información disponible de la infección producida por coronavirus.
— Guía para la elaboración del plan de contingencia destinado a centros de servicios sociales de naturaleza residencial para la atención de personas mayores y personas con discapacidad.
Además, de estas medidas generales ha de traerse a colación:
1. Se ha administrado la dosis de refuerzo a aquellas personas usuarias y trabajadores de los que se ha obtenido consentimiento válido. La vacunación no es obligatoria y la comunidad autónoma no tiene competencia para imponerla a los trabajadores no vacunados.
2. Se suministra periódicamente a las entidades de acción social pruebas de diagnóstico para que no tengan que asumir el coste derivado del control periódico de los trabajadores no vacunados mediante la realización de test de antígenos, tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
3. En supuestos de necesidad, con motivo de apertura de brote, se suministra medios de protección y test de antígenos, previa petición.
4. Se han otorgado ayudas a las entidades de acción social con cargo a las convocatorias de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de creación, modernización y reforma de plazas de centros.
5. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha abierto dos bolsas de empleo para dar respuesta a la demanda de personal en las residencias privadas derivada de la séptima onda epidémica de la COVID-19.
6. Se asesora y se participa en la realización de una correcta sectorización y aislamiento de las personas residentes, además de realizarse las correspondientes visitas, al efecto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa sectorial y de las medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria.
7. Diseño y actualización de la plataforma de sistema de información (SIRCOVID) favoreciendo la integración de servicios que corresponden al sistema de salud y al de servicios sociales.
A modo de conclusión:
1. La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 ha tenido una incidencia muy significativa en los centros de servicios sociales especializados de naturaleza residencial dedicados a la atención de personas mayores y personas con discapacidad, lo que ha justificado la adopción de un conjunto de medidas especiales en aras a proteger a estos colectivos tan vulnerables. Tales medidas se han ido ajustando a lo acordado a nivel nacional, así como a la evolución epidemiológica acaecida en el territorio aragonés y, en especial, al número de brotes abiertos en residencias.
2. En la adopción de medidas se ha propiciado la participación de entidades representativas de las entidades de acción social titulares y gestoras de centros de servicios sociales especializados procurando un equilibrio entre los derechos de personas residentes, derechos de familiares y personas de referencia, el interés colectivo, así como las necesidades de las entidades de acción social titulares o gestoras de estos centros que han de acometer cada día un esfuerzo considerable para procurar el cuidado de las personas residentes.
3. Las residencias no son islas, son el reflejo de los datos de transmisión comunitaria y, por tanto, si suben los contagios, aparecen en todos los ámbitos de actividad, no solo en el sector residencial.
Zaragoza, a 24 de enero de 2022.
La Consejera de Ciudadanía
y Derechos Sociales
M.ª VICTORIA BROTO COSCULLUELA