Boletín Oficial de las Cortes de Aragón

D.ª Susana Gaspar Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s), de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña, solicitando su tramitación ante Pleno.

La ciudadanía española y, muy particularmente, la catalana está hastiada de la situación de grave crisis institucional a la cual les ha arrastrado el Govern durante los últimos años. Sin perjuicio de los muchos hitos que son dignos de mención, señalamos a continuación los más recientes, los más graves y los que, en última instancia, nos imponen a todos los españoles y, especialmente, a los poderes públicos el deber de actuar de forma decidida en defensa de la ley, del Estado de Derecho y, por todo lo anterior, de nuestra democracia.

De acuerdo con lo anterior, es preciso destacar el 9 de noviembre de 2014 como el de la radicalización del Gobierno catalán independentista, día en que éste organizó y celebró una consulta ilegal, pese a las advertencias en contrario de los diversos poderes e instituciones del Estado. En tanto que el autodenominado «proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña», consulta expresamente declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, no logró credibilidad institucional alguna, los responsables de esta consulta decidieron ir un paso más allá.

Primero, el Parlament aprobó un texto que declaraba el «inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente» y que instaba expresamente a desobedecer al resto de instituciones del Estado. Tras el poco sorprendente fracaso de esta promesa, el nuevo desafío independentista ahora pasa por asegurar la inminente independencia de Cataluña y la consiguiente proclamación de la República Catalana, todo ello para el caso de que ésta sea avalada en la votación que supuestamente ha de celebrarse próximo día 1 de octubre de 2017. A este fin, a propósito, el Parlament destinó en marzo de este año una partida presupuestaria específica para el cumplimiento de los planes del referéndum, todo ello pese a las advertencias de los letrados de la Cámara.

A continuación, la coalición independentista tuvo a bien reformar el Reglamento del Parlamento de Cataluña con el objeto de, menoscabando los trámites parlamentarios y, por tanto, la democracia, facilitar la posterior aprobación de una Ley de Transitoriedad Jurídica que activará, según aseguraban sus promotores, la ruptura con el Estado español en un plazo de escasas 24 horas.

Por último, el pasado 6 de septiembre de 2017 el Parlament protagonizó una nueva y vergonzante sorpresa: la coalición independentista, desoyendo todos los controles del Estado de Derecho, disponiendo de las instituciones a un servicio partidista y obviando el poder legítimo del resto de instituciones y, por tanto, del Estado, impuso su voluntad de forma ilegal y, una vez más, sin ni siquiera contar con una mayoría parlamentaria realmente representativa de los ciudadanos catalanes. Y, así, incumpliendo gravemente la Constitución, las leyes, los mandatos del Tribunal Constitucional e incluso las normas de la propia Cámara, y sin contar siquiera con la presencia de los grupos de la oposición durante la votación, aprobó la llamada «Ley del Referéndum» y así el Govern convocó oficialmente el mismo para el 1 de octubre del mismo año.

Se plantea, pues, otro desafío al orden constitucional que pretende lograrse con carácter definitivo e irrevocable el 3 de octubre, en apenas unas pocas semanas. Desde Ciudadanos, deseamos mostrar nuestro apoyo a las diversas instituciones y funcionarios del Estado, así como a todos los ciudadanos de Cataluña, para que, no ejerciendo otra cosa que la ley, se impida la organización y la celebración del referéndum de secesión de Cataluña, garantizando en todo caso la seguridad, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, de los ciudadanos de Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional, con fecha 8 de septiembre de 2017, ya ha acordado por unanimidad, en el número de asunto 4332/2017, la admisión a trámite de la impugnación de disposiciones autonómicas promovida por el Gobierno español y, a estos efectos, la suspensión de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo del disposición adicional 3^a de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. Tal y como acuerda el propio Tribunal, todos los poderes públicos tiene obligación de cumplir dicha resolución, así como el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada.

La respuesta del Estado, por tanto, ya ha comenzado. Y es que será la fuerza del Estado de Derecho y de la democracia la que impida que la ilegalidad se imponga sobre la ley. Nuestra respuesta ante este golpe insólito a la democracia ha de ser unánime.

En virtud de todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Las Cortes de Aragón:

1. Manifiestan su apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña, convocado por la Generalitat y declarado inconstitucional por la resolución del Tribunal Constitucional, número 4332/2017, de fecha 8 de septiembre de 2017.

2. Manifiestan su apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña.

3. Instan al Gobierno de Aragón a que pida al Gobierno de España que impida la utilización de recursos públicos en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del citado referéndum de secesión suspendido por la citada resolución del Tribunal Constitucional.

4. Manifiestan su apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como valor imprescindible para garantizar la convivencia.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2017.